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Aplicarían sanciones más severas contra funcionarios corruptos

Por Rosy Tovar

Modificarían legislación local para homologarla con la federal

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Para que los servidores públicos del Estado que incurran en actos de corrupción sean sancionados con mayor severidad, la Diputada del Partido Nueva Alianza, María Dolores Leal Cantú, propuso diversas reformas al Código Penal en materia anticorrupción.

La propuesta de la legisladora de Nueva Alianza busca que se homologue la legislación estatal con la federal.

Uno de los artículos a modificar sería el 207 bis en el que se establece que en los casos de delitos en tema de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares a las sanciones previstas se adicionará la destitución al empleo, cargo o comisión pública, así como para participar en la adquisición de arrendamientos servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicios o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 20 años.

Siendo de 1 hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 cuotas.

Mientras que se aplicará de 10 a 20 años si el monto excede  el límite señalado en la fracción anterior; además suscribe que en el caso de los delitos por hecho de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las penas previstas serán incrementadas hasta un tercio.

Leal Cantú sostuvo en Tribuna que con esta reforma no habrá tregua por actos de corrupción cometidos por el Gobernador, Diputados, Diputadas, Presidentes Municipales, Regidores, como de funcionarios a los que el Congreso debe ratificar antes de que desarrollen sus funciones.

Aunado a lo anterior, enlistó que se adicionará al artículo 208 fracción VII bis, que sancionará a los servidores públicos que teniendo un empleo en los centros de readaptación social faciliten o fomenten la introducción de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, teléfonos celulares, radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para los internos.

Así como, la modificación al primer párrafo del artículo 222 bis para definir el concepto de enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público no quiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o no compruebe la procedencia legal de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto a los cuales se conduzca como dueño.

“El combate a la corrupción en todas sus modalidades y contra todos los actores que participan de esta conducta delictiva, es un asunto de especial importancia para la actual legislatura”, pronunció Leal Cantú.

Cabe destacar que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondientes.

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