Pide modificar Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

El Coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes local con el objetivo de reforzar y robustecer las políticas públicas que hay en materia de protección de los derechos de las niñas y niños.

Según el último censo del INEGI (en el 2020), en Nuevo León se registró un millón 472 mil 351 niñas y niños menores a los 15 años de edad, lo que representa el 25 por ciento de la población total de la entidad.

A través del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gaona expuso que se generan políticas públicas en este tema, y con su iniciativa pide la inclusión formal y permanente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría de Participación Ciudadana, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta al momento de trabajar en estrategias que permitan combatir el agravio de los derechos de las niñas y niños, así como de las mujeres.

Cabe destacar que, en días recientes un adolescente de 15 años de edad fue vinculado a proceso por presuntamente abusar de forma sexual de un niño de 5 años.

Y para atender este tipo de casos, el Sistema crea estrategias y políticas públicas, que serán trabajadas en coordinación con las referidas Secretarías, indicó el Coordinador.

Además, para evitar lagunas legales en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, se busca reforzar su marco jurídico.

“Estas Secretarías han implementado políticas públicas con el propósito de robustecer y ampliar la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dijo Gaona.

“La iniciativa permite adecuar el marco jurídico de quienes forman parte de las autoridades que integran dicho sistema para evitar lagunas jurídicas y se les enuncie como autoridades que forman parte del SIPINNA con el objeto de otorgar certeza jurídica”.

El Coordinador destacó que, con la iniciativa, incluso, se atiende una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior de la niñez, ya que se considera que se debe atender cualquier decisión que se le afecte.

“Algunas de estas Secretarías de reciente creación están trabajando en coordinación con el SIPINNA en el Estado como entes coadyuvantes para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de sus competencias”, aseguró el legislador.

Finalmente, señaló que “con esta propuesta se garantiza el derecho de la niñez a un estado de bienestar físico, mental y emocional, libre de violencia para su desarrollo integral, pues permitirá que se implementen estrategias y políticas públicas transversales entre las autoridades que integran el SIPINNA”.

Busca Coordinador del PRI salvaguardar sus derechos educativos

Con el fin de salvaguardar los derechos educativos de las víctimas, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas.

El líder de la bancada del PRI manifestó que es necesario establecer políticas públicas para que los menores que sufran un acontecimiento traumático puedan reincorporarse al sistema educativo de manera segura, guiada, sensible y ordenada.

“Estamos proponiendo que las instituciones del sistema educativo estatal tengan opciones educativas generen las condiciones para que las víctimas puedan incorporarse, poco a poco, a su vida cotidiana, particularmente al ámbito educativo”, puntualizó el líder de la bancada del PRI.

“La Secretaría de Educación en el Estado deberá formular políticas que permitan la incorporación a los programas educativos de las víctimas de violencia u otros hechos traumáticos, que van desde la movilidad para llegar a los planteles educativos, hasta su retomar su ritmo y nivel de aprendizaje”, agregó.

Treviño Cantú apuntó que en la propuesta contempla adicionar una nueva sección a la Ley de Víctimas del Estado, que incluiría el artículo 21 Bis que contemplaría que los menores de edad que pasaron por alguna situación traumática reciban atención personalizada por parte de una trabajadora social que los ayude en una incorporación rápida al proceso educativo.

Expuso que la iniciativa también va dirigida a quienes tienen la necesidad de cambiar de residencia por motivos de violencia y a quienes quieren retomar sus estudios, luego de abandonarlos tras sufrir agresiones.

“Estoy planteando que, en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, deberán recibir apoyo, protección y orientación por parte de la persona de Trabajo Social Escolar, a efecto de agilizar y facilitar la incorporación o reincorporación al programa educativo”, explicó el Coordinador priista.

“En muchas ocasiones cuando un menor de edad vive una situación de crisis y queda en el desamparo y es indispensable que vuelva a enrolarse a la vida educativa, para que continúe con su desarrollo y, al mismo tiempo, le ayude a superar la crisis”, añadió.

Presentan las Guías para garantizar los derechos de grupos vulnerables

Para promover la inclusión de todas las personas, especialmente aquellas que pertenecen a algún grupo vulnerable, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, IEPAM.

En el marco de este evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la COTAI, se presentaron además las Guías para el Ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, herramientas que buscan mejorar su calidad de vida, garantizar una participación plena y afectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones y garantizando el respeto a sus derechos.

De acuerdo con la Comisionada Presidenta de la COTAI, María Teresa Treviño Fernández, hay en el país más de 15 millones de personas que rebasan los 60 años y una de las principales desigualdades tiene que ver con la tecnología y las nuevas formas de comunicación.

Desde el Sistema Nacional de Transparencia, dijo, se ha elaborado la “Guía de Acceso a la Información y Uso de las Tecnologías para Personas Adultas Mayores”, la cual permitirá sensibilizar y conectar a las personas adultas mayores con el uso de las tecnologías de la información para que gocen un mejor nivel de vida, estén mejor comunicados, se sientan más productivos, pero sin vulnerar su información personal.

Como parte del convenio se brindará capacitación y asesoría a las personas que integran el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, buscando dotarles de herramientas que les permitan cumplir de mejor manera con sus obligaciones de transparencia.

Myrna Elia García Barrera, titular del IEPAM, señaló que en Nuevo León hay 650 mil personas adultas mayores y que desde el Instituto se buscan promover políticas públicas que garanticen un envejecimiento activo y saludable.

En un primer panel se presentó la “Guía de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y uso de las tecnologías para personas adultas mayores”, donde participó la titular del IEPAM y como moderadora, la Comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y acceso a la Información Pública, Patricia Ordóñez León.

En un segundo panel se presentó la “Guía Modelo del Lenguaje Incluyente y no sexista”, teniendo como moderador al Comisionado de la COTAI, Francisco Guajardo Martínez.

Las ponentes fueron Claudia Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León; María de Lourdes Romero Ortiz, abogada litigante y Presidenta de El Closet LGBT, A.C., así como de Olga Nelly Estrada Esparza, catedrática de la UANL.

Finalmente, en el tercer panel se presentó la “Guía para la inclusión de personas con discapacidad al ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, en que participó, Patricia Ordóñez León, Comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y acceso a la Información Pública, siendo la moderadora la Comisionada de la COTAI, Brenda Lizeth González Lara.

Promoverán programas que protejan derechos de niños y jóvenes

Este miércoles quedó formalmente instalado el “Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en Santiago, Nuevo León”, mismo que será encabezado por el Alcalde David de la Peña Marroquín, y su esposa, la Presidenta del DIF Municipal, Olga Villalón Toba.

El sistema tiene como objetivo el promover programas y acciones que fomenten el respeto y la protección de los derechos de niños y jóvenes.

El acto contó con la participación del Dr. Alejandro Morton Martínez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nuevo León.

En el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en Santiago, Nuevo León, participan todas las dependencias de la Administración Municipal en el cuidado y protección de los menores, además de promover acciones y actividades en favor de los pequeños.

Garantizarán derechos de la niñez y adolescencia

A partir de este martes, el Gobierno de Monterrey cuenta con su Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el que se busca garantizar los derechos de la niñez y adolescencia de la ciudad.

El Presidente Municipal, Luis Donaldo Colosio Riojas, junto a su esposa y Presidenta del DIF de Monterrey, Marilú García de Colosio, instaló formalmente el SIPINNA y tomó protesta a los 23 integrantes, entre los que se encuentran autoridades municipales y asociaciones civiles, y firmó el acta constitutiva.

“Ahora lo hacemos con nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes para decirles que estamos aquí para protegerles y abrirles camino hacia un desarrollo pleno, desde salud, educación, cultura, recreación, un desarrollo que garantice plenamente todos sus derechos”, afirmó el Edil.

Como Secretaria Ejecutiva fue nombrada la doctora María Estela Flores Tamez; y como Autoridad de Protección asumió Leonel Gerardo Jasso, actual titular de la Defensoría de las Infancias del DIF Monterrey.

Desde el 2015, cada municipio está obligado a establecer su sistema de protección integral para éste sector de la población, bajo la rectoría del fortalecimiento familiar.

En el SIPINNA Monterrey participan los organismos de Cáritas, Effeta, VICCALI, Padrinos de Nuevo León; Asociación Defendiendo a los Inocentes; Buscadoras y Eslabones NL, entre otros, y en un hecho sin precedentes, en el Sistema se incluye a agrupaciones de Personas Desaparecidas, debido a que los hijos, menores de edad, de víctimas de desaparición forzada están en situación vulnerable, y se aplicarán políticas públicas especialmente diseñadas para este grupo.

Además, se enfocará a atender a la primera infancia y prevenir la vulneración de sus derechos.

“Este tipo de sistemas tiene como propósito salvaguardar el futuro de toda nuestra infancia; está científicamente comprobado, demostrado, que todos aquellos países que hacen una apuesta por el desarrollo integral de la primera infancia, a la larga, transgeneracionalmente, se reducen los índices de criminalidad, de encarcelamiento, de embarazo en adolescentes, se sube el nivel de promoción y prosperidad económica, de escolaridad y, por ende, de paz en las calles, es la mejor apuesta que podemos hacer como gobierno y sociedad, apostarle a nuestras infancias”, recalcó Colosio Riojas.

Adelantó que, para salvaguardar los derechos de los menores, se les debe incluir como cualquier otro ciudadano que emite opiniones e invitó a la comunidad a “inaugurar una nueva época de bienestar para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad”.

También informó que está en proyecto la creación de un Consejo de Niñas y Niños que acompañarán a la administración como un Consejo Consultivo Ciudadano que, pese a su minoría de edad, podrá formular ideas, propuestas e incluso críticas constructivas al sistema de gobierno que afecta su vida diaria.

Dijo que se anunciará la convocatoria correspondiente y que se busca incluir a menores de 8 a 10 años de edad, escolarizados, con discapacidad, niños que atiende el DIF y de grupos vulnerables.

En la instalación del SIPINNA municipal, Leonel Jasso, titular de la Defensoría Infantil, dio a conocer que Monterrey es el primer municipio de la entidad en contar con un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que están atentos 24/7 para recibir reportes de vulneración de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Pide organismo a SE diseñar e implementar una estrategia

La Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Educación del Estado a diseñar e implementar una estrategia que incluya la formación y certificación de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana.

La CEDHNL, encabezada por la Presidenta Olga Susana Méndez Arellano, dirigió el documento a la Titular de la dependencia estatal, María de los Ángeles Errisúrriz Alarcón, en seguimiento a las propuestas de personas sordas y personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que participaron en los conversatorios y eventos del último semestre del año pasado.

“Le hago un atento y respetuoso exhorto, a fin de implementar las medidas necesarias y pertinentes para dar cumplimiento con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de la autoridad educativa estatal de diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana”, menciona el escrito.

La institución refiere que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que, para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el derecho a la accesibilidad, las autoridades deben adoptar las medidas pertinentes para ofrecer formas de asistencia humana, como son los servicios de interpretación de lengua de señas, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

El exhorto señala, además, que todas las decisiones que afecten a este grupo poblacional deben contemplar la celebración de consultas estrechas y la colaboración activa con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Actualmente, existen alrededor de 40 intérpretes certificados en el País, por el Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, alrededor de 43 mil 160 personas en Nuevo León viven con alguna discapacidad para oír y 37 mil 435 para hablar o comunicarse.

Proponen reformar artículo 2 de la Constitución de NL

Para fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la población afromexicana, que habitan en Nuevo León, el Grupo Legislativo del PRI, a través del Diputado Marco Decanini propuso reformar el artículo 2 de la Constitución local.

Al entregar la propuesta en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, el priista manifestó que se busca promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, para lo cual el Estado y los Municipios deberán establecer las instituciones y generar las políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos y el desarrollo integral de sus pueblos.

“Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de fortalecer su economía y mejorar sus condiciones de vida, mediante acciones coordinadas entre el Estado y el Municipio”, puntualizó Decanini.

“Se busca la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria”, agregó.

El también Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en el Congreso informó que en Nuevo León radican, aproximadamente, 159 mil 873 mujeres y hombres indígenas. A la par, el CONEVAL señala que uno de cada cuatro personas indígenas se encuentra en situación de pobreza extrema.

“Es necesario apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización”, añadió.

Igualmente, Decanini precisó que es prudente que Constitución local reconozca la existencia y proteja a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado, por lo que la iniciativa busca garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.