Le dan al Ejecutivo 15 días hábiles para cumplir con la sentencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que el Poder Ejecutivo del Estado tendrá que publicar en el Periódico Oficial del Estado el Decreto que contiene la reforma donde se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, actualmente dependiente de la Tesorería del Estado, pasa a la jurisdicción de la Fiscalía General.

En su resolución, la Corte da un plazo de 15 días hábiles al Gobernador para que cumpla con la sentencia dictada en la controversia constitucional número 272/2022.

Este recurso fue interpuesto por el Congreso del Estado en contra del Poder Ejecutivo de Nuevo León por la omisión de publicar el mencionado decreto, donde se reformaba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La Ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo en su proyecto que era inconstitucional el no haber publicado el decreto aprobado por el Congreso del Estado y se ordenaba al Ejecutivo su publicación en 15 días hábiles.

Esta propuesta de sentencia fue aprobada por 4 de los 5 Ministros que integran la Primera Sala de la SCJN.

La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia se dio en junio del 2022 y al no haberse publicado la misma en el POE, se planteó la controversia constitucional en el mes de diciembre.

La Corte dio la razón al Congreso por lo que se declaró procedente y fundada la controversia.

En su resolución, el Máximo Tribunal del País sostuvo que no fue correcta la actuación del Ejecutivo de Nuevo León de no haber publicado el decreto en cuestión.

Exhorto se deriva del incremento de contagios por el coronavirus

Ante el incremento de contagios por COVID-19, el Diputado local del PAN, Carlos de la Fuente Flores, exhortó al Gobierno Estatal para que publique el decreto  que contemple las medidas, entre ellas la aplicación de multas, para prevenir el aumento de casos por este virus.

Durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno en el Congreso se le cuestionó al secretario General de Gobierno, Manuel González, la necesidad de hacer oficial este tipo de medidas para que la ciudadanía conozca las acciones por parte del Estado para prevenir más casos de COVID-19.

“Lo más importante, y le hicimos  es que se publique el decreto para que los ciudadanos conozcan a bien cuáles van a ser la condiciones, sus derechos y cuáles van a hacer sus oportunidades. Se avala porque necesitamos mantener a la baja, hoy por hoy, desgraciadamente va a la alza el tema de contagios por COVID-19”, expresó el coordinador del Grupo Legislativo del PAN.

De la Fuente Flores refirió que en los últimos días ha aumentado considerablemente la cantidad de automóviles en las filas de los drive thru, por lo que es importante que las autoridades estatales emitan el decreto para que se apliquen las medidas correctivas.

Agregó que aunque también se trata de que la gente por iniciativa propia se apegue a las medidas de seguridad e higiene implementadas por el Estado ante la pandemia, deben aplicarse acciones para que los ciudadanos tomen conciencia y eviten propagar el COVID-19.

“Es un tema de concientización, se ha buscado que los ciudadanos tengan esa conciencia, los que corremos el peligro de contagiarnos y a nuestros familiares si vamos a una reunión masiva, pues es algo que se tiene que avalar, aunque el objetivo no es cobro de multas, sino la disminución de casos”, señaló el Diputado.

Argumentan que no fue turnada conforme a lo que establece la ley

Al considerar que el documento que contiene el Decreto de las reformas a la Ley Electoral no fue remitido directamente por el Oficial Mayor del Congreso Local, Mario Treviño, el Gobierno del Estado returnó dicho expediente a la Oficialía de Partes.

En la tarde de este miércoles 5 de junio y de manera silenciosa, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobierno, Homero Cantú, acudió ante el Congreso del Estado a presentar el oficio con la documentación respectiva.

En entrevista, el funcionario estatal argumentó que el Decreto 286 había sido remitido por las Diputadas Laura Paula López Sánchez y Liliana Tijerina Cantú, acciones que violentan la Constitución y reglamentos.

“Se está haciendo devolución del Decreto 286 que contiene la Ley Electoral, porque no fue remitido por las personas que tienen las facultades debidas como las del Oficial Mayor del Congreso del Estado y no las personas que hicieron pasar como secretarias del Congreso y que son Laura Paula López Sánchez y Liliana Tijerina Cantú”, señaló.

Cantú señaló que espera que los legisladores hagan bien su trabajo y remitan el escrito las personas autorizadas.

“Lo que estamos haciendo ahorita nada más es regresarlo, sí claro que lo aceptamos de nuevo si ellos lo reponen cuando ya se cumplan con los requisitos que establece la ley y seguramente se les va a recibir por parte del Gobierno del Estado”, mencionó.

El titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos externó que es urgente que el Poder Legislativo se ponga a leer la Ley Orgánica del Congreso para evitar que se vuelvan a repetir acciones como ésta, que pone en riesgo las elecciones del 2018.

“Yo creo que lo que tienen que hacer los Diputados es leer la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el efecto de determinar quiénes son las personas que están autorizadas a enviar los documentos al Gobierno del Estado para que se los puedan recibir y que tengan el cauce correspondiente”, precisó.

Ante lo señalado por el Tribunal Electoral del Estado en un comunicado oficial, mismo que da validez a la entrada en vigor de la Ley Estatal Electoral, en el momento de su aprobación, tal y como lo señalaron los Diputados locales en su aprobación, Homero Cantú manifestó que desconocía esta decisión, por lo que no podía externar una postura al respecto.