Destaca transparencia en manejo de recursos públicos

La transparencia en el manejo de los recursos y la ejecución del gasto público por parte de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, quedó de manifiesto en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2022, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De las siete auditorías realizadas al Gobierno del Estado, seis resultaron sin observaciones.

De la auditoría de Participaciones Federales a Entidades Federativas, el órgano fiscalizador emitió observaciones a los ejecutores del gasto, la cuales consisten en solicitudes de aclaraciones, procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y una recomendación. Ninguna observación es económica.

El Gobierno del Estado informó que once Solicitudes de Aclaración ascienden a un monto de 96 millones 910 mil pesos, las cuales se están atendiendo y en breve serán resueltas por las dependencias correspondientes.

De igual manera, se realizan las gestiones para solventar los cinco Pliegos de Observaciones de los cuales se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 81 millones 368 mil pesos.

El presupuesto de Egresos 2022 ascendió a 110 mil 696 millones de pesos.

Destacan logro gracias a programa de fiscalización

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 165 mil 120 millones de pesos (mdp) por auditorías a grandes contribuyentes durante el primer semestre de 2023.

La autoridad fiscal informó que lo anterior lo logró gracias a su programa de fiscalización a grandes contribuyentes.

A través de un comunicado, el SAT indicó que estas acciones, que tienen como objetivo erradicar prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos, se logró la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes.

“En su ‘Informe tributario y de gestión del segundo trimestre de 2023‘, el SAT informó que recaudó 1 billón 120 mil 45 mdp de grandes contribuyentes. Esto representó 49% de los ingresos tributarios totales recaudados durante ese periodo, que asciende a 2 billones 275 mil 86 millones de pesos”, señaló Marcelo Flores Serna, abogado fiscalista.

El socio fundador del Despacho Flores Serna & Asociados señaló que la autoridad fiscal destacó la retención de Impuestos sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios de las personas morales, la cual presentó el mayor crecimiento durante el primer semestre, al incrementar 58.6 mil mdp, respecto al año pasado, ubicándose en 581.5 mil mdp.

“El incremento se debe a que en 2021 entró en vigor el decreto que modificó diversas disposiciones referentes a la subcontratación laboral, lo que obligó a las empresas a la sustitución patronal y generó un aumento sostenido de las retenciones netas de sueldos y salarios.”

“Todas las empresas deben contar con una estrategia que te permita cumplir con sus obligaciones fiscales, pero sin descapitalizarte y al mismo tiempo hacer más efectiva tu operación y para ello podría contar con el apoyo de especialistas y despachos externos que contamos con personal especializado para cualquier eventualidad”, concluyó Marcelo Flores Serna.

Fiscalizarán debida aplicación de fondos federales

En representación del Gobierno estatal, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León junto a la Auditoría Superior de la Federación dieron inicio a las Auditorías Colmena que tendrán como fin digitalizar los procesos de la fiscalización para las participaciones federales de los 51 municipios.

Al llevarse a cabo el evento en el Museo MARCO, la Contralora General del Estado, María Teresa Herrera Tello dio a conocer que con las Auditorías Colmena, el Estado se moderniza y entra en ejecución el nuevo sistema de fiscalización digital de las auditorías para el ejercicio federal de los municipios.

“Estas auditorías se llaman Colmena, como son digitalizadas permiten que sean más rápidas, más eficientes, más completas y estas van dirigidas sólo a los municipios y a las participaciones federales“, dijo.

“Con esto se inicia la notificación de inicio de la auditorías y ya los auditores van a estar trabajando en cada municipio para efecto de llevar a cabo la fiscalización“, afirmó.

En el nuevo sistema se irán auditando los recursos de cada uno de los municipios para el proceso de fiscalización y se irá automatizando los procesos de auditoría.

“Este año el Gobernador nos ha autorizado recursos para llevar a cabo la sistematización de las auditorías, todo lo que es el proceso de auditoría desde su inicio hasta su conclusión y posteriormente después de la conclusión  y si es necesario que vaya a la unidad investigador, ahí se harán los procedimientos de responsabilidad administrativa“, comentó la Contralora.

“La Controlaría hace procedimientos de responsabilidad, solamente de falta administrativas no graves, pero eso no implica que la gravedad no tenga sanción como destituciones, inhabilitaciones, apercibimientos, suspensiones y cuando son faltas graves ya las enviamos a la Sala Especializada en Combate a la Corrupción“, agregó.

Actualmente, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, ha recibido 45 expedientes graves que han sido determinados por la Unidad Anticorrupción de la Sala Especializada y se han concluído solamente 6 con resultados favorables.

“Estas auditorías son muy rápidas, porque se refieren a un determinado ejercicio, no es general o a un solo ejercicio de un determinado programa, se hace la fiscalización desde su inicio, en la distribución y ejecución de todo lo que es gasto federalizado que es recibido por los municipios“, explicó Herrera Tello.

Desde el inicio de la instalación de las Auditorías Colmena a los municipios se les proporcionó capacitación del uso del nuevo sistema de auditoría y en reuniones se les dará a conocer en qué consiste y cuáles son los fondos que se revisan en esta fiscalización.

“Es muy importante que ya tengamos nuestros propios sistemas y podamos ver cómo van las auditorías, si van avanzando o no, qué hallazgo hay y en el caso de las investigaciones, el que realmente se estén desahogando las diligencias y que se llegue a una determinación para efecto de presentar o no la denuncia correspondiente“, expresó Herrera Tello.

Las auditorías tienen como objetivo la revisión de operaciones financiadas con recursos federales, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

“En la medida en que digitalizamos vamos a tener nosotros un mejor control de los procesos, la Auditoría se encargará de sistematizarlos, usarán la tecnología en los procesos de auditoría como en los procedimientos de investigación y se tendrá un control de la trazabilidad de todo lo que hacemos para efectos de que no haya manipulación de información o de los hallazgos cuando se esté haciendo alguna auditoría“, finalizó la Contralora.

Ven diferencia en número de empresas, presumen permisos falsos

Ante el desorden que prevalece hacia el número real de las pedreras que se encuentran operando realmente en el Estado y que han provocado altos índices de contaminación en perjuicio de la ciudadanía, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo donde se solicita a la Auditoría Superior del Estado realice una minuciosa investigación sobre este tema.

Además, también se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que proporcione los estudios de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de estas empresas, en virtud de que aparentemente se encuentran fuera de control y por ello la Ciudad ha presentado en las últimas fechas graves problemas de contaminación que son un peligro para los nuevoleoneses.

Fue la Diputada del PRI, Gloria Treviño Salazar quien presentó en tribuna este punto de acuerdo, al detectarse la existencia de 63 empresas extractoras de caliza, conocidas como pedreras, en virtud de que existe una variante en cuanto al número de las mismas.

De acuerdo con la legisladora tricolor, en un informe de transparencia se le indicó que estaban en operación un total de 48 empresas de este giro, sin embargo, esto al ser verificado con una diversa documentación se pudo constatar que el número era de 63, por lo que existía una diferencia de 15 negocios, lo que hacía presumir la existencia de permisos falsos.

Ante ellos, Treviño decidió presentar este punto de acuerdo para que sea la Auditoría Superior del Estado, quien de la certeza de la información real de las empresas que están operando y que además se encuentren dentro de la ley.

“Por Transparencia se había solicitado un número de licencias oficiales en el Estado dando un total del 48 las que son de forma oficial, pero por otra parte al solicitar por vía Transparencia otra información y hacer una compulsa, resultó que eran 63 dando una diferencia de 15”, informó.

Treviño Salazar confió en que la ASE verifique de una manera auténtica y eficaz esta información, por ser –según ella- un organismo confiable y que ha sido un auténtico contra peso en relación al Gobierno Independiente.

“Que la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo esta revisión porque como ya sabemos, es el único organismo que ha estado dando contra peso en nuestro Estado y que sean ellos como máxima autoridad determine el número real de estas empresas existentes en nuestro Estado”, exhortó.

Advirtió que lo más problemático y lo más preocupante son los índices de contaminación que se han presentado en el Estado, por lo que también solicitó que le hagan llegar todas las manifestaciones de impacto ambiental.

“Le solicitamos también a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que nos mande la información acerca de todas las empresas, si tengan lo que corresponde a la manifestación de impacto ambiental que nos la haga llegar al Congreso del Estado, que estamos trabajando en más de las denuncias que ha puesto la ciudadanía acerca de cómo operan estas empresas extractoras de caliza”, manifestó la legisladora

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente al ser aprobado con 28 votos a favor.

Descarta Marco retraso; niega además proteger a ex funcionarios

A casi un mes de que el Congreso del Estado hiciera historia al dictaminar más de 200 cuentas públicas y rechazar la mayoría de estas, los expedientes no han sido turnados a la Auditoría Superior del Estado, provocando una serie de sospechas del por qué los legisladores han atrasado este procedimiento.

Para el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Marco Antonio González Valdez, esto no se debe a que se quiera proteger a los ex funcionarios que participaron en las irregularidades encontradas en los expedientes rechazados, sino que la causa real de este atraso es que ahora tienen que preparar minuciosamente más de mil oficios.

“Ese proceso, acuérdense que fueron 239 cuentas públicas, este proceso lleva más de mil oficios, cerca de 5 mil firmas, tengo entendido que el lunes ya va a sesionar la Comisión de Vigilancia para sacar esto adelante, pero es un proceso que no se va detener”, aseguró González Valdez.

Dijo que es totalmente falso que estén deteniendo el proceso y que a pesar de que por llevar a cabo estas acciones puso en riesgo su cargo como líder de la Bancada del PRI, sostuvo que él continuará hasta lograr que se castigue a los responsables que incurrieron en las fallas que motivaron el rechazo de las cuentas.

“Hoy salió en algún medio que podríamos estar deteniendo estas cuentas públicas, para nada es así, todo el esfuerzo que se hizo, lo que me iba a costar a mí que prácticamente, me iban a quitar, por eso no voy a permitir que se detengan por cosas que está tomando un curso natural, que está siguiendo un proceso administrativo que prácticamente para el lunes se va a resolver”, insistió el legislador del PRI.

Precisó que todas los expedientes que se vieron en el último Periodo Extraordinario de Sesiones se enviarán en un sólo paquete a la Auditoria Superior del Estado.

CUENTAS PÚBLICAS SE ENVIARÁN CUANDO ACABE PROCESO LEGISLATIVO: ARTURO SALINAS

Por su parte, Arturo Salinas Garza, Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, expresó que el siguiente paso es un proceso muy delicado, razón por la que una vez concluida toda la labor en la Comisión de Vigilancia se turnarán las cuentas a las dependencias correspondientes.

“¿Qué va a pasar?, que se van a enviar cuando se acabe el proceso legislativo, el proceso legislativo no es solamente apretar un botón y votar un rechazo en el Pleno, fueron alrededor de 4 mil 443 oficios que se hicieron, son más de 5 mil firmas y son oficios que se tienen que hacer para todas las autoridades involucradas”, mencionó Salinas Garza.

Añadió que esta tardanza es normal y confía en que la Auditoría Superior del Estado haga su trabajo.

Presenta GLPRI iniciativa; buscan que se despolitice el tema

A fin de que el tema de las Cuentas Públicas deje de tener intereses políticos, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Marco Antonio González Valdez, presentó una iniciativa para que la Auditoría Superior del Estado, sea la encargada de dictaminarlas.

Detalló que el objetivo es que la Auditoría se convierta en un organismo autónomo facultado para que pueda dictaminar el sentido de las cuentas, sin involucrar al Congreso del Estado.

“Toda la facultad es de la Auditoría, prácticamente ellos podrían incluso hacer denuncias penales si hubiera delitos que perseguir y prácticamente se despolitiza este tema de cuentas públicas aquí en Nuevo León y espero que en los demás Estados sigan el ejemplo”, destacó.

González Valdez explicó que se trata de una reforma constitucional que requiere de 28 votos, por lo que dijo que trabajarán con el resto de las bancadas para conseguir que se apruebe.

“Con estas reformas la Auditoría tiene la facultad de dictaminar en rechazo o en aceptación y puede tener la autonomía suficiente para que en caso de que haya una denuncia penal, la haga directamente a las instancias.

“Es una reforma a la Constitución y a la Ley de Fiscalización, en el artículo 125 de la Constitución”, expresó.

Por otra parte, aclaró que estas reformas aplicarían a las Cuentas Públicas a partir del 2015, de aprobarse esto, ya no llegarían al Congreso y las que están que se encuentran aún detenidas tendrían que sacarlas adelante en el próximo Periodo Legislativo.

“Esto para que las cuentas públicas no sea tema en el 2017. Ya hablé con el Diputado Héctor García, esto va directo a la Comisión de Puntos Constitucionales y vamos a estar viendo para que salga más tardar, las dos reformas que tengan que ser antes del 15 de septiembre, para que las cuentas que lleguen en octubre se vayan directamente a la Auditoría”, señaló.

Antes de concluir, González Valdez comentó que de aprobarse la iniciativa, el Congreso se dedicaría por completo a legislar.

“Prácticamente nos dedicaríamos a legislar que es por lo que se creó el Congreso, el Congreso de la Unión, yo como Diputado Federal nunca vimos Cuentas Públicas, estamos siguiendo el mismo modelo de San Lázaro, ninguna Legislatura local lo ha hecho, pero Nuevo León, que es un Estado vanguardista, y vamos a seguir el modelo del Congreso de la Unión”, puntualizó.

Finalmente, confió en que existirá un consenso con el resto de las bancadas para que la iniciativa salga adelante.

APOYARÁ PAN INICIATIVA

Tras cuestionarle al Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Arturo Salinas Garza, si apoyaría la iniciativa presentada por su homólogo del PRI, respecto a dar la facultad a la Auditoría Superior para despolitizar el tema de las Cuentas Públicas, respondió que esta fue una propuesta que presentó primero Acción Nacional y dejó entre ver que la apoyarían aún y cuando “ellos se la piratearon”.

“Qué bueno, al contrario, mejor pregúntenle a ellos porque por lo que veo si van a presentar la propuesta del PAN, es una propuesta de Acción Nacional”, declaró.

Una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, fue presentada por el Diputado del PAN, Daniel Carrillo Martínez, a fin de lograr que la Auditoría Superior del Estado, pueda proceder en contra de los funcionarios que hayan desviado recursos, sin que medie la autorización del Congreso local.

La intención del legislador albiazul es que el órgano fiscalizador no esté supeditado a la decisión del Poder Legislativo para llevar a cabo las denuncias penales respectivas, cuando derivado de su función, detecte que algún funcionario público ha incurrido en conductas ilícitas, que ameritan sanciones administrativas o penales.

Además, Carrillo Martínez también propuso reformas a la Ley Estatal de Fiscalización Superior, para poder actualizarla con la reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.

El también Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que las reformas propuestas en el Pleno hacen posible que el aval del Congreso no sea necesario para proceder legal, penal o administrativamente en contra de funcionarios estatales, organismos autónomos, instituciones descentralizados y desconcentrados, fideicomisos públicos de la administración estatal, municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados, en fin, cualquier servidor o institución que haya desviado recursos públicos.

En la iniciativa se establece que la Auditoría realice las observaciones pertinentes a la Cuenta Pública en cuestión y si éstas no son solventadas en tiempo y forma, el organismo fiscalizador instruirá los procedimientos de fincamiento de responsabilidades, resarcitorias o denuncias penales, si es que procedan, contra quienes resulten responsables.

El legislador panista reiteró que el objetivo de dicha iniciativa es que darle mayor libertad a la Auditoría Superior del Estado, para que actúe de manera directa en los casos de la comprobación del desvío de recursos por parte de los servidores públicos.

“Por el lado de la Ley de Fiscalización es prácticamente proceder sin necesidad de permiso por parte del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos, para que la Auditoría Superior proceda sin necesidad de autorización del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos”, manifestó Carrillo Martínez.

En el documento se indica que las reformas propuestas son en relación al artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y a los artículos 2, 4, 12, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 64, 65, 66 y 67, 68, 69, 71, 72, 76, 74, 82, 88, 89 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.