Pide coordinación interinstitucional en búsqueda de personas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León conmemoró los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Esta Ley ha marcado un antes y un después, dado que a raíz de su promulgación se establecieron los tipos penales correspondientes, se creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como las Comisiones de Búsqueda de Personas (tanto a nivel nacional, como en las Entidades Federativas), el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la participación social de los familiares, entre otros aspectos destacables.

Este organismo considera que, en un Estado Constitucional de Derecho, resulta primordial la existencia de los mecanismos normativos que doten de efectividad material a los derechos humanos de las personas, pero también es preciso contar con una estrecha coordinación interinstitucional, con suficientes recursos y acciones preventivas y proactivas, regidas por el único interés de lograr la reparación integral de los daños que han sufrido las víctimas de estos lamentables hechos.

Nuevo León ha ocupado, durante muchos años, los primeros lugares en el número de personas desaparecidas. Es por eso que esta Comisión hace un atento exhorto a las instituciones involucradas para llevar a cabo todos aquellos mecanismos que permitan concluir, lo más rápidamente posible y de manera satisfactoria, las carpetas de investigación, realizar la entrega digna de los cuerpos de las personas que han desaparecido y han sido identificadas, así como establecer protocolos que fortalezcan la seguridad ciudadana de las personas que habitan o transitan en nuestra entidad federativa.

Finalmente, dado que el 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, esta será una herramienta adicional que abonará, significativamente, a lograr la mayor protección de los derechos humanos en esta delicada materia.

Acata recomendación de CEDH; caso es de gestión anterior

La administración municipal de Santa Catarina, encabezada por el Alcalde Víctor Pérez Díaz, dio una disculpa pública a las familias que han sido víctimas del delito, tras la desaparición forzada cometida  aparentemente por elementos de Seguridad Pública Municipal, esto tras la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El motivo es el supuesto involucramiento de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Catarina, en la desaparición de dos personas durante la pasada administración.

“Nos hemos apegado estrictamente a la normativa establecida por las pruebas de confianza, para reclutar a cualquier elemento en el cuerpo de policía, lo anterior, para que en suelo santacatarinense no acontezcan hechos tan lamentables como la desaparición forzada de dos muchachos trabajadores”, mencionó Pérez Díaz.

“Así que a nombre del Republicano Ayuntamiento de Santa Catarina les pido disculpas”, dijo el Alcalde a los familiares de las víctimas y en presencia de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Aunque el hecho se suscitó fuera del mandato de Pérez Díaz, el Gobierno del Municipio asumió la responsabilidad de disculparse ante los deudos.

Ante esto, el Edil expresó que una de las prioridades de su administración, es la depuración de los elementos de Policía y Tránsito.

“Somos una de las corporaciones que han sido más revisadas, y esto ha sido un criterio que yo establecí desde el principio de la administración”, dijo.

“Nosotros estamos continuamente haciendo revisiones de los policías y tránsitos, para que no se repitan sucesos como los que acabamos de mencionar y pedir disculpas”.

Según los estándares que se siguen, esta depuración garantiza a los ciudadanos que los elementos policiacos que están sirviendo son personas de confianza.

“Ahorita la parte más importante es cubrir y darle certeza a las familias de las personas que están desaparecidas, lo que vamos a plantear es un acuerdo ante el Cabildo para ver de qué manera podemos proteger sobre todo la educación, la salud y la manutención de los niños y jóvenes que se quedaron en la orfandad”, expresó el Munícipe.

Por su parte, Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDH, expresó que al acatar la denuncia interpuesta por la Comisión y pedir disculpas, es como un reconocimiento de satisfacción que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha exigido.

“Son sentencias obligatorias para México, que cumpla con las disculpas y el reconocimiento de las responsabilidades.

“Es obligatorio que la autoridad haga esa disculpa y ese reconocimiento”, señaló Martínez Garza.

Ante algunas presiones para que se busque la aprobación durante el Periodo Extraordinario del Congreso Local, del delito de la desaparición forzada, el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, César Garza Villarreal, dijo que se buscarán consensos y adecuaciones a la ley para que no se convierta en un problema posteriormente.

“Podría ser un delito que en lugar de estimular la liberación del detenido, a quien se le viola las garantías, propicie o estimule su desaparición definitiva, y ahí hay una trampa que tenemos que analizar”, dijo Garza Villarreal, al reiterar que no se dejarán llevar por las presiones de los familiares que han sufrido por el delito de desaparición forzada.

El legislador local reiteró que aunque la desaparición forzada aún se encuentre sin ser tipificado, existen castigos para los delincuentes por medio de la privación ilegal de la libertad, que actualmente se impone una pena de hasta 60 años, misma que se tiene contemplada para dicho delito.

“Tiene aspectos técnicos y delicados, no le damos la espalda ni el carpetazo, pero quiero ser muy claro, no estaremos actuando con ninguna presión”, puntualizó el Diputado del PRI y agregó que “hay argumentos técnicos, por lo que se oponen a que se dictamine este delito”.

César Garza indicó que con esto buscan la unión de los afectados y promotores de la reforma, así mismo, agregó que se busca el consenso para poder aportar al sistema de justicia penal.

“Lo importante es que el tema unifique a todos los protagonistas y haya consenso, que será aporte para sistema penal y no un artículo que genere contrasentidos y confusiones que lejos de ayudar empeore la situación.

“Yo considero que es de los asuntos delicados que más que procesarlos rápidos, hay que procesarlos bien, no importa que no lo logremos sacar en este o en el siguiente periodo extraordinario, o en el próximo periodo ordinario”, mencionó el legislador.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, realizó su tercera mesa de trabajo en relación a la desaparición forzada de persona, en la que se presentó el proyecto de Decreto de reforma al Código Penal, para hacer los cambios necesarios y tener una redacción final.

“Estamos muy cerca de obtener la redacción de un nuevo capítulo que viene a responder la conducta criminal que no estaba debidamente tipificada y sancionada en nuestro código, que es la desaparición forzada de personas”, dijo César Garza Villarreal, Presidente de la mencionada comisión, quien dio lectura a la propuesta de Decreto en el cual se pretende tipificar el delito de la Desaparición Forzada de Persona en el Estado.

Este delito quedaría tipificado en el Código Penal para el fuero común y aplicaría contra servidores públicos estatales y municipales, el cual incluirá tres elementos fundamentales que son: Privación de la libertad, detención de la persona, lícita o ilícita y ocultamiento de la persona con el propósito de evitarle la protección de la ley.

La sanción que se está previendo para este delito de 25 a 60 años, esto es una sanción similar a la que se le da al delito de secuestro, que es el delito con mayor sanción en el Código Penal y será un delito de carácter autónomo.

 ”Nosotros creemos que lo que estamos haciendo nos permitiría decir que seríamos uno de los Estados de la República con una regulación más completa sobre el delito de desaparición forzada de persona”, dijo Garza Villarreal y agregó que “se acumulan a este delito todo el resto de conductas criminales que se realicen sobre la víctima”.

Con estas mesas de trabajo se pretende que la redacción se ajuste a los requerimientos que se han pactado en las convenciones internacionales, en las que ha participado el País, a través de la ONU.

Por su parte, Alan García, Director Jurídico de la ONU en México, resaltó la apertura y disponibilidad del Congreso del Estado para recibir la asistencia y cooperación técnica de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Estamos viendo un proceso deliberativo, participativo, democrático, consultivo y abierto, que pretende recoger las principales y mejores prácticas detectadas a nivel internacional”, señaló García.

Enfatizó que este proyecto está muy cerca de alcanzar los mejores niveles de los estándares internacionales y, que en la medida en que se mantenga la voluntad política de apertura y disposición de escuchar a los organismos de la sociedad civil, se podría ir anticipando una legislación verdaderamente avanzada.

“Desde la Oficina de las Naciones Unidas pensamos que los principales elementos ya están contenidos en la propuesta que hoy tenemos y es necesario afinarla, fortalecerla y depurarla, en este proceso de filtración al que nos han convocado”, puntualizó.

En esta mesa de trabajo, además de contar con la presencia del Director Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, asistió el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, Alfonso Verde Cuenca, así como la Hermana Consuelo Morales, Directora de CADHAC, integrantes de la asociación de ex alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Colegio de Abogados Regiomontano y se espera que quede lista la reforma que se presentará al pleno en los próximos días.

César Garza Villarreal, señaló la importancia de establecer como delito la desaparición forzada.

Analizan sanciones severas contra servidores públicos

Para castigar a los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada de personas, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado llevó a cabo su segunda mesa de trabajo, en la que además fueron abordados otros temas.

El Diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión, explicó que esta acción se realiza por servidores públicos, material o intelectualmente, cuando una persona es detenida, negando el hecho, delito que va en aumento por la situación que vive el Estado.

“Es el delito que comenten los servidores públicos, cuando en esta lucha con la delincuencia que se está librando se detiene a una persona y se desaparece, es un delito que está constituido en las garantías de la reforma constitucional de este año en materia de derechos humanos, y las Legislaturas de los Estados debemos de avocarnos a tipificar el delito de desaparición forzada de personas”, dijo el Diputado Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Señaló, que de prosperar estos trabajos, Nuevo León tendría esta herramienta que consagra la Constitución Federal, en donde se contempla castigar a los funcionarios públicos de cualquier rango que participen en la desaparición de personas, sin importar si la persona desaparecida sea un delincuente.

“Estos trabajos tendrían esta herramienta que consagra ahora nuestra constitución que es la desaparición forzada de personas”, dijo César Garza y añadió que “en la iniciativa que estamos estudiando se establecen penas de 45 a 60 años, siendo un delito equiparable al del secuestro y con un agravante más, cometido por autoridades”.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública analizó el tema de los taxis piratas.

Subrayó que se encuentran en fase inicial, y que la Comisión estará atenta para recibir la iniciativa del Ejecutivo para procesar las que ya se tienen, afinarlas y lograr la mejor redacción para que el Estado tenga un código moderno.

Así mismo, dentro de la mesa se trataron temas con relación a los delitos de robo de vehículo con violencia y taxis piratas, los cuales requerirán seguir con su análisis, puesto que aún queda establecer acuerdos en tiempos de sanciones.

Se avanzó en el análisis de la iniciativa sobre taxis piratas, en el que se sancionan ciertas conductas, tales como: Prestar el servicio de taxi en un vehículo que no tiene concesión, es decir, taxi pirata; ser chofer de un taxi y no tener licencia especial para realizar esa función; el rentar un taxi a un chofer que no tiene licencia; agrupar a personas, con el propósito de incitar a prestar un servicio de taxi sin concesión.

En la iniciativa que el Ejecutivo propone, se establece como parte de la sanción de la pena, la revocación de la o las concesiones que le hayan sido otorgadas al concesionario al momento de cometerse un delito con el vehículo.

El tema relativo a las licencias de conducir quedó reservado para su posterior estudio con los promoventes de la iniciativa.

En relación a la iniciativa en materia de robo de vehículos con violencia, se acordó la necesidad de aumentar las penas a quien cometa este tipo de delitos.

Actualmente, el Código establece sanciones que van desde los 6 a 12 años, por lo que se propone con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, aumentar la pena 20 a 50 años o doblegar las sanciones actuales.

Garza Villarreal mencionó que, en primera instancia, la opinión de la Comisión es mantener el criterio de la iniciativa, pero que en una próxima reunión serán vertidos los argumentos a favor y en contra de esta propuesta.

“Creemos que el dictamen está practícame concluido, solamente nos falta afinar, el sostener como propone la iniciativa del Gobernador la pena en el rango de 20 a 50 años, en tanto que unos expertos en la materia están sugiriéndonos, a fin de armonizar las penas con la gravedad de la conducta con el resto del código, se debe de duplicar la sanción actual para quedar de 12 a 24”, puntualizó el legislador.

Finalmente comentó que los dictámenes en materia de taxis piratas, corrupción de menores, robo calificado de vehículos y las reformas a la Defensoría Pública; se llevarán al Pleno durante la realización del Periodo Extraordinario.