Asegura que sigue con fuero y un amparo que impide actuar al Congreso

Para el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a su caso, no afecta en nada su situación jurídica, ni existe temor alguno de que se vaya a actuar en su contra de manera penal.

El funcionario estatal dio una rueda de prensa, donde explicó los alcances de dicha resolución sobre el tema, ante un supuesto incumplimiento de publicación decretos en el Periódico Oficial del Estado y que fueron aprobados por el Congreso del Estado.

Navarro sostuvo que la resolución de la Corte no afecta en nada al curso del amparo que tiene promovido en contra de la actuación del Poder Legislativo que pretende procesarlo por una aparente omisión de publicar los mencionados acuerdos.

Recordó que ese amparo lo obtuvo al comprobarse que los Diputados locales del PRI y del PAN y la Fiscalía Anticorrupción no le respetaron sus derechos políticos, legales y humanos.

“Lo importante de la resolución de la Suprema Corte de Justicia es que define cuál es el camino legal para resolver las violaciones a Navarro de sus derechos y no decide sobre el fondo de la situación legal , es una resolución nada más que establece un sobreseimiento de la controversia constitucional derivado de que no es materia de una controversia constitucional el diferendo que presentó el Ejecutivo al análisis jurídico de la Suprema Corte y en consecuencia deja claro que deberá resolverse en un juicio de amparo“, expresó el funcionario estatal.

El Secretario General de Gobierno agregó que sigue gozando del fuero constitucional y que estas explicaciones se las da a los ciudadanos para que no se vayan con una idea equivocada como lo pretenden hacer creer los legisladores locales.

“La parte del proceso del Congreso ya fue llevada a cabo, ellos ya no tendrían por qué reunirse, y si se reúnen no habría ningún problema, pues con la suspensión de amparo no pueden dictar un desafuero, en donde tampoco se puede avanzar es en las cuestiones penales iniciadas por la Fiscalía o por el Poder Judicial”.

Navarro Velasco agregó que desde que se interpuso la denuncia a la fecha han cambiado las condiciones, pues ya se publicaron los decretos, a excepción de los que tienen un impedimento legal.

“Se publicaron todos a excepción de aquellos que tenían un impedimento de carácter legal, una suspensión o un veto por ejemplo, lógicamente esos no se han publicado, ya que el Congreso fue omiso en resolver sobre los vetos, pero todos los demás se publicaron sin problemas”, concluyó Navarro.

Cuestionan qué Jueza no tomará en cuenta observaciones de Colegiado

Al dar a conocer que la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Jeny Jahaira Santana Albor otorgó la suspensión definitiva en favor de la refinería de Cadereyta, el Gobierno de Nuevo León informó que interpondrá un recurso de revisión contra esta resolución.

En el Nuevo León Informa, el Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz acompañado de la directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdez Cavazos, detalló que pese a que presentaron pruebas como actas de inspección, dictamen técnico, oficios de información, estudios de salud, así como uno sobre reducción de emisiones, videos  y fotografías e incluso una inspección judicial, fueron desechadas, por lo que hizo un llamado a la magistrada a admitir las evidencias que se le expusieron.

“Simplemente la jueza bajo su propio criterio, decidió conceder a Pemex la suspensión definitiva de la demanda sin que Pemex presentara las pruebas de que no contamina, ignorando las pruebas de existencia y contaminación presentadas por la Secretaría de Medio Ambiente y le otorgó el amparo definitivo.

“Esto quiere decir, que hasta que no se resuelva el juicio de amparo, que puede durar un año o más, tiene esta suspensión para que podamos nosotros actuar en consecuencia.

“Exigimos que la jueza Jeny Jahaira Santana Albor tome en cuenta las pruebas que presentamos y que acate también las órdenes del Tribunal Colegiado para que la refinería demuestre que no está contaminando y de no ser así puedan llevarse acciones legales en su contra”, subrayó el funcionario.

El 30 de enero, Pemex interpuso una demanda de amparo para evitar ser clausurada por contaminar el aire de Nuevo León, la cual originalmente le fue negada, por lo que recurrió a un recurso de queja sobre la resolución al Primer Tribunal Colegiado, quien determinó que la jueza debería conceder la suspensión, siempre y cuando, la refinería de Cadereyta comprobara que no existían emisiones contaminantes de su parte, la no afectación al medio ambiente de la misma, además de lleva a cabo medidas de protección y el control de gases.

De no demostrarlo, el Tribunal Colegiado estableció que la magistrada debería ordenar peritajes de las autoridades responsables y de la Secretaría de Medio Ambiente, sin embargo, de acuerdo con el funcionario, se ignoraron las pruebas de existencia de contaminación.

“La Secretaría de Medio Ambiente el día de hoy presentará un recurso de revisión contra la suspensión definitiva de la demanda tenemos esa opción, la estuvimos trabajando estaba bastante bien elaborada las pruebas son obvias.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente somos claros la refinería sí emite grandes cantidades de contaminantes y sabemos que no cuenta con los medios necesarios para evitarlos y no se acatan a las normas oficiales nacionales e internacionales”, puntualizó Martínez Muñoz.

Indicó que esta mañana ocurrió un incendio en una planta coquizadora de la refinería, que dejó en evidencia el impacto de sus emisiones en la calidad del aire, pues mostró imágenes de cómo se dispersó la capa de humo, ocasionando concentraciones de hasta 260 microgramos por metro cúbico en partículas menores a 10 micras (PM10), es decir, condiciones extremadamente mala en la estación de Juárez.

Dentro de la conferencia, Armandina Valdez presentó el pronóstico de la calidad del aire, el cual precisó que debido a que se tendrá estabilidad atmosférica se esperan malas condiciones, que mejorarán para el jueves, ante la llegada de vientos favorables.

Contra vigencia del Decreto 340 del Congreso de NL

La Contraloría y Transparencia Gubernamental, Agua y Drenaje de Monterrey; y las Secretarías de Economía, Cultura y Movilidad obtuvieron suspensiones de amparo que frenan el Decreto 340 del Congreso local, que contiene diversas reformas constitucionales por medio de las cuales se le restan facultades al Poder Ejecutivo, siendo una de ellas la de designar a su Gabinete de Gobierno.

Estas suspensiones se suman a las que obtuvieron recientemente la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Turismo y Fideproes.

Asimismo, derivado de la ampliación de la demanda de amparo del Gobernador Samuel García Sepúlveda, contra el Juicio Político, el Juzgado Octavo de Distrito de Reynosa, Tamaulipas, concedió la suspensión definitiva para que no entren en vigor las reformas constitucionales que pretendían quitarle atribuciones, frenando además el procedimiento relacionado con el citado juicio.

Dicta medida ante amparo promovido por el Director del ISSSTELEÓN

Ahora también una Juez Federal de Nuevo León otorgó una suspensión provisional para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, hasta antes de la emisión del Decreto 340 por parte del Congreso Local, mismo que contiene reformas a 25 artículos de la Constitución del Estado.

Esta resolución de la autoridad federal se da dentro del Juicio de Amparo número 323/2023-I, promovido por Luis Gerardo Gómez Guzmán, quien es el actual Director del ISSSTELEÓN.

Ante esta decisión de la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa, el contenido del Decreto 340 deberá quedar suspendido hasta en tanto se dicte la sentencia ejecutoria dentro del Juicio de Amparo ya mencionado.

En su escrito de demanda, Gómez Guzmán señaló como actos reclamados entre otros, la reforma de los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 150, 151, 152, 154, 158, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Director del ISSSTELEÓN, estas reformas le generan una inestabilidad laboral y económica, argumento que fue validado por la Jueza Federal al otorgarle la suspensión provisional contra el mencionado Decreto 340.

Esta medida cautelar acordada por la Juez de Distrito, hace que se mantengan las cosas como lo estaban hasta antes de la emisión del Decreto que el Director del ISSSTELEÓN.

Dentro de los argumentos expresados por la Jueza Federal Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, se desprende que esta suspensión otorgada a Luis Gerardo Gómez Guzmán, tiene como objeto conservar la materia del Juicio de Amparo.

La autoridad federal señaló como fecha para la audiencia el 24 de marzo a las 11:25 horas.

Con esta resolución el Director del ISSSTELEÓN no podrá ser removido de su cargo, ni podrán entrar en vigor las reformas a los artículos constitucionales contenido en el Decreto 340 emitido por la actual Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 22 de febrero del presente año.

Da Juez la razón a empresas contra actos de autoridades tributarias

A principios de este año, diversos contribuyentes se ampararon en contra del nuevo requisito consistente en la incorporación del completo Carta Porte que sería exigido por el Servicio de Administración Tributaria a aquellos contribuyentes que tengan como actividad el transporte de mercancías y autotransporte de carga, con el cual se ampara el transporte, así como la legal tenencia y la estancia de la mercancía.

El abogado fiscalista Marcelo Flores Serna informó que en días recientes el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León concedió a los contribuyentes transportistas la primera suspensión definitiva sobre su obligación de expedir el mencionado complemento dentro de un juicio promovido a favor de diversas empresas por el despacho LBM México desde principios de año.

“Este es un tema en el que hemos trabajado todo el año debido a que las empresas no están de acuerdo con las disposiciones de las autoridades tributarias. La Carta Porte contiene información sensible y muy importante que puede poner en riesgo a los transportistas y la mercancía que contienen las unidades. Con este amparo nuestros clientes tienen la garantía de que pueden circular sin el riesgo de que su producto o unidad sean confiscadas por la falta de este documento”, precisó el litigante fundador del Despacho LBM.

Para tal efecto, Carlos Armando Moreno Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en funciones de Juez de Distrito, llegó a la convicción de que las reglas administración que incorporan el complemento no contravienen disposiciones de orden público o el interés social, pues las normas combatidas no se encuentran privando a la sociedad de algún beneficio o algún ingreso por determinada actividad ni contravendría el orden público, tal como lo solicitó el despacho LBM a favor de sus clientes.

“Luego, lo procedente es conceder la suspensión definitiva para el efecto de que, en lo subsecuente, las citadas normas no surtan sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, no le sean aplicadas a aquéllas”, señala la resolución anteriormente mencionada.

Denuncia acciones arbitrarias por parte del Gobierno del Estado

El PRI no se quedará con los brazos cruzados en el tema del estacionamiento de la CNOP y por tal razón el Presidente estatal de este instituto político acudió en compañía del dirigente cenopista a los Juzgados federales a solicitar un amparo en contra de las acciones que está tomando el Gobierno del Estado en este asunto.

Pedro Pablo Treviño Villarreal llegó en compañía de Carlos Barona Morales a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de solicitar la protección de la justicia federal en contra de la medida tomada por el Estado, misma que consideraron un exceso.

“El día de hoy aquí en el Poder Judicial de la Federación venimos a presentar un amparo en contra de la autoridad del Estado, en virtud del inmueble que tiene la CNOP que dirige Carlos Barona, el inmueble está conformado con dos terrenos, un terreno que es de la CNOP y un terreno que es del Estado que la CNOP ha tenido posesión por los últimos 30 años y a principios de junio llegaron a pretender quitarnos esa posesión, sin ninguna información que antecediera esa acción”, expresó el dirigente del PRI.

En tanto, Carlos Barona expuso que la demanda deriva por la forma en que ingresaron al sitio, invadiendo su propiedad.

“Todo viene a detonar después de la manera arbitraria en que el Gobierno del Estado, por conducto de la Dirección de Patrimonio, llegan con engaños al sector con el guardia del local, diciendo que habían tenido una llamada de un atentado, de esa manera ingresan ellos al lugar y ya que están adentro empiezan a desalojar a quienes estaban ahí de manera pacífica”, describió.

“Pero no solo eso, no solamente se metieron al terreno que supuestamente es propiedad de Gobierno del Estado, sino que también invadieron el acceso al terreno nuestro de tal suerte que nos dejan en estado de indefensión, porque no podemos ahorita entrar a nuestro terreno”, continuó el dirigente de la CNOP.

Comentó, que han buscado comunicación con el Secretario General de Gobierno, para llegar a un arreglo, sin embargo no han obtenido respuesta.

Tanto Treviño como Barona señalaron que ellos solamente están cumpliendo con la presentación de la demanda de amparo, misma que está firmada por el representante jurídico de la CNOP a nivel nacional,  Arturo Zamora.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Cázares, quien acompañó al líder priista y de la CNOP, manifestó que el juicio de amparo es interpuesto ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y como acto reclamado se está expresando el despojo del inmueble del cual la CNOP es titular y el otro inmueble que está conjunto a este, que supuestamente es del gobierno estatal.

Añadió que en principio el proceso lleva dos fases, la primera es la suspensión provisional, y la segunda fase ya es el juicio de amparo donde se espera que en un plazo de 6 meses aproximadamente se tenga la resolución a favor de la CNOP.

CONFÍAN QUE RESOLUCIÓN DE CASOS MONTERREY Y GUADALUPE SEAN FAVORABLES AL PRI

En otro tema, respecto a las impugnaciones en los municipios de Monterrey y Guadalupe, Treviño Villarreal expresó que están confiados en que se resuelvan a su favor, por el sinnúmero de inconsistencias presentadas en la elección.

“Van bien, nosotros estamos ciertos de casos muy puntuales de irregularidades en el manejo de este proceso electoral, contundentes, en el caso de Monterrey hay 1608 paquetes electorales donde hay irregularidades sólidas de inconsistencias graves en más de 600 paquetes”, afirmó.

Aunado a lo anterior, externó que existen 30 paquetes que se extraviaron, lo que equivale a 30 mil votos en casillas donde regularmente el apoyo está encaminado al PRI.

“Lo que estamos solicitando es la anulación de la elección de Monterrey, en el caso de Guadalupe es similar la exigencia y lo que buscamos es que la autoridad revise a detalle cómo se llevó a cabo esta elección”, finalizó.

Mantiene Juez de Control criterio; fija para mayo audiencia intermedia

A pesar de haber logrado obtener un amparo en contra de la resolución que lo vinculaba a proceso por el caso KIA, el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue de nueva cuenta sometido a esta decisión por el Juez de Control Jaime Garza Castañeda.

La autoridad judicial estatal dio cumplimiento al amparo otorgado al ex Mandatario por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en donde se volvieron a analizar las constancias que existen en el expediente, considerándose que era procedente esta vinculación contra Medina, por el delito de ejercicio indebido de funciones.

En consecuencia, el Juez de Control señaló ante la presencia de Medina y su defensor Javier Flores Saldívar, que la audiencia intermedia se llevará a cabo el próximo 28 de mayo.

Fueron casi tres horas que duró la audiencia llevada a cabo en el palacio de Justicia, donde el Juez de Control analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, determinándose que era procedente la vinculación del ex Gobernador de Nuevo León.

El Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos celebró la decisión sosteniendo que el Juez de Control le dio la razón a la dependencia que encabeza.

“El Juez confirma la vinculación a proceso que había logrado, que había conseguido la Fiscalía en contra del ex Gobernador Medina”, expuso Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción.

“Esta confirmación es muy significativa porque reafirma que las resoluciones que ha logrado la Fiscalía aguantan cualquier revisión de amparo, esta ha tenido 13 amparos, y se confirma la posición inicial de vinculación”.

El ex Mandatario ya había sido vinculado a proceso derivado de las presuntas irregularidades detectadas en los incentivos otorgados a KIA Motors, por un monto de 3 mil millones de pesos, sin embargo, el caso tuvo que ser analizado de nuevo por la autoridad judicial a raíz del amparo concedido a Medina por el tribunal federal, pero la decisión se mantuvo firme y ahora el paso siguiente es la celebración de la audiencia intermedia.

Esta resolución representa un revés jurídico para Medina y su defensa y a la vez un logro para el Gobierno del Estado que busca se sancione al ex Mandatario por los presuntos actos de corrupción detectados en su Administración.