Para tener sanciones más severas, el Congreso del Estado aprobó modificaciones para tipificar el delito de acechanza, también conocido como “halconeo”, cuando sea cometido por miembros de instituciones de seguridad.

Al modificar el artículo 159 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, esta actividad sancionará a todos aquellos integrantes de los cuerpos de seguridad estatales, que al momento del pase de lista o en ejercicio de sus funciones, se les detecte un equipo de radio comunicación ajeno al oficial.

Con esta resolución, esta acción deja de ser una falta administrativa para convertirse en un delito especial al ser cometido por miembros de instituciones policiales, como Seguridad Pública del Estado, Fuerza Civil, Policía Municipal, así como por las corporaciones de Tránsito.

Gracias a esto, la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial tendrán una herramienta eficaz para combatir la infiltración de grupos criminales en las instituciones policiales.

Con la reforma aprobada se sancionará con pena privativa de libertad de 3 a 9 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas, destitución e inhabilitación de 3 a 15 años para desempeñar cualquier cargo público.

En cuanto a las modificaciones al artículo 158, se establece que se sancionará a quien obligue por cualquier medio a sus subalternos a la entrega de dinero o cualquier otro tipo de dádivas, revelar asuntos secretos o información reservada de los que tenga conocimiento en razón de su empleo, cargo o comisión; llevar consigo durante el pase de lista o al menos de su llegada a las instalaciones policiales al inicio del turno, uno o varios teléfonos móviles, radiofrecuencias o cualquier aparato de comunicación que no sea de aquellos que se le hubieran proporcionado por la dependencia correspondiente para la función del cargo

Esta herramienta evitará que se evada la sanción penal y se fortalecen las labores de depuración policiaca que realizan los gobiernos municipales y estatal, para lograr que las corporaciones sean confiables en el servicio de seguridad a la ciudadanía.

El dictamen fue presentado por el Diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, y apoyado por los legisladores Leonel Chávez Rangel, Jovita Morín Flores, José Ángel Alvarado Hernández y Brenda Velázquez Valdez.

El Diputado priista César Garza Villarreal, consideró que con las reformas aprobadas se cierra el círculo del llamado delito de “halconeo”, que en el caso de los policías, el criterio de los jueces estatales y federales era el de liberarlos, atendiendo a que la acechanza y la vigilancia es una obligación inherente a la función de un policía, por lo que no podía sancionarse.

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 Tendrá una sanción de 3 a 9 años de prisión

Con el fin de fortalecer la seguridad en el Estado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, aprobó modificaciones al artículo 159 de la Ley de Seguridad del Estado, relacionada a la vigilancia de cuerpos policiales, para con ello endurecer las sanciones.

Esta adecuación, precisó el Diputado César Garza Villarreal, Presidente de la mencionada Comisión, tipifica el espionaje o acechanza, mejor conocido como “halconeo” como delito, cuando este sea cometido por miembros de instituciones policiales, como Seguridad Pública del Estado, Fuerza Civil, Policía Municipal, las corporaciones de Tránsito, que al momento del pase de lista o en el ejercicio de sus funciones, porten un equipo de radio comunicación ajeno al oficial.

“Creemos que esta tipificación del delito especial, de la portación indebida de aparatos de radiocomunicación, va a venir a hacer una herramienta muy útil en el combate a la infiltración que se da dentro de las corporaciones policiales y también va hacer una herramienta muy útil para evitar que se evada la acción penal.

“Con esto se viene a cerrar el círculo del llamado delito de “halconeo”, que en el caso de los policías, el criterio de los jueces estatales y federales era el de liberarlos, atendiendo a que la acechanza y la vigilancia es una obligación inherente a la función de un policía, por lo que no podía sancionar”, explicó Garza Villarreal.

Con la entrada en vigor de esta nueva disposición legal, esta acción deja de ser una falta administrativa para convertirse en un delito especial, establecido en la Ley de Seguridad, que propone sanciones de 3 a 9 años de prisión e inhabilitación administrativa de 15 años.

“Será una herramienta eficaz para que la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial puedan combatir la infiltración en las instituciones policiales de los grupos criminales”, concluyó el legislador.