Para poder enfrentar las crisis de agua que se pudieran presentar

Anuncia Coordinador del GLPRI reforma al Código Penal del Estado

Para combatir la impunidad cuando se cometen delitos ambientales, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, adelantó que buscará reformar el Código Penal para que estas acciones nocivas sean imprescriptibles y puedan ser sancionadas en cualquier momento.

El líder de la bancada tricolor explicó que presentará iniciativa de reforma para modificar la fracción II del artículo 140 del Código Penal.

Apuntó que el crecimiento de la industria, los avances tecnológicos y el consumo masivo de bienes y servicios han provocado la contaminación del aire, del agua, la deforestación, incendios y otros daños ambientales irreversibles, como el calentamiento global.

“Es urgente hacer conciencia del daño que todos le estamos ocasionando a nuestro entorno, por eso estoy proponiendo que los delitos en contra del medio ambiente lleguen a tener el carácter de imprescriptibles, tanto en la investigación como en la sanción”, precisó Treviño Cantú.

“Esto con el fin de evitar que el transcurso del tiempo genere impunidad, se evada la justicia, y se ponga en riesgo el derecho de los nuevoleoneses a un medio ambiente sano”, agregó.

Refirió que en diciembre de 2019 se tipificaron los delitos en contra del medio ambiente, los cuales alcanzan una pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento cincuenta UMAS a quien realice, autorice u ordene un daño ambiental, lo que equivale a sanciones que van de los 3 mil 112 a los 15 mil 561 pesos.

Los delitos ambientales tipificados en el Código Penal son: talar, desmontar o destruir árboles y/o afectar recursos forestales; transportar, comerciar, acopiar o almacenar madera en carbón vegetal sin autorización y provocar un incendio forestal, entre otros.

El Coordinador del GLPRI enfatizó que su iniciativa busca que, pese al tiempo transcurrido, estos delitos perduren para poder ser castigados.

Del mismo modo, se busca generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración e impartición de justicia, además de fomentar la cultura de la denuncia, toda vez que, en 2021, sólo se reportó 1 delito en contra del medio ambiente en el Estado, mientras que en 2022 se reportaron 12, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Poco a poco la confianza va en ascenso para denunciar los diferentes hechos delictivos en materia ambiental, lo que hará que en este 2023, seguramente, la cifra de incidencia delictiva suba exponencialmente”, indicó.

“Es urgente generar acciones para tener un estado, un país y un planeta más sustentable que permita el desarrollo de las sociedades, que tengan una visión permanente de cuidado del medio ambiente y con ello revertir el daño causado”, indicó Treviño Cantú.

Para fortalecer y proteger los derechos laborales de las mujeres

Para fortalecer y proteger los derechos laborales de las mujeres, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para incluir el término de “Discriminación Ocupacional”.

El concepto se define como la exclusión de las mujeres para acceder a puestos directivos, así como la negativa injustificada de afiliarse y participar en organizaciones sindicales u análogas, precisó.

Treviño Cantú detalló que la iniciativa ya fue entregada en Oficialía de Partes del Congreso y contempla modificar el artículo 10 de la mencionada Ley.

“Estoy proponiendo establecer un nuevo concepto que es la Discriminación Ocupacional, que servirá de base jurídica para combatir la exclusión de las mujeres para acceder a puestos directivos y la negativa a que se afilien a un sindicato”, puntualizó el Coordinador priista.

“Hoy en día las mujeres juegan un papel primordial en el desarrollo y la productividad de Nuevo León, y es necesario abrir nuevos horizontes para el desempeño de puestos de liderazgo y de organización sindical”, enfatizó.

La propuesta, insistió, busca combatir la discriminación laboral hacia las mujeres, específicamente la marginación o la segregación por razones de género, situaciones que genera un ambiente de desigualdad hacia el sector femenino de la sociedad.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nuevo León se ubica en los primeros sitios de discriminación laboral, lamentó el Coordinador priista.

De acuerdo a datos oficiales, la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, el 27.6% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido situaciones de violencia en el trabajo a lo largo de la vida, refirió.

“En este sentido, en la bancada del PRI nos hemos dado a la tarea de impulsar iniciativas de reforma como ésta que propongo, para que ayuden a reforzar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos normativos y sirva para generar políticas públicas que reviertan la discriminación y abran el abanico laboral a las mujeres”, aseveró Treviño Cantú.

Combatirán con mayor eficacia hechos violentos en escuelas

Con el fin de prevenir y combatir con mayor eficacia los hechos violentos dentro y fuera de los planteles educativos, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, dado que actualmente es omisa para fijar sanciones específicas.

La propuesta responde a los hechos suscitados el pasado 18 de enero, cuando un menor de trece años de edad, quien desde hace tiempo era víctima de bullying, fue golpeado y acuchillado en calles de la Colonia Real de San José, tercer sector, en el Municipio de Juárez, después de ser perseguido y alcanzado por compañeros de la Secundaria 9.

Treviño Cantú explicó que, actualmente, la ley no especifica sanciones, sino que las deja a criterio de las autoridades escolares, lo que podría derivar en impunidad y reincidencia en contra del agredido.

“Los hechos ocurridos en la Secundaria 9 del Municipio de Juárez nos obligan a actuar desde el Congreso del Estado, porque no podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir, cuando el estudiante estuvo en riesgo de perder la vida, tenemos que velar por el interés superior del menor”, expuso.

“Estoy proponiendo una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar para establecer sanciones claras, como la amonestación privada, la suspensión de asistencia a clases de 1 a 7 días y la transferencia de grupo, turno u otra escuela para los estudiantes agresores”, puntualizó.

Treviño Cantú explicó que la reforma también plantea la posibilidad de canalizar a los acosadores a instituciones de apoyo psicológico; y en caso de que el agresor sea un docente o autoridad escolar se daría vista a la autoridad correspondiente.

“Además, los padres de familia o tutores de los generadores de acoso escolar tendrán la obligación de llevar a estos a los tratamientos psicológicos y médicos recomendados por las autoridades a fin de atender la problemática, hasta la conclusión de la terapia”, añadió.

El Coordinador priista enfatizó que se tiene que subsanar una omisión en el marco legal actual, ya que las sanciones no están definidas, sino

que el artículo 69 de la ley, únicamente, plantea parámetros generales para la aplicar medidas disciplinarias a los alumnos que tienen mala conducta.

“Por eso también estoy proponiendo que cuando, por la gravedad de la conducta de acoso escolar, se realice la comisión de algún delito, cualquier persona que tenga conocimiento podrá denunciar los hechos ante la autoridad ministerial competente”, indicó.

La iniciativa, que ya fue presentada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, contempla modificar los artículos 67, 68 y 69, además se adicionan los artículos 67 Bis, 68 Bis, 69 Bis, 69 Bis I y 69 Bis II, en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado.

“La reforma que propongo busca reafirmar el compromiso de que todas las escuelas del Estado y sus alrededores sean espacios seguros, para que los estudiantes neoleoneses gocen de un desarrollo integral, con un respeto irrestricto de sus derechos fundamentales”, refirió Treviño Cantú.

“Es necesario reformar el régimen sancionatorio en materia de acoso escolar para tener herramientas claras y suficientes que permitan aplicar la ley de forma correcta y, sobre todo, proteger la integridad física y mental de nuestros estudiantes”, recalcó.

Una vez que la iniciativa se turne a Comisiones, adelantó, promoverá la realización de mesas de trabajo para enriquecer su propuesta con la participación de autoridades, docentes, expertos, psicólogos, académicos, sociedades de padres de familia y colegios de abogados.

Otros aspectos que contiene la reforma es que se considerarán violaciones a la Ley cuando se realice, tolere o consienta el hostigamiento, acoso, represalias o cualquier otro tipo de violencia dentro o fuera de la escuela.

También se sanciona el ocultar a los padres o tutores de las víctimas los casos de acoso, así como no denunciar o dar aviso oportuno a las autoridades competentes de los incidentes que se realicen al interior o dentro del perímetro de la escuela.

Además, contempla como violencia escolar la tolerancia o introducción a la escuela de cigarros, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, sustancias u objetos prohibidos; así como dañar intencionalmente los bienes o instalaciones del plantel, así como los bienes de los estudiantes.

Por último, para implementar estos cambios, se establece que los Reglamentos de Disciplina Escolar de cada institución educativa, así

como el Plan General de Prevención y los Programas de Atención Integral y de Prevención deberán adecuarse a lo previsto en la reforma en un plazo no mayor a 180 días de su publicación.

Sufren mujeres mayores de 15 años discriminación laboral en NL

Con el fin de salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar el delito de discriminación y sancionar con mayor rigor cuando se actúe en contra de mujeres trabajadoras o que se estén encinta.

El líder de la bancada del PRI condenó que, en pleno siglo XXI, la discriminación laboral por embarazo sea una de las problemáticas sociales con mayor vigencia, pese a los esfuerzos que se han realizado para combatirla.

Treviño Cantú aseveró que es necesario reformar el párrafo tercero del artículo 353 BIS 1 del Código Penal para agravar la pena, cuando el delito de discriminación se realice en el ámbito laboral en contra de las mujeres o cuando estén en condición de embarazo.

“La reforma va dirigida al ámbito penal para salvaguardar la integridad tanto de la madre, el desarrollo de su embarazo, así como de su bebé, y también se refuerza la protección de sus derechos en el ámbito laboral, por medio de una sanción mayor a quienes tratan de vulnerar sus derechos”, precisó.

“Esta conducta debe de castigarse de forma ejemplar, para que las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres embarazadas, estén totalmente protegidas, y los agresores lo piensen dos veces”, enfatizó el líder de la bancada del GLPRI en el Congreso local.

Actualmente, el Código establece que el delito de discriminación amerita una pena de tres meses a un año de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, y una sanción económica que puede ir de 2 mil 400 pesos (25 cuotas) a 24 mil 055 pesos (250 cuotas); la reforma plantea que cuando se atente laboralmente contra una mujer o por estar encita, la sanción se incremente al doble.

El Coordinador del GLPRI detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), se estima que en Nuevo León el 20.3% de la población de mujeres mayores 15 años ha vivido situaciones de discriminación laboral a lo largo de la vida profesional. Mientras que 22.6% ha experimentado discriminación laboral en los últimos 12 meses.

“Estos datos nos confirman que aún falta mucho trabajo por hacer para asegurar que las mujeres gocen de un ambiente libre de discriminación o violencia”, lamentó Treviño Cantú.

“La discriminación laboral por embarazo es una forma de violencia que afecta múltiples derechos de la mujer, de su bebé y su familia”, expuso.

“Las formas comunes de discriminación en el embarazo son: no ser contratada debido a un embarazo visible, ser despedida después de informar a un empleador sobre el embarazo o posterior a la licencia de maternidad, y eso ya no lo debemos permitir”, recalcó Treviño Cantú.

El Coordinador del GLPRI puntualizó que una de las maneras de actuar de forma adecuada y responsable ante el embarazo, si la mujer no es capaz de realizar el trabajo que desempeña cotidianamente, el empleador puede proporcionarle tareas ligeras, asignaciones alternativas o licencia por incapacidad.

“Nuevo León está catalogado como uno de los estados con los niveles más altos de discriminación, y en esta legislatura nos hemos dado a la tarea de impulsar iniciativas como esta, que proporcione herramientas a las autoridades y a la ciudadanía para la erradicación de esta conducta”, reafirmó.

Piden Alcaldes del Pacto Nuevo León más de 7 mil mdp del Presupuesto de Egresos 2023

Para poder atender las necesidades de los municipios, Alcaldesas y Alcaldes del Pacto Nuevo León, solicitaron al Congreso del Estado más de 7 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2023.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto con Presidentes Municipales, el Alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, en representación de las Alcaldesas y Alcaldes, explicó ante los integrantes de la Comisión que se necesita un mayor presupuesto en los Egresos 2023.

También, mencionó que al recibir más presupuesto, se atenderán las problemáticas que actualmente enfrentan los nuevoleoneses, como el transporte público, el uso del agua y drenaje sanitario, la educación, entre otros temas.

“El presupuesto del año pasado, ya incluyó todos los proyectos estratégicos y por esa razón, no les estamos quitando nada sino lo adicional del 2023, que son alrededor de 20 mil millones”, dijo.

“Lo que nosotros estamos pidiendo 7 mil 500 millones de pesos, son la tercera parte de excedentes y no afecta ningún proyecto que se haya incluido en el presupuestó”, señaló el Edil.

Por su parte, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño mencionó que los Presidentes Municipales sólo están pidiendo el 5 por ciento del presupuesto estatal, el cual no afecta las finanzas del Estado.

“Es el 5% lo que están solicitando los municipios de todo Nuevo León, no es nada en comparación al Presupuesto pasado, porque va a subir más de 20 mil millones de pesos, es algo módico lo que están solicitando”, aseguró durante su participación en la mesa de trabajo.

“Yo ya fui Alcalde y sé que se batalla con el tema de los recursos públicos y hoy es un área de oportunidad que estamos pidiendo al Gobierno del Estado para que nos tome en cuenta en este Presupuesto 2023”, añadió el Diputado local.

Busca Coordinador del PRI salvaguardar sus derechos educativos

Con el fin de salvaguardar los derechos educativos de las víctimas, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas.

El líder de la bancada del PRI manifestó que es necesario establecer políticas públicas para que los menores que sufran un acontecimiento traumático puedan reincorporarse al sistema educativo de manera segura, guiada, sensible y ordenada.

“Estamos proponiendo que las instituciones del sistema educativo estatal tengan opciones educativas generen las condiciones para que las víctimas puedan incorporarse, poco a poco, a su vida cotidiana, particularmente al ámbito educativo”, puntualizó el líder de la bancada del PRI.

“La Secretaría de Educación en el Estado deberá formular políticas que permitan la incorporación a los programas educativos de las víctimas de violencia u otros hechos traumáticos, que van desde la movilidad para llegar a los planteles educativos, hasta su retomar su ritmo y nivel de aprendizaje”, agregó.

Treviño Cantú apuntó que en la propuesta contempla adicionar una nueva sección a la Ley de Víctimas del Estado, que incluiría el artículo 21 Bis que contemplaría que los menores de edad que pasaron por alguna situación traumática reciban atención personalizada por parte de una trabajadora social que los ayude en una incorporación rápida al proceso educativo.

Expuso que la iniciativa también va dirigida a quienes tienen la necesidad de cambiar de residencia por motivos de violencia y a quienes quieren retomar sus estudios, luego de abandonarlos tras sufrir agresiones.

“Estoy planteando que, en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, deberán recibir apoyo, protección y orientación por parte de la persona de Trabajo Social Escolar, a efecto de agilizar y facilitar la incorporación o reincorporación al programa educativo”, explicó el Coordinador priista.

“En muchas ocasiones cuando un menor de edad vive una situación de crisis y queda en el desamparo y es indispensable que vuelva a enrolarse a la vida educativa, para que continúe con su desarrollo y, al mismo tiempo, le ayude a superar la crisis”, añadió.