Presentan iniciativa para reformar Código Penal del Estado

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Por Redacción

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Buscan que no vendan propiedades para evitar cumplir obligaciones

Con la finalidad de establecer candados para que los deudores alimentarios no vendan o traspasen su patrimonio para evitar cumplir con su obligación como padres, las Diputadas de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo León.

Se trata de una adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al Artículo 309 de la mencionada normativa.

Con esta reforma, el Juez ordenará al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario, debiendo informar si fue procedente la anotación.

El Registro Público de la Propiedad verificará el Registro Estatal Obligaciones Alimentarias para que en caso de que el deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar, extinguir la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real deberá informar al Juez para que este resuelva lo que a su derecho corresponda y no podrá realizarse la inscripción.

Además, el Juez dará aviso al Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León para que hagan del conocimiento a los Notarios del Estado que el deudor alimentario cuenta con las prohibiciones señaladas, así como su obligación de informar al Juez en caso de que el deudor alimentario pretenda realizar cualquiera de los actos jurídicos señalados en el Artículo.

Claudia Caballero explicó la finalidad de la reforma.

“Hemos visto cómo, en estos años, han aumentado críticamente las carpetas de investigación, ante la falta de este cumplimiento, ante la orden de un Juez, en 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema. Y la verdad es que duele y, pues, bueno, tenemos que actuar de alguna manera. La iniciativa va a permitir dar esa certeza para que los padres que no cumplan con esta resolución de un juez que es dar esta pensión, poder bloquear por así decir, lo pongo entre comillas, alguna venta de un terreno, algún traspaso y declararse en bancarrota”, indicó Caballero Chávez.

“Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner un plazo de 90 días, el cual, si no se cumple, el Juez tiene que dar conocimiento al Registro Público de la Propiedad para así poder blindar y que, al final del día, el niño, la niña, esta familia, pues reciba la pensión. Y que, obviamente, esta pensión, está, pues, este apoyo alimenticio llegue a quien lo necesita”, detalló la legisladora de Acción Nacional.

Por su parte, Itzel Castillo dijo que buscan la protección de los niños y niñas de Nuevo León.

“Es reforma al Código Civil, pero ya hemos presentado diversas iniciativas en la Ley de Expedición de Licencia, en las diferentes leyes, obviamente para ser valer los derechos de nuestros niñas y niños, que en su momento un padre – lo puede decir así- un padre desobligado, no se preocupa por sus hijos”, manifestó la también Presidenta de la actual legislatura.

“Estamos que, en la Ley de Derechos de Niñas y Niños, como ya se reconoce el deudor alimentario, nosotros fuimos a las diversas leyes para poder complementar y poder proteger los derechos de nuestros niños y niñas para que aquel ciudadano moroso, pues obligarlo a que haga lo que le corresponde a hacer que es velar por el bien del menor”, concluyó.

En el 2025, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado se han acumulado 604 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias.

En relación, la Fiscalía muestra que en Octubre del 2025 se convirtió en el mes con mayor incidencia sobre el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Estado, con 98 denuncias en el mes.

El 2025 cerró con la cifra más alta desde que se tiene registro, 825 carpetas de investigación abiertas por el delito por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Entre 2020 y 2025, el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en Nuevo León se disparó un 94.43%, pasando de 420 a 825 casos anuales.

Combatiría ilícitos realizados a través de la tecnología y redes sociales

Para combatir los hechos ilícitos que se realizan a través de la tecnología y las redes sociales, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos del Estado de Nuevo León.

La propuesta de Caballero Chávez se hizo a través de una reforma a la fracción VII del artículo 2; el segundo párrafo del artículo 10, y se adicionan las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo 2; la fracción VI Bis 2 al artículo 10, todo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

“La creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos, sabemos de la existencia de la Policía Cibernética, sabemos de su trascendencia, pero sabemos también la existencia de tantos actos ilícitos que se llevan a cabo en las redes sociales”, explicó Claudia Caballero.

“Los delitos informáticos más comunes son la estafa, la suplantación de identidad, la extorsión, el hackeo y el acoso. Todo esto se da por todo lo que estamos viviendo en la actualidad, yo creo que desde la pandemia hemos estado viendo en nuestro entorno estos usos de los medios de comunicación para causar delitos”, agregó la legisladora de Acción Nacional.

La Fiscalía Especializada de Delitos Cibernéticos dependería directamente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La ciberdelincuencia no es un fenómeno reciente, según estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en el año 2019, México fue el país en que más fraudes cibernéticos se registraron en América Latina.

Datos de la misma CONDUSEF, estimaron que, entre 2017 y 2018, 8 de cada 10 empresas en el país sufrieron al menos un ataque una vez al año. Además, en el primer semestre de 2019, los fraudes cibernéticos crecieron un 35% con respecto a 2018.

El monto reclamado de los fraudes ascendió a 5 mil 908 millones de pesos, de los cuales, se bonificó sólo el 42% y 87 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.

Por su parte, Symantec Corporation, Norton Cyber Security Insights Report, reportó que en 2017 “33 millones de mexicanos (50 por ciento más que en 2016) fueron víctimas del cibercrimen -uno de cada cuatro habitantes del país-”, cuyo impacto “fue de 7.7 mil millones de dólares, 40 por ciento más que el año anterior”.

Además, para 2019, las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que más de 25% de mexicanas y mexicanos, de entre 12 y 19 años, fueron víctimas del llamado ciberacoso.

Aprueban enviar exhorto a la Fiscalía y Contraloría Municipal

Ante la denuncia pública que realizó Mauricio Fernández Garza, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, de la desaparición de información de las diversas secretarías de las computadoras municipales, el Congreso del Estado demandó una investigación a diversas autoridades y se proceda en consecuencia en contra de los responsables.

La Diputada Claudia Caballero Chávez, hizo uso de la palabra para referir la denuncia que hizo, a través de redes sociales, el Alcalde sampetrino quien señaló que no se cuenta con información de las distintas dependencias, ya que fue borrada de las computadoras por la administración saliente que encabezó Miguel Treviño De Hoyos.

“Las administraciones de Miguel Treviño se caracterizaron durante los seis años de su gobierno, por la insensibilidad que la administración trató a los habitantes del municipio; su ego, su rigidez para tomar decisiones priorizando sus intereses y no de los ciudadanos y la falta de diálogo y de socialización de los proyectos de su gobierno, llevaron a que obras como la remodelación del Centrito o del Casco por poner unos ejemplos, terminaran con el patrimonio de decenas de familias de estas zonas.

“No es sorpresa que, en esta ocasión, nuevamente haya realizado acciones como las antes mencionadas simplemente por alguna estrategia política, en la que por ocultar información que podría afectar nuevamente sus intereses, pone en riesgo el buen ejercicio de la administración pública municipal actual”, destacó Caballero Chávez.

Ante la desaparición de información de las computadoras del municipio de San Pedro Garza García, el Congreso exhortó a la Fiscalía General de Justicia realizar las investigaciones correspondientes y en su caso proceder en contra de los responsables de estos hechos.

Asimismo, se hizo extensivo este acuerdo de las Diputadas y los Diputados del Congreso del Estado, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León y a la Contraloría del Municipio de San Pedro Garza García.

Cabalero Chávez recordó que la Ley de Responsabilidades Administrativas impide a los servidores públicos la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de la información relacionada con el municipio.

Asimismo, de acuerdo al Código Penal para el Estado de Nuevo León, contempla el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público al servidor público que sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice de manera ilícita por sí o por interpósita persona, información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Sostiene PAN que son imprecisas, imparciales e inoperantes

El Grupo Legislativo del PAN se pronunció a favor de la paridad de género y de los lineamientos que estableció la Comisión Estatal Electoral (CEE) para garantizarla, sin embargo, sostuvo que estas nuevas reglas son importantes e imprecisas para aplicarse en los comicios del 2021.

A nombre de la bancada albiazul, la Diputada Claudia Caballero Chávez presentó durante la sesión de este martes un posicionamiento en torno a los nuevos lineamientos de la CEE.

“Nos manifestamos a favor de la paridad entre mujeres y hombres y hacemos el reconocimiento a la Comisión Estatal Electoral por establecer los lineamientos para garantizarla, sin embargo estas nuevas reglas aprobadas por la Comisión Estatal Electoral consideramos que son imprecisas, imparciales e inoperantes al aplicarse en los próximos comicios del 2021, en su oportunidad se solicitó ante el Pleno de la Comisión Estatal Electoral se difiera para mayor análisis, pues lejos de abonar a la materialización de los principios rectores de la función electoral como legalidad y certeza se muestra  todo lo contrario.

“Estas nuevas medidas restringen a los partidos políticos, pues no coadyuvan a fortalecer la preparación de candidaturas de cada partido, sino  todo lo contrario hace que algunos perfiles obliguen a considerar candidaturas aún y que no estén listas, provocando que otros candidatos busquen la candidatura por otro partido”, expresó.

Caballero Chávez expuso las nuevas reglas implican una distribución de los municipios en tres bloques, bajo el criterio adoptado en términos de la cantidad de población que tiene el municipio: los nueve del área metropolitana de Monterrey, en el primer bloque, los 17 medianos en el segundo y los 25 más pequeños en el tercero, y en cada bloque sería ordenado en tres partes, según los resultados previos de cada partido, es decir los de alta, media y baja competitividad electoral en las elecciones del año 2018.

Agregó que en lo que respecta a las Diputaciones Locales, las nuevas reglas sostienen que también se distribuirán las 26 candidaturas de cada partido político, tomando en cuenta su competitividad por distrito local, de acuerdo a los resultados ponderados de las últimas 3 elecciones, sí hay más diputaciones de un género, las primeras posiciones plurinominales serán otorgadas al género menos favorecido, hasta lograr el equilibrio, y las subsiguientes serán otorgadas de manera alternada, manteniendo la disparidad de género en la conformación de los grupos legislativos.

“Estos nuevos lineamientos indican que tienen la  intención de ayudar a los partidos pequeños, sin tradición en nuestro Estado, ya que no cuentan con el historial de competitividad, dejando un amplio margen de donde poner a candidatas y candidatos, y aprovechando la circunstancias en donde los partidos tradicionales están obligados a poner a cierto perfil,  genera que los posibles candidatos, molestos porque no fueron postulados por paridad de género, sean postulados por otro partido”, consideró la legisladora.

“Para nuestro Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, se debe procurar el mayor beneficio a las mujeres y se debe adoptar una perspectiva entre mujeres y hombres, sin embargo en estas nuevas reglas así establecidas, no serán operantes para este próximo proceso electoral 2020-2021″, finalizó.

Petición se deriva ante desorden existente y daño al medio ambiente

Ante el desorden que existe y el daño al medio ambiente que se está generando, la Diputada del PAN, Claudia Caballero Chávez, solicitó información del Plan de Manejo del Parque Cumbres de Monterrey al Director Regional Noreste de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP.

Caballero Chávez entregó su solicitud escrita en la sede de la dependencia ubicada en Saltillo, Coahuila.

El oficio fue dirigido a Carlos Alberto Sifuentes Lugo, titular de la dependencia.

“Preocupada por los irreparables daños que se han ocasionado a la biosfera y al medio ambiente de nuestro Estado por la realización, aparentemente sin permiso, de obras de desmonte localizadas dentro la Huasteca perteneciente al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, una de una de las áreas protegidas con que cuenta Nuevo León, acudo ante la dependencia federal que usted representa, a fin de solicitar información relativa a la expedición del Plan de Manejo dicha área natural protegida, el cual lleva años sin ser emitido, lo cual se considera que necesidad apremiante para su preservación, donde subsisten fauna y flora endémica y cuya supervivencia está en riesgo”, señala el documento.

“Contar con un Plan de Manejo resulta primordial para que un Área Natural Protegida cuente con un instrumento rector de planeación y regulación, así como para que tenga un adecuado manejo y administración de sus actividades, acciones y lineamientos básicos.  Contar con un este instrumento brinda certidumbre a la autoridad encargada de su aplicación y a los particulares sobre el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales del área natural protegida”, agrega el texto.

Claudia Caballero aseguró que es necesaria la intervención de la CONANP para realizar las acciones legales correspondientes, que garanticen la protección y el resguardo adecuado del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

“La intención del oficio es solicitar un informe sobre el estatus de la formulación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey o en su caso, de ser así, el motivo por el cual el mismo no se ha podido concretar”, enfatizó la legisladora del PAN y también Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León.

Buscan Diputados albiazules se dé continuidad a este programa

Los Diputados locales del Partido Acción Nacional presentaron un exhorto para que el Gobierno del Estado contemple en el presupuesto para el Ejercicio 2020 el monto que asegure la continuidad del programa relativo al Registro Estatal del Cáncer para el siguiente año.

El Punto de Acuerdo fue presentado por la Diputada Claudia Caballero Chávez, en la sesión ordinaria de este miércoles del Congreso local.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de 33 votos de los legisladores presentes en el recinto de sesiones.

En su intervención en tribuna, Claudia Caballero explicó que en México, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 ocurrieron en promedio 66 Mil muertes anuales por esta causa, lo equivalente al 13% de la mortalidad nacional anual.

Aseguró que en el 2018, el Global Cancer Observatori (GLOBOCAN) registró un total de 83,479 muertes por esta enfermedad en todo el País y aunado a casi 200 mil casos nuevos, de los cuales más de 85 mil fueron hombres y poco más de 105 Mil 51, mujeres.

“En nuestro Estado, así como en las demás entidades del País, es un problema creciente por lo que tomar acciones concretas en este tema es de suma importancia. Es por ello que recientemente en la entidad se firmó el Convenio de Colaboración que formalizó la operación del Registro de Cáncer de base poblacional en el Estado de Nuevo León y con ello su inclusión, de manera oficial, a la Red Nacional de Registros de Cáncer, lo que nos convirtió en la novena entidad centinela para aportar datos que conformen la base sobre los casos de cáncer en el país. Sumándose a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Tijuana, Toluca, La Paz, Mérida y Hermosillo”, manifestó la legisladora albiazul.

Caballero Chávez recordó que en el Congreso local, preocupados por la situación de no contar con un Registro Estatal del Cáncer, se logró que se destinaran los recursos necesarios para su funcionamiento, y gracias a ello fue posible etiquetar un presupuesto para dicho Registro.

“Este registro es una herramienta que nos permite obtener información completa, oportuna y de calidad para una mejor distribución de los recursos materiales y humanos. Así como para mejorar la investigación en este campo y contribuir a una estrategia nacional para el combate, prevención, control y evaluación de esta enfermedad”, detalló.

“Gracias a los esfuerzos coordinados entre instancias gubernamentales y asociaciones civiles el Registro Estatal del Cáncer hoy es una realidad y es por ello que resulta necesario que se sigan realizando acciones para que logros como éstos puedan continuar y beneficiar a todas y todos los neoleoneses”, finalizó.