Buscan que no vendan propiedades para evitar cumplir obligaciones

Con la finalidad de establecer candados para que los deudores alimentarios no vendan o traspasen su patrimonio para evitar cumplir con su obligación como padres, las Diputadas de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo León.

Se trata de una adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al Artículo 309 de la mencionada normativa.

Con esta reforma, el Juez ordenará al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario, debiendo informar si fue procedente la anotación.

El Registro Público de la Propiedad verificará el Registro Estatal Obligaciones Alimentarias para que en caso de que el deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar, extinguir la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real deberá informar al Juez para que este resuelva lo que a su derecho corresponda y no podrá realizarse la inscripción.

Además, el Juez dará aviso al Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León para que hagan del conocimiento a los Notarios del Estado que el deudor alimentario cuenta con las prohibiciones señaladas, así como su obligación de informar al Juez en caso de que el deudor alimentario pretenda realizar cualquiera de los actos jurídicos señalados en el Artículo.

Claudia Caballero explicó la finalidad de la reforma.

“Hemos visto cómo, en estos años, han aumentado críticamente las carpetas de investigación, ante la falta de este cumplimiento, ante la orden de un Juez, en 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema. Y la verdad es que duele y, pues, bueno, tenemos que actuar de alguna manera. La iniciativa va a permitir dar esa certeza para que los padres que no cumplan con esta resolución de un juez que es dar esta pensión, poder bloquear por así decir, lo pongo entre comillas, alguna venta de un terreno, algún traspaso y declararse en bancarrota”, indicó Caballero Chávez.

“Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner un plazo de 90 días, el cual, si no se cumple, el Juez tiene que dar conocimiento al Registro Público de la Propiedad para así poder blindar y que, al final del día, el niño, la niña, esta familia, pues reciba la pensión. Y que, obviamente, esta pensión, está, pues, este apoyo alimenticio llegue a quien lo necesita”, detalló la legisladora de Acción Nacional.

Por su parte, Itzel Castillo dijo que buscan la protección de los niños y niñas de Nuevo León.

“Es reforma al Código Civil, pero ya hemos presentado diversas iniciativas en la Ley de Expedición de Licencia, en las diferentes leyes, obviamente para ser valer los derechos de nuestros niñas y niños, que en su momento un padre – lo puede decir así- un padre desobligado, no se preocupa por sus hijos”, manifestó la también Presidenta de la actual legislatura.

“Estamos que, en la Ley de Derechos de Niñas y Niños, como ya se reconoce el deudor alimentario, nosotros fuimos a las diversas leyes para poder complementar y poder proteger los derechos de nuestros niños y niñas para que aquel ciudadano moroso, pues obligarlo a que haga lo que le corresponde a hacer que es velar por el bien del menor”, concluyó.

En el 2025, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado se han acumulado 604 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias.

En relación, la Fiscalía muestra que en Octubre del 2025 se convirtió en el mes con mayor incidencia sobre el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Estado, con 98 denuncias en el mes.

El 2025 cerró con la cifra más alta desde que se tiene registro, 825 carpetas de investigación abiertas por el delito por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Entre 2020 y 2025, el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en Nuevo León se disparó un 94.43%, pasando de 420 a 825 casos anuales.

En beneficio de personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza Garza, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo León para garantizar la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad.

Actualmente, el estado de interdicción limita gravemente la capacidad de estas personas para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de su vida, como contraer matrimonio, gestionar sus finanzas, como dar de alta una cuenta bancaria o celebrar contratos, ya que se les exige la intervención de un tercero.

Con esta reforma, se busca reemplazar este modelo restrictivo por uno que respete su autonomía, permitiendo que designen a personas de apoyo de manera voluntaria y adaptada a sus necesidades.

En casos excepcionales, cuando no sea posible conocer su voluntad, se propone que las autoridades intervengan como último recurso, siempre garantizando medidas de accesibilidad y respeto a sus derechos.

Organizaciones como Proyecto Dignitas, la Asociación de Sordos de Nuevo León, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas y el Instituto de Atención Integral al Discapacitado Retos respaldan esta iniciativa.

Su objetivo común es derogar el estado de interdicción y establecer mecanismos que respeten la dignidad y capacidad de decisión de todas las personas.

“Construir una sociedad inclusiva no es un favor, es una responsabilidad colectiva. Es hora de legislar para un Nuevo León que garantice los derechos de todos sus ciudadanos”, destacó el Diputado Garza Garza.

Este paso busca consolidar un marco legal más justo y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

Busca Diputado proteger y salvaguardar integridad de estas personas

Con el objetivo de proteger y salvaguardar la integridad de las personas con discapacidad (psicológica, física o sensorial), el Diputado Gabriel Tláloc Cantú Cantú, propuso una serie de modificaciones al Código Civil del Estado, a fin de alargar el periodo de patria potestad para estas personas.

El legislador del Partido de Trabajo mencionó que es alarmante que actualmente no se contemple el supuesto de representación legal de una persona mayor de edad con discapacidad de carácter físico, psicológico o sensorial, razón por la que ve viable esta propuesta.

“La presente iniciativa tiene como objeto otorgarle a un grupo de personas vulnerables la certeza jurídica entorno a su bienestar y convivencia familiar, a través de la continuación de su patria potestad aun cuando hayan adquirido la mayoría de edad, siempre y cuando, cuenten con algún tipo de discapacidad”, explicó Cantú durante su exposición de motivos.

Agrego que es prioritario brindar una atención especial para este sector de la población.

“Reiteramos la importancia de la presente, toda vez que la familia en un sentido amplio, tiene la labor de brindar una atención especial para aquellas personas con discapacidad, a fin de que puedan alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y así, desarrollar una vida plena”, expresó.

Así mismo, añadió que con estas reformas aquéllas personas que ejerzan la patria potestad tendrán la obligación de otorgar al sujeto de la misma, las cuestiones de orden público, tales como el alimento, la salud y la educación, aun cuando éste haya adquirido la mayoría de edad, siempre y cuando, no tenga los medios suficientes para subsistir.

Para lograr lo anterior se busca reformar por adición los artículos 411 BIS y 448 BIS al Código Civil para el Estado de Nuevo León, así como por modificación los artículos 414; 415; 418; 420; 423; 424 BIS; 426; 442; 443 y 447 BIS del mismo ordenamiento.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación.