Al considerar que existen suficientes pruebas en su contra, la Juez de Control Yadira Baca Saucedo, determinó que la investigación por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción debe de continuar en contra de Rolando Zubirán Robert, por lo que decidió vincularlo a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.

En esta ocasión el ex Secretario de Desarrollo Económico en la Administración de Rodrigo Medina de la Cruz, fue vinculado por participar en el otorgamiento excesivo de incentivos a la empresa KIA Motors, a pesar de que en todo momento su defensa aseguró que estos incentivos que se dieron se encuentran fundamentados en base a las facultades que tenía su puesto y del Consejo de Inversión al que pertenecía.

Ante esto, el imputado indicó que lamentaba que la Juez se haya prestado al show orquestado por el Gobierno del Estado.

“Quiero manifestarle a la opinión pública que desgraciadamente he visto que la joven Juez se ha prestado para este show, interpreta la ley a su manera, pero les vuelvo a repetir y se los digo con toda claridad, pobre del pueblo de Nuevo León, porque aquí se mezcla la política con la justicia y eso termina con el Estado de Derecho”, señalo Zubirán al salir de la audiencia realizada el pasado sábado.

Por su parte, el Abogado Javier Coello Trajo, declaró que en esta audiencia el Gobierno le dio a la Juez los lineamientos a seguir, puesto que la resolución ya la traía impresa.

“Todo se lo dictaron, con todo respeto, yo no dudo de la Juez, es muy capaz, pero bueno es político y esto demuestra y en serio que me da tristeza que el Estado de Derecho no existe, el Gobierno del Estado interviene porque es el que está acusando”, precisó Coello Trajo.

Como medida cautelar el ahora vinculado debe presentarse una vez al mes ante la Juez, además se mantendrá el embargo precautorio de una de sus propiedades, así mismo, se fijó un plazo de cuatro meses para concluya la investigación y se decida si sigue o no el procedimiento.

Es importante decir que Rolando Zubirán es uno de los 11 ex servidores públicos que están siendo investigados dentro de la “Operación Tornado” que ha encabezado el Gobierno Independiente por el presunto desvío de recursos para dar incentivos superiores a la empresa KIA Motors, los cuales provocaron un daño patrimonial que asciende a los 3 mil 600 millones de pesos.