Reconoce además responsabilidad social de empresas

Al destacar la labor del equipo multidisciplinario del Centro Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente de DIF Guadalupe, Tomás Montoya, reconoció la responsabilidad social de las empresas que se suman en pro de quienes asisten a clases de educación especial.

Tras sumarse a la celebración por el Día del Niño, Montoya mencionó que, a través del Voluntariado del DIF, que preside Daniela Zavala, se logró que la empresa Magna Mirror Systems compartiera un festejo para niñas y niños de la Unidad Básica de Rehabilitación en Valle Soleado.

“El SIPINNA Guadalupe atiende inmediatamente, con un equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, abogados y doctores, los casos de vulneración de los derechos de un niño y orientan a los papás, ya que lo más importante es lograr el acercamiento con las familias, porque los niños tienen el derecho a crecer en familia”, comentó.

En Guadalupe, reiteró Montoya, se trabaja para que los derechos de niños al esparcimiento, la educación, salud, identidad y crecer en un ambiente libre de violencia, estén a salvo, y en caso de detectar casos de vulneración o maltrato lo pueden reportar al 81-4040 9000.

Adicionalmente, Montoya, externó a los usuarios de la Unidad Básica de Rehabilitación, la proyección que tiene la Presidenta Municipal de ampliar la infraestructura del DIF en la colonia Valle Soleado, a fin de brindar más servicios y atención a las familias.

Montoya, agradeció la solidaridad de la empresa Magna Mirror Systems y de la iniciativa privada en general por sumarse para celebrar a la niñez de Guadalupe.

Afianzan protocolos para la defensa de los derechos de la niñez

Ante la problemática de maltrato infantil, el Gobierno de Guadalupe afianza los protocolos para la defensa de los derechos de la niñez a fin de detectar, atender y canalizar la vulneración de sus derechos oportunamente.

La Alcaldesa Cristina Díaz y el Presidente del DIF, Tomás Montoya, convocaron a los integrantes del SIPINNA Guadalupe a intensificar los trabajos y establecer una política más humanista cuyo objetivo sea construir la paz en los hogares, por el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Durante la última Sesión virtual del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Díaz informó que en Guadalupe se tiene un registro de 357 casos de maltrato infantil en este año 2020.

“Este número de casos de maltrato infantil nos alerta a todos para trabajar mucho más para combatir este flagelo que afecta la infancia y la adolescencia de Guadalupe”, consideró.

Dicha problemática social, dijo, se recrudeció a partir de marzo con el incremento de la violencia familiar, derivado del aislamiento social por la pandemia del Covid-19, por lo que Guadalupe se sumó a la aplicación de protocolos para la defensa de los derechos de la niñez.

Díaz destacó la intervención de la policía municipal para combatir el maltrato infantil, que en coordinación con el Programa de Atención y Prevención del Trabajo Infantil (PAPTI), abordan a niñas y niños que trabajan en la calle o en cruceros.

Con el establecimiento del Juzgado Cívico Municipal, detalló, se atiende la conducta de adolescentes infractores y, quienes tienen conflictos con la ley, se busca la forma de integrarlos a su familia y a la comunidad con una actitud sana.

En momentos tan complejos, comunicó Díaz Salazar, se han atendido a más 3 mil 800 personas, en los últimos 24 meses, a través del área de psicología de la Coordinación de Fortalecimiento a la Parentalidad.

Por su parte, el Presidente del DIF, Tomás Montoya, informó que se hará una promoción intensiva de los derechos de NNA, a fin de garantizar el derecho y acceso a la educación.

Montoya destacó el trabajo del Centro Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CINNA), pionero en brindar el servicio de paidopsiquiatría y, que cuenta con una Cabina de Denuncia Virtual de la Fiscalía General de Justicia, que atiende a víctimas de algún delito.

El modelo de atención del Centro, subrayó, es reconocido internacionalmente por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF).

“La UNICEF estuvo reproduciendo en todas sus plataformas oficiales, el material que propuso el SIPINNA Guadalupe, incluso lo ha puesto como un modelo a seguir y, eso es algo que nos llena de orgullo”, expresó.

Participaron en la reunión, Thelma Flores, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Estatal; Jesús Martínez, representante del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León; Claudia Hernández, Directora del DIF, Marisela González, Defensora Municipal; Cecilia Ortiz, paidopsiquiatra del CINNA y Domingo Gatica, Coordinador de Fortalecimiento a la Parentalidad en Guadalupe.

Emite CEDH recomendación a la dependencia estatal

Por actos en los que se acreditaron violaciones a los derechos de la Niñez y a una Educación Libre de Violencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió la Recomendación 22/2018, dirigida a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.

La Presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, señaló que las investigaciones que se hicieron en 6 expedientes de queja acumulados en dicha Recomendación, revelaron la omisión de personal de la citada dependencia estatal, al no adoptar medidas de supervisión y prevención, en perjuicio de la comunidad educativa.

“La autoridad faltó a su deber de supervisar un plantel particular y a su deber de velar por la seguridad en planteles educativos”, sostuvo.

Velasco Becerra detalló que uno de los casos agrupados en la resolución, es el suscitado en un colegio privado al sur de Monterrey, en el que un alumno disparó en contra de estudiantes y una docente; así como el ocurrido en una secundaria del Municipio de San Nicolás, donde un alumno atacó a una maestra con un cuchillo; además del registrado a fuera de un Conalep del Municipio de Monterrey, en el cual un estudiante agredió a otro compañero con arma blanca, causándole la muerte.

Añadió que otros de los casos fue el sucedido en una secundaria de Guadalupe, en el que una alumna agredió a un profesor con una navaja; el de un niño de 11 años que perdió la vida, por un disparo accidental de un arma de fuego de una compañera, en el municipio de Cadereyta; y el último en el que un alumno de una escuela de Guadalupe por redes sociales emitió amenazas con desatar una balacera.

Acreditándose en cinco casos la introducción de armas de distintos tipos por parte del alumnado, sin que las autoridades escolares se percataran de ello, teniendo como consecuencia la pérdida de la vida de cuatro personas, así como de seis personas lesionadas.

Se concluyó que cinco de los incidentes se registraron en horarios escolares y otro a la hora de la salida, pero en el exterior del plantel, lo que evidenció una falta de adopción de medidas eficaces para evitar exponer a riesgos a las y los estudiantes, así como al personal docente, mientras se encontraban en los planteles educativos, lo que implica descuido o trato negligente por parte de la autoridad.

La comunidad educativa tiene derecho a una vida libre de violencia, esto implica una garantía de debida diligencia por parte de las autoridades del Estado, lo que se traduce en la adopción de respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables, pues la seguridad de las y los estudiantes en los centros escolares es una base fundamental para ejercer el derecho a la educación.

En todos los casos el Centro de Atención a Víctimas de esta Comisión, brindó atención psicológica al alumnado, al personal docente, así como a los padres y madres de familia.

Recomendándose que se instruya al personal competente para que en cada uno de los planteles educativos en los que fueron acreditadas violaciones a derechos humanos, se implementen los Programas de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y se conformen Brigadas Escolares; se dispongan en los planteles educativos involucrados, buzones de denuncia anónima accesibles para el alumnado, con el compromiso de dar seguimiento a las mismas por parte de las autoridades educativas y se informe al alumnado de sus derechos y obligaciones conforme a las disposiciones normativas aplicables, en relación con la prevención, atención y erradicación del acoso y la violencia escolar.

Además se elaboren e implementen mecanismos no violentos de solución de conflictos en los que se involucren a madres, padres y tutores; se inicien los procedimientos de investigación para deslindar las responsabilidades administrativas del personal involucrado; se brinde capacitación en temas de derechos humanos, sobre la obligatoriedad de la observancia del principio del interés superior de la niñez y se colabore en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.