Que sería de seis semanas tanto a mamás como papás

La Diputada local del PRI, Ana González González presentó un paquete de iniciativas que reforman Ley Estatal de Salud, la Ley del Servicio Civil, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se establezca otorgar una licencia especial por muerte gestacional, perinatal y neonatal, de por lo menos seis semanas a madres y padres que estén atravesando este tipo de pérdidas.

En las iniciativas de reforma que fueron presentadas ante la Oficialía de Partes, la legisladora priista plantea que existan protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres en los casos de muerte perinatal o neonatal, ya que en Nuevo León se registraron alrededor de 1238 defunciones fetales durante 2022.

“Con esta propuesta queremos garantizar que se les haga efectiva una licencia especial por pérdida gestacional, perinatal y neonatal de 6 semanas, con su debido pago tanto a madres y padres de familia que atraviesa por esta penosa situación”, precisó la legisladora del PRI.

“Asimismo, buscamos que las instituciones de salud cuenten con protocolo específicos de atención integral a la salud física y psicológica de las mujeres que atraviesan por la pérdida de sus bebés, así como que dentro del sector hospitalario se creen áreas especiales en donde se le permita a la madre despedirse y vivir su duelo con tolerancia y trato digno”, apuntó.

González González destacó que en nuestro país y estado no existen acompañamientos, ni protocolos para las madres y padres que sufren la muerte perinatal, gestacional y neonatal de su bebé.

“Además, es necesario que se creen áreas especiales, durante su estancia hospitalaria, en donde las madres y padres puedan despedir a sus bebés y se brinde información necesaria a las madres sobre la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos”, manifestó.

“Que los sistemas de salud implementen medidas preventivas para disminuir el índice de mortalidad materna y gestacional durante el embarazo, parto y puerperio”, añadió.

La iniciativa de reforma contempla modificar el artículo 61, 62, 64 y se adiciona el artículo 64 Bis 2 en la Ley General de Salud; el artículo 94 de la Ley del Seguro Social; el artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el artículo 24 Bis 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado; y el artículo 8, las fracciones I y VII del artículo 25, y 26 de la Ley Estatal de Salud.

Avalan modificaciones a la Ley Estatal de Salud

A propuesta de la Diputada local del PRI, Gabriela Govea López, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley Estatal de Salud para introducir en la Ley los términos de cuidados paliativos que se deben de proporcionar a pacientes que padecen enfermedades en situación terminal, a fin de otorgarles bienestar y una calidad de vida digna hasta el último momento.

El dictamen de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables fue presentado ante el Pleno del Poder Legislativo por la legisladora Ana González.

“El presente dictamen presentado por la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, tiene como objetivo introducir en la Ley los términos de cuidados paliativos a pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal, a fin de contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte”, precisó en tribuna.

“Como sabemos, los pacientes con enfermedades terminales, es decir con padecimientos irreversibles, progresivos e incurables, suelen sufrir mucho en los últimos momentos de su vida, por lo que nos vemos en la obligación de establecer en el marco legal los tratos que ayuden a evitar la prolongación de la agonía en todo momento, por medio del cuidado activo del control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales”, agregó.

Govea López, por su parte, indicó que la reglamentación en la Ley servirá para poder obligar a las instituciones de salud a que garanticen una vida digna a los pacientes con enfermedades terminales.

“Esta reforma también contempla reconocer los derechos, tanto de los pacientes como de sus familiares, así como promover la autonomía para la toma de decisiones de forma informada”, afirmó.

“Es indudable el avance en la ciencia que ha ayudado al tratamiento de las diversas enfermedades latentes que puede sufrir un ser humano, sin embargo, persisten enfermedades de las cuales aún somos incapaces de desarrollar algún tratamiento capaz de contrarrestarlas, y por este motivo es que debemos pensar en cómo podemos hacer que los últimos días de vida de una persona con una enfermedad terminal sea llevadera de forma digna”, añadió la también Presidenta de la Comisión de Salud en el Poder Legislativo.

Facilitarían al Estado realizar acciones sobre este tema

Con el fin de establecer acciones efectivas que ayuden a reducir los embarazos entre adolescentes de Nuevo León, la Diputada del Grupo Legislativo del PRI, Alhinna Vargas García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud, que faculta a la Secretaría de ese ramo a diseñar y llevar a cabo un programa permanente de prevención, control, vigilancia y atención de los embarazos en mujeres menores de edad.

“El hecho de que una adolescente pueda iniciarse en la vida reproductiva, no significa que esté preparada para ser madre. No obstante, el embarazo precoz es cada vez más frecuente entre las adolescentes de Nuevo León y de México”, señaló Alhinna Vargas.

Mencionó que el embarazo precoz es un problema de salud pública en el país, no sólo por el riesgo de mortalidad que acompaña a los bebés de madres adolescentes, sino porque usualmente son alumbramientos prematuros cuyos bebés nacen con bajo peso y algunas secuelas por no haber completado su desarrollo natural.

Añadió la Diputada Vargas García que “además de los riesgos físicos, el embarazo precoz en las adolescentes, también reduce las oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones de empleo precario, las expone a sufrir violencia de parte de sus parejas y las deja en una situación de vulnerabilidad, así como mayor dependencia económica y un estado de depresión”.

Hizo énfasis en que los tres órdenes de gobierno han hecho grandes esfuerzos para erradicar o al menos reducir este problema social, sin embargo, no han tenido el éxito que se esperaba.

“El incorporar esta tarea en la Ley Estatal de Salud, tiene como propósito fortalecer esta política pública con una visión transversal e institucionalizada, a fin de correlacionar a distintos entes públicos para reducir al máximo los casos de embarazos precoces, y de esta manera atender el interés superior de la niñez y adolescencia”, concluyó la Diputada Alhinna Vargas.

Justifican que uso de cubrebocas ayuda a disminuir contagios de virus

La Diputada Itzel Castillo presentó un dictamen para modificar la Ley Estatal de Salud, con el fin de que la autoridad sanitaria del Estado pueda declarar, en los casos de emergencia, como obligatorio el uso de mascarilla facial o cubre bocas.

“Estamos conscientes que el uso obligatorio del cubre bocas es una medida necesaria que permitirá suprimir la transmisión de virus. Por lo que consideramos que la presente reforma que se nos presenta, atiende a la necesidad de fortalecer los mecanismos y acciones para la debida protección de la salud pública de las personas en general y para establecer la sanción a quienes no cumplan con las disposiciones sanitarias correspondientes”, señaló.

El decreto señala que durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por la autoridad estatal competente, provocada por una enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá declarar obligatorio el uso del cubreboca para todas las personas, excepto para los menores de dos años, y permanecerá vigente hasta que la misma autoridad declare oficialmente su conclusión.

Menciona también que las personas de 2 a 18 años de edad y con discapacidad intelectual no serán sujetos de sanción, pero la falta de uso del cubreboca será responsabilidad de los padres de familia, tutores, representantes legales o de quienes tengan a su cargo su guarda y custodia.

“El uso de cubre bocas contribuye a disminuir el riesgo de contagio del virus del Covid-19, y ayuda a proteger la salud pública de la población en general, lo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es obligación de los estados el proteger la salud y la calidad de vida de las personas, mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no únicamente en su tratamiento y curación” comentó la legisladora.

La reforma a la Ley Estatal de Salud, que otorga facultades a la autoridad sanitaria para decretar el uso obligatorio de cubrebocas, fue aprobado por la mayoría de las y los legisladores.

Para que vigile funcionamiento de los Centros de Rehabilitación

Para poner orden en los Centro de Tratamiento de Adicciones y se garantice una efectiva rehabilitación y el respeto a los derechos humanos, el Grupo Legislativo del PRI, a través de la Diputada Karina Barrón Perales, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para otorgarle más facultades y “dientes” a la Secretaría de Salud en esta materia.

Se trata de una modificación al artículo 73 Bis del mencionado ordenamiento, a fin de que la autoridad estatal tenga las atribuciones para implementar mecanismos de verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de Centros de Tratamiento de Adicciones, tanto públicos como privados, así como aplicar sanciones más severas y contundentes, comentó la legisladora priista.

Con esta reforma, recalcó Barrón, también se busca detectar y actuar oportunamente cuando haya denuncias de maltratos o violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Ángela, la adolescente de 15 años de edad que ingresó a un centro de rehabilitación, en el cual fue drogada y abusada, además de que se le dejó de suministrar insulina para tratar su diabetes, situación que fue dada a conocer por los medios de comunicación en febrero de este año.

“Queremos que no haya más casos lamentables como el de Ángela y para ello se necesita que la Secretaría de Salud se involucre más en el funcionamiento de los centros de rehabilitación, para que vigile con mayor rigor sus protocolos y tratamientos, y no vuelvan a ocurrir casos de abusos”, señaló la Diputada tricolor.

Explicó que la iniciativa plantea la necesidad de que la Secretaría de Salud pueda aplicar sanciones administrativas o monetarias a los centros de rehabilitación que no cumplan con las medidas de seguridad adecuadas.

“Si de la verificación a los centros de tratamiento se observa algún incumplimiento de las disposiciones señaladas o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría de Salud debe dictar las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, ya sea multa o clausura”, detalló Barrón.

Refirió que México ha suscrito diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales para fortalecer la lucha contra las adicciones, además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la necesidad de que el Estado cumpla con el deber de prevención y protección a las personas de los abusos cometidos por terceros en la lucha contra las drogas

“Es común que a algunos centros de rehabilitación se les llame ‘anexos’ o ‘granjas’, porque son verdaderas cárceles a las que se lleva por la fuerza a sus internos, donde se aplican múltiples formas de tortura física y psicológica. Es de hacer notar que las terapias no son realizadas por profesionistas, ni en lugares adecuados y, peor aún, operan sin permisos y sin vigilancia de las autoridades de salud”, alertó Barrón.

La reforma por adición de una fracción VIII, al artículo 73 Bis de la Ley Estatal de Salud, propone que la Secretaría tenga la atribución de: “implementar mecanismos para la verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones privados. Si de la verificación a dichos centros se observa algún incumplimiento al presente ordenamiento, a las normas correspondientes, o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría dictará las medidas de seguridad y sanciones que correspondan”.