Confía funcionario en evitar daño patrimonial y jurídico al Estado

Sin dar mayores explicaciones, el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, anunció la cancelación de las operaciones de la aeronave no tripulada –dron- que fue destinada para Fuerza Civil.

Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, ante los legisladores locales, el funcionario informó que se está dando marcha atrás a las negociaciones que se originaron por la adquisición del citado dron.

Fasci detalló que buscarán recuperar los recursos que se invirtieron en este artefacto, a fin de poder destinarlos a otros rubros y así seguir revertiendo los índices delictivos.

“Estamos por deshacer la operación, tiene que ser cancelada y ese recurso tiene que ser utilizado en otro equipamiento para evitar daño patrimonial y jurídico”, mencionó el funcionario.

Durante su intervención, sostuvo que este dron tuvo un costo de 25 millones de pesos más IVA  y aclaró el por qué no entró en operaciones.

“No podemos detallar más, hay una ley quenos impide dar información, no, no costó 50 millones, en total fueron 25 millones más IVA, eso sí hay que aclarar que no se desplomó, sino que aterrizó y se descarriló al pisar la pista”, expresó.

En ese sentido, también señaló que se está viendo la posibilidad de deshacer la operación sin que haya un daño patrimonial y jurídico al Estado.

Se tendrán que hacer públicos los datos relacionados con su compra

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) ordenó al Gobierno del Estado revocar la reserva de privacidad a la información relacionada a la adquisición de la aeronave no tripulada de Fuerza Civil, conocida como dron.

Derivada de una investigación de oficio emprendida por este órgano garante, se dictaminó que los datos alusivos al proceso de compra son públicos, ya que no afecta a las estrategias de seguridad, así lo aseguró el Presidente de la COTAI, Bernardo Sierra Gómez.

Asimismo, las autoridades estatales están obligadas a publicar todo lo correspondiente a la aeronave no tripulada en sus portales oficiales y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que esté disponible para todos los ciudadanos.

“Se está ordenando tanto a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas publiquen cierta información en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual tiene que tiene ver con el contrato de la adquisición de la aeronave no tripulada de forma íntegra, tienen que hacer una versión pública de esa información para que en caso de que se dé una solicitud de información las dependencias puedan hacer llegar esos datos al solicitante”, mencionó el Comisionado Presidente.

Sierra Gómez detalló que las dependencias estatales cuestionadas en esta ocasión, tienen un periodo no mayor a cinco días hábiles, después de que sean notificadas para presentar de forma íntegra los expedientes originales referentes a dicho dron.

“Se está revocando la reserva que las autoridades hicieron para efectos que se realice esta versión pública y se abra de manera íntegra con las especificaciones que estamos exponiendo”, indicó.

La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado tendrá que cumplir con lo siguiente:

1.- Publicar la información inherente a la aeronave no tripulada que no tiene el carácter de reservada.

2.- Realizar la versión pública de la documentación que se determinó como reservada.

3.- Elaborar el acuerdo de reserva respectivo.

Mientras que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado hará del conocimiento público lo siguiente:

1.- Realizar una versión pública de la información con la que cuenta respecto de la adquisición de la aeronave no tripulada, toda vez que de su contenido se advierte información confidencial.

2.- Elaborar el acuerdo de confidencialidad respectivo.

Dentro de lo que deberán dar a conocer las dependencias estatales van desde el nombre del contrato, el nombre del proveedor, la razón social, así como los nombres de los servidores públicos involucrados en el proceso.

En caso de que las autoridades requeridas no cumplan en tiempo y en forma con lo establecido por la COTAI, en una primera instancia serán acreedores a una amonestación pública y en caso de continuar con esa negativa, se les estaría aplicando una multa de hasta las 800 cuotas, equivalentes al pago de aproximadamente 67 mil 500 pesos.

Será órgano garante quien determine que información debe reservarse

Por ser información que es de gran relevancia para la ciudadanía y a fin de evitar que se oculte la misma, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) será el órgano que determine la clasificación de los datos relacionados a la compra del llamado “Bronco-Dron”.

Lo anterior, se aprobó por unanimidad del Pleno de la COTAI, expresando el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, que abrirán una investigación de oficio para clasificar toda la información que se derivó de la adquisición de la aeronave no tripulada para Fuerza Civil, de la cual el Gobierno del Estado hizo públicos sólo algunos de los aspectos relacionados con la misma.

“Dentro de las facultades que tiene este órgano garante en materia de transparencia y de acceso a la información, (se encuentra) analizar la documentación, vamos a revisar todo lo que integra el expediente y determinará el Pleno en su momento que documentación, por ejemplo, el contrato para ver si procede o no la clasificación de los datos que están reservando o la versión pública que se está realizando de todos esos documentos”, explicó.

El proceso de compra, el contrato realizado con el proveedor y las acciones que desempeñará esta herramienta, serán algunos de los aspectos que la COTAI analizará.

Sierra Gómez aclaró que aunque el Poder Ejecutivo esté en su derecho de organizar este tipo de información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen unos documentos como reservados y a fin de garantizar que este tipo de acciones se estén llevando con legalidad, procederán a someter todo lo relacionado con el Dron a una investigación exhaustiva.

“El interés de esta Comisión es que se allegue toda la documentación relacionada y determinar la naturaleza de la información, porque está publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero una parte está reservada. Queremos conocer íntegramente toda esta documentación para analizarla y determinar que sí y que no se debe publicar”, mencionó.

Dentro de la 29ª. Sesión Ordinaria, la COTAI además determinó sancionar al ex Director General de la Agencia para la Racionalización y Modernización de Sistema de Transporte Público (AET), Jorge Longoria, con una multa de 12 mil 673 pesos, por no dar respuesta a una solicitud de información.

Además, también se sancionó con la misma cantidad a los Alcaldes de Ciénega de Flores, Pedro Alonso Casas Quiñones y de General Zuazua, Pedro Ángel Martínez Martínez, por incumplir con una resolución de la COTAI.