Para escuchar las opiniones de especialistas, autoridades y ciudadanos

La vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Bere Martínez, propuso realizar nuevas mesas de trabajo para analizar la reforma judicial en Nuevo León y escuchar las opiniones de especialistas, autoridades y ciudadanos antes de tomar decisiones.

La Diputada señaló que, tras la aprobación de la reforma judicial federal, el Estado necesita actualizar sus leyes para lograr un sistema de justicia más cercano, más rápido y que realmente le responda a la gente.

Bere Martínez explicó que actualmente existen distintas propuestas sobre el tema por parte de universidades, empresarios, expertos y del propio Poder Judicial, por lo que consideró importante abrir espacios de diálogo y construir acuerdos entre todos.

“No se trata de imponer una reforma. Queremos escuchar todas las opiniones y construir algo que verdaderamente funcione para Nuevo León”, expresó.

La legisladora de Morena aseguró que muchas personas han perdido la confianza en las instituciones de justicia, por lo que esta discusión representa una oportunidad para mejorar las cosas y crear un sistema más transparente y eficiente.

“Hoy no partimos de cero. Tenemos sobre la mesa propuestas de la academia, de organizaciones empresariales, del propio Poder Judicial y de distintos actores que han decidido participar activamente en este debate”, añadió.

Dentro de la propuesta presentada en el Congreso del Estado, se plantea realizar mesas de trabajo donde participen representantes de los tres poderes, organismos autónomos, especialistas, académicos y organizaciones civiles.

“Hagamos de este proceso un ejemplo de cómo sí se pueden construir acuerdos cuando se pone por delante el interés de la gente”, indicó.

Bere Martínez destacó que el objetivo es escuchar diferentes puntos de vista para construir una reforma judicial equilibrada, responsable y que beneficie a la ciudadanía.

Además, recordó que la primera mesa de trabajo sobre este tema ya se realizó durante junio de 2025, como parte de los ejercicios de análisis impulsados desde el Poder Legislativo.

Supervisa en primaria programa “Internet en tu Escuela”

La Diputada Lorena de la Garza visitó la Escuela Primaria Leonor Reyes Hernández, en la colonia La República, para supervisar el programa “Internet en tu Escuela”, iniciativa que ha gestionado para dotar de conectividad de calidad a escuelas de Monterrey.

“Imagínense la satisfacción que sentimos de poder hacer que cosas bonitas sucedan por las niñas y los niños de Monterrey y por su educación”.

El programa lleva internet estable y de calidad directamente a los salones de clase, para que maestros y alumnos puedan usarlo como herramienta de aprendizaje sin interrupciones.

La iniciativa es posible gracias al donativo de una empresa privada que se sumó al proyecto.

“Yo sé que un elemento clave hoy para la educación de todos ustedes es el internet. El objetivo es que todos los salones que están aquí tengan buen acceso y que no se les esté trabando”.

El impacto ya se siente en las aulas. Yashira Rangel, alumna de cuarto grado, tomó la palabra para compartir su experiencia:

“Queremos darle las gracias por el internet, porque hemos podido ver ahora videos en clases que nos ayudan y hemos entendido mejor los temas y hemos aprendido mucho más”.

La maestra Claudia también destacó el cambio en su práctica docente: “El internet en mi aula lo usamos para crear proyectos e investigaciones dentro del grupo”.

Lorena cerró el evento con un mensaje directo a la comunidad escolar: “Aquí está su Diputada. Yo estoy aquí siempre para servirles a ustedes y a su comunidad”.

Proponen reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

El Congreso local aprobó por unanimidad remitir a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para proteger la economía familiar y asegurar que las y los usuarios de seguros de gastos médicos mayores reciban la atención médica adecuada, propuesta impulsada por el Diputado Héctor Morales Rivera.

En tribuna el legislador tricolor expuso que se contempla establecer límites a los incrementos anuales de las primas de los gastos médicos, los cuales no podrán exceder los parámetros oficiales de actualización económica, fortalecer la transparencia contractual al obligar a las aseguradoras a detallar de manera clara el alcance de coberturas, exclusiones y deducibles.

“Hoy más que nunca es necesario poner al centro a las personas. No podemos permitir que el acceso a la salud, a través de un seguro, se convierta en un factor de incertidumbre financiera para las familias. Esta reforma busca dar certeza, transparencia y justicia a los asegurados”, expresó.

“Se incorpora la obligación de informar oportunamente a los usuarios sobre cambios en las redes de servicios médicos, garantizando mayor certidumbre en la prestación de los servicios”, detalló.

Morales Rivera agregó que la reforma impulsa mecanismos de protección para personas adultas mayores para evitar incrementos en las primas derivados exclusivamente de la edad cuando exista permanencia prolongada en el seguro.

También se promueve la posibilidad de acceder a servicios médicos fuera de la red mediante esquemas de pago diferencial y la portabilidad de la antigüedad del asegurado, permitiendo conservar sus derechos aun cuando decida cambiar de plan o de institución aseguradora.

“Estamos proponiendo reglas claras que obliguen a las aseguradoras a actuar con responsabilidad y sustento técnico, evitando abusos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en estos instrumentos de protección”, puntualizó.

“De acuerdo con los datos emitidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en su Delegación de Nuevo León, las quejas contra este tipo de aseguradoras aumentaron un 53% en 2024 respecto al año anterior”, añadió.

El legislador hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar y, en su caso, aprobar esta reforma a la fracción VI del artículo 200 y 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que permitirá garantizar que los seguros de gastos médicos cumplan con la función brindar protección efectiva, estabilidad económica y acceso real a servicios de salud.

Impulsan liderazgo, participación y empoderamiento de las mujeres

Para impulsar el liderazgo, la participación política y el empoderamiento de las mujeres de Monterrey, generando un espacio de formación, diálogo y experiencia práctica dentro del ámbito legislativo, la Diputada de Acción Nacional, Myrna Grimaldo Iracheta organizó el evento “Legisladora por un Día”.

La dinámica se realizó en la sede del Poder Legislativo, éste jueves.

Durante el evento, las participantes, provenientes de diversas colonias del Municipio de Monterrey, conocieron de primera mano el funcionamiento del proceso legislativo, así como herramientas clave para incidir en la toma de decisiones públicas.

Entre las actividades que se llevaron a cabo fueron: simulación del proceso legislativo, talleres de participación política, espacios de diálogo y reflexión, exposición sobre innovación en el ámbito legislativo e intercambio de ideas y propuestas ciudadanas

El evento contó con una excelente convocatoria de participantes mayores de 18 años, reflejando el creciente interés por formar parte activa en la construcción de una sociedad más participativa e incluyente.

Myrna Grimaldo resaltó la finalidad de “Legisladora por un Día”.

“Éste espacio es para que más mujeres se reconozcan como agentes de cambio, capaces de participar, proponer y transformar su entorno desde la política”, aseguró.

“Buscamos fortalecer el papel de la mujer en la política mexicana, promoviendo su liderazgo, voz y capacidad de transformación en la vida pública”, añadió Grimaldo Iracheta.

Aprueban dictamen que reforma Ley de Desarrollo Social

A fin de que miembros de la familia extensa que tienen bajo custodia a niños, niñas y adolescentes con ausencia parental, puedan tener acceso a los programas de apoyo gubernamentales, la Diputada de Acción Nacional, Itzel Castillo Almanza presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del miércoles pasado en el Poder Legislativo.

Se trata de reformas de las Fracciones I y Il y adición de una fracción III al Artículo 11 de la mencionada normativa para quedar como sigue:

“A la persona de la familia extensa que tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental. Se entenderá por familia extensa la contemplada en la fracción XVII del artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León”.

Las familias extensas o extendidas son quienes tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental.

Itzel Castillo explicó los alcances de su propuesta.

“La Ley de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León reconoce diversas poblaciones prioritarias para efectos de la política social, actualmente no contempla de manera expresa a la familia extensiva que ejerce la custodia o tutela legal de niñas, niños y adolescentes en situación de ausencia parental, lo que limita su acceso a programas y apoyos gubernamentales diseñados para atender contextos de vulnerabilidad”, apuntó.

“En ese sentido, la falta de reconocimiento normativo de esta población genera un vacío legal que invisibiliza a las familias cuidadoras y dificulta la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer su capacidad para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad”, detalló la legisladora panista.

La también Presidenta de la actual legislatura, aseguró que el reconocimiento de la familia extendida como población prioritaria no implica la creación automática de nuevos programas sociales, sino la incorporación de un enfoque de atención diferenciada que permita a las autoridades competentes diseñar e implementar acciones conforme a reglas de operación, criterios de elegibilidad y disponibilidad presupuestal.

“La reforma propuesta contribuirá a fortalecer el tejido social, a prevenir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y a garantizar su permanencia en entornos familiares, lo cual resulta congruente con los objetivos de la política de desarrollo social y con la necesidad de proteger el interés superior de la niñez desde un enfoque integral”, puntualizó Itzel Castillo.

Presentan iniciativa para reformar Código Penal del Estado

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Por Redacción

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Presenta además reforma a la Ley de Gobierno Municipal

El Congreso del Estado aprobó una iniciativa impulsada por la Diputada local Lorena de la Garza para reformar el Artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de fortalecer la protección de autoras y autores y garantizar que reciban una remuneración justa por el uso de sus obras en espectáculos públicos.

La propuesta busca que los municipios puedan apoyar al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en la vigilancia del cumplimiento de la ley, particularmente al momento de otorgar permisos para conciertos, obras de teatro o eventos artísticos, asegurando que los organizadores cuenten con la autorización correspondiente para utilizar las obras.

Desde tribuna, Lorena de la Garza destacó que detrás de cada evento cultural existe el trabajo de creadores que muchas veces no reciben el reconocimiento ni la compensación que les corresponde.

“Cuando hablamos de música, conciertos o espectáculos, casi siempre pensamos en los artistas que vemos en el escenario. Pero pocas veces ponemos en el centro a quienes están detrás de cada canción: las y los autores, compositores y creadores. Para muchas y muchos de ellos, la música no es solo una expresión artística; es también su forma de vida y el sustento de sus familias”, señaló.

La legisladora explicó que el objetivo de la reforma es fortalecer la coordinación entre el INDAUTOR y las autoridades municipales, ya que son los ayuntamientos quienes otorgan licencias para la realización de espectáculos públicos.

“No se trata de generar burocracia ni de complicar los eventos culturales. Se trata de dar claridad y certeza para que todos los espectáculos que se realizan en nuestros municipios respeten la ley y los derechos de quienes crean”, afirmó.

Lorena de la Garza también informó que presentó una reforma complementaria a la Ley de Gobierno Municipal, para que los reglamentos locales establezcan como requisito que los organizadores acrediten el cumplimiento de la normativa en materia de derechos de autor al solicitar permisos para espectáculos.

La iputada explicó que, al tratarse de una reforma a una ley federal, el dictamen aprobado por el Congreso estatal será enviado al Congreso de la Unión para su análisis.

“Hagamos que el respeto a la propiedad intelectual sea la norma y no la excepción. Protejamos el talento de nuestros artistas y fortalezcamos el estado de derecho desde lo local”, concluyó.

Con esta iniciativa, Lorena de la Garza reafirma su compromiso con la cultura, la legalidad y la defensa del trabajo de quienes enriquecen la vida artística del país.