Sería un instrumento para generar políticas públicas de prevención

Para dar seguimiento puntual a las agresiones cometidas contra las mujeres en Nuevo León, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó una reforma legal para que la Fiscalía General de Justicia esté obligada a crear un registro público y sistemático de delitos cometidos a las féminas, a propuesta de la Diputada priista Karina Barrón Perales.

Durante la sesión en línea se modificaron, por unanimidad, las fracciones X, XI, XII, y XIII al artículo 36 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Barrón Perales, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, detalló que, de acuerdo a datos del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a septiembre del año en curso, Nuevo León registra el cuarto lugar en feminicidios; segundo en violencia familiar y el tercero en violaciones cometidas en contra de mujeres.

“Crear un registro público sistemático de delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que se tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia  y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño”, propuso la legisladora local del PRI.

“Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia y elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”, detalla el cuerpo de la propuesta que será llevada al Pleno del Congreso.

Barrón señaló que la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recientemente, lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas en México.

“Los organismos internacionales han llamado a los gobiernos a visibilizar la violencia y crear estadísticas para la toma de decisiones, debemos contar con información exhaustiva y actualizada que permita tomar las mejores decisiones para abordar la violencia contra las mujeres en las leyes y políticas públicas, y para lograr su erradicación, sin dejar de considerar que la información y datos estadísticos son indispensables para las investigaciones y la labor periodística”, puntualizó.

La Presidenta de la Comisión aseguró que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es necesario generar información estadística y evidencia que se encuentren alineadas a estándares internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Los datos son indispensables para la orientación de políticas públicas; para visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres”, concluyó.

Subirían penas a feminicidio, hostigamiento y acoso sexual

Con el fin de castigar severamente a quien cometa un delito en contra de las mujeres, el Grupo Legislativo del PRI en voz del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las penas mínimas y máximas en los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual, además propuso sancionar a los servidores públicos que actúan de manera negligente en la procuración de justicia respecto del delito de feminicidio.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local, puntualizó que actualmente el Código Penal contempla de 40 a 60 años de cárcel para quien comete feminicidio, de 1 a 2 para hostigamiento y de 1 a 3 para quien cometa acoso sexual, así como de 3 a 8 años de prisión para los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones sobre feminicidio.

“Propongo modificaciones al Código Penal para incrementar de 45 a 60 años de prisión el delito de feminicidio; de 2 a 4 años de hostigamiento y acoso sexual; y de 5 a 10 años de cárcel para los servidores públicos que entorpezcan de manera negligente la procuración de justicia respecto del delito de feminicidio”, manifestó en tribuna durante la presentación de la iniciativa.

“Todos debemos formar parte de la solución donde nos toque participar tenemos la obligación de contribuir para que las niñas y mujeres vivan una vida libre de violencia. En este momento me toca además de ser hijo, esposo y padre, ser Legislador, por ello no dudo en ningún momento que el crear normas jurídicas fuertes y justas, hacen que se inhiba el delito”, agregó el legislador priista.

En el marco del Paro Nacional del 9 de marzo, Ibarra manifestó que urgente que se revalore el papel de la mujer en la sociedad, en el ámbito familiar, económico, laboral, político y social.

Agregó que se están viviendo momentos históricos, donde a través de marchas las mujeres reclaman justicia, y juntas salen a las calles en una solo voz para exigir a las autoridades: ni una menos.

“La reforma contempla homologación de penas para los delitos de hostigamiento y acoso sexual, atendiendo el principio de proporcionalidad, buscando prevenir desde la comisión de estas conductas, la más grave que es el feminicidio”, dijo Ibarra Hinojosa.

“De eso justamente se trata la reforma que a través de la disuasión que proporciona el derecho penal, lograr la inhibición de delitos”, mencionó el integrante del GLPRI.

Álvaro Ibarra refirió que la iniciativa se suma a las ya aprobadas recientemente por el Congreso en relación al incremento de penas para el delito de violación, lo que, sin duda fortalece el marco de delitos en contra de mujeres, niñas y niños.

La propuesta de reforma al artículo 271 Bis 1, Bis 2, y el artículo 331 Bis 3 y Bis 6, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.