Cumple recomendación emitida hace 11 años por la CNDH

En cumplimiento a la recomendación emitida hace 11 años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ofrecer disculpas públicas a los deudos de las víctimas del Casino Royale, este miércoles, el Gobierno de Monterrey saldó la deuda histórica con las familias afectadas por aquel atentado.

El Presidente Municipal, Luis Donaldo Colosio Riojas, junto a representantes de las autoridades federales y estatales, pidió perdón:

“El gobierno les debe perdón mil veces: Perdón, porque no se investigó para saber la verdad y miraron a otro lado; perdón, porque no se siguieron a los culpables y los dejaron libres; perdón, porque no se les dio la cara a ustedes, porque se les escondieron, y eso es una falta de respeto y de insensibilidad de todo gobernante.

“Hoy, a 11 años, aunque muy tarde, a nombre de la Ciudad de Monterrey, y del mío propio les pido de corazón: perdón”, les dijo el Munícipe.

El 25 de agosto de 2011, esta ciudad vivió uno de los hechos más lamentables de su historia: el atentado al Casino Royale, donde 52 personas perdieron la vida, hecho que será recordado por su crueldad, y por la insuficiencia de las autoridades para garantizar justicia, reparación del daño y la no repetición.

Por parte del gobierno federal asistió Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población; y del Estado, Javier Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno de Nuevo León; además de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas; así como Samara Pérez Muñiz y Lorena Guadalupe Garza Vela, representación de las víctimas del Casino Royale y de sus familias.

En seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se señalaron de forma oficial las violaciones a los derechos humanos presentadas en su momento como al derecho a la seguridad jurídica, el agravio a la integridad, a la seguridad personal y a la vida.

Así mismo, se mencionaron las omisiones cometidas por el Ayuntamiento de Monterrey y el Estado de Nuevo León de ese entonces, por ejemplo, el hecho que el Casino Royale no contaba con una ruta de evacuación señalizada y libre de obstáculos; que no se tuvieron señalamientos suficientes para indicar extintores, ni detectores de humo o hidratantes; además, las puertas de acceso a clientes o de uso personal no cumplían con la normativa vigente.

“El Gobierno falló. El Casino Royale, sus víctimas y ustedes sus familiares son el vergonzoso símbolo del daño que las autoridades irresponsables ocasionan cuando se le da la espalda a la gente. Un pesado recuerdo de injusticia y de dolor. Es el aviso de lo que nunca debe volver a pasar. Una mancha que quedará para siempre en la historia de nuestra ciudad, esto no se borra, esto no se olvida, al contrario: esto se recuerda para siempre y para siempre se aprende.

“Por eso hoy no puede ser un acto más; no se trata de un memorial no se trata de discursos bonitos, se trata de reconocer que once años de silencio e indiferencia son demasiados, pero también se trata de que nos sirva para que nunca jamás olvidemos: el gobierno debe de siempre caminar junto a la gente; el funcionario no puede más que servir a las personas, porque sin la gente, si no es por ustedes, si no es para la gente, no tiene sentido ocupar ningún un cargo”, reconoció Colosio Riojas.

La actual autoridad local asumió la responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y atribuciones en materia de protección civil, comprometiéndose a mejorar la inspección y vigilancia en todos los establecimientos que operan actualmente en la ciudad.

En particular, el Gobierno de Monterrey inició desde el año pasado, reuniones con los familiares de las víctimas a raíz de que se retiró un memorial que habían instalado frente al lugar de la tragedia.

La Secretaría del Ayuntamiento reconoció el impacto de los acontecimientos, el significado del monumento y la importancia de trabajar a favor de la paz.

Ante esto, se comprometió a contribuir en una parte de la reparación del daño participando en las disculpas públicas y apoyando la construcción de un nuevo memorial.

Desafía a Diputados locales, acude a recinto legislativo

Pese a ser considerado como persona “non grata” en Nuevo León, el Diputado Federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acudió al Congreso del Estado para hacer un llamado a la tolerancia a la libertad de opiniones, además de exigir a los legisladores del PAN una disculpa pública.

A su llegada al recinto legislativo y en rueda de prensa Fernández Noroña reconoció en una primera instancia la aportación realizada por Eugenio Garza Sada, sin embargo, sostuvo su admiración a los jóvenes que participaron en el asesinato del empresario regiomontano.

Al considerar que los legisladores locales en Nuevo León atentaron en contra de su libertad de expresión y por la campaña de difamación que emprendieron en su contra, solicitó que se le revoque el nombramiento de persona “non grata”.

“Yo esperaría que cerremos este capítulo de manera sensata y civilizada, el Congreso de Nuevo León pretende que yo me disculpe y yo vengo a decir aquí que exijo una disculpa pública de ellos, quien me agravió, quien buscó difamarme, quien está haciendo una campaña de linchamiento es este Poder y son ellos quien debe de disculparse”, indicó.

Fernández Noroña precisó que antepondría un amparo en el Poder Judicial de la Federación para dar revés a lo que aprobó el Poder Legislativo la semana pasada, por ser ilegal y arbitrario, además de que no tiene las facultades de dictaminar quien es o no grato.

Durante la rueda de prensa ofrecida por el Diputado del PT, un grupo de simpatizantes así como de opositores que se postraron afuera del recinto oficial, se confrontaron a gritos y con pancartas.

De igual forma a la par de la entrevista, en el vestíbulo del Congreso se desarrolló la sesión de la Comisión Anticorrupción, espacio en donde Gerardo Fernández Noroña aprovechó para saludar a los legisladores presentes, ante la molestia de las Diputadas Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza.

Acata recomendación de CEDH; caso es de gestión anterior

La administración municipal de Santa Catarina, encabezada por el Alcalde Víctor Pérez Díaz, dio una disculpa pública a las familias que han sido víctimas del delito, tras la desaparición forzada cometida  aparentemente por elementos de Seguridad Pública Municipal, esto tras la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El motivo es el supuesto involucramiento de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Catarina, en la desaparición de dos personas durante la pasada administración.

“Nos hemos apegado estrictamente a la normativa establecida por las pruebas de confianza, para reclutar a cualquier elemento en el cuerpo de policía, lo anterior, para que en suelo santacatarinense no acontezcan hechos tan lamentables como la desaparición forzada de dos muchachos trabajadores”, mencionó Pérez Díaz.

“Así que a nombre del Republicano Ayuntamiento de Santa Catarina les pido disculpas”, dijo el Alcalde a los familiares de las víctimas y en presencia de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Aunque el hecho se suscitó fuera del mandato de Pérez Díaz, el Gobierno del Municipio asumió la responsabilidad de disculparse ante los deudos.

Ante esto, el Edil expresó que una de las prioridades de su administración, es la depuración de los elementos de Policía y Tránsito.

“Somos una de las corporaciones que han sido más revisadas, y esto ha sido un criterio que yo establecí desde el principio de la administración”, dijo.

“Nosotros estamos continuamente haciendo revisiones de los policías y tránsitos, para que no se repitan sucesos como los que acabamos de mencionar y pedir disculpas”.

Según los estándares que se siguen, esta depuración garantiza a los ciudadanos que los elementos policiacos que están sirviendo son personas de confianza.

“Ahorita la parte más importante es cubrir y darle certeza a las familias de las personas que están desaparecidas, lo que vamos a plantear es un acuerdo ante el Cabildo para ver de qué manera podemos proteger sobre todo la educación, la salud y la manutención de los niños y jóvenes que se quedaron en la orfandad”, expresó el Munícipe.

Por su parte, Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDH, expresó que al acatar la denuncia interpuesta por la Comisión y pedir disculpas, es como un reconocimiento de satisfacción que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha exigido.

“Son sentencias obligatorias para México, que cumpla con las disculpas y el reconocimiento de las responsabilidades.

“Es obligatorio que la autoridad haga esa disculpa y ese reconocimiento”, señaló Martínez Garza.