Beneficiarán a alrededor de 15 mil elementos estatales y municipales

A propuesta del Diputado priista Javier Caballero, como representante del Congreso del Estado, el Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey aprobó por unanimidad que los policías en activo tengan tarifas preferenciales en el recibo de agua, con lo que se verán beneficiados alrededor de 15 mil elementos estatales y municipales.

Luego de participar, el pasado jueves, en la reunión del Consejo, Caballero Gaona explicó que la medida busca mejorar las condiciones de vida de los policías, dignificar su labor y apoyar su economía, como parte del fortalecimiento que debe haber a los cuerpos de seguridad.

Detalló que el beneficio abarca a los 6 mil 500 elementos de Fuerza Civil, 7 mil policías de corporaciones municipales del área metropolitana y mil 150 que laboran en la zona rural.

“Con el descuento en el pago del recibo del agua buscamos, primero, reconocer la valentía con la que los elementos policiacos de Nuevo León se conducen todos los días, y, segundo, incentivar el reclutamiento de elementos de seguridad pública a nivel estatal y municipal mediante el acceso a la tarifa preferencial de agua, misma que hoy por hoy sólo contempla a personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y personas con discapacidad”, apuntó el Diputado priista.

“Ante el déficit de policías en el Estado, queremos mejorar las condiciones de vida de estos, dignificando y haciendo más atractiva su labor, teniendo como resultado el fortalecimiento de los cuerpos policiacos en nuestra entidad, y, por ende, mejor los estándares de calidad de vida en Nuevo León”, indicó Caballero Gaona.

El también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local refirió que la decisión pretende ser un incentivo para quienes ya pertenecen a las diferentes corporaciones policiacas, pero también para quienes tienen la vocación de ingresar a la carrera policial.

“Entre las razones existentes del déficit policiaco son sueldos bajos, pocas prestaciones y el riesgo que día con día enfrentan, así que con esta acción contribuimos a incentivar a quienes ya están en activo y a quienes quieran ingresar”, insistió.

“Para la entrada en vigor de esta medida será necesario establecer las reglas de operación, pero de entrada es un parteaguas en Nuevo León, ya que abre la discusión para que encontremos más y mejores mecanismos para reconocer y dignificar la labor de las instituciones de seguridad pública”, recalcó Caballero Gaona.

Buscan evitar impunidad derivada de laguna legal

Para eliminar una laguna legal que genera impunidad en materia familiar, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, y el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Javier Caballero Gaona, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer que los derechos familiares que el agresor pudiese tener con la víctima, sean suspendidos por el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en el juicio de índole criminal, y así evitar la revictimización de los agredidos.

Explicaron los legisladores priistas que el Código Penal del Estado ya contempla la posibilidad de que, cuando una persona cometa los delitos de violación, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, lesiones contra menores de doce años, delitos contra adultos mayores, o feminicidios, además de la pena de prisión que corresponda, el sujeto activo pierde también los derechos familiares y civiles que pudiese tener con respecto a la víctima del delito.

Sin embargo, hay una laguna legal porque, actualmente, no se prevé un plazo específico para que el agresor también pierda sus derechos familiares, lo que pudiera interpretarse como una sanción “de por vida” y eso es considerado inconstitucional, lo que ha derivado en amparos que revictimizan a los familiares agredidos, y cuando éstos buscan justicia ante tribunales, se ven en la lamentable situación de no conseguirlo.

“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos”, expuso Treviño Cantú.

“Es urgente resolver esta problemática y brindar certeza jurídica, ya que, al existir lagunas legales en estos casos, los más afectados son las niñas, niños y adultos mayores, cuando ellos realmente no tienen la culpa de nada, lo que buscamos es salvaguardar la integridad de la familia, que es el núcleo de toda sociedad y fortalecer el estado de derecho, creando los mecanismos correspondientes para que la ley se cumpla”, reafirmó el Coordinador priista.

Por su parte, Caballero Gaona detalló que, en aras de corregir este problema, la iniciativa contempla modificar el contenido de los artículos 269, 280, 287 Bis 1, 306 Bis 4, así como el tercer párrafo del artículo 301 Bis 8 del Código Penal del Estado.

Aseguró que el objetivo es cerrar la brecha de impunidad y que las víctimas logren hacer justicia contra quienes cometen delitos en la dimensión más sensible e importante de la sociedad, que es el seno familiar.

“Al identificar esta área de oportunidad y para evitar fallas en la aplicación de las sanciones contempladas por nuestro Código Penal, estamos presentando esta iniciativa de reforma para que se adecue y armonice la sanción en cuanto a la pérdida de los derechos familiares, como lo son los derechos sucesorios, de convivencia con los hijos, de patria potestad, entre otros, para proteger a los grupos más vulnerables de las familias, como son los hijos e hijas, los adultos mayores y las cónyuges, quienes son los más expuestos a ser víctimas de delitos”, explicó.

“Es decir, se establecen los parámetros legales para que la sanción sea aplicable y que quienes vulneren los derechos de las víctimas no puedan aprovecharse de dicha laguna y seguir en la impunidad”, recalcó Caballero Gaona.

Ambos legisladores priistas apuntaron que esta reforma sería una herramienta muy útil para los juzgadores, toda vez que se precisan los casos y los términos cuando se suspende el derecho a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener el agresor sobre la persona agredida.

Refirieron que la situación actual ha generado una ola de amparos en materia familiar porque hoy no existe una gradualidad, ni una aplicación justa de las sanciones, ya que no se establece un término para la suspensión de los derechos y obligaciones que tienen los padres implicados en ciertos delitos.

“Estamos planteando que en los delitos de violación y equiparable a la violación, en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, en el delito de violencia familiar, en el delito de lesiones a un menor de doce años de edad y en delitos cometidos en perjuicio de las personas adultas mayores, los derechos y obligaciones sólo queden suspendidos durante el mismo periodo que dure la pena de prisión que se imponga”, aclaró Treviño Cantú.

“También es necesario imponer mínimos y máximos para que las personas no se amparen”, insistió.

El Coordinador del GLPRI enfatizó que la propuesta pretende contribuir a hacer más eficaz el orden jurídico que sanciona las conductas que lesionan a la familia.

Buscan evitar resquicios legales que beneficien a sujeto responsable

El Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para establecer agravantes en el delito de feminicidio y especificar las motivaciones y/o acciones de los agresores contra las víctimas, a fin de encuadrar mejor este delito y evitar resquicios legales para que no sea considerado sólo como homicidio.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el Diputado priista, Javier Caballero Gaona, presentó ante el Pleno del Poder Legislativo el dictamen que contiene las propuestas de modificación al Código Penal realizadas por los Coordinadores Heriberto Treviño y Carlos de la Fuente, a las que se agregaron iniciativas de los Diputados Waldo Fernández, Jessica Martínez, Sandra Pámanes y Alhinna Vargas.

“El cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados por el sujeto activo, presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitación, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, realizados por el propio sujeto activo; así como la ejecución de actos de necrofilia por parte de éste”, precisa la reforma.

Caballero Gaona precisó que al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas, además será destituido e inhabilitado de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

“Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, por razón de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, cuidados, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo, amistad o cualquier relación de hecho”, expuso Caballero en tribuna.

“Cuando existan antecedentes, datos o indicios, denunciados o no, que establezcan que el sujeto activo realizó por cualquier medio y de manera directa o indirecta a la víctima amenazas, agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o lesiones; la víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad por el sujeto activo, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida”, detalló.

“El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, arrojados o depositados por el sujeto activo en un lugar público”, añadió.

La reforma por modificación al primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 331 bis 2, 331 bis 6 y 410 del Código Penal para el Estado, fueron avaladas en tribuna por las Diputadas Jessica Martínez, Sandra Pámanes y Nancy Olguín.

En el debate, se incluyó una reserva para que, en caso de que el Poder Ejecutivo incumpla con la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Presidente del Congreso ordenará al titular o responsable del Periódico Oficial del Estado la publicación inmediata, la cual deberá efectuarse al día hábil siguiente. De incumplirse también, se ordenará su publicación íntegra en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo para su entrada en vigor.

Piden coordinación para intercambiar ideas y buscar soluciones

Con el fin de combatir la inseguridad que atraviesa actualmente el Estado, el Diputado local del Grupo Legislativo del PRI, Javier Caballero Gaona presentó una propuestas en donde se solicita realizar mesas de trabajo para intercambiar ideas y buscar soluciones que combatan la crisis de inseguridad.

En sesión ordinaria del Congreso Local, el legislador del PRI explicó que es necesario que se lleven a cabo mesas de trabajo para que en coordinación con los tres poderes de gobierno, órganos autónomos, las universidades, sociedad civil y ciudadanía en general, se pueda compartir los diferentes puntos de vista y así poder enfrentar la crisis de inseguridad.

“La realidad social nos indica que no solamente es deseable, sino que es necesario que abramos las puertas de este Parlamento para escuchar y conocer las ideas de los tres poderes de gobierno, órganos autónomos, universidades, sociedad civil y ciudadanía en general. Juntos, con pleno conocimiento del panorama que atraviesa nuestra entidad, podremos identificar las mejores ideas y propuestas para enfrentar esta crisis en lo particular”, detalló.

“Desde el ámbito de nuestras competencias, debemos dialogar y coordinar esfuerzos para alzar la voz y aportar soluciones a las problemáticas que tanto aquejan a Nuevo León, incluyendo la crítica ola de inseguridad que atraviesa nuestra entidad”, aseguró.

En su intervención, Caballero Gaona mencionó que durante el 2022 se registró en el Estado mil 500 homicidios dolosos y 33 mil denuncias en materia de delitos relacionados con el patrimonio.

“No es normal haber tenido 5 mil 146 denuncias en materia de delitos sexuales el año pasado. No es normal que se hayan registrado más de 32 mil denuncias de delitos contra la familia. No es normal que durante el 2022 hayamos alcanzado prácticamente los 1,500 homicidios dolosos. No es normal que haya más de 33 mil denuncias en materia de delitos en relación con el patrimonio. La violencia no es ni será normal, y no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir en un entorno en riesgo”, agregó.

“Un ambiente en donde nuestras hijas corren el riesgo de salir a divertirse y no volver, donde nuestro patrimonio, fruto de gran esfuerzo y trabajo, esté en riesgo de ser robado por alguien más, donde no existan las condiciones sociales para que, tanto como individuos como sociedad, tengamos las herramientas para desarrollarnos en los diferentes ámbitos y aspectos de la vida”, expresó.

Proponen que pensión sea imprescriptible

Para apoyar económicamente a las familias de los elementos policiacos que perdieron su vida cumpliendo con su deber, el Diputado local del Grupo Legislativo del PRI, Javier Caballero Gaona presentó en la Oficialía de Partes del Congreso Local una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley de Hacienda para los Municipios.

Al entregar presentar el documento, el legislador explicó que la iniciativa tiene como fin apoyar económicamente con una pensión imprescriptible y un descuento del 50 por ciento en el pago del Impuesto Predial y en el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) a las familias de los elementos policiacos fallecidos.

También, indicó que de acuerdo con datos de la organización “Causa en Común”, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, se reportaron 17 elementos policiacos asesinados en Nuevo León.

“Hemos estado trabajando en torno a la dignificación de la labor policial y en mecanismos para encontrar incentivos que los beneficien, por eso, estamos presentando una iniciativa para establecer que la pensión que reciben los familiares de los policías que resultan abatidos en el cumplimiento de su deber, sea imprescriptible”, comentó Caballero Gaona.

“La muerte de policías en cumplimiento de su deber, aparte de representar una tragedia para la sociedad en general, afecta profundamente la vida de su familia”, enfatizó.

El Diputado y también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, precisó que es necesario otorgar descuentos del 50% en el pago del predial y en ISAI para darles a las familias incentivos que los beneficien.

“Buscamos reconocer la valentía con la que los elementos policiacos de Nuevo León se conducen todos los días e incentivar el reclutamiento de elementos de seguridad pública a nivel estatal y municipal mediante descuentos municipales en el pago del predial e ISAI”, dijo.

“Los municipios podrán establecer descuentos de no menos del cincuenta por ciento en el pago del impuesto predial respectivo para la vivienda propiedad de los integrantes de las instituciones policiales o la de sus dependientes económicos en caso de su deceso causado directamente por el cumplimiento de su deber”, añadió.

Por último, Caballero Gaona dijo que actualmente no existen incentivos para que las y los jóvenes de Nuevo León se preparen y enlisten en las diferentes instituciones de seguridad.

Con la iniciativa presentada se contemplan cambios a los artículos 21 y 28 de la Ley de Hacienda para los Municipios y el artículo 198 de la Ley de Seguridad Pública.

Crearían un modelo único en materia de seguridad municipal

Alcaldes del área metropolitana de Monterrey buscan crear un modelo único en materia de seguridad municipal, replicando el Sistema de Seguridad e Inteligencia con la que cuenta la capital de Estado.

El Alcalde regiomontano, Adrián de la Garza Santos recibió a sus homólogos del municipio de Apodaca, César Garza; de Guadalupe, Cristina Díaz; de Juárez, Everardo Benavides y de Santiago, Javier Caballero; para mostrar el funcionamiento de su modelo de seguridad.

El Munícipe regio dio a conocer a sus homólogos las detenciones de delincuentes más importantes que se han llevado a cabo en la ciudad, así como el funcionamiento del Sistema, que incluye cuatro mil cámaras de videovigilancia.

“El día de hoy tuvimos una reunión aquí en el C4 para ver una de las prácticas que hace Monterrey, que repito, también la hacen sus municipios, la forma en que lo estamos haciendo nosotros, para en ese intercambio de información, en ese intercambio de buenas prácticas poder encontrar el mejore esquema que pudiera servir obviamente, para traer mayor seguridad para todos los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios.

“Lo que se habla es de una coordinación única, más que un mando único, donde cada municipio en su soberanía tenga el mando de su policía, tenga el mando y el control del tema de seguridad, sí con la rectoría de una coordinación única sin duda, pero también donde haya un esfuerzo de un sólo modelo”, dijo.

Todos los Alcaldes coincidieron que el tema de seguridad ocupa la agenda principal de sus gobiernos, por lo que buscan replicar en cada uno de sus municipios el SSI de Monterrey.

César Garza Villareal, reconoció el liderazgo y trayectoria del Alcalde de Monterrey en el tema.

“Sus antecedentes y su formación como especialista en temas de seguridad y de investigación lo llevaron a implementar un modelo de inteligencia apoyado con tecnología, pero también con técnicas que permiten un modelo predictivo en la comisión de delitos, pero también un modelo de investigación de delitos cometidos”.

“Ahorita en la presentación que nos hizo Adrián, la verdad yo tenía una idea de lo que venía a ver, pero me sorprendió, rebasó las expectativas que teníamos, con lo que claramente se confirma el liderazgo y la experiencia del municipio de Monterrey y de su Alcalde Adrián de la Garza en temas de seguridad, esta ha sido una reunión muy provechosa”, reconoció.

Por su parte, Cristina Díaz adelantó que los secretarios de Seguridad establecerán mesas de trabajo para dar los primeros pasos rumbos a la implementación de este sistema.

“Lo que más nos interesa todos los días es que la gente viva con paz y con tranquilidad y el modelo de seguridad que hoy tiene Monterrey es pues, como les decía hace un momento, no solamente podemos enfocarnos al tema de la inversión que ellos tienen, sino también a las unidades de análisis, de inteligencia contra la delincuencia”, finalizó.

Renuevan convenio de acceso a la información y rendición de cuentas

Al considerar como primordial la promoción de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) renovó con el Municipio de Santiago un convenio de colaboración.

El Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, junto con el Alcalde Javier Caballero Gaona, encabezaron la firma del acuerdo en las instalaciones de la COTAI.

En su intervención, Sierra Gómez explicó que buscan continuar trabajando de manera coordinada en materia de acceso a la información, para lograr mejorar el sistema que ya maneja esta municipalidad.

“Principalmente en la promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas del municipio y de los servidores públicos de dicha administración para que cumplan eficientemente con las obligaciones que derivan de la ley de transparencia”, expresó el titular de la COTAI.

Por lo que felicitó al Edil y a su equipo de trabajo por la intención de renovar el convenio que fue signado en su pasada administración.

“Uno de los propósitos es el formar a los servidores públicos del municipio para que sigan cumpliendo de manera óptima con esas obligaciones y también, a través de este convenio, el establecer esa colaboración para nuevos eventos en los cuales también estaremos participando”, puntualizó el Comisionado Presidente.

Por su parte, Caballero Gaona expresó que en Santiago se tienen aún áreas de oportunidad, que con este pacto se lograrán corregir para estar al 100 por ciento en todo lo que demanda la ciudadanía.

“Estamos agradecidos y contentos con la colaboración, porque de alguna manera todo implica un proceso de capacitación y hoy estamos aprendiendo nuevos métodos que anteriormente no se manejaban, pero la voluntad existe y estamos convencidos que ese es el camino.

Más que beneficios creo que son obligaciones con la ciudadanía que representamos”, dijo Caballero Gaona.

La capacitación de los servidores públicos de la administración, de los enlaces de transparencia y de los encargados de las tareas de dar atención a las solicitudes de información, también a los recursos  de revisión y en la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, son algunas de las acciones que se impulsaran con esta sinergia.