Para que se garantice este beneficio a partir de los 60 años de edad

Con la intención de no dejar sin protección a ningún adulto mayor, la bancada local del PRI, a través del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Defensoría Pública de Nuevo León para bajar de 70 a 60 años de edad y garantizar el derecho de contar con representación legal de oficio, incluso cuando sean la contraparte.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública explicó que se trata de una modificación de los artículos 5 y 39 de la Ley de Defensoría Pública, a fin de homologar la edad para acceder al servicio, tal y como se establece en tratados internacionales y el la Ley de Protección al Adulto Mayor en el Estado.

“Existe una problemática de discriminación contra nuestros adultos mayores, ya que actualmente, la Ley de Defensoría Pública del Estado establece que, únicamente se brindará esta prestación del servicio si el interesado tiene 70 años de edad o más”, señaló Ibarra.

“Esta situación que no está acorde con el marco normativo estatal, ya que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, establece que estas personas son las que cuentan con 60 años de edad o más”, aseguró el Diputado priista.

Ibarra Hinojosa explicó que la intención de la reforma, además, es establecer en la Ley de Defensoría Pública del Estado, que las personas de 60 años o más, puedan tener representación del Instituto del Defensoría Pública, aunque estos sean la contraparte.

Lo anterior contribuye a visibilizar a las personas adultas mayores como grupo vulnerable en dicha Ley, se armoniza el marco jurídico, se evita la discriminación y se fomenta la justicia y la equidad.

“En ese entendido mi iniciativa versa en que se baje la edad para que el Instituto pueda brindar el servicio, a las personas que cuenten con 60 años o más y no los 70 que actualmente marca la Ley, cuando éstas sean la contraparte”, añadió el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Con la finalidad de analizar diversas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, este pasado miércoles los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, realizaron una mesa de trabajo con el personal del Tribunal Superior de Justicia y de la Defensoría Pública.

Durante la reunión se trataron las propuestas para modificar el período de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el sistema de pensiones y jubilaciones de Magistrados y las notificaciones vía electrónica.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, José Adrián González Navarro, señaló que con la mesa de trabajo se pretende abrir diálogo con los especialistas para dar paso a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.

“Estamos buscando ese diálogo para reformar el Tribunal Superior de Justicia, nos dimos como fecha el 1 de septiembre, quedamos como un acuerdo de iniciar el período con los consensos para subir al Pleno cualquier reforma que ha sido planteada en esta mesa de trabajo”,  indicó el Diputado.

Además, durante la participación de la Magistrada Graciela Buchanan Ortega, en la mesa de trabajo, solicitó a los Legisladores estudiar a fondo cada una de las iniciativas de reforma que favorezcan la Procuración de Justicia y la operación del Tribunal Superior de Justicia.

Ante esto, González Navarro dijo que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, analizará las propuestas que haga llegar el Tribunal Superior de Justicia al Congreso.

Los Diputados Fernando Elizondo Ortiz, José Juan Guajardo Martínez y Francisco Cienfuegos Martínez también estuvieron presentes en la mesa de trabajo.