Busca Diputada Marisol González proteger a la niñez y adolescencia de NL

Con el firme compromiso de proteger a la niñez y adolescencia de Nuevo León, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, enfocada en aumentar las sanciones para quienes cometan violaciones, agresiones sexuales o lesiones físicas contra menores de edad.

La Diputada destacó que el marco jurídico actual no ofrece sanciones suficientes para castigar a los agresores ni para inhibir estos delitos.

“Hoy lamentablemente la ley no castiga como debe castigar a estos agresores. No hay penas que endurezcan, que los adultos tengan miedo de meterse con las niñas y niños”, advirtió.

Las principales propuestas de la reforma son:

• Incrementar la pena por abuso sexual sin contacto desnudo hasta 7 años, en lugar de los 5 actuales.

• Aumentar la pena por abuso con contacto desnudo hasta 14 años, frente a los 11 actuales.

• Establecer penas de hasta 28 años para abuso sexual agravado y penetración.

• Elevar la pena por violación a 30 años cuando la víctima tenga entre 15 y 18 años, y hasta 40 años cuando sea menor de 15.

• Ampliar el capítulo de lesiones para abarcar a todas las personas menores de 18 años, no solo menores de 12, con sanciones que pueden llegar hasta 28 años en los casos más graves.

Sobre la violación, la Diputada fue contundente al señalar que este delito marca para siempre la vida de una víctima.

“Es difícil que un niño o una niña se recupere de una violación… es algo que se queda para siempre como una gran huella en su vida.

Tenemos que endurecer las penas, que tengan miedo esos violadores, si te metes con un niño o con una niña vas a tener 40 años de cárcel”, dijo.

La Diputada llamó a todas las fuerzas políticas a analizar y dictaminar con urgencia esta propuesta, reiteró que la protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta.

Busca Gobernador que sanción pase de 5 a 15 años de prisión

El Gobierno del Estado de Nuevo León pedirá al Congreso local modificar el Código Penal para endurecer las penas a provocadores de incendios, buscando que las penas pasen de 5 a 15 años de prisión sin derecho a fianza, informó el Gobernador Samuel García Sepúlveda.

Tras concluir la primera sesión de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) en Palacio de Gobierno, a la que asistieron autoridades de los tres niveles de Gobierno, García Sepúlveda destacó la importancia de proteger y expandir las áreas naturales del Estado, por lo que subrayó la necesidad de tomar medidas más estrictas contra los responsables de incendios provocados, asegurando que estos delitos no queden impunes.

“Hoy vamos a pedir al Congreso que nos apoyen a modificar el Código Penal del Estado para que todo tipo de incendio sea grave, no solamente el forestal, a que se suba la pena y decirles puntualmente a estos provocadores que estaremos atentos y con suma vigilancia para que haya castigo a quienes provoquen un incendio”, refirió.

“La ley es muy clara y el delito es muy claro, cualquier incendio que dañe la salud pública, la flora y la fauna está sujeta a cárcel, entonces vamos a aplicar la ley como está. No hay excusas que se quema la basura, que para sacar el cobre queme llantas, queme plásticos, a quien se sorprenda quemando basura.

“Estamos en una época muy crítica donde hay mucho viento y donde hay una humedad muy baja, y no podemos darnos el lujo en este momento y nunca más de poner en riesgo vidas, de poner en riesgo grandes extensiones forestales, porque un individuo pues perturbado, provoca un incendio o porque un individuo por negligencia y por querer sacar unos pesos por estos materiales metálicos nos pongan riesgo a todo Nuevo León”, abundó.

En la sesión dijo el Gobernador que se acordó enviar al Congreso del Estado otras propuestas para nutrir las iniciativas presentadas la semana pasada, y para presentar dos o tres más en este mismo tema que tienen que ver con lotes baldíos y desarrollo urbano.

El Gobernador dijo que el Municipio de Guadalupe solicitó se apliquen los reglamentos y se mejore la legislación en cuanto a terrenos baldíos, y en lo referente a los tiraderos clandestinos de basura, señaló que se lanzará, en conjunto con la autoridad federal, una campaña muy agresiva de parte de la Procuraduría Ambiental para clausurar estos confinamientos, sobre todo al lado de los ríos, y a quienes se detenga por hacer daño a la flora y al medio ambiente seránconsignados penalmente.

En el caso de Santiago se señaló la importancia de llevar a cabo campañas extensivas de comunicación, a efecto de prevenir al máximo incendios forestales en la sierra.

Se dio a conocer en la Mesa Ambiental que el Ejército ha desplegado 2 mil elementos en el Estado para atender incendios y proteger vidas y bienes.

El Municipio de Apodaca propuso un llamado a la industria privada para colaborar con la contratación de pipas de agua y evitar la propagación del fuego en zonas industriales.

El Municipio de Monterrey solicitó que se agreguen autoridades y haya convenios delegatorios.

“Hoy vamos a enviar al Congreso que también se le den facultades adicionales a municipios o explorar los convenios delegatorios para que vayamos juntos o estado y municipios auxiliar subsidiariamente a tareas federales y poder todos juntos ir a terrenos forestales, a industria federal, a cuidar ríos, etcétera”, manifestó.

Previo a la sesión de la Comisión Ambiental Metropolitana, el Gobernador dio a conocer en el Nuevo León Informa que a partir de este lunes  a través de la página aire.nl.gob.mx, el Gobierno del Estado del nuevo Nuevo León informará diariamente a las y los neoloneses el pronóstico del tiempo y la calidad del aire, utilizando 14 monitores remodelados y dos estaciones móviles nuevas.

El Mandatario estatal destacó 10 puntos clave para mejorar la calidad del aire en Nuevo León:

1. Pronóstico diario y semanal del aire: Se compartirá con la población el estado del aire en tiempo real, utilizando 14 monitores remodelados y dos estaciones móviles nuevas.

2. Refuerzo del Programa de Gestión para la Calidad del Aire (PIGECA): Se exigirá a las empresas que reduzcan sus emisiones más rápido y con mayor impacto.

3. Compromiso de los municipios: Reducir emisiones vehiculares, evitar la quema de basura, controlar emisiones en comercios y obras, y sancionar a propietarios de terrenos baldíos por acumulación de maleza.

4. Vigilancia ambiental con nuevas atribuciones: Se instalarán cámaras para detectar delitos ambientales, se realizarán inspecciones conjuntas con PROFEPA y se protegerán ríos, arroyos y áreas naturales.

5. Sanciones más severas para contaminadores: Clausura y suspensión de pedreras, asfalteras, concreteras y vehículos de carga contaminantes.

6. 6. Coordinación con la federación: Se trabajará con SEMARNAT, PROFEPA y PEMEX para reducir emisiones de la industria federal y mejorar la calidad de los combustibles.

7. Nuevo inventario y modelo de emisiones: Se actualizará el estudio de fuentes contaminantes y se diseñarán estrategias específicas para cada época del año, considerando la inversión térmica en invierno.

8. Normas oficiales mexicanas (NOMs) más estrictas: Se impulsarán NOMs para regular emisiones de autos, motocicletas e industria cementera.

9. Protección y expansión de áreas naturales: Se buscará alcanzar la meta del 30 por ciento de áreas protegidas en el estado este año.

10. Endurecimiento de penas por incendios provocados: Se pedirá al Congreso elevar las penas de 5 a 15 años para quienes incendien rellenos sanitarios, corralones y terrenos con maleza, evitando que puedan salir bajo fianza.

Presenta Coordinador del GLPRI iniciativa de reforma al Código Penal

Para combatir la discriminación de forma contundente y garantizar que se haga justicia a las víctimas, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar de uno a tres años de prisión la sanción a quien cometa este delito.

El líder de la bancada del tricolor condenó que en la actualidad todavía se presenten actitudes discriminatorias de exclusión, humillación o trato desigual por discapacidad, sexo, color de tez, clase social, por falta de recursos y educación.

“La discriminación de cualquier tipo y en cualquier circunstancia es intolerable. Mi propuesta es muy sencilla, pero contundente: una reforma al Código Penal para elevar de uno a tres años de prisión a quien cometa el delito de discriminación, porque actualmente solo contempla una pena de 3 meses a 1 un año de prisión, por lo que debemos ser más categóricos”, expuso.

La iniciativa de reforma, que fue presentada, contempla modificar el artículo 353 Bis 1 del Código Penal.

Treviño Cantú resaltó que de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, del 2022 al 2024, se han abierto 155 carpetas de investigación por el delito de discriminación, por lo que es necesario tomar medidas para frenar esta problemática.

El Coordinador del GLPRI estimó conveniente reforzar la prevención con apoyo de los medios de comunicación, gobierno y sociedad civil, para inhibir la incidencia de cualquier tipo de discriminación en Nuevo León.

“Recordemos que hace unos meses fue muy conocido el caso de una mujer con debilidad visual que intentó ingresar a un establecimiento con su perro de compañía, pero le prohibieron la entrada en un principio, lo que es un hecho inaceptable y necesitamos actuar para que no vuelva a ocurrir algo así”, apuntó.

Hizo notar que la propuesta complementa otra iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad y a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que presentó el Grupo Legislativo del PRIel pasado 24 de enero.

“En la fracción del PRI no quitaremos el dedo del renglón para que estas propuestas pronto se conviertan en leyes y combatamos, juntos, la discriminación en nuestro estado”, reiteró Treviño Cantú.

Buscan evitar resquicios legales que beneficien a sujeto responsable

El Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para establecer agravantes en el delito de feminicidio y especificar las motivaciones y/o acciones de los agresores contra las víctimas, a fin de encuadrar mejor este delito y evitar resquicios legales para que no sea considerado sólo como homicidio.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el Diputado priista, Javier Caballero Gaona, presentó ante el Pleno del Poder Legislativo el dictamen que contiene las propuestas de modificación al Código Penal realizadas por los Coordinadores Heriberto Treviño y Carlos de la Fuente, a las que se agregaron iniciativas de los Diputados Waldo Fernández, Jessica Martínez, Sandra Pámanes y Alhinna Vargas.

“El cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados por el sujeto activo, presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitación, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, realizados por el propio sujeto activo; así como la ejecución de actos de necrofilia por parte de éste”, precisa la reforma.

Caballero Gaona precisó que al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas, además será destituido e inhabilitado de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

“Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, por razón de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, cuidados, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo, amistad o cualquier relación de hecho”, expuso Caballero en tribuna.

“Cuando existan antecedentes, datos o indicios, denunciados o no, que establezcan que el sujeto activo realizó por cualquier medio y de manera directa o indirecta a la víctima amenazas, agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o lesiones; la víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad por el sujeto activo, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida”, detalló.

“El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, arrojados o depositados por el sujeto activo en un lugar público”, añadió.

La reforma por modificación al primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 331 bis 2, 331 bis 6 y 410 del Código Penal para el Estado, fueron avaladas en tribuna por las Diputadas Jessica Martínez, Sandra Pámanes y Nancy Olguín.

En el debate, se incluyó una reserva para que, en caso de que el Poder Ejecutivo incumpla con la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Presidente del Congreso ordenará al titular o responsable del Periódico Oficial del Estado la publicación inmediata, la cual deberá efectuarse al día hábil siguiente. De incumplirse también, se ordenará su publicación íntegra en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo para su entrada en vigor.

Sancionarán a quien cometa fraude en favor de un tercero

A propuesta del Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, el Congreso Local aprobó reformas al Código Penal para sancionar penalmente a la persona que comete fraude a favor de un tercero, aunque el beneficio no sea para sí mismo.

Durante la sesión ordinaria, el Coordinador del GLPRI aseguró que se busca combatir la impunidad en uno de los delitos más comunes que aquejan a la ciudadanía, ya que es muy lamentable que las personas se aprovechen de las necesidades económicas de la población.

“En Nuevo León es muy común engañar a las personas solicitando dinero para un negocio, pero la persona que comete el fraude logra evadir la acción de la justicia si lo entrega a un tercero, y ese vacío en la ley es el que queremos resolver con esta propuesta”, agregó.

“Como legisladores no podemos permitir que los delincuentes se aprovechen de la situación financiera de las familias de Nuevo León, hay que poner un alto y castigar a las personas que cometen fraudes”, aseveró.

Al manifestarse a favor del dictamen, el Diputado Jesús Aguilar Hernández detalló que el modus operandi de fraude cada vez es más frecuente, y ha sido motivo de que varias familias se hayan quedado sin su patrimonio.

“El presente dictamen busca reformar el artículo 385 del Código Penal, a fin de ampliar el tipo penal para contemplar dentro de los elementos esenciales de este, que el beneficio obtenido en los hechos fraudulentos no tenga necesariamente que ser percibido por el sujeto activo, sino por cualquier otra persona, tal y como ya se tiene contemplado en otros códigos penales a lo largo y ancho del territorio nacional”, manifestó en tribuna.

“Cualquier persona que sea víctima de fraude aún sin saber con detalle los elementos y alcances de este, sabría simple y sencillamente identificarlo, pues, a lo largo de la historia, las conductas derivadas de este acto se han considerado como incompatibles con los valores de una sociedad democrática y respetuosa de la libertad y patrimonio de las personas”, agregó.

Reformarían Código Penal, Ley Ambiental y Ley de Aguas Nacionales

Para crear conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y aumentar las sanciones a quienes contaminen los ríos y arroyos, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, acudió a entregar tres iniciativas al Congreso de Nuevo León.

Como unas de las actividades en conmemoración al Día Internacional de la “Acción en Defensa de los Ríos”, el Edil entregó tres iniciativas en la Oficialía de Partes del Congreso local, las cuales pretenden reformar el Código Penal del Estado y la Ley Ambiental de Nuevo León, además de una propuesta que modifica la Ley de Aguas Nacionales ante el Congreso de la Unión.

“Estamos viviendo una emergencia muy fuerte en el Estado de Nuevo León y particularmente en Monterrey, hoy que nuevamente el Congreso nos abre las puertas a todas las personas, ahora tenemos que atender otra urgente crisis que es la crisis climática y ambiental”, dijo.

“Tenemos una exagerada cantidad de tiraderos clandestinos y sobre todo estos tiraderos, además de la contaminación visual generan problemas de salud y muchas veces estos tiraderos se dan en nuestros mantos acuíferos en los lechos de los ríos”, señaló.

En las iniciativas presentadas se busca que no solamente se aumenten las sanciones a quienes dañen los mantos o recursos naturales, sino que se incluya que lleven a cabo trabajos comunitarios con un enfoque de Justicia Cívica, en donde se involucre a la gente en el saneamiento y en la reparación de daños de los lugares afectados.

La reforma del Código Penal establecerá que el infractor o infractora cumpla 100 horas de trabajo comunitario en beneficio de la comunidad y está enfocado en la preservación del medio ambiente, en caso de reincidencia, la multa y las horas de servicio se multiplicarán.

Además, en el artículo 446 bis 1 se establecerá que el 5% de lo recaudado por las cuotas y multas, serán destinadas a iniciativas de recuperación, de conservación de fuentes de agua y espacios públicos del Estado, incluyendo a los demás municipios.

“A fin de que podamos involucrar a la gente en el saneamiento de estos daños y que mínimo el 5 por ciento de las multas que se apliquen vayan directamente a proyectos para salvaguardar nuestros mantos acuíferos, el rescate de nuestros ríos y acciones para promover espacios públicos sanos”, afirmó Colosio Riojas.

Además, Colosio expresó que se ajustará el reglamento municipal sobre la materia para incrementar el 100 por ciento en las sanciones a quienes contaminen los ríos y estas dependerán el tipo o grado de infracción cometida, también se contempla un trato especial y sanciones elevadas a las grandes empresas que arrojen sus desechos al aire libre o en los ríos y arroyos.

Pide incrementar castigo para quienes incurran en este delito

Ya que durante la pandemia sanitaria se recrudeció el robo a planteles educativos, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que se sancione de 2 a 9 años de prisión a quien robe cualquier material que afecte el óptimo funcionamiento de las escuelas.

El líder de la bancada del PRI precisó que actualmente el Código Penal sólo sanciona el robo de bienes a instituciones educativas cuando el valor de lo sustraído sobrepasa los 4 mil 500 pesos, por lo que propone que la sanción sea en todos los casos que afecte los servicios de alumbrado, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, servicio sanitario, drenaje pluvial, gas o señalización de cualquier plantel público o privado.

“Hemos escuchado las voces de muchos maestros y padres de familia que nos dicen que las escuelas no están en óptimas condiciones, que así los niños no podrán regresar a clases por aquellos maleantes que se dedican a dañar los planteles educativos y ya es necesario que tengan un castigo severo”, denunció.

La iniciativa fue presentada por Treviño Cantú en la Oficialía de Partes del Congreso local, en la que propone reformar la fracción XI del artículo 374 del Código Penal.

Refirió que, en momentos en que cientos de alumnos ya están listos para reintegrarse a las aulas, muchas escuelas están dañadas.

“Se busca sancionar con 2 a 9 años más de prisión a quien robe, traslade, adquiera, reciba, posea o venda cualquier material que sea utilizado para la prestación de los servicios de cualquier institución educativa, sin importar el monto de lo robado”, puntualizó Treviño Cantú.

“Insisto en que es la voz de maestros y sociedades de padres de familias que nos dicen que los planteles educativos están en muy malas condiciones y tenemos que castigar a estas personas, ya que dejan una escuela sin cableado, por ejemplo, y reponerlo cuesta hasta 120 mil pesos”, afirmó.

El Coordinador del GLPRI reiteró que se busca proteger la infraestructura escolar para una mejor reactivación académica y reducir las conductas delictivas que afectan e impactan en los servicios educativos.