Su propuesta está respaldada en diversas resoluciones judiciales

Como parte de una propuesta respaldada por diversas resoluciones judiciales, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para permitir que un familiar o persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido por conducir en estado de ebriedad, evitando así que la unidad sea enviada al corralón.

El legislador priista destacó que la propuesta está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista respecto la retención del vehículo, al considerar que esta última pierde su finalidad preventiva una vez que desaparece el riesgo de la conducción en estado de ebriedad.

“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro”, afirmó.

“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, insistió Treviño Cantú.

La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vialpara establecer que se permita que una persona distinta al conductor, con licencia o permiso vigente y en condiciones aptas para manejar, pueda hacerse cargo del vehículo en los términos que determinen los reglamentos municipales.

El Coordinador priista indicó que municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan en sus reglamentos esta práctica, pero lo mejor es incluirla en la ley estatal para que seaextensivo a todo el estado.

“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, refirió.

Para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad, con 40 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que fortalece los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

La iniciativa fue presentada por la Diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI.

La reforma adiciona dos nuevas atribuciones al Fiscal General: coordinarse con los tres órdenes de gobierno para implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y celebrar convenios con empresas de telefonía móvil para difundir alertas en tiempo real mediante mensajes SMS y notificaciones push.

“No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante. Y pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, señaló la Diputada durante su intervención en tribuna.

La urgencia de la reforma se sustenta en cifras alarmantes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2025 se registraron 10,707 reportes de desaparición de menores en México, 29 casos diarios, y al inicio de 2026, 2,856 menores continuaban sin ser localizados. Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional con 6,733 personas desaparecidas registradas.

La Diputada destacó la necesidad de actualizar los protocolos de búsqueda a la realidad tecnológica actual: “Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio. Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualizaciónque responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real”.

Además de la coordinación interinstitucional, la reforma obliga al Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes en la Ley de Egresos para que la Fiscalía pueda cumplir con las nuevas disposiciones, y fija un plazo de 90 días para que la institución actualice su reglamento interior.

Para que se garanticen sus derechos humanos

Para garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para determinar que el cómputo de la prescripción para la reparación del daño aplique hasta que la persona agraviada sea notificada y no cuando cause ejecutoria una sentencia, como ocurre actualmente.

El líder del PRI recalcó que con esta medida se garantiza que el plazo de la prescripción de la reparación del daño comience a correr hasta que la persona titular de dicho derecho tenga el personal conocimiento de la resolución correspondiente y prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado.

Expuso que, en muchas ocasiones, ese derecho se ve mermado debido a vacíos legales, desconocimiento o falta de claridad en los plazos.

“Con esta reforma buscamos establecer reglas precisas sobre el inicio y la duración de la prescripción en materia de reparación del daño y que las víctimas tengan la posibilidad real de ejercer su derecho”, afirmó.

“Es fundamental que el acceso a la justicia sea efectivo y no se vea limitado por vacíos legales o malas interpretaciones”, señaló.

La iniciativa que fue presentada en Oficialía de Partes del Poder Legislativo contempla modificar los artículos 141, 145, 147 y 148 del Código Penal.

Treviño Cantú destacó que la propuesta también incluye que la reparación del daño prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado, lo que permitirá homologar criterios con otras entidades federativas y reforzar la protección a las víctimas.

Treviño Cantú subrayó que la iniciativa se encuentra alineada con los principios constitucionales, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, priorizando en todo momento la protección más amplia de las víctimas.“Es necesario actualizar el Código Penal para fortalecer el derecho de las víctimas a la reparación del daño y brindar mayor certeza jurídica en su aplicación”, afirmó el líder de la bancada tricolor.

Contra agresiones y fortalecer su capacitación

Para dignificar el trabajo de los vigilantes, mejorar sus condiciones laborales y crear entornos más seguros y respetuosos en las colonias, el Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Privada, a propuesta del Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú.

El dictamen de la Comisión de Justicia que fue presentado ante el Pleno por el legislador Javier Caballero establece que las lesiones al ser calificadas se agravan hasta en una mitad más de la pena que le corresponda.

“Se aprobaron reformas al Código Penal para salvaguardar a los guardias privados y pueda haber una responsabilidad cuando sufran algún ataque o cuando actúen de una manera irresponsable contra ellos, pero también se modificó la Ley de Seguridad Privada que es donde se garantizan las condiciones laborales y de capacitación”, detalló en entrevista Caballero Gaona.

“Con estas reformas las autoridades del sistema de justicia podrán aplicar sanciones más severas cuando se cometan delitos contra este personal, lo que busca inhibir las agresiones y fortalecer la protección legal hacia quienes contribuyen a la seguridad comunitaria”, establece el dictamen.

Caballero Gaona, quien es Presidente de la Comisión de Justicia detalló que entre los temas que deberán incluirse en los programas de capacitación que deberán recibir los guardia de seguridad se encuentran primeros auxilios, respeto a los derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, técnicas de mediación y negociación, identificación y manejo de situaciones de riesgo, así como defensa personal básica enfocada en la protección sin causar daño.

Y aumentar sanciones por incumplimiento

Para fortalecer la accesibilidad universal y endurecer las sanciones por incumplimiento en materia de infraestructura urbana, el Diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al exponer el tema en tribuna, el legislador tricolor destacó que, la propuesta obliga a las autoridades y a los desarrolladores a garantizar condiciones de accesibilidad universal en el entorno físico, el transporte y en los espacios públicos, ya que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Nuevo León más de 220 mil personas viven con algún tipo de discapacidad y enfrentan barreras físicas que limitan su movilidad y autonomía.

“Las barreras urbanas no son solamente obstáculos materiales, representan una forma de exclusión estructural que restringe la participación plena de miles de personas en la sociedad”, afirmó.

“La accesibilidad universal no debe entenderse como una adaptación posterior, sino como un principio que debe incorporarse desde la planeación misma de las ciudades”, subrayó Morales Rivera.

La iniciativa de reforma busca modificar los artículos 22, 30, 48, 97, 137, 205, 212, 353 y el 383, todos de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el artículo 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Morales Rivera resaltó que la reforma propone el incremento de las multas para quienes incumplan las normas de accesibilidad en proyectos urbanos.

Actualmente, las sanciones oscilan entre 200 y 2 mil unidades de medida, con la reforma, las multas por no respetar normas de diseño, señalización y accesibilidad universal aumentarían de 5 a 10 mil UMAS y otras infracciones graves podrían alcanzar hasta 15 mil.

“Si consideramos que muchos desarrollos inmobiliarios generan ingresos de decenas o cientos de millones de pesos, resulta evidente que las multas actuales no representan un verdadero incentivo para cumplir la ley”, enfatizó.

Morales Rivera afirmó que la reforma atiende los principios de proporcionalidad y equidad para asegurar que las sanciones sean acordes a la gravedad de la falta y a la capacidad económica de los infractores.

“Esta iniciativa no busca castigar por castigar. Busca generar un efecto preventivo real, para que la accesibilidad deje de ser una excepción y se convierta en una regla en el desarrollo urbano de Nuevo León”, refirió.

Propone incluir pago de gastos y costos jurídicos de abogado privado

Ante el clima de violencia que lastima a la sociedad, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Víctimas del Estado, que pretende garantizar la recuperación completa e integral de quienes sufren delitos o violaciones a los derechos humanos.

El líder de la bancada tricolor en el Congreso del Estado explicó que la propuesta busca ampliar la reparación de daños a las víctimas, que incluiría el pago de gastos y costos jurídicos cuando la víctima decida contar con un abogado privado, así como la cobertura de servicios de atención médica especializada.

También se contemplaría la terapia física, atención psicológica y/o psiquiátrica, y que las víctimas tengan acceso a programas de educación y reinserción laboral.

“Con esta iniciativa se busca garantizar que ninguna víctima enfrente sola las consecuencias de un delito o de una violación a sus derechos humanos. La reparación integral del daño no puede ser limitada, debe ser suficiente, efectiva y con un enfoque humano”, expuso Treviño Cantú.

“Actualmente la ley no contempla de manera expresa el apoyo económico para cubrir gastos jurídicos cuando la víctima opta por la representación privada de un abogado, lo que puede generar una carga financiera adicional en momentos difíciles”, agregó.

La iniciativa propone reformar el artículo 45 y 54 de la Ley de Víctimas y la responsabilidad de dar seguimiento recaería en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

“No basta con atender el daño inmediato, sino que es indispensable brindar herramientas reales para que las víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida, para que se puedan reincorporar al ámbito laboral y recuperar su estabilidad familiar, emocional y económica”, refirió Treviño Cantú.

“Fortalecer la Ley de Víctimas es fortalecer la justicia y la dignidad humana. Estoy convencido que esta reforma contribuirá a construir un Nuevo León más solidario, más justo y verdaderamente comprometido con quienes más lo necesitan”, enfatizó el Coordinador priista.

Avalan reformas a Ley de Seguridad Pública

A propuesta del Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, el Congreso local aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Seguridad Pública para que los elementos de policía reciban capacitación en materia de justicia cívica y resolución de conflictos.

El Expediente Legislativo 20434/LXXVII, que fue presentado ante el Pleno por el Diputado Javier Caballero Gaona, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública establece que los elementos de seguridad deben contar con herramientas de diálogo, mediación y resolución de conflictos comunitarios.

“Fomento de la cultura de prevención de infracciones administrativas, delitos y la coadyuvancia en materia de justicia cívica, así como la capacitación de los elementos policiales dentro de la solución de conflictos menores y los métodos alternos para la solución de conflictos”, establece el Decreto del dictamen.

“Diseñar estrategias operativas para la prevención y el combate de delitos de mayor gravedad que atenten contra la seguridad de las personas y capacitar al personal policial en materia de justicia cívica y los métodos alternos para la solución de conflictos”, añade el documento.

Asimismo, se faculta al Consejo de Coordinación del sistema de seguridad para incluir dentro de sus atribuciones la capacitación del personal en estos rubros.

De igual forma, a propuesta de la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez se amplían las atribuciones de las instituciones policiales para que, en sus acciones de prevención, integren la promoción de la justicia cívica y los mecanismos alternos de solución de controversias, en apego a los derechos humanos y a los principios constitucionales que rigen la función de seguridad pública.

La reforma no convierte a los policías en mediadores formales, sino que fortalece su papel como primer contacto con la ciudadanía, permitiéndoles actuar como agentes de prevención, desactivación temprana de conflictos y canalización hacia las instancias competentes.