Reitera Vocero que expedientes están apegados a la legalidad

Bajo el argumento de que el Gobierno del Estado respeta el derecho a toda persona a defenderse, la Administración de Jaime Rodríguez Calderón, negó que exista una persecución política en contra de los funcionarios del anterior sexenio priista.

En rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, Aldo Fasci Zuazua, Vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, reiteró que el actual Gobierno estatal realizará todas las investigaciones y diligencias correspondientes para sancionar la conducta realizada por los ex servidores públicos que llevaron a que Isssteleón sufriera un quebranto en sus recursos.

Esta declaración de Fasci se da luego que Eduardo Bailey Elizondo, ex titular del referido organismo declarara en Durango, con amparo en mano, que estaba siendo víctima de una persecución política por parte del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, sosteniendo que era falso que existiera una orden de aprehensión en su contra por esa razón se retiró a su domicilio.

“No existe ninguna persecución política contra nadie, y precisar que en este caso (Isssteleón) no son las únicas personas involucradas, ni Eduardo Bailey, ni Pedro Morales”, señaló.

Fasci dio a conocer a los representantes de los medios de comunicación que el caso del Isssteleón deberá de llegar a sus últimas consecuencias para castigar el quebranto sufrido por este organismo, además dejó entrever que existen más involucrados en este expediente.

“El expediente no se ha terminado aún, y se tendrá que llegar a sus últimas consecuencias por la razón de que hay una pérdida, un menoscabo en el patrimonio de Isssteleón, quien es depositario del dinero de miles de trabajadores del Estado. Esto todavía no termina, apenas está iniciando”.

De acuerdo con el Vocero del Gobierno, la suspensión obtenida por Bailey le permitirá conocer a fondo la realidad del caso por el que se le giró la orden de aprehensión, misma que reiteró, se encuentra ajustada a derecho.

Además, negó que se le haya privado de su derecho de audiencia, puesto que con anterioridad el ex titular del Isssteleón ya había acudido a rendir su declaración en relación a este caso.

Insistió que son casi 400 millones de pesos lo que fueron objeto del perjuicio en contra del organismo y eso es lo que se está investigando por parte de las actuales autoridades hasta llegar a sus últimas consecuencias.

“Hay un quebranto, hay un dinero que ya no existe, casi 400 millones de pesos que eran de los trabajadores y ya no están, y eso tenemos que investigarlo”, puntualizó.

“Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para aclararlo, porque no es válido que tanto dinero que pertenecía a los trabajadores y que ahora Isssteleón tiene que reponer, se desaparezca”.

Por último, Fasci dio a conocer que las fallas que se originaron por parte de las autoridades de Durango y que provocaron la fuga de Bailey Elizondo, ya son investigadas por la Fiscalía General de esa entidad.

Además deberán cubrir más de 200 mdp por daño causado al erario

Al comprobarse irregularidades cometidas en la gestión pública por parte de seis ex funcionarios de la Administración anterior, la Contraloría General del Estado, encabezada por Nora Elia Cantú, informó que se les impuso una sanción de 10 años de inhabilitación y pago de 210 millones de pesos, para resarcir el daño causado por otorgar incentivos económicos y realizar pagos irregulares a proveedores.

Estos ex servidores públicos formaron parte de las Secretarías de Finanzas y Tesorería General, Obras Públicas y Desarrollo Económico, además de las Direcciones de Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Desarrollo Agropecuario y el Sistema de Caminos de Nuevo León.

Los ex funcionarios que fueron inhabilitados y que se desempeñaron en el Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, son los siguientes:

Rodolfo Gómez Acosta, ex Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

Luis Marroquín Salazar, ex Secretario de Obras Públicas.

Rolando Zubirán Robert, ex Secretario de Desarrollo Económico.

Ramón Villagómez Guerrero, ex Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.

Juan Livas Cantú, ex Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.

Víctor Martínez Trujillo, ex Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.

Cantú detalló que a los cinco primeros de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos, mientras que Víctor Martínez Trujillo tendrá que pagar 12 millones 900 mil pesos.

Cabe mencionar que la Contraloría Estatal ha integrado 117 casos, de los cuales 42 son investigados; en 28 se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, y en 47 se advierte presunta responsabilidad penal, por lo que ya fueron hechas las denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.

Así mismo, la dependencia estatal informó que se estarán ejecutando  acciones conducentes para recuperar los pagos hechos a diversas empresas constructoras, por considerarse no amortizados, duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas.

En una primera etapa, la recuperación asciende aproximadamente a 28 millones de pesos.

Además existen 16 casos en investigación donde se advierte presunta responsabilidad administrativa cometida por funcionarios públicos de las Secretarías de Finanzas, General de Gobierno, Desarrollo Económico y del Trabajo, además de  Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

La Contralora informó que en las próximas semanas se dictarán más resoluciones en contra de otros funcionarios de la Administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

Aunque ya no estén en el cargo deberán pagar créditos a la Tesorería

Al no acatar las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, tres ex funcionarios del municipio de Melchor Ocampo fueron sancionados por la CTAINL.

Con una multa de cuatro mil 58 pesos, fue castigada la ex regidora María Silveria González Ramos, al no entregar información relacionada a los trabajos asignados a la regiduría que ocupó y además se le ordenó al actual Alcalde cumplir con la resolución de la Comisión de entregar la información solicitada por el interesado.

También por incumplir una sentencia se sancionó con 4 mil 431 pesos a Rosa Elvia Ramos García y a María Yolanda García López, quienes se desempeñaron como Alcaldesa y Tesorera de Melchor Ocampo en la pasada administración municipal. A las funcionarias se les solicitó copia certificada de un expediente de licitaciones el cual no ha sido entregado.

Finalmente, Gerardo Eugenio Guerrero Gutiérrez, ex Alcalde de Villaldama, también fue multado con seis mil 203 pesos por incumplir la sentencia de entregar la información referente a la nómina de su administración, por el periodo de junio a diciembre del 2011.

Guillermo Mijares Torres, Comisionado Presidente de la CTAINL, explicó que a pesar de ya no ostentar el cargo, los ex funcionarios deben liquidar las multas, además de que los actuales Sujetos Obligados en cuestión deben entregar la información que mencionan los inconformes.

“Eso no les quita la responsabilidad para el efecto, uno de entregar la información y dos de pagar la multa a través de la Tesorería del Estado. Las sanciones impuestas por esta Comisión deben pagarlas de su bolsillo, de tal manera que estén donde estén, como es un crédito fiscal que se persigue de acuerdo con la Ley, la Tesorería tiene su procedimiento para este efecto y aplican la multa directamente a la persona, aunque ya no estén en funciones”, concluyó.

Lo anterior se resolvió durante la 19ª Sesión Ordinaria de la CTAINL, en donde se atendieron seis casos más, los cuales cuatro fueron sobreseídos, en uno de ellos se confirmó la respuesta de la autoridad; y por último, se aprobó la formalización de un convenio de colaboración con el municipio de Los Ramones, mismo que se realizará en los próximos días en la sede la CTAINL.