Rinde Sofía Velasco II Informe de Actividades al frente de la CEDH

Detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, tortura y dilación en la procuración de justicia, fueron los principales temas por los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones durante 2017, informó la Presidenta del organismo, Sofía Velasco Becerra.

Durante su segundo informe de actividades, en el Auditorio del Centro Convex y ante autoridades estatales, legislativas y organismos de la sociedad civil, la titular de la CEDH también lanzó un llamado al Gobierno de Nuevo León para que atienda y resuelva las recomendaciones que ha emitido la Comisión.

Velasco Becerra explicó que la mayoría de las recomendaciones que la CEDH ha emitido al Estado pertenecen a violaciones a los derechos humanos cometidos por instancias como la Secretaría de Seguridad Pública y la extinta Procuraduría General de Justicia.

Durante 2017, la CEDH emitió 34 recomendaciones a diversas autoridades y todas han sido aceptadas, pero solamente dos han sido cumplidas en su totalidad, aseveró.

La extinta Procuraduría General de Justicia, ahora llamada Fiscalía General de Justicia, recibió 13 recomendaciones, la Secretaría de Seguridad Pública recibió cuatro, la Secretaría de Educación obtuvo dos, una más para la Dirección del Registro Civil.

Los municipios de Apodaca, Cadereyta, San Pedro Garza García y Santa Catarina recibieron dos recomendaciones cada uno, mientras que García, Guadalupe, Escobedo, General Terán, Monterrey y San Nicolás fueron apercibidos con una recomendación cada uno.

A la fecha, informó la titular de la CEDH, solamente el municipio de Cadereyta y la Secretaría de Educación han cumplido con las recomendaciones emitidas, por lo que se suman dos completadas.

“Hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales para que cumplan con las recomendaciones rezagadas, porque una recomendación no cumplida o simulada, representa una re victimización para las personas afectadas, porque vulnera su dignidad.

“Mención especial merece la reparación del daño a las víctimas, la cual no siempre se otorga de forma expedita; es necesario que cada autoridad establezca un fondo que les garantice la reparación del daño. Éste deberá operar con reglas ágiles, claras y efectivas, es decir, libres de burocracia excesiva”, solicitó Velasco Becerra.

Por otra parte, señaló que el rezago existente en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a diversos niveles de gobierno hace que a la fecha, la CEDH tenga pendientes de respuesta un total de 80 recomendaciones.

Durante 2016 se emitieron 30 recomendaciones y en 2017 fueron 34, lo que implica un incremento del 14 por ciento, agregó.

La titular del organismo explicó que las recomendaciones no están completas, en parte, por la falta de voluntad de los gobiernos para realizar actividades como la capacitación del personal en materia de derechos humanos.

“La capacitación la damos nosotros, pero sí es necesario que ellos nos digan en qué horarios podemos capacitar al personal, se trata de que haya disposición de su parte para que podamos capacitar y algunos otros temas diversos, que se puedan integrar los procedimientos de responsabilidad administrativa, porque pedimos que se les investigue y en su caso sancione”, indicó.

La Comisión también criticó las medidas tomadas en el sistema penitenciario del Estado y solicitó al Gobernador interino, Manuel González Flores, trabajar de manera conjunta para diseñar políticas ejecutivas de reinserción social que establezcan el acceso a servicios de salud, de trabajo, de educación, profesionalización de las áreas técnicas y de custodia.

Así como la atención diferenciada de adolescentes, inimputables y de mujeres que se encuentra con sus hijas e hijos en los Centros Penitenciarios.

En su mensaje, Velasco Becerra reiteró que temas de violencia dentro de la familia y en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes son los casos más agudos que recibe la Comisión.

En el ámbito escolar, enfatizó, se observó un incremento en la agresión y hostilidad entre estudiantes, lo que incluso ha causado la muerte de una profesora.

Ante el ambiente de violencia que se vive en la entidad, la CEDH incrementó su capacidad de servicio en el Centro de Atención de Víctimas.

Velasco Becerra señaló que durante el último año fueron atendidas 3 mil 567 personas por daños en su salud física y emocional.

“Las personas indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGBT, así como personas nacionales y extranjeras que se encuentran migrando, continúan sufriendo rechazo y menoscabo en el ejercicio de sus derechos y sin políticas públicas adecuadas para atender sus necesidades”, destacó.

Ante la entrada en vigor de la Fiscalía General de Justicia, la titular de Derechos Humanos señaló que es una buena oportunidad para reconsiderar los protocolos de investigación de delitos, como la desaparición de personas, feminicidios y torturas.

Velasco Becerra criticó en su mensaje la falta de evaluación en las políticas públicas relacionadas con el control de emisiones de la industria y los vehículos, así como el manejo y separación de basura.

En entrevista posterior, explicó que la CEDH persigue de oficio las quejas de los ciudadanos en materia de medio ambiente cuando se da a conocer casos de inundaciones de aguas negras, basura en arroyos y cañadas, así como la aparición de socavones que han causado la muerte de al menos una mujer durante el último año.

Determina organismo que se debe de indemnizar a las víctimas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de su Presidenta Sofía Velasco Becerra, emitió tres recomendaciones dirigidas a entes estatales y municipales por presuntos actos de tortura física y psicológica, por uso excesivo de la fuerza, además de ser negligentes para con la seguridad de sus empleados.

Debido a estos casos, el organismo procederá en contra de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina y el Municipio de Guadalupe.

En una primera instancia, la Presidenta de la CEDH destacó que la recomendación número 8, va dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León por presuntos actos de tortura derivados de una detención del año 2012.

“La presente recomendación va dirigida a la Procuraduría General de Justicia, en su carácter de autoridad responsable, al tener por acreditados actos que constituyen tortura, razón por la que se solicita el resarcimiento de los daños causados, iniciar investigaciones contra quienes resulten responsables, a fin de evitar la impunidad de los hechos”, indicó la funcionaria.

Respecto a la Recomendación número 9, esta se relaciona con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina, por una presunta detención arbitraria y también porque los elementos actuaron con dolo en contra de la víctima al accionar un arma de fuego en la detención.

En estas dos recomendaciones se busca que las autoridades correspondientes se hagan cargo de los gastos médicos y psicológicos por los que atravesó la víctima, así como que a las instancias involucradas a la brevedad se les imparta cursos enfocados a los derechos humanos.

En cuanto al último llamado de atención, corresponde a la Recomendación número 10, la cual va dirigida al Municipio de Guadalupe, por no cubrirse al cien por ciento las necesidades y equipamiento de los elementos de seguridad, investigación derivada del fallecimiento de un oficial en el año 2016 por no poseer un chaleco antibalas.

“Es de señalar que esta Comisión lleva a cabo una vigilancia permanente de los medios de comunicación, con la finalidad de cumplir desde todas las perspectivas con la obligación de protección y observancia de respeto a los derechos humanos en el Estado, por lo que derivado de una nota periodística dada a conocer en el mes de octubre de laño 2016, se inició de manera oficiosa la investigación del caso, donde un policía municipal de Guadalupe tras una persecución y enfrentamiento perdió la vida al no contar con un chaleco antibalas”, aseguró la Presidenta de la CEDH.

En lo que confiere a este caso, Velasco Becerra aseguró que han entablado pláticas con los familiares del deudo, quienes les han asegurado que el municipio no se ha hecho cargo de los gastos funerarios y de indemnización, pese a que fue lo primero a lo que se comprometió la autoridad correspondiente.

CUMPLE CIUDAD GUADALUPE CON FAMILIA DE POLICÍA

Por su parte el Municipio de Guadalupe emitió un comunicado por la noche del lunes, horas después de haberse rendido el informe por parte de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que se transcribe a continuación:

“Ante los señalamientos emitidos en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respeto al caso del policía Benito Montaño Benítez, el Gobierno de Ciudad Guadalupe, presidido por el Alcalde Francisco Cienfuegos, informa que desde el primer momento ha actuado con responsabilidad en apoyo a la familia y en todos los aspectos relacionados con este lamentable caso.

“El Municipio de Guadalupe se ha anticipado en los puntos medulares de que consta la recomendación, desde el mismo 31 de octubre del año pasado, cuando el elemento policiaco perdió la vida en cumplimiento de su deber, mientras que otros señalamientos están en vías de ser solventados.

“El primer punto de la recomendación, respecto al daño emergente y gastos funerarios, el propio Alcalde acudió personalmente a brindar la primera atención y contacto con la familia del policía, principalmente a la señora Valera Félix Palacios y a sus dos hijos, a quienes se les entregó una primera aportación económica para gastos emergentes.

“Se recordará que el 1 de noviembre de 2016, un día después de los hechos, se llevó a cabo un homenaje luctuoso consistente en una guardia de honor a Montaño Benítez en la Plaza Principal del Municipio.

“Posterior al homenaje póstumo, a petición de la señora Félix Palacios, se gestionaron los permisos y el traslado vía terrestre de ella, sus dos hijos y dos personas desde la Ciudad Guadalupe a San Juan Bautista, en Tuxtepec, Oaxaca. Del mismo modo, el Municipio de Guadalupe solventó los gastos funerarios en aquella localidad del sur del país.

“En total, por los gastos funerarios y servicios relacionados se erogó la cantidad de 94 mil 733 pesos, con lo que se dio cumplimiento a la recomendación que emite la CEDH.

“En el segundo punto de la recomendación, respecto al lucro cesante, también ha sido atendido con anticipación, ya que el Municipio, desde el día de los hechos hasta la fecha, ha proporcionado de manera continua y permanente el salario que mantenía el elemento Montaño Benítez, como apoyo económico de manera quincenal a la señora Félix Palacios y a sus hijos Kevin y Yahir.

“A su vez, se informa que la señora Félix Palacios goza, actualmente, de una pensión por viudez que se ha cubierto de manera continua.

“En lo que se refiere al tercer señalamiento de la CEDH, la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe informa que Montaño Benítez sí tenía asignado un chaleco antibalas y que actualmente no hay déficit de esta herramienta vital en la corporación. Sin embargo, ha emitido las instrucciones para dar inicio a una investigación del cumplimiento o no al protocolo de actuación policial que indica que en al momento del servicio los elementos deben portar todo su equipo táctico y chaleco balístico para proteger su vida e integridad física.

“En respuesta al cuarto punto de la recomendación, que plantea establecer colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar seguimiento a la investigación, el Municipio y de la Secretaría de Seguridad reafirma su compromiso interinstitucional, vía oficio fechado este 22 de mayo, para la implementación de acciones conjuntas con la misma Procuraduría a fin de continuar con la indagatoria.

“El quinto señalamiento del órgano defensor de los derechos humanos, sobre el tratamiento y acompañamiento psicológico, también fue atendido desde el primer día de los acontecimientos. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, un médico, una enfermera y un psicólogo del municipio se apersonaron en diferentes momentos para atender a los deudos de Montaño Benítez, a fin de brindar todas las facilidades, desde su traslado, acompañamiento, asesoría jurídica, así como, apoyo médico y psicológico, tanto durante su estancia en Nuevo León, como posterior a su traslado a Oaxaca.

“Actualmente, la señora Félix Palacios y sus dos hijos gozan del servicio médico que presta el municipio en su clínica médica municipal, así como en el Hospital Universitario a través del convenio celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Incluso en el mes de febrero pasado la señora acudió a consultar y cumplir con los trámites para el servicio médico de los menores.

“En lo que toca al sexto punto de la recomendación, se informa que el “Protocolo del Uso de la Fuerza para Policías Municipales” está próximo a firmarse entre Guadalupe y Monterrey, así como con las organizaciones civiles CADHAC, USAID y EnfoqueDH, lo que dará pie a promover posibles reformas en la materia para actualizar los ordenamientos municipales.

“Respecto al séptimo señalamiento de la CEDH, es pertinente puntualizar que todo elemento perteneciente a esta Institución Policial se encuentra incluido al programa continuo de formación en materia de derechos humanos y la cultura de la legalidad, lo que permite que la profesionalización sea permanente y progresiva desde la formación inicial, la actualización, la promoción, la especialización y alta dirección, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Policial.

“Finalmente, como respuesta al octavo punto, se informa que la Secretaría de Seguridad Pública ha establecido un enlace con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con el propósito de profundizar en la colaboración y seguimiento interinstitucional para la implementación de acciones conjuntas a favor de las víctimas.

“Todo lo anterior ya fue presentado y documentado hoy mismo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como respuesta a la recomendación emitida este lunes 22 de mayo de 2017.

“El Municipio de Guadalupe lamenta que la CEDH no haya requerido información con anticipación a la recomendación emitida, para que pudiera tener conocimiento previo de todas las acciones realizadas durante los casi siete meses que han transcurrido de aquellos hechos condenables.

“Ciudad refrenda su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales, el estado de derecho y las garantías individuales”, concluye el documento.