Recibe de la Federación facsimilar de la Carta Magna de 1917

En el marco de la conmemoración del Centenario de la Carta Magna, el Gobierno Independiente recibió de la Federación un facsimilar de la Constitución Mexicana del año 1917.

Este honorable documento, fue entregado al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por parte del Secretario del Trabajo del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete Prida, en representación del Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto.

El Mandatario Estatal precisó que a 100 años de la promulgación de la Carta Magna, es urgente hacer un debate para reformarla para así adecuarla a los tiempos y necesidades actuales.

“Hoy tenemos que fijarnos, en esta nueva visión que si estos artículos que hemos conservado como tabús y que no queremos cambiar es necesario conservarlos de esa manera, hay que hacer un gran debate nacional respecto a eso, hay cosas que creo yo de manera personal que debemos de cambiar, porque la Constitución hoy tiene muchas cosas que no funcionan por eso hay que modernizar muchos de esos artículos”, apuntó el Gobernador.

Además reconoció la labor de los involucrados en la elaboración de esta Carta Magna, pero precisó que es urgente cambiarla puesto que hay que hacer una nueva historia.

“Es momento de preguntarnos, si realmente lo que hace 100 años se hizo, hoy tenga que seguir igual, México se ha transformado, hoy tenemos problemas diferentes a hace 100 años, hoy no podemos seguir viviendo de la historia, sino que tenemos que hacer una nueva historia”, refirió Rodríguez Calderón.

Por su parte, el Secretario del Trabajo expresó que concuerda con el Gobernador de Nuevo León en el tema de reformar la Constitución a tiempos actuales y reconoció que este documento guarda la opinión de diferentes corrientes políticas.

“Este texto representa la opinión y la síntesis de una auténtica soberanía de autodeterminación y la base de nuestras evolucionantes instituciones democráticas absolutamente imperfectas, tan imperfectas como la democracia, misma que hoy por hoy sigue siendo la mejor de las imperfecciones en la sociedad”, mencionó el funcionario federal.

Agregó además que esta Carta Maga es un acto connacional, en el que se contó con la mayor participación de Constituyentes provenientes del Estado de Nuevo León.

“Nuestra Constitución al final es un acto connacional, sintetiza el que grupos encontrados no en una revolución, sino en muchas revoluciones encontraran un punto de acuerdo y Nuevo León participó con el mayor número de Constituyentes, lo que habla de que el Estado de Nuevo León desde siempre ha sido capaz de generar cuadros políticos que siempre han ido en la vanguardia del País”, dijo Navarrete Prida.

Una vez concluidos con los mensajes, se develó una placa alusiva a los 100 años de la Constitución de 1917 y se postró en una vitrina el facsimilar de la Constitución, la cual a partir de hoy queda en exhibición permanente en el Palacio de Gobierno.

Coinciden en que aún falta mucho por hacer en esta materia

A dos años de la promulgación de la reforma de derechos humanos en la Constitución Mexicana, diversas autoridades en el tema admitieron que aún falta mucho por lograr en esta materia.

Y es que, aunque han pasado dos años desde que los derechos humanos se volvieran parte fundamental de la Constitución y por tanto, de los tres Poderes, no se han logrado reformas suficientes en este rubro.

Durante la mesa de diálogo “La Reforma en materia de Derechos Humanos a dos años de distancia”, realizada en las instalaciones del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, representantes de los tres Poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron los avances en esa materia.

Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detalló que aunque se ha establecido la garantía fundamental del derecho humano sobre cualquier situación, aún quedan lagunas referentes a cuál es la verdadera aplicación de justicia en cada caso.

“En la primera sala (de la SCJN), hemos establecido que de acuerdo con la protección más amplia de la persona, de acuerdo con este Principio Pro Persona, no necesariamente los tratados internacionales están por debajo de nuestra Constitución, sino que hay que interpretarlos de acuerdo con la protección y la amplitud más importante, más proteccionista para la persona”, sostuvo.

En ese sentido, Sánchez Cordero indicó que es importante resolver las contradicciones existentes entre ambas Salas de la Suprema Corte, a fin de aplicar adecuadamente el derecho humano.

Por su parte, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León, Carlos Arenas Bátiz, trató de ser positivo en su perspectiva.

De acuerdo con Arenas Bátiz, para los Jueces locales, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, consiguió eliminar algo que hasta el 2011 era un conflicto para la impartición de justicia.

“Consolida el Estado Constitucional de Derecho en México, es decir, antes de la reforma lo que teníamos en México eran dos Estados de Derecho, un estado constitucional, garantista, democrático, pero que sólo los Jueces federales podían aplicar; los Jueces locales que eran los de mera legalidad, estábamos condenados a vivir en un decimonónico Estado de Derecho, no podíamos de ninguna manera, evaluar la norma legal que íbamos a aplicar al caso concreto”, dijo especialista en la materia.

Esta unificación de las normativas, destacó Arenas Bátiz, evitan las distorsiones que provocaba el tener dos Estados de Derecho, así mismo, dado que ambos juzgadores, locales y federales pueden utilizar el Principio Pro Persona.

La aplicación de ese derecho también es un beneficio para el procesado, ya que “va a poder acceder a una justicia garantista desde la primera instancia y la justicia local dejará de ser mero preparatorio para el juicio de amparo”, concluyó.

La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, señaló que aunque la reforma ha dado pie a grandes avances, como la promulgación de la Ley de Amparo, que tenía más de 15 años guardada, aún faltan otras modificaciones por hacer.

Martínez Garza puntualizó que falta un mayor trabajo para terminar de homologar las Constituciones de los Estados, así como leyes que también deben estar en coordinación con los tratados y convenios internacionales.

Además, admitió que es necesaria la creación de una nueva ley para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una nueva normativa que también esté homologada con los tratados internacionales.

En su ponencia, la Senadora por Nuevo León, Cristina Díaz Salazar, coincidió en que sí falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, sin embargo, detalló que se han logrado algunos avances, como la promulgación de la Ley General de Víctimas.

Díaz Salazar indicó que es necesario hacer un análisis a fondo, además, de un balance de lo que falta para profundizar en lo que se ha logrado.

Además, detalló que sí es necesario hacer una depuración legislativa, a fin de eliminar todo lo que contravenga con la reforma y que los reglamentos estén afines a lo que dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Felipe González Alaniz, Subsecretario de Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, indicó que el Gobierno del Estado se ha esforzado por implementar las estrategias que permitan la defensa y promoción de los derechos humanos en conjunto con la sociedad de Nuevo León.

En el ámbito ejecutivo, Pedro Quezada Bautista, quien acudió en representación del Secretario General de Gobierno, Álvaro Ibarra Hinojosa, sostuvo que la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, tiene como una de sus principales objetivos el trabajo en materia de derechos humanos, a través de programas e implementación de servicios.

Indicó que la actual administración propone el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la adecuación de instrumentos para favorecer los derechos humanos, así como el fortalecimiento de un marco legal que gire en torno a esa materia.

Quezada Bautista además puntualizó que se trabaja en la armonización de la legislación estatal con instrumentos internacionales y la modernización del Sistema Penitenciario, a fin de sea congruente con la reforma del tercer párrafo del artículo primero.