Nombran a integrantes de contralorías sociales de la CEE
Por Redacción
Imponen además en sesión multa por violencia política de género
El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral acreditó como contraloras y contralores sociales de la CEE para el ejercicio 2022, a María Alejandra Villagómez Sánchez, Nora Natalia Guajardo Alanís, Francisco Javier Ríos Zamora, y Óscar Javier Martínez Pérez; en Sesión Extraordinaria de este miércoles 8 de diciembre.
Villagómez Sánchez y Martínez Pérez repiten en el cargo, ya que fueron elegidos contralora y contralor, de febrero a diciembre de 2021, en la primera convocatoria que emitió la CEE; y en la actual, solicitaron renovar su acreditación.
La contraloría social es uno de los instrumentos de participación ciudadana que permite que las y los ciudadanos y las asociaciones tengan derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado, o de los Municipios, de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos, y también de los recursos asignados al Poder Judicial y al Congreso del Estado.
La CEE emitió la convocatoria para la acreditación de las contralorías sociales ante el organismo, el pasado 11 de octubre, con vigencia para la presentación de solicitudes de registro en línea, del 18 de octubre al 17 de noviembre de 2021.
El organismo recibió 5 solicitudes en total, aprobó 4 y negó 1; porque el ciudadano no ratificó su solicitud.
Cabe destacar que, con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, el órgano electoral determinó como requisito en dicha convocatoria que las y los interesados presentaran la declaración “3 de 3 contra la violencia”.
Imponen multa por violencia política de género
La CEE declaró existente la violencia política contra las mujeres por razón de género atribuida a Luis Fernando Garza Guerrero, entonces Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León; Soraya Abigail Meza González, entonces Síndica; José Carlos Peñaflor Saldaña, entonces Regidor; Sandra Liliana Castellano Guerrero, entonces Regidora Suplente; Abel Bazán Garza, entonces Regidor; Araceli Urrea Gómez, entonces Regidora; Almira Saldaña Becerra, entonces Regidora; Javier Martínez Elizondo, entonces Regidor; y Brenda Lizbeth Sánchez Muñiz, entonces Regidora.
Asimismo, a Jorge Guadalupe Mireles Plata, entonces Síndico; Ruth Anabel Díaz Balladares, entonces Regidora; Jesús Mario Moncada Martínez, entonces Regidor; Rogelio Rodríguez Álvarez, entonces Secretario del Ayuntamiento; e Israel Alejandro Ávila Saldívar, encargado de administrar la página oficial del municipio; al resolver el procedimiento ordinario sancionador POS-31/2021, iniciado por la denuncia de una ciudadana.
Igualmente, la CEE determinó dar vista de los hechos al Órgano Interno de Control del municipio en cuestión, para los efectos legales conducentes; y ordenó medidas de reparación integral del daño a fin de evitar que se sigan violentando los derechos político-electorales de la denunciante.
Entre las medidas, el organismo ordenó dar vista al Instituto Estatal de las Mujeres, para que informe si en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Local, el municipio en cuestión solicitó que impartieran cursos de sensibilización y capacitación para promover la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre el combate a la violencia de género; para las y los denunciados; y si éstas y éstos los llevaron a cabo.
En dicho procedimiento, una funcionaria municipal denunció actos de violencia política contra la mujer por parte de distintas y distintos integrantes de un Ayuntamiento, por diversas acciones realizadas en su perjuicio en el ejercicio de su cargo.
La CEE consideró que sí existe violencia política de género, ya que las acciones realizadas en perjuicio de la denunciante se apoyan en estereotipos de género en los cuales se menoscabó y anuló el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, al ponerse en entredicho sus capacidades o habilidades para desempeñarse en un cargo público.
