Urge triplicar la pena en cuando víctimas sean menores de edad

La Vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentará diversas iniciativas para homologar Leyes y Códigos locales a fin de promover la reparación integral de los feminicidios en la entidad, del mismo modo que se hace a nivel federal.

Para ello, Pámanes promueve armonizar el Código Penal local, así como la Ley de Seguridad Pública estatal, La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas de Nuevo León, con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de abril del presente año.

Entre lo más destacado, Pámanes explicó que, con la propuesta, las sanciones por feminicidios se elevarán hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor, o que presente algún tipo de discapacidad.

Cabe destacar que actualmente el feminicidio se castiga en Nuevo León con una pena de 40 a 60 años de prisión.

La urgencia de esta iniciativa corresponde a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del año anterior, cuatro entidades sumaron el 40 por ciento de los feminicidios, entre ellos, Nuevo León.

“Consideramos que es indispensable y urgente legislar en materia de la violencia feminicida, especialmente para su prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño, puesto que esto promoverá la sensibilización de este problema”, dijo la Vicecoordinadora de la Bancada Naranja.

“Es importante señalar que los esfuerzos para prevenir, atender y sancionar el feminicidio, no han sido pocos, que en el país se ha trabajado de forma constante en búsqueda de una solución viable que erradique la violencia feminicida”.

Además de elevar la pena en los casos mencionados, la iniciativa también contempla la homologación en la Ley de Víctimas para, por ejemplo, incluir las disculpas públicas, así como el pago y el resarcimiento en la reparación integral.

A través de la Ley de Seguridad Pública, se busca la implementación de los sistemas de alerta y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas.

La homologación con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Pámanes impulsa la implementación de fiscalías especializadas de violencia contra las mujeres, y no solo en los casos de feminicidios.

Propone en iniciativa un Protocolo Estatal de Investigación

Sandra Pámanes, Vicecoordinadora de la Bancada Naranja, presentó una iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio estatal.

El objetivo, explicó la Vicecoordinadora, consiste en que los diferentes órdenes de gobierno tomen acciones efectivas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los feminicidios y los delitos vinculados en la entidad.

Por ejemplo, promueve la implementación de un Protocolo Estatal de Investigación de Feminicidios a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El Protocolo, detalló Pámanes, puntualiza, entre otras acciones, la realización de actos urgentes y diligencias previas a fin de preservar la escena de los hechos, el plan o programa metodológico de investigación de feminicidios, así como la búsqueda, identificación y documentación de signos e indicios para este tipo de delitos en los hallazgos de la autopsia.

“En el tema de feminicidios ha faltado legislación, ha faltado establecer reglas claras acerca de cómo debe procederse, que son aquellos mecanismos que se deben establecer desde la aplicación de la justicia para que esto no quede impune”, dijo.

“Esto es lo que estamos proponiendo, haciendo una similitud a lo que ya el Ministro presentó a nivel federal, que aún no ha sido aprobado también en la Cámara de Diputados, y en este caso nosotros queremos hacerlo a nivel estatal para poder lograr que esta problemática que lamentablemente padecemos todavía todas las mujeres, simplemente lleve un protocolo estricto, y se establece que la Fiscalía General del Estado es la que deberá implementar estos protocolos y la atención a víctimas”.

Cabe destacar que la nueva Ley consta de 71 artículos para combatir los feminicidios en el Estado.

Modificarían Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Pese a los esfuerzos realizados por el Congreso Local, los demás poderes y órdenes de gobierno para mejorar la situación de los feminicidios, esta no ha mejorado, por lo que el Grupo Legislativo del PRI, a través de la Diputada Alhinna Vargas García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se permita una reeducación a los agresores.

En entrevista, la Diputada priista explicó que la iniciativa consiste en buscar que se desarrolle un programa que sea propuesto y creado por expertos en Violencia a la Mujer, para que se le brinde atención especial de forma integral y transversal al agresor y de esa forma combatir el problema a raíz.

“Estamos presentando esta iniciativa que son adiciones y modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que estamos proponiendo es una reeducación de los agresores”, señaló.

Vargas García, mencionó que, con esta iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las instituciones públicas deben ser las principales en involucrarse para llevar a cabo el proceso de reeducación al hombre.

“Se pretende involucrar a todas las instituciones públicas que atienden a los hombres agresores de mujeres, a que inicien un proceso de reeducación para modificar su forma de ser a través de una nueva masculinidad, que deje de violentar a las mujeres con un enfoque integrado de respeto a los derechos humanos y que no ejerza ningún tipo de discriminación por causa de género, desactivando los mecanismos patriarcales de masculinidad hegemónica”, comentó.

Además, informó que el año pasado en México se registraron 1,288 delitos sexuales contra las mujeres y al mes de junio se registraron 991 delitos más, siendo considerada como la terrible cifra negra en delitos a la mujer y a lo que va del año en el Estado se han acumulado 35 feminicidios.

“Pese a los esfuerzos realizados por el Congreso y los demás poderes y órdenes de gobierno, la situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado, de acuerdo con las estadísticas que publica de manera mensual la Fiscalía General del Estado”, expresó.

“Los feminicidios en el País y en Nuevo León siguen creciendo. En México cada día mueren 11 mujeres de manera violenta, además de sumar a las mujeres que han perdido la vida de la misma manera, pero las fiscalías estatales deciden no clasificarla como feminicidio”, afirmó.

La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso Local por la Diputada Alhinna Vargas García, que estuvo acompañada de sus compañeros priistas: Ana González, Perla Villarreal, Gabriela Govea, Elsa Escobedo, Héctor García, Jesús Aguilar, Filiberto Flores, Ricardo Canavati y Julio Cantú.

Presenta Cienfuegos iniciativa de reforma al Código Penal del Estado

Con una multa de hasta 129 mil pesos, y sanciones que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel, es como el Grupo Legislativo del PRI busca que sean castigados quienes difundan fotografías o videos de mujeres víctimas de feminicidios.

Lo anterior, a través de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, presentada por su Coordinador, el Diputado Francisco Cienfuegos Martínez.

Durante la lectura de esta iniciativa, el líder de los priistas señaló que esta modificación que es una adición al artículo 331 Bis 7 al Código Penal del Estado de Nuevo León, fue motivado por el reciente caso Ingrid, ocurrido en la Ciudad de México en días recientes.

“En fechas recientes se difundieron imágenes de una mujer que fue mutilada, y esto debe de estar penado no existe en la Ley estatal, no existe a nivel federal, y todos los servidores públicos que hagan mal uso de su plataforma como servidor público deben de ser sancionados, los hechos tan lamentables como los acontecidos en días pasados no deben de pasar desapercibidos, como comunidad tendremos que actuar en consecuencia, estamos atendiendo esta iniciativa a petición de diversos grupos que demandan que este tipo de sanciones sean penadas”.

“Presentamos una iniciativa para que se sancione, inhabilite y puedan alcanzar hasta cárcel, aquellos servidores públicos que estén haciendo mal uso de las imágenes o material que tengan visual, de quien haya participado en una investigación de feminicidio”, expresó Cienfuegos Martínez.

Explicó, que el delito se aplicaría para cualquier integrante de corporación policiaca o de las instituciones de procuración de justicia, que son quienes realmente tienen acceso a este tipo de imágenes, si la comercializan, si la difunden, si hacen un trueque con esa imagen estarían incurriendo en el delito que pedimos que se establezca en el Código Penal. Se aplicará una sanción de 2 a 8 años de cárcel y se aplicará una multa de 500 a mil 500 UMAS.

Señaló, que la reforma es pertinente ya que desde el 2016, Nuevo León fue declarado en Alerta de Género, ya que lamentablemente, la entidad ocupa el 4º lugar a nivel nacional de feminicidios.

“Incluso la propuesta contempla un aumento de 50 por ciento en las sanciones si el feminicidio se cometió en contra de una niña o adolescente, estoy seguro que una vez presentada, la reforma será analizada a la brevedad en el Congreso”, agregó el legislador tricolor.

Propondrá GLPRI para responsables sanción de 2 a 8 años de prisión

Difundir imágenes de casos relacionados por el delito de feminicidio será motivo de cárcel e inhabilitación para los servidores públicos que cometan dicha conducta.

Así lo señaló el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, quien sostuvo que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

La sanción que se pretende establecer por estos hechos será de una pena de prisión de 2 a 8 años, así como una inhabilitación de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Esta iniciativa irá en contra de los servidores públicos de seguridad y de procuración de justicia que difundan fotografías o videos que muestren los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidios.

El líder de la bancada del PRI detalló que la reforma a presentar en próximos días ante el Pleno del Congreso del Estado adiciona un artículo 331 Bis 7 al Código Penal del Estado de Nuevo León, motivada por los hechos ocurridos en la Ciudad de México, en el caso Íngrid.

“Cualquier acto de violencia contra la mujer enoja, conmueve y nos hace actuar. El feminicidio reciente de Íngrid, ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no en vano que ya era una víctima, se le revictimizó al difundirse imágenes de su cuerpo, y esto, al igual que su asesinato, debe ser sancionado con penas ejemplares”, aseveró Cienfuegos.

“Al servidor público, miembro de una institución policiaca o de administración y procuración de justicia que reproduzca difunda, comparta, comercialice, oferte, intercambie, publique o exhiba imágenes, videos, audios o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal del delito de feminicidio, con personas ajenas a la investigación o proceso penal, se le impondrá una pena de prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas, así como inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, establece la sanción propuesta por el Coordinador del GLPRI.

Cienfuegos señaló que los Diputados del PRI, desde el primer día de la actual Legislatura, asumieron el compromiso de impulsar una Agenda Pro Mujeres, que las proteja, oriente y ayude.

“Las leyes deben ser preventivas, no reactivas, por lo que detectamos que en nuestra legislación local, incluso en la federal, no se contempla sanción alguna para el servidor público, que por el ejercicio de su encargo tiene acceso a información confidencial de las víctimas, y en el mal uso de ella, las difunda a un tercero, provocando que la mujer sea revictimizada de una manera atroz; lo anterior se debe prever en nuestro Código Penal y con ello inhibir la acción”, planteó el líder de los legisladores priistas.

“Incluso la propuesta contempla un aumento en las sanciones si el feminicidio se cometió en contra de una niña o adolescente, estoy seguro que una vez presentada la reforma, estará será analizada a la brevedad en el Congreso y pediremos opinión a las autoridades competentes para lograr un precepto legal que proteja a las víctimas”, agregó Cienfuegos.

El Coordinador del GLPRI recordó que, desde el 2016, Nuevo León fue declarado en Alerta de Género, ya que lamentablemente, la entidad ocupa el 4º lugar a nivel nacional de feminicidios.

“No queremos ni una muerta más, a través de estas reformas buscamos prevenir más violencia hacia las mujeres”, enfatizó Cienfuegos.

Desea Congreso conocer avances en cada caso que se investiga

El Congreso del Estado exhortó a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer informar de manera mensual los avances en cada uno de los casos de feminicidios que investiga.

El punto de acuerdo fue presentado por la Diputada Karina Barrón Perales, propuesta hecha por la propia legisladora y aprobado por unanimidad, el cual también hace un llamado al Consejo de la Judicatura del Estado, para que revise con especial atención la actuación de los jueces cuando exista denuncias contra éstos, y se trate de casos de Feminicidios y casos de violencia contra la mujer.

Con esto se busca evitar casos como el de Abril Pérez Sagaón, la sampetrina asesinada en Ciudad de México y quién había denunciado a su ex pareja por intento de feminicidio, pero que deficiencias de fiscales y jueces a cargo del caso, permitieron su liberación y ahora es señalado como el principal sospechoso, señaló la legisladora.

“Sí logramos detectar y sancionar los delitos de violencia familiar; otorgar apoyo psicológico o psiquiátrico tanto a las víctimas como a los agresores y fomentar en nuestros hogares, escuelas y empleos la cultura del respeto a las mujeres, tendremos otros resultados. Pero sobre todo garantizar el acceso a la justicia a las mujeres.

“Por ellos solicitamos a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra la Mujer, a fin de que proporcione mensualmente los datos respecto del estado procesal en que se encuentran los casos de feminicidios”, dijo Barrón Perales.

La también Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dio a conocer que este martes estará siendo votado por el Pleno del Congreso, la Reforma a la Ley de Acceso a Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obligará al Estado y los gobiernos municipales a contar con Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, necesarios para brindar apoyo y estancia a las mujeres y sus familias, que denuncien casos de violencia.

Insiste Diputado en que Municipio se haga cargo de seguridad total

Ante la incidencia de feminicidios en el Municipio de Monterrey, es urgente que se concrete el mando único en la capital del Estado, demandó el Grupo Legislativo PRI, a través del Diputado Jorge de León Fernández en tribuna.

El legislador manifestó que, para ofrecer una mejor seguridad se requiere que la responsabilidad recaiga en una sola autoridad, de lo contrario se impide que las atribuciones ordenadas en la ley tengan una cabal observancia.

“Es muy lamentable enterarnos que, de acuerdo a la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Municipio de Monterrey ocupa el nada honroso primer lugar nacional en feminicidios. Es lamentable, porque en nuestra ciudad tenemos el mando dividido. Las zonas centro y parte de la colonia Mitras es resguardada por la policía municipal; las zonas norte, sur y poniente, las de mayor incidencia de todo tipo de delitos, las controla el gobierno estatal”, expuso el integrante del GLPRI.

“Tenemos un mando municipal que ha dado resultados, que ha disminuido la incidencia delictiva en las zonas centro y oriente, porque es comandada por un Alcalde que no sólo tiene la experiencia y el conocimiento en el tema de seguridad, sino que, además, tiene el compromiso con todos los regiomontanos para reducir los delitos en toda la ciudad, especialmente los feminicidios que tanto lastiman a la sociedad y que lamentablemente se han desbordado”, agregó.

En tribuna, De León mencionó que el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, se ha comprometido a invertir en sistemas GPS, cámaras y tabletas inteligentes para equipar patrullas y cuarteles, una vez que se concrete la transferencia de mando.

“Para la transferencia de mando de 1400 elementos de Fuerza Civil al Municipio de Monterrey, se propone la permanencia administrativa de los elementos del Gobierno del Estado para mantener su antigüedad y seguridad social, se propone la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario para elaborar un esquema detallado que permita la transferencia de mando de manera pacífica y ordenada”, expresó.

“Se propone que el Estado proporcione el equipamiento de las patrullas, armamento, uniformes de los elementos de seguridad, así como los cuarteles, norte, sur y poniente, el Municipio de Monterrey, se compromete a homologar los sueldos de los elementos transferidos a los del Municipio de Monterrey”, agregó De León Fernández.