Con el fin de obligar a las autoridades estatales para que garanticen y brinden ayuda a las víctimas de una manera más amplia e integral, la Coordinada de la Bancada Independiente en el Congreso local, Karina Barrón Perales, presentó una iniciativa de reforma la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.

La legisladora Independiente señaló que las modificaciones van dirigidas específicamente a los artículos 2 y 9 y expresó que la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en Junio del 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano, en donde tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con independencia de su fuente y que es importante que Nuevo León se incluya a éstas.

“Todas las autoridades del País, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a ver por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales celebrado por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable a las personas para lograr su protección más amplia .En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley”, señaló Barrón Perales.

En el documento que entregó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, resalta que tanto en el Artículo 2 y 9 deben incluir la frase “favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas”, buscando así respaldar los derechos de las víctimas.

Con estas modificaciones dichos Artículos quedarían de la siguiente manera:

Artículo 2.- En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley, serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

Artículo 9.-Todas las medidas de atención, asistencia y protección contempladas en la presente Ley, son de carácter enunciativo y no limitativo. Se brindarán garantizando en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas, con un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Diputados locales aprobaron por unanimidad la expedición de la Ley de Víctimas para el Estado de Nuevo León, que en la práctica se armoniza con la legislación federal, avalada en enero de este año.

Con el objeto de proporcionar medidas jurídicas, administrativas, sociales y económicas en beneficio de los afectados, la nueva legislación le da cabida a tres valores fundamentales: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

“La Ley tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral”, leyó el Diputado panista Juan Carlos Ruiz García, durante la presentación del dictamen.

El documento, que cuenta con 114 artículos permanentes y 13 transitorios, obliga al Estado a impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas, que presten atención a las víctimas, además de la creación de centros de resguardo para los afectados, de acuerdo con el modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y la implementación de programas reducativos integrales de los imputados.

Con la expedición de esta ley, el Estado también se ve obligado a reparar el daño de la víctima de manera integral, a través de una compensación; la creación de un Registro Estatal de Víctimas y de un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que será integrado por 16 autoridades y representantes ciudadanos.

Este sistema establecerá mecanismos de coordinación para la asistencia y protección de las personas afectadas.

Además de esto, se aprueba la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, encargada de indicar el monto del pago, de una compensación en forma subsidiaria, que provendría de un fondo económico.

De igual manera, su titular será designado por el Congreso local, tras una propuesta del Ejecutivo del Estado y no sin haber sido publicada antes una convocatoria pública; y ostentará el cargo durante cuatro años.

La Ley establece, que cuando en contra de su voluntad, se le haya practicado a la víctima cualquier tipo de exploración física o acto de intimidación, negativa de servicio, cobro por el mismo, en especie o efectivo, los servidores públicos estatales y municipales que resulten responsables, habrán de pagar una multa de 500 a mil días de salario mínimo.

Hacen cambios para homologarla con legislación federal

Las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y Desarrollo Social y Derechos Humanos, hicieron modificaciones al dictamen de la Ley de Víctimas, con el fin de atender algunas peticiones que realizaron organizaciones de la sociedad civil.

En total, los legisladores realizaron 18 cambios generales, los que modificarán cerca de 50 aspectos de dicha ley.

Entre los cambios aprobados se precisan los temas de la figura del sistema y el comité, los roles que tendrán y se modificaron algunas de las definiciones para homologarlas a la Ley General.

“Homologamos principalmente alguna terminología de la Ley General de Víctimas y en otros casos, como es la designación del Comisionado que el Ejecutivo va a proponer, primeramente mediante una convocatoria pública que tendrá que reunir ciertos requisitos para poder ser considerado prospecto, y dentro de esos prospectos, después de la convocatoria pública, el Ejecutivo lo propondría al Congreso, y es el mismo caso para los integrantes del Sistema Estatal de Víctimas, tres a propuesta del Congreso y tres a propuesta del Ejecutivo, también tendrá que ser por convocatoria pública”, aclaró Francisco Cienfuegos Martínez, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Por su parte, Luis David Ortiz, también integrante de dicha Comisión, comentó que de aprobarse en el Pleno el nuevo dictamen, pondría al Estado de Nuevo León, a la vanguardia en el tema de víctimas a nivel nacional, puesto que abarca otros aspectos que no se contemplan en la Federación.

La iniciativa de la Ley de Víctimas tiene en el Congreso más de un año y se realizaron dos foros, por lo que con las nuevas modificaciones se espera se presente en el Pleno en las próximas semanas.

Además de manera individual, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dio a conocer los nombres de los aspirantes al Consejo de la Judicatura, sin embargo, se informó que aún no se realiza la designación, debido a que no existe un consenso entre los legisladores.

Entre los aspirantes se encuentran: Jorge Ricardo Ortiz López; José Ricardo Carrillo Sánchez; María Teresa Herrera Tello, María Teresa García Escobedo,  Ervey Cuellar Adame, Eduardo de León Aguirre, José Arturo González Quintanilla, Antonio Andrés Bortoni Iruegas, Alfredo Garza Reyna, Gustavo Felipe Cruz González y Norberto de Jesús de la Rosa Buenrostro.

Con el dar a conocer el listado y al no existir una propuesta para el Pleno, Cienfuegos Martínez concluyó el proceso de selección y dijo se retomará el tema cuando exista alguna iniciativa de los legisladores.