Por anomalías en contrataciones públicas

La Secretaría de Contraloría y Transparencia de Santa Catarina notificó al Síndico Roberto López Rojas una amonestación pública, derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa, por anomalías en materia de contrataciones públicas cuando fungió como Director de Adquisiciones en la gestión 2018-2021, del ex Alcalde Héctor Castillo.

Personal de la Contraloría acudió al domicilio del Síndico para notificar la amonestación; sin embargo no fue localizado, por lo que el oficio fue entregado en la oficina de López Rojas.

El motivo del oficio resultó  de una observación de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León de la cuenta pública 2019 al Municipio.

De acuerdo a la observación de la Auditoría Superior del Estado , “no se localizó el documento en el que la Unidad Centralizada de Compras, en coadyuvancia con el órgano de control, haya determinado los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como los relativos a su capacitación”.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

La sanción emitida, una vez que cauce ejecutoria, deberá enviarse a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Al detectarse anomalías en el proceso de entrega-recepción por un monto de 34.5 millones de pesos, el Municipio de Monterrey, a través  del Contralor Luis Enrique Orozco Suárez, informó que el Secretario del Ayuntamiento presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría de Justicia del Estado, la tercera denuncia contra quien resulte responsable, por las irregularidades económicas detectadas durante dicho proceso.

“El día de hoy la administración pública de Monterrey, mediante el Secretario del Ayuntamiento, presentó una tercera denuncia con motivo del seguimiento a las irregularidades encontradas en el análisis de la entrega de recepción en la administración pública municipal 2012-2015”, indicó Orozco Suárez.

El Contralor detalló que estos hechos son derivados de las retenciones que la pasada Administración Municipal aplicó a los empleados municipales por diversos conceptos, entre los que se incluyen: seguros, prestaciones como Promobien y Servicios M, mismos que no se liquidaron a las empresas que brindaban estos servicios.

“En esta ocasión el motivo de la denuncia obedece a algo que se había detectado en el análisis de la entrega-recepción que es la retención de 34 millones y medio de pesos a trabajadores municipales, hechos por distintos conceptos, tales como seguros, prestaciones como Promobien, o Servicios M, que en total suman 34 millones y medio de pesos”, comentó el funcionario municipal.

Puntualizó que esta cifra fue paralizada durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2015, pero nunca se liquidó a ninguna de las ocho empresas a las que se les debía, además en esto se incluye una retención de poco más de 13 millones de pesos para el sindicato que tampoco fue pagado y al momento se desconoce cuál fue el destino de estos recursos.

“El gran problema de esto, es que esos fondos entraron a cuentas revolventes a donde ingresaban recursos de todo tipo, el destino no pudo ser aclarado debido a que tenemos claro, es que fueron retenidos para entero de acreedores, que son los servicios que comento y esos acreedores  y servicios no fueron pagados”, mencionó Orozco Suárez.

Las empresas que se vieron afectadas fueron Seguros M, Promobien, y GNP, por mencionar algunas, aunque es importante decir que la actual Administración Municipal ya liquidó el adeudo pendiente.

Por último, el Contralor Municipal adelantó que se encuentran trabajando en una cuarta denuncia por presuntas anomalías encontradas en la contratación de la APP durante el gobierno encabezado por la ex Alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes.