Atribuyen responsabilidad a policías ministeriales y de Fuerza Civil

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió las Recomendaciones 12/2018 y 13/2018, dirigidas al Fiscal General de Justicia del Estado y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, respectivamente, por actos de tortura y malos tratos, así como uso de la fuerza indebida, atribuible a elementos policiales en contra de personas detenidas.
En la Recomendación 12/2018 se acreditó que a finales del 2016, agentes de la policía ministerial, al interceptar un vehículo en el que viajaba una mujer y un hombre por la carretera nacional, en el Municipio de Santiago, les obligaron a detener su marcha y al descender del mismo, ejercieron violencia física en contra del hombre detenido y violencia sexual en perjuicio de la víctima.
Ante dichos acto de violencia sexual perpetrados por un agente ministerial, esta Comisión Estatal determinó la intervención del Centro de Atención a Víctimas, a fin de analizar el estado psicológico de la mujer privada de su libertad, quien presentó un estado clínico con sintomatología de un trastorno por estrés postraumático.
Por lo anterior, este Organismo dictó los siguientes puntos recomendatorios: Se brinde el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que se requiera; se investigue y determine las responsabilidades administrativas acreditadas.
Se gire las instrucciones necesarias, a fin de presentar una estrategia de capacitación o formación de la policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en temas relacionados a la prohibición del empleo de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con especial énfasis en violencia de género.
Se le dé seguimiento a la vista realizada a la Fiscalía General de Justicia del Estado por este Organismo, al constituir los hechos como actos de tortura, mediante la investigación penal respectiva.
Además, la implementación de protocolos relacionados a la prohibición de la tortura y malos tratos, así como del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con especial énfasis en violencia de género y desarrollar cualquier mecanismo o normatividad para prevenir el empleo de la tortura y malos tratos, asimismo, fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos.
En la Recomendación 13/2018, la CEDHNL acreditó el uso indebido de la fuerza y violencia física ejercida por policías de Fuerza Civil, al detener a un hombre en el Municipio de Ciénega de Flores, a finales del 2016.
De las investigaciones realizadas se advirtió que la víctima se resistió a la detención por el temor y desconfianza de ser privado de la libertad por unas personas vestidas de policías con armas de fuego que descendieron de un “taxi”, sin tener ninguna otra referencia que corroborara que se trataba de elementos de Fuerza Civil.
En esta Recomendación se solicitó se brinden las atenciones médicas y psicológicas que requiera la víctima; se resuelva por parte del órgano de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública, el procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicia a raíz de los hechos denunciados por las víctimas.
Se reitera como medidas de no repetición, la implementación de protocolos en materia de detención y uso de la fuerza, asimismo, se lleve a cabo la capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en materia de derechos humanos, específicamente, en el empleo del uso de la fuerza.

Argumentan que existe partida especial para nuevas dependencias

Después de entrevistarse con el Gobernador interino Manuel González Flores, los nuevos Fiscales General, Anticorrupción y Electoral, se reunirán con el Tesorero del Estado, para exponer el presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ante esto, el Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso, Arturo Salinas Garza, explicó que el presupuesto podrá ser modificado hasta en un cinco por ciento, sin embargo, dijo que no habría por qué darse algún cambio, en virtud de que ya se cuentan con los recursos necesarios.

“Sí puede ser modificable, la Tesorería tiene la facultad de modificar hasta un cinco por ciento al presupuesto del Estado para encausarlo y reordenarlo, pero yo insisto en que no haya un problema presupuestal por parte de la Procuraduría extinta hacia los nuevos presupuestos, yo creo que hay muy buena disposición por parte del Gobierno del Estado, sé que hay muy buena disposición del Tesorero, creo que no será un problema”, explicó.

Hizo mención de que la partida presupuestal del Sistema Estatal Anticorrupción de 50 millones de pesos será utilizada en caso de que sea necesario.

“Hay prevista una partida de implementación para el Sistema Estatal Anticorrupción, es una partida que seguramente utilizarán si hace falta, el propio Tesorero junto con el Fiscal General y con los Fiscales especializados, tendrán que analizar cuáles son las necesidades patrimoniales inmediatas y en base a eso tomar decisiones”, explicó.

Reconoció que aún falta trabajo por hacer con los Fiscales en el Sistema Estatal Anticorrupción, la designación del Magistrado en Responsabilidades Administrativas, reformas de leyes, entre otros, por lo que aún no puede ser cerrado este tema.

Al respecto, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Marco Antonio González Valdez, subrayó que el presupuesto de la Procuraduría tendrá que pasar a la Fiscalía General y no debe existir problema.

“Hay que recordar que todo el presupuesto y activos de la Procuraduría van a pasar a la Fiscalía, no tiene por qué haber algún problema de por medio”, señaló.

“Es para cualquier necesidad que se tenga en transición, pero hay que recordar también el presupuesto es natural y esencial de la Procuraduría va para la Fiscalía General”, puntualizó.

Busca Doctor en Criminología cargo de Fiscal General del Estado

En pocos días Nuevo León dará un paso importante dentro de su sistema de justicia con la designación del primer Fiscal General del Estado y el debate sobre el perfil idóneo para ocupar el puesto, sigue en el Congreso.

Para Guadalupe Saldaña Vargas, contendiente por el cargo, la designación depende más de que los encargados de la decisión pongan en la balanza la experiencia académica y profesional de los aspirantes, pues la conjunción de ambos aspectos dará como resultado al perfil ideal.

Saldaña Vargas, abogado especialista en Derecho de Amparo y con un Doctorado en Criminología, ambos con mención honorifica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una amplia trayectoria dentro de la Procuraduría General de Justicia y aseguró en entrevista exclusiva con Equidad, que su conocimiento sobre “lo que le duele a la casa”, es un punto a su favor.

El abogado laboró durante más de 16 años dentro de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, donde desempeñó diversos cargos, desde meritorio, hasta ser Director de Despliegue Policial y posteriormente de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) entre 2009 al 2015.

Esta experiencia dentro de la entidad encargada de velar por la seguridad de los nuevoleoneses le permite el día de hoy aspirar al cargo de Fiscal General del Estado.

Pero su paso por la AEI no fue para nada sencillo, pues le tocó tomar las riendas de la institución durante el año 2010, reconocido históricamente como el periodo más violento en la historia de Nuevo León.

“Recibimos la Agencia en una época muy mala para la seguridad en Nuevo León, imperaba una crisis institucional, no solo de la AEI, sino de diferentes corporaciones”, recordó.

A su paso por la institución, se percató de que el único camino para resolver la crisis de seguridad que se cernía sobre el Estado y que provenía desde la misma policía, era admitir que se tenía un problema y buscar el modo de solucionarlo.

“Cuando tienes los problemas, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, y después resolverlo pero, para hacer todo eso tienes que tener la determinación de querer hacerlo, si no tienes esa convicción vas a ver pasar los problemas y te vas a volver complaciente con ellos”, aseveró.

El resultado de su trabajo, conjunto con la cabeza de la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejecutivo Estatal, el Ejército y empresarios, fue una estrategia que dio como resultado la reducción del fenómeno criminal con la inherente baja del índice delictivo reflejado hasta el año 2015.

Aunque también costó momentos en que las instituciones policiacas de Nuevo León se quedaron sin personal, y que este mismo tuviera que ser procesado por formar parte de las filas del crimen organizado.

En su época como Director de la AEI, Saldaña Vargas fue víctima de un intento de secuestro que policías estatales realizaron y fue ahí cuando se dio cuenta de la gravedad del problema y la importancia de solucionarlo.

“Así de descompuestas estaban las corporaciones de seguridad, que de quienes te tenías que cuidar, era de los propios policías y tu trabajabas en lo mismo, eso era algo que si te pasaba a ti que eras funcionario de nivel medio alto, ¿qué podía esperar la ciudadanía en general? Eso era algo que teníamos que cambiar”, indicó.

Desde esa perspectiva, el Doctor en Criminología enfatiza que las acciones adecuadas para mejorar los resultados de la institución, son el trabajo conjunto y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, para alcanzar el objetivo de mantener el Estado de Derecho en Nuevo León.

Para Saldaña Vargas otro punto fundamental para cumplir adecuadamente con el cargo de Fiscal General del Estado, es el amor por Nuevo León.

El abogado ha realizado toda su preparación académica dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras cosas, porque considera que mantenerse en su Estado es una prueba más del cariño que le tiene a la entidad, aún en tiempos de crisis.

De ser elegido como el primer Fiscal General del Estado de Nuevo León, Saldaña Vargas trabajará en reforzar a la institución, desde una adecuada capacitación, revisando el tema presupuestario, hasta el velar por la infraestructura y el equipamiento para el personal.

“Creo que al frente de la Fiscalía General podemos hacer lo mismo que en el Agencia, depurarla. Hay cosas buenas, cosas que deberían fortalecerse, y si hay detalles, afrontarlos y encausarlos adecuadamente”, afirmó.

Consideró importante el asegurar que exista un “click” entre los elementos operativos y la capacitación que estos reciben con respecto al Sistema Penal Acusatorio, a fin de que estos tengan el conocimiento suficiente sobre las obligaciones que tienen a la hora de aplicar la ley por esta vía.

Otro aspecto que podría impulsar, en caso de ser electo Fiscal General del Estado, sería la creación de una Unidad de Asuntos Internos, que daría seguimiento a las actividades del personal a su cargo y, en caso necesario, realizar denuncias en el ámbito administrativo o penal.

Si se pudiera describir en una palabra el motivo de Saldaña Vargas, quien es padre de tres niños, para aspirar a la Fiscalía General del Estado, sería el aportar.

“Considero que, más allá de la experiencia que pueda presumir tener o la preparación académica, es mucho lo que se necesita aportar, nuestro Estado necesita gente con determinación, no solo para saber qué hacer, sino para hacer lo que se tiene que hacer”, recalcó.

El abogado se mostró confiado en que los Diputados locales y el Comité de Selección tomarán la decisión acertada sobre quién deberá tomar el puesto de Fiscal General del Estado, a finales de este mes.