Proponen dar a ASE vía libre para actuar contra funcionarios
Buscan eliminar requisito de autorización del Congreso local
Una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, fue presentada por el Diputado del PAN, Daniel Carrillo Martínez, a fin de lograr que la Auditoría Superior del Estado, pueda proceder en contra de los funcionarios que hayan desviado recursos, sin que medie la autorización del Congreso local.
La intención del legislador albiazul es que el órgano fiscalizador no esté supeditado a la decisión del Poder Legislativo para llevar a cabo las denuncias penales respectivas, cuando derivado de su función, detecte que algún funcionario público ha incurrido en conductas ilícitas, que ameritan sanciones administrativas o penales.
Además, Carrillo Martínez también propuso reformas a la Ley Estatal de Fiscalización Superior, para poder actualizarla con la reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.
El también Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que las reformas propuestas en el Pleno hacen posible que el aval del Congreso no sea necesario para proceder legal, penal o administrativamente en contra de funcionarios estatales, organismos autónomos, instituciones descentralizados y desconcentrados, fideicomisos públicos de la administración estatal, municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados, en fin, cualquier servidor o institución que haya desviado recursos públicos.
En la iniciativa se establece que la Auditoría realice las observaciones pertinentes a la Cuenta Pública en cuestión y si éstas no son solventadas en tiempo y forma, el organismo fiscalizador instruirá los procedimientos de fincamiento de responsabilidades, resarcitorias o denuncias penales, si es que procedan, contra quienes resulten responsables.
El legislador panista reiteró que el objetivo de dicha iniciativa es que darle mayor libertad a la Auditoría Superior del Estado, para que actúe de manera directa en los casos de la comprobación del desvío de recursos por parte de los servidores públicos.
“Por el lado de la Ley de Fiscalización es prácticamente proceder sin necesidad de permiso por parte del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos, para que la Auditoría Superior proceda sin necesidad de autorización del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos”, manifestó Carrillo Martínez.
En el documento se indica que las reformas propuestas son en relación al artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y a los artículos 2, 4, 12, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 64, 65, 66 y 67, 68, 69, 71, 72, 76, 74, 82, 88, 89 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
