Para la promoción de los derechos humanos

A fin de establecer vínculos institucionales, como la formulación y gestión de iniciativas de cooperación internacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Personería de Bogotá, D.C., y la Facultad de Derecho y Criminología, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, celebraron la firma de una Carta de Intención.

El documento fue firmado en las instalaciones de la CEDHNL, por parte de la Presidenta de la Comisión, Susana Méndez Arellano; el Personero Distrital, Julían Enrique Pinilla Malagón; el Director de la FACDYC, Mario Alberto Garza Castillo; la líder del cuerpo académico de la FACDYC, Nancy Nelly González San Miguel; y el Secretario de Promoción de Derechos Humanos de la CEDHNL, Armando Javier Rodríguez Corona.

La Carta de Intención tiene como objetivo también identificar y concertar las líneas de cooperación entre las tres partes, por ejemplo, en la capacitación, transferencia de experiencia y prácticas sostenibles en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

“Reconozco y valoro la voluntad de la Personería y de la Facultad de Derecho y Criminología, de fomentar el diálogo y la interlocución con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que redundará positivamente en la observancia del Estado de Derecho y en el mejor desempeño en el servicio público”, mencionó Méndez Arellano.

“Para nosotros, la defensa y promoción de los derechos humanos constituye una labor nunca acabada, y perfectible a la luz de las nuevas exigencias de la realidad y las demandas sociales”.

La Personería de Bogotá, D.C., es un órgano de control originario de Colombia, que promueve la efectividad integral de los derechos de las personas, trabaja al servicio de la ciudad, interviene y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades públicas del Distrito Capital, y vigila la conducta de los servidores públicos.

Mientras que el objetivo de la FACDYC es la investigación, la generación, así como la aplicación de conocimiento en las áreas relativas a la administración pública y el derecho financiero.

La Carta de Intención tendrá una vigencia de dos años, para todas las partes.