Presentan iniciativa ante el alza de los casos de abusos infantiles

Porque los casos de abuso sexual infantil en Nuevo León van al alza, el Grupo Legislativo del PRI, por medio de la Diputada Perla Villarreal Valdez, presentó dos iniciativas para modificar las Leyes de Educación, tanto Federal como Estatal, para implementar programas permanentes de prevención y detección de conductas que impliquen riesgos para el alumnado.

En la Oficialía de Partes del Congreso, la legisladora local del PRI precisó que actualmente hay programas y metodologías implementadas, pero no se llevan a cabo porque no están establecidas en la ley.

“Además de psicólogos, es necesario que se realicen campañas de prevención que realmente se capacite a maestros, que se dé un seguimiento a los alumnos, a los focos rojos que se presenten”, comentó.

“Muchas veces los maestros son los que se dan cuenta de este tipo de problemáticas antes que los padres de familia, porque hay que estar atentos en casa a estos abusos ya que la mayoría de los casos se dan por personas de la misma familia”, alertó Villarreal Valdez.
La también Vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local precisó que es fundamental promover en la Ley de Educación del Estado el fortalecimiento de las acciones preventivas en los planteles escolares, públicos y/o privados, a fin de evitar el abuso sexual.

“Necesitamos que los maestros estén capacitados, que los padres de familia conozcan los síntomas, las alertas y que los niños sepan cómo identificar este tipo de conductas a través de programas de capacitación a los niños”, recalcó.

Villarreal Valdez detalló que se busca modificar el artículo 23 de la Ley General de Educación en materia de prevención en torno al abuso sexual, y el artículo 20 Bis 1 de la Ley de Educación del Estado.

Reformarían la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Para hacer una oportuna detección del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, la Diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez Martínez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para generar protocolos de actuación que permitan descubrir los casos de menores que se encuentren envueltos en estas problemáticas, no sólo en el ámbito escolar sino en su entorno.

En la exposición de motivos, la legisladora precisó que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo, representando un grave problema de salud pública, de derechos humanos y justicia social.

“Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil, pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia”, expresó.

Refirió que basados en un estudio de la OMS, alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo habían sido violentados sexualmente.

Así mismo, detalló información de que cuatro de cada diez delitos sexuales se ejecutan en menores de edad y en nuestro País cada año se cometen al menos 600 mil conductas ilícitas de esta naturaleza.

Advirtió en su lectura, que quiénes agreden a los menores generalmente forman parte de su círculo de cuidado, ya sea por algún familiar directo, indirecto o personas cercanas; y fuera de éste con otras que se relacione de manera cotidiana como docentes, entrenadores deportivos, líderes de grupos.

“Para el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la comunidad escolar resulta un espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y los menores a su cargo”, señaló la legisladora petista.

Dicha reforma es por modificación al artículo 75 de la Ley mencionada en sus fracciones tercera y décima cuarta, en el cual se establece que se deben elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación del personal docente y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

La iniciativa se turnó con carácter de urgente a la Comisión de Legislación para su estudio y dictamen correspondientes.