El Juez Segundo de Preparación Penal en Monterrey, autorizó la ampliación del arraigo en contra de Manuel Jonás Larrazábal Bretón, por un término de 30 días más, a solicitud de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Este arraigo decretado por la autoridad judicial tiene por objeto que el Ministerio Público Investigador número 3 en Delitos Patrimoniales, pueda integrar debidamente la averiguación que instruye en contra de Larrazábal Bretón, por la comisión de diversos delitos.

Jonás Larrazábal está siendo investigado por la Procuraduría del Estado, luego de que fueran revelados unos videos en donde se muestra recibiendo dinero en el casino Red, así como donde aparece en una plática con Sergio Gil García y Miguel Ángel García Domínguez, funcionario de la administración regia que actualmente se encuentra de licencia por un término de 30 días.

En este lapso la autoridad investigadora deberá de recabar las pruebas necesarias para estar en condiciones de consignar a Jonás Larrazábal ante un Juez Penal de Monterrey; o en su defecto, decretar su libertad, en virtud de que ya no es posible seguir insistiendo en la medida del arraigo, porque la ley ya no lo permite.

A pesar de los esfuerzos de la defensa de Larrazábal Bretón por demostrar la inocencia de su cliente con algunas pruebas que ofreció ante el Ministerio Público que integra el expediente, el objetivo del litigante no ha rendido frutos, ya que, esta nueva medida cautelar lo deja imposibilitado para recuperar su libertad.

Como se recordará, Jonás Larrazábal Bretón acudió a rendir su declaración ante el Ministerio Público luego de que se revelaran los videos ya mencionados, sin embargo, luego de concluir la diligencia, se decretó el primer arraigo por 30 días, el cual vencía este sábado 30 de Septiembre; sin embargo, ante las evidencias ahora recabadas la Procuraduría de Justicia del Estado, solicitó se ampliara el mismo por un término igual, el cual fue concedido este jueves.

Ante esta decisión, Jonás deberá de permanecer en la casa del arraigo por otros 30 días mientras se reúnen las diligencias que están pendientes de desahogar por parte del Fiscal Investigador.

Ha trascendido que hasta el momento ya se han recabado una serie de testimonios y documentales con las cuales se pretende probar una supuesta extorsión en contra de Sergio Gil García, dueño del casino Red, y en donde se pretende involucrar a Jonás Larrazábal Bretón.

Llama la atención el hecho de que Jonás haya ampliado su declaración y señalando en la misma que pretendía formar una sociedad con Sergio Gil García en un negocio de venta de productos de Oaxaca.

Sin embargo, lo extraño de todo es que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón se ha referido siempre a Gil García como una persona de dudosa reputación y el hecho de que su hermano manifiesta ahora que iba a conformar una sociedad con el dueño del casino Red, provoca que la investigación se enrede más y se pierda la credibilidad de las versiones emitidas en primera instancia tanto por Jonás como por Fernando Larrazábal Bretón, este último ante diversos medios de comunicación.

Ahora resulta que Jonás Larrazábal Bretón estaba realizando algunos trámites para convertirse en socio de Sergio Gil García, dueño del casino Red, para establecer un negocio con venta de productos de Oaxaca.

O la defensa de Jonás Larrazábal está tratando de burlarse de su cliente o quieren verle la cara a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y a la propia comunidad.

Resulta increíble la estrategia defensista del hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, que no deja a un lado la ridícula historia de la presunta venta de productos del estado del cual son originarios tanto Fernando como Jonás.

Además, la supuesta ampliación de declaración de Jonás Larrazábal Bretón que fue presentada por escrito por conducto de su abogado defensor ante la Agencia del Ministerio Público Investigador que integra el expediente que lo mantiene bajo arraigo, no se trata de otra cosa, que parte de la estrategia de defensa que está llevando a cabo el litigante que contrató para tal efecto.

Lo extraño del asunto es verificar si esa ampliación va a reunir los requisitos exigidos por nuestra legislación para darle veracidad al contenido de la misma, puesto que no fue realizada conforme al procedimiento establecido por la ley.

Aunque tampoco se tiene una prohibición al respecto, esta “declaración” tiene que ser tomada con las reservas del caso, porque no deja de ser sospechoso que si es una versión del propio Jonás, ésta obviamente se tuvo que haber realizado desde el interior de la casa del arraigo, porque debe de ser firmada por este sujeto y para que la autoridad le pueda dar cierto valor, se requiere que la misma sea ratificada ante el Ministerio Público y en presencia de su abogado defensor.

Sin embargo, llama la atención de que la defensa como parte de su estrategia quiera presentar este documento para dar la oportunidad de ofrecer algunos testigos que corroboren el dicho de Jonás ante el Ministerio Público.

La estrategia del abogado defensor, no deja de ser un camino muy usado en los diversos procedimientos ante los Ministerios Públicos, es decir, tratar de establecer coartadas en base a una ampliación de declaración, es algo demasiado trillado y muy recurrente de parte de muchos abogados, sobre todo de aquellos que litigan en el fuero común.

¿QUE INTENTA LA DEFENSA DE JONAS?

La estrategia es muy clara, tratan de robustecer la declaración de Jonás Larrazábal con unos testigos que en un momento dado, pueden convertirse en indiciados si se conducen con falsedad ante la autoridad investigadora.

El camino está demasiado señalado por la defensa del ahora arraigado, es decir, primero amplían la declaración de Jonás para justificar la comparecencia de los testigos que se mencionan en dicha ampliación y con esto, pretender robustecer su segunda informativa ante la autoridad investigadora.

Pero, aquí es donde la situación se complica para Jonás, ya que de poco le habrá de servir esta ampliación, si se toma en cuenta por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el criterio de la INMEDIATEZ PROCESAL.

Es decir, la primera declaración vertida por el indiciado, tendrá mayor valor probatorio que las posteriores, en virtud de que éstas presumen un aleccionamiento de la defensa.

En tal virtud, es obvio que la ampliación de Jonás no tendrá un efecto muy positivo en su defensa, puesto que se ve un aparente aleccionamiento, ya que en su momento que tuvo la oportunidad de manifestar de manera espontánea su versión de los hechos investigados, no mencionó aparentemente a los testigos que ahora tratarán de ofrecer como prueba para justificar una declaración que fue realizada desde el interior de la casa del arraigo y por escrito.

Nada más burdo y absurdo.

VERSION CONTRADICE A FERNANDO LARRAZABAL

Con esta nueva estrategia es claro que alguien está contradiciendo los argumentos del alcalde de Monterrey, sobre todo cuando ha señalado en diversas ocasiones que estaba siendo víctima de un chantaje, aunque a veces lo ha sostenido que él presumía que los videos en donde fue grabado su hermano y Miguel Ángel García Domínguez, formaban parte de un aparente chantaje en contra de su administración por no dejar de operar libremente al casino Red.

Sin embargo, ahora que se deja entrever que Jonás Larrazábal Bretón iba a consumar una sociedad con Sergio Gil García, surgen más interrogantes.

¿Cómo es posible que Jonás iba a realizar una sociedad para establecer un negocio con una persona dueña de un casino que estaba sosteniendo diferencias legales para la operación del mismo con el municipio que preside su hermano?

Como que esta versión no suena lógica para la comunidad, independientemente de la cuestión jurídica.

El caso de Jonás Larrazábal Bretón, lejos de esclarecerse, parece que se va a complicar más y sobre todo, si se presenta a declarar Sergio Gil García, quien ya tramitó un amparo para evitar ser detenido.

CUIDADO CON EL SEGUNDO CATEO.

Algo raro está sucediendo hacia el interior de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia en relación a este delicado asunto.

¿Por qué un segundo cateo a las instalaciones del casino Red? ¿Qué fue lo que no encontraron en la primera diligencia? ¿O bien, qué “encontraron” en la segunda? ¿Extraño no?

Y más con la dichosa ampliación de la declaración de Jonás que ahora resulta iba a ser socio del dueño de un casino que estaba siendo clausurado por su hermano.

LA DECLARACION DE SERGIO GIL ES CLAVE

Ahora que Sergio Gil García se amparó contra su posible detención, es más que evidente que acudirá a rendir su declaración ante el Ministerio Público investigador y de la misma habrá de desprenderse la resolución del caso.

Esta declaración es clave para la resolución de la averiguación, dependiendo del sentido de la misma, Sergio Gil puede provocar la libertad de Jonás Larrazábal Bretón o bien, la consignación de éste y de Miguel Ángel García Domínguez.

Hoy pueden presentarse algunas novedades en torno al caso.

Finalmente el CEN del PAN emitió una resolución en torno al Alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, después de haber sostenido una reunión que duró poco más de 5 horas en la ciudad de México, en donde se determinó solicitar a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Nuevo León, iniciar un procedimiento de sanción, que no puede ir más allá de la suspensión de sus derechos como militante panista.

Ante esta decisión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la mencionada Comisión de Orden, no podrá rebasar las instrucciones que le girara el máximo órgano albiazul a nivel nacional.

Con esta resolución, Fernando Larrazábal Bretón, se salva prácticamente de una expulsión de las filas del PAN, así como de la solicitud de licencia que le fuera pedida por el dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz.

El acuerdo al que llegara el CEN panista fue en base a la indisciplina mostrada por el alcalde regiomontano al no acatar la solicitud que le hiciera este órgano de su partido, por lo que se decidió actuar en consecuencia.

Gustavo Madero Muñoz, al presentarse ante los representantes de los medios de comunicación, expresó: “Me permito informar que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ha determinado iniciar procedimiento de sanción en contra del Presidente Municipal de Monterrey, Fernando Larrazábal, en su calidad de miembro activo de este instituto.

“Lo anterior, en virtud de que el alcalde desatendió la solicitud hecha por el Comité Ejecutivo Nacional, realizado el pasado 6 de septiembre del presente año, mediante la cual se le solicitaba presentara una licencia temporal a su cargo, para que las autoridades competentes desahogaran sin ningún impedimento las investigaciones con motivo de los presuntos hechos de corrupción, donde se encuentran implicados su hermano Jonás Larrazábal; y el Secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Monterrey, Miguel Ángel García”, expresó el dirigente nacional.

Ante esta situación, Madero Muñoz expresó que se solicitaba a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Nuevo León, se iniciara un procedimiento de sanción basado únicamente en la suspensión de todos los derechos contenidos en el artículo 10 fracción I de los Estatutos, por tratarse de un acto de indisciplina.

El líder nacional del PAN sostuvo que su partido no tolerará ningún tipo de indisciplina de alguno de sus miembros y manifestó que por encima de cualquier proyecto particular está la imagen, el prestigio y el compromiso del partido con los ciudadanos, con la transparencia y en contra de la corrupción y en contra de la impunidad.

Madero Muñoz quiso dejar bien claro que el instituto político que representa, está queriendo enviar un mensaje contundente de compromiso con los ciudadanos, para generar y reiterar la confianza que puedan tener con el PAN.

Señaló que su partido siempre defenderá la legalidad, el combate a la corrupción y la impunidad.

El Presidente del PAN a nivel nacional expresó de manera tajante que por la conducta en que incurrió Fernando Larrazábal Bretón, solamente procedía la suspensión de sus derechos como militante del partido, aunque no especificó el tiempo de ello, porque esto lo determinará la Comisión de Orden del Comité Estatal en el Estado.

De esta manera, Madero Muñoz, prácticamente dio línea a la dirigencia estatal para que la resolución que se diera en torno a Larrazábal Bretón por la indisciplina mostrada ante el CEN, no fuera más allá de una suspensión de derechos.

Aunque se esperaba una decisión de mayor trascendencia, en virtud de los escándalos de corrupción que se han ventilado en los diversos medios de comunicación a nivel local y nacional, todo quedó en una simple suspensión de derechos como militante panista, misma que todavía falta que se apruebe en la Comisión de Orden del PAN estatal, donde es bien sabido que Larrazábal Bretón tiene un gran control hacia el interior de la dirigencia.

Esta resolución del CEN del PAN, va a repercutir en el ánimo de empresarios, líderes de organismos privados y la propia Iglesia Católica que ya habían externado su parecer en relación a que Fernando Larrazábal pidiera licencia a su cargo, mientras se desarrollaban las investigaciones de los presuntos hechos de corrupción en donde están aparentemente involucrados su hermano Jonás y su hombre de confianza Miguel Ángel García Domínguez. El primero que se encuentra bajo arraigo por un término de 30 días y el segundo tiene licencia de su cargo por el mismo periodo.

Cuando se cuestionó a Madero Muñoz si esta resolución no afectaba la imagen del partido, de inmediato respondió que no, advirtiendo que esto representaba un claro mensaje de que en el PAN no se toleraba la corrupción, situación que es contraria hacia el interior del PRI, poniendo como ejemplo el Estado de Nuevo León, sin precisar detalles concretos.

Al parecer las cosas van a quedar en la simple suspensión de derechos, en virtud de que Sandra Pámanes Ortiz, había adelantado este martes que independientemente de la resolución que emitiera el CEN, la dirigencia estatal que encabeza, avalaría la misma, postura que ha asumido desde el inicio de este escándalo.

Fernando Larrazabal Bretón

Se reúne Madero con panistas de NL, no descarta expulsión

Tras una reunión de dos horas que sostuvo Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, con integrantes del Consejo estatal del albiazul en Nuevo León, se dio a conocer que no pueden obligar a Fernando Larrazábal a dejar su cargo.

“No lo podemos obligar, no tenemos el recurso legal para mandatarlo, es una solicitud que le hizo el Comité Ejecutivo Nacional para poder precisamente sumar una cruzada, juntos todos los que la quieran suscribir con el Partido Acción Nacional a favor de la transparencia”, dijo Madero Muñoz a los representantes de los medios de comunicación.

Sin embargo, el dirigente nacional del PAN, evadió fijar una postura sobre una posible sanción, pero dijo que no se descartó la posibilidad de expulsarlo.

“No puedo anticipar ninguno de los escenarios, todos están abiertos pero ninguno está precisamente, ahorita definido, será un planteamiento que el Comité Ejecutivo Nacional deberá definir en las próximas 24 horas”, detalló Madero Muñoz.

Dentro de sus comentarios, el líder albiazul, dijo que el PAN es un partido que está a favor de la transparencia y de la legalidad.

“El partido está tomando las determinaciones con mucha contundencia para mandar una señal a los ciudadanos de que estamos del lado de la transparencia y de la legalidad”, dijo Madero Muñoz e insistió que posteriormente, el órgano directivo nacional definirá el caso de Larrazábal Bretón.

“El día de mañana habrá una reunión del propio Comité Ejecutivo Nacional, que fue la instancia que hizo esta petición, éste de acuerdo, tomará precisamente las consecuencias y el seguimiento para esta agenda”, expresó.

A dicha reunión, asistieron: Sandra Pámanes Ortiz; el ex Gobernador Fernando Canales Clariond, Luis Santos de la Garza, decano del PAN, Mauricio Fernández Garza; el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Hernán Salinas Wolberg; la Delegada de Sedesol Margarita Arellanes Cervantes.

“No es posible que de manera tan burda se pretenda designar a un juez de distrito, familiar del coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, es un absurdo completo y parte de esas desvergüenzas que nosotros hemos manifestado en otras ocasiones”, dijo Héctor Gutiérrez de la Garza.

Así mismo, dijo que confía en el criterio del Presidente de la Suprema Corte, de no caer en el juego y del mismo juez de inhibirse en el caso, por su relación familiar.

“Estoy seguro que el Presidente de la Suprema Corte no va a ser cómplice de este tipo de situaciones tan burdas”, expresó Gutiérrez de la Garza y agregó que estas acciones forman parte de la estrategia para proteger al hermano de Fernando Larrazábal Bretón.

“Ya esto es una maraña que lo mínimo es vergüenza lo que deberían de tener”, expresó molesto el Coordinador de los Diputados locales del PRI.

Sin embargo, señaló que a pesar de esta acción llevada a cabo por la defensa de Jonás Larrazábal, dijo que el Congreso y el partido no tienen ningún delito que denunciar y será la Procuraduría quien aclare este caso.

De igual forma, mencionó que el Congreso seguirá al pendiente de los avances de las investigaciones de los casinos, y buscarán alternativas para evitar la proliferación de estos, puesto que, según el legislador, en el 2005 había 123 establecimientos en el país operando, mientras que en estos momentos hay 306, más los que están en la irregularidad.

El problema que actualmente tiene Fernando Larrazábal Bretón en cuanto a credibilidad se ha dado por las constantes mentiras y verdades a medias que ha expresado a través de algunos medios de comunicación hacia la comunidad regiomontana.

Precisamente este lunes se dio este fenómeno cuando fue entrevistado por Carmen Aristegui a nivel nacional, donde hizo referencia a diversas situaciones que se alejan de la realidad y que solamente buscan que el alcalde de Monterrey quede como una víctima de un supuesto intento de chantaje para dejar operar un casino en la ilegalidad.

Larrazábal Bretón se defendió de los cuestionamientos que se le han realizado en los últimos días, a raíz de que su hermano Jonás Larrazabál Bretón fuera sorprendido recibiendo dinero en uno de los casinos que operan en la ciudad, lo que motivó uno de los escándalos políticos más fuertes que se han presentado en la entidad, una vez que se diera a conocer el video con este contenido.

Incluso el problema se agravó cuando se presentaron otros videos en donde aparece Manuel Jonás y Miguel Ángel García Domínguez, funcionario municipal con licencia y uno de los hombres de mayor confianza del alcalde y a quien se le había considerado como el más fuerte candidato para sucederlo en el cargo.

Actualmente, Manuel Jonás se encuentra arraigado por orden de la autoridad judicial, a petición de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, por un término de 30 días, mientras se deslindan las responsabilidades dentro de la averiguación iniciada con motivo de los hechos ya mencionados.

En el caso de Miguel Ángel García Domínguez, éste fue separado de su cargo por el propio alcalde, por un término de 30 días, mientras duran las investigaciones del caso.

Fernando Larrazábal Bretón ha señalado que todo es una maniobra de un “tramposo casinero” que ha buscado chantajearlo para que lo deje operar en la ilegalidad el casino Red.

Para el alcalde todo se trata de una mentira y señala que no está dispuesto a ceder a presiones y que su gobierno seguirá trabajando para hacer respetar las leyes y reglamentos y agrega que no caerá en el juego del chantaje de Sergio Gil García.

PRESUME ACCIONES FEDERALES

Asimismo, Larrazábal Bretón presumió a la periodista Aristegui las acciones realizadas en las calles de Colegio Civil y Reforma, señalando que después de 29 años, él había decidido retirar a los puesteros que se encontraban en estas calles y que operaban en la ilegalidad.

También hizo mención de la calle Villagrán del centro de la ciudad, expresando a la comunicadora que por órdenes de él dicha arteria se mantenía cerrada, en alusión al cierre de los antros que se encuentran sobre esta arteria.

Y Larrazábal siguió presumiendo otras acciones como el revocamiento de mil 300 permisos para venta de alcohol y la depuración de policía y tránsito.

Sin embargo, aquí es donde empieza el problema de la credibilidad, pero antes es conveniente mencionar que el alcalde regiomontano se ha visto muy desesperado por tratar de desligarse de las acciones por las cuales son investigados tanto su hermano Jonás como su hombre de confianza Miguel Ángel García Domínguez.

¿EN QUE MOMENTO SE DIO EL CHANTAJE?

El alcalde de Monterrey no precisa en ningún momento que el chantaje que dice realiza Sergio Gil García, se haya cometido en determinado tiempo o circunstancias. En diversas declaraciones utiliza términos como “seguramente” o “tal vez”, así como “pretendía”, pero no se desprende en ningún momento que este chantaje se haya llevado a cabo.

Tampoco ha explicado de una manera convincente de dónde viene la relación de su hermano Jonás con Sergio Gil García, a quien supuestamente le estaba vendiendo quesos y productos de Oaxaca, lo cual se antoja difícil de creer, pues es ilógico que su hermano esté realizando negocios con un sujeto que aparentemente quería chantajear al alcalde regiomontano.

Menos explica el porqué su hombre de confianza y a quien le ha dado todo su apoyo para sucederlo en el cargo, Miguel Ángel García Domínguez, se haya entrevistado de igual manera con Gil García, en presencia de su hermano Jonás, incluso en una de las ocasiones se les vio salir de la oficina privada que Larrazábal tiene en la colonia Obispado en Monterrey.

Señalar que ignoraba estos encuentros, tampoco se antoja creíble de parte del munícipe, es decir, desconocer los tratos de su hermano y hombre de confianza en su misma oficina privada, como que no es muy convincente que digamos. Aquí es donde la duda prevalece entre la ciudadanía.

¿PORQUE NO DENUNCIO EL CHANTAJE?

Además, si hablamos de que estaba siendo objeto de un chantaje, situación que en ningún momento dado demuestra, solamente presume, ¿pues qué el alcalde con su equipo de abogados no podía haber presentado una denuncia o querella ante la Procuraduría?

Por lo que hace las acciones que presumió ante Carmen Aristegui, es conveniente aclarar que las mismas se derivaron de operativos implementados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, así como la Policía Federal, para tratar de afectar a la delincuencia, al menos esa fue la explicación que se dio por parte de las autoridades cuando se “limpiaron” las calles de Reforma y Colegio Civil de puesteros.

Esta no fue una acción del ayuntamiento regio, fue un operativo federal, destacándose entonces la interrogante del porqué dejó operar por más de un año a estos comerciantes informales.

En relación a los antros de la calle Villagrán, la clausura de un negocio conocido como Sabino Gordo, se dio posterior a la masacre en donde murieron más de 20 personas, a raíz de un atentado cometido por un grupo armado.

Incluso, después de estos hechos se dejaron varios mensajes con amenazas hacia el resto de los negocios que operan en dicha arteria, lo que provocó que sus dueños optaran por el cierre de los mismos, entonces es falso que haya sido una acción propia del gobierno de Fernando Larrazábal Bretón. Si los negocios permanecen cerrados, es por el temor de sus dueños a sufrir algún atentado.

Pero el alcalde pretende vender la idea a nivel nacional, de que su administración combate la ilegalidad, lo cual está alejado de la realidad, ya que es muy evidente y él lo sabe a la perfección, que no se cumple en su municipio con la Ley de Alcoholes.

Ante todo esto, es claro que Larrazábal pretende optar por una defensa ante ciertos medios de comunicación, con la cantaleta de que iba a ser objeto de un chantaje, mismos que no explica con lujo de detalles, que luego señala que lo presumía y lo más curioso, es que no presentó ninguna acusación ante la Procuraduría del Estado.

PROVOCA INDIGNACION CIUDADANA

Toda esta serie de circunstancias que han rodeado el caso Larrazábal Bretón, que incluye al alcalde de Monterrey, a su hermano Manuel Jonás y a su hombre de confianza Miguel Ángel García Domínguez, ha provocado la indignación de la comunidad regiomontana entre la que destacan: Empresarios, líderes de organismos no gubernamentales, autoridades religiosas, ciudadanos en general, militantes de su propio partido, así como la dirigencia estatal y nacional del mismo, que piden que solicite una licencia para que las investigaciones sean llevadas a cabo de la manera más transparente posible.

Sin embargo, Fernando Larrazábal se aferra al poder, a pesar de que las mentiras y verdades a medias en que incurre a cada momento, provocan cada vez mayor desconfianza entre la ciudadanía en general.

Fernando Larrazábal Bretón, quedaría como víctima.

Quedarían Fernando, Jonás y Miguel Ángel como víctimas

Si el Gobierno del Estado no procede a la debida integración de la averiguación que tiene instaurada en contra de Manuel Jonás Larrazábal Bretón, por la presunta extorsión a los casinos instalados en la ciudad de Monterrey, lo más seguro es que el hermano del Alcalde de la capital del Estado, vaya a quedar en completa libertad y con ello, el problema se le revertiría a la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

Analizando desde el principio todo este escándalo de los videos que fueron difundidos por el periódico El Norte, donde aparece Jonás Larrazábal recibiendo algunos fajos de billetes en el interior de uno de los casinos, aparentemente en el Red, tenemos solamente la escena que demuestra tal situación, pero hasta el momento, de manera oficial no se ha establecido si efectivamente ese dinero el hermano del alcalde regiomontano lo estaba recibiendo debido a una aparente extorsión que se realizaba al dueño de este establecimiento.

El problema para la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz, se empieza a dar, cuando teniendo únicamente como evidencia el mencionado video, procede a solicitar el arraigo de Jonás Larrazábal Bretón, lo cual en principio se entendió como lógico.

Sin embargo, el tiempo puede demostrar que el apresuramiento de la dependencia que comanda Adrián de la Garza Santos, puede hacer que se caiga en el ridículo y en consecuencia, le puede costar la renuncia al titular de la Procuraduría.

¿Por qué se señala lo anterior? Porque para proceder a la consignación de Jonás Larrazábal se necesitan más que unos videos donde éste fue captado en un casino con un dinero que le fue entregado por uno de los empleados.

LAS PRUEBAS QUE NECESITA LA PROCURADURIA

La investigación que realiza la Procuraduría debe ser más completa y profesional posible, pues de otra manera, si se pretende consignar el asunto con pruebas demasiado débiles, el juez al que le corresponda resolver sobre la orden de aprehensión que se pudiera solicitar, la estaría negando por la falta de elementos que exige la Constitución.

Rodrigo Medina de la Cruz, se le puede revertir el caso Larrazábal.

El caso es muy sencillo, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, debe de probar la existencia de un delito para proceder a ejercitar la acción penal en contra de Jonás Larrazábal y de Miguel Ángel García Domínguez, quien también aparece en otro de los videos; para ello, se requiere la existencia de los elementos de un tipo penal contemplado en el Código Penal del Estado de Nuevo León.

Vamos, si queremos hablar de una extorsión, una de las formas en que ésta se pudiera acreditar, sería con la propia declaración de Sergio Gil García, sujeto que hasta el momento no ha sido localizado para obtener su declaración en relación a los hechos.

Si esta persona sostiene que estaba siendo víctima de una extorsión de parte de Jonás Larrazábal y Miguel Ángel García Domínguez y establece las circunstancias de tiempo, modo y ejecución de la misma, entonces el problema se estaría complicando para el hermano de Larrazábal y el ahora Secretario de Desarrollo Humano con licencia.

Aunado a lo anterior, se debe de tomar las declaraciones de los empleados del casino Red para establecer quién fue la persona que le estaba entregando el dinero y la razón de ello.

Si la declaración de Sergio Gil se llega a dar de esta manera, es decir, inculpando a Jonás y Miguel Ángel, y la misma se robustece con los testimonios de los empleados del casino Red, además de la falta de comprobación de Jonás de que estaba recibiendo el dinero como consecuencia de la venta de quesos y otros productos de Oaxaca a la negociación de referencia, las pruebas estarían prácticamente ameritando la consignación de Jonás Larrazábal Bretón.

Estas son las principales pruebas que la Procuraduría deberá de obtener si realmente pretende avanzar más en la investigación del caso Larrazábal, no descartándose algunas otras de tipo documental, como serían la falta de facturas donde se determine que Jonás expidió alguna de ellas por la venta de quesos o productos de Oaxaca al casino Red.

También sería conveniente obtener la información de Hacienda para detallar la actividad que tiene registrada Jonás ante la dependencia, porque en caso de que no exista tal documentación, la estrategia defensista estaría perjudicando a Larrazábal Bretón.

Es obvio que también para proceder contra Miguel Ángel García Domínguez, sería necesario que existiera la imputación directa de los empleados del casino y del propio dueño, en el sentido de que éste formaba parte de la supuesta extorsión que se estaba realizando a Sergio Gil García.

Y para ir más allá, tenemos que para inculpar a Fernando Larrazábal Bretón de un delito, la cosa está más que complicada, pues se tendría que demostrar la existencia de la extorsión, que Jonás aceptara la comisión de la misma, involucrando a su hermano, lo que es casi improbable que suceda.

LE PUEDE COSTAR CARO AL PROCURADOR

Así las cosas, si la Procuraduría no reúne todas estas probanzas, el caso se viene abajo y quedará la dependencia haciendo el ridículo al haber solicitado un arraigo teniendo como única prueba la existencia de un video.

Lo peor, es que el asunto se le revertiría al Gobierno del Estado, desde el punto de vista político, ya que quedaría exhibido al actuar sin tener los elementos suficientes para ello, convirtiendo a los hermanos Larrazábal Bretón en una víctimas y entonces a quien le estarían pidiendo la renuncia, sería al Gobernador del Estado, al actuar en un asunto que en apariencia no tenía elementos suficientes para hacerlo.

Bueno hasta en un abuso de autoridad estarían incurriendo los integrantes de la Procuraduría de Justicia en el Estado, así como el juez que obsequió la medida del arraigo.

En otras palabras, tal vez desde el punto jurídico no proceda el caso de Larrazábal Bretón por las consideraciones ya señaladas, pero desde el punto de vista político, Fernando y Miguel Ángel García Domínguez, están prácticamente acabados.

Estos supuestos dependen de la integración de la averiguación que se le sigue a Jonás Larrazábal Bretón, del actuar de la Procuraduría dependerá el destino de estos personajes que están envueltos en un escándalo más político que jurídico.

EL CASO DEL CASINO ROYALE

En cuanto al caso del casino Royale, es más fácil que se acrediten responsabilidades penales en contra de funcionarios municipales y estatales por la muerte de 52 personas, aunque sea de manera negligente, que en el asunto del casino Red, pero esto se analizará en otro momento.