Reconocen labor de funcionarios en Día del Poder Judicial del Estado

Por ser relevantes en la perspectiva de género, derechos humanos y técnica jurídica, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León reconoció a los Jueces y Juezas que dictaron las 10 resoluciones más innovadoras del año 2011 a la fecha.

En el marco de la celebración del Día del Poder Judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dio a conocer a los ganadores de las categorías en Materia Civil y Mercantil, Familiar y Penal, en donde se contó con la participación de 32 Jueces con 90 resoluciones inscritas en el certamen “Reconocimiento a Decisiones Judiciales Relevantes e Innovadoras”.

Al hacer uso de la voz, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Carlos Emilio Arenas Bátiz, felicitó a los participantes y ganadores, señalando que gracias a la labor continua de los Jueces y Magistrados se han podido desarrollar cada vez más procesos judiciales menos complejos y transparentes.

“El Poder Judicial ha evolucionado de manera sustancial y vertiginosa y si esto ha sido posible, es gracias entre otros factores, a que los Jueces y Juezas han tenido la capacidad de transformarse a sí mismos y de renovar sus competencias profesionales”, expresó Arenas Bátiz.

En ese sentido, indicó que este reconocimiento es para dar a conocer el desempeño que han tenido los Jueces, los cuales han estado a la altura de la encomienda constitucional.

“El fortalecimiento y la complejidad creciente del Poder Judicial en el ámbito doctrinal puede verse como una consecuencia lógica del garantismo y los derechos humanos, pero ubicados en el terreno de los hechos.

“los renovados alcances del Poder Judicial y de la función jurisdiccional a su cargo no pueden verse sino como el mérito de las personas que con su actuación comprometida lo han hecho posible y entre estas cabe ubicar sin duda a las Juezas y los Jueces, cuyo desempeño en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha estado a la altura de su encomienda constitucional”, señaló el Magistrado Presidente.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, en su calidad de invitado especial, pidió a los Jueces recuperar la confianza de los ciudadanos y reconoció el esfuerzo que han mostrado para sacar adelante las resoluciones basadas en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Ganemos la confianza ciudadana con nuestro trabajo, ganémonos la tranquilidad y la paz de este Estado haciendo mejor las cosas, siendo más claros, siendo más rápidos, siendo más eficientes y ustedes ahorita que hicieron este proceso para reconocer la modernidad en los juicios y me gustaron tres cosas que dijiste Carlos, lenguaje, sensibilidad y resultados, y eso lo transformaste diciendo que eso es la evolución judicial, porque la exigencia social así lo determinó”, puntualizó Rodríguez Calderón.

Los Jueces galardonados en Materia Civil y Mercantil fueron: Alfonso Leos Plata, Héctor Eliú Guerra Campos y Jacobo Sánchez González.

Mientras que Claudia Verónica Medellín González, Roberto de Jesús Treviño Sosa y Rubén Martínez Tamez, fueron reconocidos por sus resoluciones en Materia Familiar.

En Materia Penal fueron premiados: Alejandro Carlín Balboa, Miguel Hugo Vázquez Hernández, Patricia Eugenia Quintana Rivera.

Así como los Jueces que integran uno de los Tribunales Penal Oral: Francisco Manuel Sáenz Moreno, José Luis Pecina Alcalá y Mónica Sandoval Grajeda.

Las resoluciones fueron calificadas por un jurado integrado de manera plural por siete personas. Éste órgano calificador estuvo integrado por las siguientes personas:

Dr. Carlos Emilio Arenas Bátiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Magistrado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Lic. María Inés Pedraza Montelongo, Magistrada de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Lic. Jesús Villarreal Martínez, Rector del Colegio de Abogados de Nuevo León y Presidente de la Federación de Colegios Profesionales del Estado.

Lic. Iván de la Garza Santos, Profesor-Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

Lic. Rafael Antonio Torres Fernández, Director del Instituto de la Judicatura del Estado.

Lic. Luis Fernando Morales Rizzi, Presidente de la Federación de Colegio, Bloques y Asociaciones de Abogados de Nuevo León A.C.

El Jurado evaluó aspectos como relevancia social, figuras innovadoras, lenguaje ciudadano, enfoque de género, protección de derechos humanos, técnica jurídica, entre otros.

Rinde Magistrado Presidente del TSJ 1er. Informe de Labores

Ante un auditorio totalmente lleno, en el que se encontraban funcionarios judiciales, legislativos, municipales y estatales, así como representantes de los diversos Colegios de Abogados de la entidad, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, rindió su primer Informe de Labores, donde destacó entre otras cosas, que jamás ha dado “línea” a los Jueces sobre la manera en que deben resolver los asuntos que tienen bajo su jurisdicción.

El funcionario judicial puso mucho énfasis en este punto, aclarando que existe una total independencia por parte de los Jueces en las resoluciones que les toca emitir dentro de su respectiva competencia.

Enfatizó que para abundar en el tema de transparencia y evitando persuadir las decisiones que tomen los Jueces, el Magistrado Presidente indicó que nunca ha aconsejado a los mismos y sobre todo, ha buscado que todo lo que se ejerza sea basado en las leyes.

“Durante mi gestión como Magistrado Presidente he seguido recibiendo en audiencia a abogados y partes litigantes, pero no para que me sean planteados asuntos que tienen que ver con el sentido de las decisiones jurisdiccionales de los Jueces.

“Permítanme volver a repetir esto para que se escuche bien: yo en ningún caso, ni por teléfono, ni por ningún otro medio, hablo con los Jueces sobre cómo deben resolver los asuntos concretos bajo su jurisdicción”, señaló.

Así mismo, Arenas Bátiz dijo en su mensaje que han tratado de trabajar en base a los principios de autonomía, buscando convertirse así en la máxima instancia del Gobierno Judicial del Estado.

El funcionario judicial mencionó que Nuevo León se merece un Poder Judicial con plena autonomía, donde se tenga la atribución de designar a los Jueces.

“En un Poder Judicial Autónomo, donde los jueces se autogobiernan, el Pleno de Magistrados, además de ser la máxima autoridad jurisdiccional, debería ser la máxima instancia de Gobierno Judicial, particularmente teniendo la atribución de designar a los juzgadores que deben integrar mayoritariamente a todos los demás órganos de gobierno o administración, yo creo que así debería ser en Nuevo León, porque Nuevo León se merece un Poder Judicial con plena autonomía”, detalló Arenas Batiz.

En la presentación de las actividades realizadas en este primer año de gestión, Arenas destacó la ardua labor que se ha tenido desde la aprobación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, señalando los además los proyectos que se realizarán el próximo año.

Entre los temas que más resaltó el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, fueron la aprobación de ajustes a la estructura de Gestión Judicial Penal, así como los diversos cambios en la organización de los Juzgados Penales y la creación de un modelo de indicadores denominado “Tableau”, que ha incrementado la eficiencia y la expeditez judicial.

Arenas Bátiz adelantó que para el próximo año se tiene contemplado iniciar con la creación de un Nuevo Palacio de Justicia, cuya sede será el Municipio de Apodaca y que la inversión tendrá costo total de 104 millones de pesos, recursos que provendrán de la Federación y otra parte serán propios.

Además, detalló que al momento se consiguieron más de un millón de pesos (recursos federales), los cuales serán destinados a la construcción de una Sala de Juicios Mercantiles.

Otro de los aspectos que resaltó Arenas Bátiz durante su informe fue la difusión de la sentencias que emiten los Juzgados Civiles y Mercantiles, constituyendo así una herramienta de rendición de cuentas y de transparencia para los juzgadores y además han estado realizando conversatorios semanales con los Jueces Penales y mensuales con los Jueces Civiles, Mercantiles y Menores, con el fin de homologar criterios normativos.

Por último, sostuvo que el gran proyecto que se tiene contemplado iniciar es la creación de una segunda Casa de Convivencia Familiar, cuya ubicación sería en el Paseo Santa Lucía, a fin de que más gente puede accesar a los servicios que ahí se brindan, sin embargo, dijo, aún no se tiene fijado un recurso especifico.

APOYARÁ ESTADO EDIFICACIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR

Durante su intervención, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, anunció que el Estado apoyará la edificación de un Centro de Convivencia Familiar y que se contemplará en el catálogo de obras de la Secretaría de Infraestructura para el próximo año.

“Yo he ido varias veces a observar cómo funciona su Centro de Convivencia y veo que está saturado, yo pensé en el Paseo Santa Lucía y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que humanamente la justicia sea posible, para que la justicia sea sensible y sea humana y eso lo podemos hacer porque en Nuevo León todo es posible”, refrendó Rodríguez Calderón.

En ese sentido, exhortó al Congreso del Estado para que revisen y analicen la eliminación de dos Salas del Tribunal, puesto que traería como consecuencia una sobre carga de trabajo para los Jueces y Magistrados y el servicio decaería en perjuicio de la ciudadanía.

Avala medida por la proximidad que tienen con la ciudadanía

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz consideró conveniente capacitar a los elementos de Vialidad y Tránsito como Policías, a fin de incrementar el número de respondientes ante un acto o situación delincuencial.

“Todos, el primer respondiente puede ser cualquier autoridad, inclusive los Tránsitos en efecto, porque el Tránsito y los Policías municipales tienen una gran proximidad con la comunidad, están en la calle y puede el Tránsito presenciar un delito, él debe actuar haciendo la detención en flagrancia o resguardando a la víctima, resguardando datos”, indicó.

De igual forma, expresó que el hecho de haber estado coyunturalmente en el lugar y en el momento en el que se comete algún delito, convierte al elemento en este caso de Tránsito, en primer respondiente, por lo que dijo es necesario que los agentes de vialidad sean capacitados al igual que los policías.

“Conviene, conviene que sean capacitados en ese sentido (al igual que los elementos de seguridad pública)”, apuntó.

BRAZALETES CON GPS

Con respecto a la propuesta hecha por el Procurador General de Justica de colocar brazaletes con GPS a los acusados que no les sea aplicada la prisión preventiva, Arenas Bátiz respondió que esto es jurídicamente posible, debido a que se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia no propiciará el uso de este instrumento.

“El código habla de una lista de medidas cautelares que pueden aplicarse y la más extrema de ellas es la prisión preventiva, pero antes de llegar a esa cautelar restrictiva de la libertad que es la última opción, puede haber otras previas y el propio código habla de los brazaletes o del arraigo domiciliario o restricciones para salir del Estado, obligaciones de reportarse periódicamente con la autoridad hay muchas, por lo pronto los brazaletes si están contemplados en la Ley”, detalló.

Entre otras cosas, señaló que el problema que podrían traer consigo los brazaletes no es procesal ni legal, si no de carácter económico.

“Comprar los brazaletes y tener esa coordinación con las diferentes áreas como los C4 para poner para poder mantener el rastreo permanente de los mismos”, expresó.

Finalmente añadió que cada caso es diferente y opinó que en algunos de ellos en lugar de llegar a la prisión preventiva podría ser una buena alternativa.

“En el Poder Judicial en la medida que está previsto en el catálogo de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales no le vemos ningún problema, nosotros no podríamos decir que propiciaríamos el uso de ese instrumento, cada juez dependiendo de cada caso decide cuál es la cautelar más adecuada”, concluyó.

Con la finalidad de ajustar protocolos y esclarecer el llenado de los nuevos formatos como el Informe Policial Homologado (IPH) y alcanzar conclusiones prácticas y operativas en esta materia, el Municipio de Monterrey estableció la primera mesa de trabajo con el Poder Judicial del Estado, la cual busca capacitar a los municipios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Esta reunión estuvo encabezada por el Alcalde Adrián de la Garza Santos y por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz y autoridades relacionadas en este tema.

El Edil regiomontano declaró que en dicha junta sobresalieron temas importantes en los que se estará trabajando para desarrollar de manera adecuada los protocolos establecidos por la ley y evitar con ello la liberación de presuntos delincuentes.

Así mismo, puntualizó que estas reuniones son históricas, puesto que el diálogo entre el Poder Judicial y los operadores del sistema penal no se había dado en otras administraciones.

“Hoy en esta reunión se sacaron algunos puntos importantes en los que podemos trabajar todos los operadores, sobre todo, con los delitos que tienen la mayor incidencia aquí en Monterrey y su área metropolitana, y donde vamos a trabajar en conjunto para llevar a cabo el desarrollo de criterios, de protocolos, de procedimientos que tienen que tomar los policías y obviamente la capacitación que se tiene que llevar de acuerdo a estos criterios que se pueden establecer en un documento que ha propuesto ya el Presidente del Tribunal, lo cual lo vemos muy bueno”, señaló De la Garza Santos.

La detención en flagrancia, puesta a disposición del detenido y el llenado de formatos, son las principales preocupaciones que tiene el Municipio de Monterrey referente a este nuevo sistema judicial.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas Bátiz, dijo que estarán trabajando en el análisis de las acciones hasta ahora realizadas para bajar la tasa de delitos como el robo, violencia familiar, lesiones y narcomenudeo.

En esta primera reunión estuvieron presentes el Director de la Coordinación Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Nuevo León, Edgar Alejandro Márquez; el Procurador de Justicia, Roberto Flores Treviño; los Magistrados Jorge Luis Mancillas y Leonel Cisneros Garza; así como el Director de Averiguaciones Previas, Carlos Mendoza; y representantes de la Policía de Monterrey, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Victimas, Fuerza Civil y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Detalla algunos criterios en base a reformas del 2008 y 2011

Después de que los Alcaldes Metropolitanos cuestionaran hace algunos días el actuar de los Jueces al dejar en libertad a delincuentes que fueron detenidos por las policías locales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, explicó ante diferentes medios de comunicación los criterios que se aplican en este sentido.

Durante su exposición, Arenas Bátiz mencionó que actualmente se vive una nueva realidad constitucional a partir de las reformas del 2008 en materia penal y del 2011 en materia de derechos humanos, que marcan un antes y un después en el Sistema de Justicia Mexicano, y por ende, en Nuevo León.

El funcionario judicial presentó algunos comparativos de los criterios basados en el viejo y en el nuevo Sistema de Justicia Penal, entre los que se destaca que el arraigo ordenado por autoridades locales es inválido, o que los delitos contra la seguridad de la comunidad, o la pena equiparable a robo, ahora son anticonstitucionales.

Lo anterior por mencionar algunas disposiciones, de acuerdo a los nuevos criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vivimos una nueva realidad constitucional en el País, sobre todo a partir del 2011, esta nueva realidad constitucional nos ha obligado particularmente a la Suprema Corte de Justicia a reconstruir los criterios de jurisprudencia para que estos sean conformes con los derechos humanos previstos en la Constitución y en tratados internacionales, particularmente en la materia penal”, dijo.

Entre otras cosas, el Magistrado manifestó que a los Jueces, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jueces Federales y Jueces locales, no les toca más que apegarse al nuevo marco constitucional.

Asimismo, citó algunos de los criterios que se han reconstruido en la materia penal, ejemplo:  detención ilegal, antes en la década de los 80 y 90 la jurisprudencia decía que la detención ilegal  no desvirtuaba a los elementos de prueba, y que se subsanaba con el dictado auto de formal prisión porque éste generaba una nueva situación jurídica y la detención ilegal quedaba como vicio procesal, y nada más, en todo caso generaba responsabilidades a quienes hayan incurrido en detención ilegal, pero procesalmente estaba resuelta y no viciaba la prueba.

“Ahora en cambio, la jurisprudencia dice que la detención ilegal o prolongada produce la ilicitud de toda la prueba que se hubiera recabado con motivo de esa detención prolongada, se hace presumir la coacción sobre el detenido y si éste produjera durante este periodo cualquier confesión, ésta sería nula”, indicó.

Otras prácticas que ahora son inadmisibles son: las confesiones obtenidas por coacción, la confrontación irregular de testigos con acusados, la ligereza con que se interpreta la flagrancia, el arraigo.

Cabe mencionar que el juicio oral penal funciona cumpliendo los estándares en materia de derechos humanos que plantea la nueva realidad constitucional.

Sin embargo, Arenas Bátiz resaltó que estos casos son un pequeño porcentaje de la totalidad de asuntos que resuelve el Poder Judicial, los cuales esperarán que sigan disminuyendo hasta que puedan desaparecer a corto plazo.

En la exposición añadió que el nuevo sistema no es el problema, por el contrario es una solución, a la fecha se tienen un total de 3 mil 909 casos bajo el nuevo sistema penal, mientras que los tramitados conforme al anterior sistema eran de 586, los cuales continúan con una clara tendencia a la baja.

Antes de concluir, dijo que los diferentes operadores del nuevo sistema de justicia deberán hacer lo necesario para que este funcione de manera adecuada, para que sea exitoso y sirva para impartir justicia.

En lo que respecta a los policías, dijo que deberán capacitarse de manera permanente y continua, además de aplicar los protocolos policiacos ya existentes.

El Ministerio Público ofrecerá atención integral a las víctimas, así como obtener pruebas lícitas, suficientes y de calidad, respetar los derechos del detenido y cuidar las estrategias de litigio.

En relación al Congreso, sostuvo que debe evitar tipos penales y leyes inconstitucionales, para evitar futuras liberaciones.

Respecto al trabajo de la Defensoría de Oficio, mencionó que es necesario brindarle un mayor fortalecimiento para ser un contrapeso a la actuación de la Procuraduría, contando con más recursos económicos, autonomía técnica, y mayor número de defensores.

Para finalizar, dijo que en lo que corresponde al Poder Judicial se comprometen a profundizar en la implementación de la transparencia, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, acelerar los procesos de homologación de criterios en base a los encuentros que ya han iniciado con distintas autoridades y entre los propios Jueces, así como agilizar los mecanismos de denuncia de contradicción de criterios.

También fortalecerán los mecanismos disciplinarios al interior del Poder Judicial, no claudicarán en su labor ni dejarse amedrentar por estridencias políticas que pretendan minar la independencia judicial.

“Estamos dispuestos a conversar, sobre todo con los abogados de los Municipios, en aquellos Municipios donde el Alcalde no sea un abogado, con mucho gusto que nos mande a su Director Jurídico y podemos conversar con él para explicarle todos estos aspectos técnicos, igual insisto, hay Jueces, hay Magistrados dispuestos a participar en cursos de capacitación a policías municipales”.

TOMA COMENTARIOS COMO RECONOCIMIENTO

Con respecto a que fue nombrado persona “Non Grata” por integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, mencionó que el desconocimiento que le fue hecho por su “apatía” a no evitar que los Jueces dicten cierto tipo de sentencias, lo toma como un reconocimiento, pues simplemente está cumpliendo con su deber de garantizar la independencia de los Jueces.

“El Magistrado Presidente no debe decirle a los Jueces, cómo resolver o cómo no resolver, entonces el hecho de que estén considerando que yo no les dije a los Jueces como resolver lo tomo como un reconocimiento de que estoy cumpliendo con mi deber”, resaltó.

Al cuestionarle si considera que este señalamiento violenta sus derechos humanos, Arenas Bátiz, respondió que no, y sólo espera que el Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, no le impida su mudanza a una casa que actualmente construye con apoyo de su esposa en ese Municipio.

Sostiene en mensaje que respetará autoridad del Pleno del Tribunal

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, tienen nuevo Presidente, es Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien la mañana de este lunes fue electo por mayoría, con 15 votos a favor, mientras que su contrincante Juan Manuel Cárdenas, recibió sólo un sufragio.

El nuevo Magistrado Presidente será el sucesor de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien estuvo al frente del Tribunal Superior de Justicia estos dos últimos años.

La reunión en la que Arenas Bátiz fue electo se llevó a cabo en una sesión del Pleno del Tribunal, el lunes por la mañana, teniendo una duración de 40 minutos, donde se realizó una votación secreta de sus 16 integrantes, para después, una vez concluido el informe de su antecesor, diera su primer mensaje y tomara la protesta de ley.

En su intervención, el Magistrado Presidente señaló que reconocerá siempre al Pleno como una autoridad superior a la de él y que buscará ser un Presidente en donde impere el diálogo.

“Quiero decirles que yo durante el desempeño del cargo de Magistrado Presidente que ustedes me han conferido, en todo momento reconoceré a este Pleno como una autoridad superior a la mía y como la máxima autoridad y centro de gravedad de nuestra institución.

“Me comprometo a ser un Presidente dialogante. Dialogante porque estaré siempre dispuesto a discutir y consensar con ustedes mis propuestas sin pretender imponer mi criterio y mi opinión, particularmente dialogante con los Magistrados y Jueces respecto de los nuevos proyectos y determinaciones de naturaleza administraba que impacten de manera importante su manera jurisdiccional”, manifestó.

Del mismo modo, dijo que su propósito es garantizar que los intereses constitucionales de los juzgadores estén presentes en la administración judicial; además mencionó que quiere ser humilde y autocrítico para reconocer que aunque el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León es el mejor del País, aún están lejos de haber logrado el Poder Judicial que corresponde a una sociedad plenamente democrática como la que se espera ser.

Durante la toma de protesta del nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura estuvieron presentes autoridades de los diversos Poderes del Estado, especialmente el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y el Gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón.

Toman protesta por un segundo periodo de 10 años a Magistrado

El Congreso del Estado aprobó la ratificación del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, por un segundo y último periodo de 10 años.

Previamente la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, había aprobado el dictamen que pasaría al Pleno, para que los Legisladores votaran por medio de cédula, a fin de que el voto fuera secreto.

Cabe mencionar que el pasado mes de mayo se ratificaron a otros tres Magistrados, quienes fueron Graciela Buchanan Ortega, Jorge Luis Mancillas y José Eugenio Villarreal, quedando pendiente el expediente de Arenas Bátiz, quien concluiría su primer periodo de 10 años, el próximo 5 de septiembre.

El resultado fue favorable, por lo que se solicitó a Arenas Bátiz, pasara al recinto legislativo para tomarle la protesta de ley.

APRUEBAN A TITULAR DE COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya cuenta con titular, después de que los legisladores apoyaran la única propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado.

La elegida fue Aixa Amalia Alvarado Gurany, quien recibió 30 votos a favor y cuatro en contra en el Pleno legislativo.

Ante esto, el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Francisco Cienfuegos Martínez, explicó que al ya contar con la titular de la citada Comisión, ésta podrá entrar en funciones, lo cual debe suceder el próximo 5 de septiembre.

“Hay que recordar que hay una tendencia nacional, que hay una nueva Ley General de Víctimas en el País, y Nuevo León se está sumando a homologar sus esfuerzos en la atención, no toda víctima tiene que tener una sanción penal, y ahí es donde se crea esta Comisión, a diferencia de las quejas que puedas imponer ante derechos humanos, lo que hace la Comisión es que también crea programas para atender y poder disminuir a la víctimas que se identifican en el Estado de Nuevo”, expresó Cienfuegos Martínez.

Algunas de las funciones que tendrá Alvarado Gurany, es gestionar el monto para la reparación integral del daño, la creación de refugios para las víctimas, además de programas de información, así como otorgar ayuda, asistencia y auxilio a los afectados de delitos y a los de violaciones a derechos humanos.