Advierten que se abusa de la figura de las órdenes de protección

Con el fin de brindar una protección anticipada en posibles conductas de violencia familiar en menores, la Diputada Local del Grupo Legislativo del PRI, Alhinna Vargas García propuso reformar el Código Civil y al Código Penal del Estado, para sancionar a cualquiera de los progenitores que incurren con falsedad en las declaraciones solo por perjudicar a algunos de los cónyuges.

Al entregar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso Local, la legisladora explicó que la protección de la familia y de sus integrantes, en especial en los menores, está plasmada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el primer artículo de la Carta Magna local y el derecho de los menores de edad a la convivencia familiar está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución federal y en el tercero de la Constitución de Nuevo León.

“Es una práctica común brindar órdenes de protección de manera anticipada a una determinación judicial, cuando existe el temor fundado de una agresión en el seno familiar por alguno de los cónyuges”, dijo.

“Para brindar una protección anticipada a posibles conductas de violencia familiar, ya que se conceden a partir de la manifestación unilateral del o la solicitante, a lo que el juzgador, bajo el principio de buena fe procesal y de urgencia, se otorga las órdenes de protección”, añadió Vargas García.

Además, mencionó que las órdenes de protección anticipada son concedidas por el Juez a partir de la petición del o la solicitante, y de acuerdo a lo que decida el juzgador se brindará protección al menor.

“Lamentablemente, en muchos casos se ha abusado en el uso de estas figuras, pues es cada vez más evidente que los hechos expuestos para solicitarlas, son exagerados o lo que es más grave, son hechos inexistentes o falsos, que se aducen con el único fin de causar daño a uno de los cónyuges, para así obtener un resultado indebido con relación a la custodia, convivencia y pensión alimentaria de personas menores de edad; lo que deriva en una violación al interés superior del menor”, detalló la Diputada priista.

“En la iniciativa que presento se establece que las órdenes de protección y otras medidas relacionadas, podrán quedar sin efectos si se prueba la falsedad en las declaraciones vertidas; y como consecuencia, de la comisión de ese delito, se perdería el derecho de ejercer la patria potestad”, finalizó Vargas García.