Su propuesta está respaldada en diversas resoluciones judiciales

Como parte de una propuesta respaldada por diversas resoluciones judiciales, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para permitir que un familiar o persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido por conducir en estado de ebriedad, evitando así que la unidad sea enviada al corralón.

El legislador priista destacó que la propuesta está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista respecto la retención del vehículo, al considerar que esta última pierde su finalidad preventiva una vez que desaparece el riesgo de la conducción en estado de ebriedad.

“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro”, afirmó.

“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, insistió Treviño Cantú.

La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vialpara establecer que se permita que una persona distinta al conductor, con licencia o permiso vigente y en condiciones aptas para manejar, pueda hacerse cargo del vehículo en los términos que determinen los reglamentos municipales.

El Coordinador priista indicó que municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan en sus reglamentos esta práctica, pero lo mejor es incluirla en la ley estatal para que seaextensivo a todo el estado.

“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, refirió.

Para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad, con 40 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que fortalece los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

La iniciativa fue presentada por la Diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI.

La reforma adiciona dos nuevas atribuciones al Fiscal General: coordinarse con los tres órdenes de gobierno para implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y celebrar convenios con empresas de telefonía móvil para difundir alertas en tiempo real mediante mensajes SMS y notificaciones push.

“No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante. Y pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, señaló la Diputada durante su intervención en tribuna.

La urgencia de la reforma se sustenta en cifras alarmantes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2025 se registraron 10,707 reportes de desaparición de menores en México, 29 casos diarios, y al inicio de 2026, 2,856 menores continuaban sin ser localizados. Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional con 6,733 personas desaparecidas registradas.

La Diputada destacó la necesidad de actualizar los protocolos de búsqueda a la realidad tecnológica actual: “Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio. Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualizaciónque responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real”.

Además de la coordinación interinstitucional, la reforma obliga al Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes en la Ley de Egresos para que la Fiscalía pueda cumplir con las nuevas disposiciones, y fija un plazo de 90 días para que la institución actualice su reglamento interior.

Para que se garanticen sus derechos humanos

Para garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para determinar que el cómputo de la prescripción para la reparación del daño aplique hasta que la persona agraviada sea notificada y no cuando cause ejecutoria una sentencia, como ocurre actualmente.

El líder del PRI recalcó que con esta medida se garantiza que el plazo de la prescripción de la reparación del daño comience a correr hasta que la persona titular de dicho derecho tenga el personal conocimiento de la resolución correspondiente y prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado.

Expuso que, en muchas ocasiones, ese derecho se ve mermado debido a vacíos legales, desconocimiento o falta de claridad en los plazos.

“Con esta reforma buscamos establecer reglas precisas sobre el inicio y la duración de la prescripción en materia de reparación del daño y que las víctimas tengan la posibilidad real de ejercer su derecho”, afirmó.

“Es fundamental que el acceso a la justicia sea efectivo y no se vea limitado por vacíos legales o malas interpretaciones”, señaló.

La iniciativa que fue presentada en Oficialía de Partes del Poder Legislativo contempla modificar los artículos 141, 145, 147 y 148 del Código Penal.

Treviño Cantú destacó que la propuesta también incluye que la reparación del daño prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado, lo que permitirá homologar criterios con otras entidades federativas y reforzar la protección a las víctimas.

Treviño Cantú subrayó que la iniciativa se encuentra alineada con los principios constitucionales, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, priorizando en todo momento la protección más amplia de las víctimas.“Es necesario actualizar el Código Penal para fortalecer el derecho de las víctimas a la reparación del daño y brindar mayor certeza jurídica en su aplicación”, afirmó el líder de la bancada tricolor.

Contra agresiones y fortalecer su capacitación

Para dignificar el trabajo de los vigilantes, mejorar sus condiciones laborales y crear entornos más seguros y respetuosos en las colonias, el Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Privada, a propuesta del Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú.

El dictamen de la Comisión de Justicia que fue presentado ante el Pleno por el legislador Javier Caballero establece que las lesiones al ser calificadas se agravan hasta en una mitad más de la pena que le corresponda.

“Se aprobaron reformas al Código Penal para salvaguardar a los guardias privados y pueda haber una responsabilidad cuando sufran algún ataque o cuando actúen de una manera irresponsable contra ellos, pero también se modificó la Ley de Seguridad Privada que es donde se garantizan las condiciones laborales y de capacitación”, detalló en entrevista Caballero Gaona.

“Con estas reformas las autoridades del sistema de justicia podrán aplicar sanciones más severas cuando se cometan delitos contra este personal, lo que busca inhibir las agresiones y fortalecer la protección legal hacia quienes contribuyen a la seguridad comunitaria”, establece el dictamen.

Caballero Gaona, quien es Presidente de la Comisión de Justicia detalló que entre los temas que deberán incluirse en los programas de capacitación que deberán recibir los guardia de seguridad se encuentran primeros auxilios, respeto a los derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, técnicas de mediación y negociación, identificación y manejo de situaciones de riesgo, así como defensa personal básica enfocada en la protección sin causar daño.

Y aumentar sanciones por incumplimiento

Para fortalecer la accesibilidad universal y endurecer las sanciones por incumplimiento en materia de infraestructura urbana, el Diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al exponer el tema en tribuna, el legislador tricolor destacó que, la propuesta obliga a las autoridades y a los desarrolladores a garantizar condiciones de accesibilidad universal en el entorno físico, el transporte y en los espacios públicos, ya que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Nuevo León más de 220 mil personas viven con algún tipo de discapacidad y enfrentan barreras físicas que limitan su movilidad y autonomía.

“Las barreras urbanas no son solamente obstáculos materiales, representan una forma de exclusión estructural que restringe la participación plena de miles de personas en la sociedad”, afirmó.

“La accesibilidad universal no debe entenderse como una adaptación posterior, sino como un principio que debe incorporarse desde la planeación misma de las ciudades”, subrayó Morales Rivera.

La iniciativa de reforma busca modificar los artículos 22, 30, 48, 97, 137, 205, 212, 353 y el 383, todos de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el artículo 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Morales Rivera resaltó que la reforma propone el incremento de las multas para quienes incumplan las normas de accesibilidad en proyectos urbanos.

Actualmente, las sanciones oscilan entre 200 y 2 mil unidades de medida, con la reforma, las multas por no respetar normas de diseño, señalización y accesibilidad universal aumentarían de 5 a 10 mil UMAS y otras infracciones graves podrían alcanzar hasta 15 mil.

“Si consideramos que muchos desarrollos inmobiliarios generan ingresos de decenas o cientos de millones de pesos, resulta evidente que las multas actuales no representan un verdadero incentivo para cumplir la ley”, enfatizó.

Morales Rivera afirmó que la reforma atiende los principios de proporcionalidad y equidad para asegurar que las sanciones sean acordes a la gravedad de la falta y a la capacidad económica de los infractores.

“Esta iniciativa no busca castigar por castigar. Busca generar un efecto preventivo real, para que la accesibilidad deje de ser una excepción y se convierta en una regla en el desarrollo urbano de Nuevo León”, refirió.

Para que NL cuente con un marco jurídico fuerte, claro y efectivo

Ante la necesidad de que Nuevo León cuente con un marco jurídico fuerte, claro y efectivo que mejore la operatividad y eficacia de la nueva Fiscalía Especializada en materia Ambiental, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado.

Aunque la Fiscalía Ambiental ya está en funciones, el líder de la bancada del PRI destacó que es indispensable reforzar el marco legal para dotarla de herramientas jurídicas y operativas que le permitan actuar de forma oportuna y eficaz ante situaciones críticas, sobre todo cuando las áreas protegidas estén en riesgo.

“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso”, apuntó.

“Necesitamos un marco jurídico sólido que permita proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las decisiones y acciones de la autoridad se ejecuten bajo plena certeza jurídica, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el principio de legalidad”, afirmó Treviño Cantú.

La iniciativa contempla reformas a los artículos el artículo 231 y se adiciona un artículo 231 bis de la Ley Ambiental, así como la creación de un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia mediante el cual se establece formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, definiendo sus facultades, procedimientos y atribuciones para investigar, prevenir y sancionar delitos ambientales.

“La propuesta busca darle a la Fiscalía Ambiental la facultad de intervenir en casos de riesgo inminente dentro de áreas protegidas, incluyendo la suspensión inmediata de obras, construcciones o actividades que representen peligro para los ecosistemas”, destacó el priista.

Treviño Cantú abundó que esta atribución permitiría reaccionar con rapidez ante actividades ilícitas que puedan causar daños irreversibles, además de fomentar la participación ciudadana mediante denuncias y reportes técnicos que activen la intervención preventiva de la autoridad.

“La regulación clara de las facultades de esta Fiscalía elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, al obligar a documentar y justificar cada actuación, facilitando la evaluación de resultados y la identificación de áreas de oportunidad”, aseveró.

Quiere proteger la economía familiar y garantizar continuidad en la atención médica

Con el objetivo de proteger la economía familiar y garantizar la continuidad en la atención médica privada, el Diputado Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para regular los incrementos en las primas de los seguros de gastos médicos y fortalecer los derechos de los asegurados.

El legislador del tricolor resaltó que la propuesta surge tras un incremento sin precedentes en las quejas contra aseguradoras, ya que, de acuerdo con datos oficiales, las denuncias crecieron 53% en Nuevo León durante 2024, mientras que, en algunos casos, las primas de seguros aumentaron hasta 45% en un solo año.

“Es necesario regular y contener los incrementos injustificados en las primas y asegurar que todo beneficiario pueda conservar su antigüedad, especialmente las personas mayores de 60 años, quienes hoy enfrentan primas cada vez más altas derivadas exclusivamente de su edad”, sostuvo.

“Además, es necesario que informen de manera clara y precisa en la póliza los alcances, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria que ofrezca la institución de seguros”, agregó.

La iniciativa que contempla modificar los artículos 200 y 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, incorpora obligaciones claves para las aseguradoras, ya que, es necesario proteger a las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos.

“Los aumentos en las pólizas rebasan por mucho los indicadores de inflación nacional y los parámetros de actualización económica oficial, obligando a muchas familias a cancelar su póliza justo cuando más la necesitan”, aseveró al exponer la propuesta en tribuna.

Morales Rivera destacó la alta concentración del mercado asegurador, ya que sólo 28 de las 103 compañías aseguradoras ofrecen productos de Gastos Médicos Mayores, y tan solo cuatro concentran más del 70% de las primas emitidas, lo que limita la competencia y reduce las opciones reales para los consumidores.