No hay reversa; paridad es una garantía constitucional: María Elena

Con el tema Organismos Políticos Electorales, se llevó a cabo la segunda sesión del Foro Nacional de Análisis Político Empoderamiento de las Mujeres.

Para dialogar sobre los marcos legales electorales federal y estatal, así como dar a conocer los avances y significados de las reformas, procedimientos y reglamentación actual, además de los recursos, juicios y sentencias para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres que buscarán contender en las próximas elecciones, se contó con la participación de representantes de los diferentes Órganos Electorales, quienes desarrollaron algunas ponencias al respecto.

Entre los funcionarios que participaron en esta sesión se encontraban: María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación (TEPJF); Emilio Buendía  Díaz, Asesor del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); Mónica Soto Fregoso, Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJE; Luis Daniel López Ruiz, Comisionado Presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), y Javier Garza y Garza, Magistrado Unitario del Tribunal Electoral del Estado.

También se contó con la presencia de Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo del INE en Nuevo León; Marco Antonio Zavala Arredondo, Magistrado Presidente de la Sala Regional de Monterrey del TEPJF; como moderador de la mesa de diálogo participó, Jorge Alcocer, Coordinador General del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional,  así como la Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres y  anfitriona de este evento, María Elena Chapa Hernández.

En su intervención, María Elena Chapa Hernández resaltó que “no hay reversa” y que es la paridad y la igualdad es una garantía constitucional, es por ello que las mujeres tienen derecho de participar en las próximas contiendas.

“Ya se abrió de par en par la puerta para la igualdad y allá vamos, queremos ver a muchas mujeres ocupando la toma de decisiones políticas en este Estado”, expresó.

En el evento también se dieron a conocer algunos datos importantes, que favorecen la participación de las mujeres en la política.

Se mencionó que el 8 de julio del presente año, la Ley Electoral del Estado (Decreto 180) en sus artículos 40, 143, 145 y 146, establece como obligación de los partidos políticos el registro prioritario en las diputaciones locales y en los Ayuntamientos (Presidencias Municipales, Regidurías y Sindicaturas) en las postulaciones de las candidaturas.

También se señaló que en cada Partido Político, con la paridad, la igualdad y la no discriminación como principios, se requieren 6 candidatas a Diputadas Federales, 13 para Diputadas locales, 25 para Alcaldías, 151 Regidoras y 39 Síndicas. De igual forma, se mencionó que la paridad es un avance de alto impacto largamente esperado por las mujeres.

INVITA CEE A MUJERES A SEGUIR PREPARÁNDOSE

Por su parte, el Comisionado Presidente de la CEE, dijo que la Reforma Electoral General del 2014, vino a ser una gran noticia para el Estado de Nuevo León, especialmente por lo que hace a la participación de la mujer.

“Espero que ahora sí estas nuevas condiciones permitan la inclusión amplia de las mujeres en estos procesos electorales. Estamos en un parteaguas muy importante y en ese sentido, el trabajo que están haciendo hoy es muy valioso, en cuanto a que se les dan las herramientas necesarias para poder enfrentar los retos de los procesos electorales.

“Invitamos a que sigan preparándose y capacitándose, para que llegada la oportunidad (las mujeres) puedan acceder a esas posiciones, a esas opciones y que sean candidatas ganadoras, o integrantes de fórmulas ganadoras, que permitan la verdadera inclusión de la mujer en la política del Estado”, señaló.

DESTACA TEPJE LEGISLACION DE NL EN CUANTO A PARIDAD

Durante su participación, la Magistrada del TEPJE, María del Carmen Alanís Figueroa, externó su punto de vista en cuanto a como se encuentra Nuevo León de cara al próximo proceso electoral.

“Nuevo León es de las entidades que ya reformaron su legislación, es de las legislaciones de avanzada, tiene la paridad para el Congreso, paridad para Regidores y Síndicos y hay una interpretación que se deberá hacer si incluye también la paridad para Presidencias Municipales, pero está cumpliendo con la Reforma Constitucional, y es de los Estados de vanguardia que ya aplicará esto para las elecciones que están por iniciar”,  agregó.

Para concluir su intervención, Alanís Figueroa dejó en claro que así como los representantes de los diferentes partidos políticos se comprometieron en la primera edición de este Foro para avanzar  en la paridad, dijo que espera que se puedan elevar los niveles de registro en los que se incluirán más mujeres.

Garantizarán protección de los grupos más vulnerables

Para crear políticas de igualdad de género, la Magistrada Graciela Buchanan Ortega, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; y María Elena Chapa Hernández, Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León, firmaron un acta constitutiva para la creación de una Unidad de Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial.

Buchanan Ortega comentó que con la formación de esta Unidad se pretende garantizar la protección de los menos favorecidos, puesto que es una obligación permanente de aquellos que imparten justicia.

“La no discriminación, el trato igualitario, el derecho universal a tener participación tanto hombres como mujeres en igualdad de circunstancias, y a que las personas que se encuentren en estado o sean grupos de vulnerabilidad, sean protegidos en sus derechos humanos, es un compromiso que asume el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, como cumplimiento a estos artículos de la Constitución y como un compromiso verdadero de dar un grado importante a esta protección y no por modernidad y moda, sino porque creemos que en un país democrático, un estado democrático y un Poder Judicial tan avanzado en todos los aspectos, no puede quedarse atrás con ese compromiso”, dijo la Magistrada.

María Elena Chapa, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, informó que el Tribunal es la décima dependencia que cuenta con este organismo, y que en breve se sumarán la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría del Trabajo.

La Unidad de Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial, tendrá como principal función promover la institucionalización de la perspectiva de género como una política transversal en los ámbitos de la impartición y administración de justicia, así como la cultura institucional del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a fin de eliminar todas aquellas prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio por razones de género.

De igual modo se busca promover el diseño e implementación de procesos de capacitación y formación profesional dirigidos a las y los servidores públicos que integran los diferentes niveles y áreas del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a fin de que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para incorporar la perspectiva de género al ejercicio de sus funciones.

La Unidad de Igualdad y Protección a Grupos Vulnerables se integrará con 5 miembros que serán: un Magistrado, un Juez de Primera Instancia, el Director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, el Director del Centro Estatal de Convivencia Familiar y el Director de Difusión Cultural.

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Cumplirá Magistrada con un periodo total de 20 años en el cargo

El Pleno del Congreso Local de Nuevo León, tomo la protesta de ley a la Magistrada Rosa Elena Grajeda Arreola, para ser ratificada en su cargo en el Tribunal Superior de Justicia por un lapso de cuatro años más.

La Magistrada fue acompañada hasta el Salón de Sesiones por una comisión de bienvenida integrada por los Diputados Sergio Alanís Marroquín, Fernando González Viejo, José Ángel Alvarado Hernández, Juan Carlos Holguín Aguirre, Homar Almaguer Salazar y María de los Ángeles Herrera García.

De acuerdo a lo establecido en la Sesión Ordinaria pasada, el Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva, dio cita a la encargada de una de las Salas en Materia de Justicia Penal, para que le fuera tomada la protesta de Ley correspondiente y que de esta manera pudiera seguir con su encomienda por un periodo de cuatro años más, para cumplir con el plazo de 20 años al que tienen derecho los Magistrados.

El dictamen donde se aprueba la ratificación de la Magistrada, fue presentado en Tribuna por el Diputado Héctor Morales Rivera y aprobado por unanimidad por el resto de las bancadas.

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Le otorgan otro nombramiento por 4 años; sumaría 20 en funciones

Por medio de una votación vía cedula, los Diputados del Congreso del Estado ratificaron en su cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia a Rosa Elena Grajeda Arreola, para un segundo y último periodo de diez años.

De acuerdo a los artículos 94 y 99 de la Constitución Local y, debido a que el plazo inicial de diez años concluirá el próximo 27 de mayo, el Consejo de la Judicatura emitió, ante el Congreso del Estado, opinión favorable sobre el desempeño de la Magistrada a fin de continuar con el proceso de ratificación, que se le será otorgado por cuatro años para que concluya su labor de 20 años de servicio como marca la ley.

El periodo aprobado será a partir del 27 de mayo del presente para concluir el 26 de mayo del 2016, la propuesta fue aprobada por unanimidad con 37 votos a favor durante sesión ordinaria del Congreso del Estado.

Rosa Elena Grajeda Arreola, compareció el pasado 27 de febrero, ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que preside el Diputado César Garza Villarreal, en donde la Magistrada de una de las Salas de Justicia en Materia Penal respondió a los cuestionamientos surgidos durante la reunión, en relación al expediente de ratificación y a su función en el Tribunal.

El proceso de ratificación de los Magistrados debe ser realizado por el Congreso del Estado y requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, con anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Magistrado que corresponda.