Para que se garanticen sus derechos humanos

Para garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para determinar que el cómputo de la prescripción para la reparación del daño aplique hasta que la persona agraviada sea notificada y no cuando cause ejecutoria una sentencia, como ocurre actualmente.

El líder del PRI recalcó que con esta medida se garantiza que el plazo de la prescripción de la reparación del daño comience a correr hasta que la persona titular de dicho derecho tenga el personal conocimiento de la resolución correspondiente y prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado.

Expuso que, en muchas ocasiones, ese derecho se ve mermado debido a vacíos legales, desconocimiento o falta de claridad en los plazos.

“Con esta reforma buscamos establecer reglas precisas sobre el inicio y la duración de la prescripción en materia de reparación del daño y que las víctimas tengan la posibilidad real de ejercer su derecho”, afirmó.

“Es fundamental que el acceso a la justicia sea efectivo y no se vea limitado por vacíos legales o malas interpretaciones”, señaló.

La iniciativa que fue presentada en Oficialía de Partes del Poder Legislativo contempla modificar los artículos 141, 145, 147 y 148 del Código Penal.

Treviño Cantú destacó que la propuesta también incluye que la reparación del daño prescriba en un tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad aplicada al imputado, lo que permitirá homologar criterios con otras entidades federativas y reforzar la protección a las víctimas.

Treviño Cantú subrayó que la iniciativa se encuentra alineada con los principios constitucionales, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, priorizando en todo momento la protección más amplia de las víctimas.“Es necesario actualizar el Código Penal para fortalecer el derecho de las víctimas a la reparación del daño y brindar mayor certeza jurídica en su aplicación”, afirmó el líder de la bancada tricolor.

Para escuchar las opiniones de especialistas, autoridades y ciudadanos

La vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Bere Martínez, propuso realizar nuevas mesas de trabajo para analizar la reforma judicial en Nuevo León y escuchar las opiniones de especialistas, autoridades y ciudadanos antes de tomar decisiones.

La Diputada señaló que, tras la aprobación de la reforma judicial federal, el Estado necesita actualizar sus leyes para lograr un sistema de justicia más cercano, más rápido y que realmente le responda a la gente.

Bere Martínez explicó que actualmente existen distintas propuestas sobre el tema por parte de universidades, empresarios, expertos y del propio Poder Judicial, por lo que consideró importante abrir espacios de diálogo y construir acuerdos entre todos.

“No se trata de imponer una reforma. Queremos escuchar todas las opiniones y construir algo que verdaderamente funcione para Nuevo León”, expresó.

La legisladora de Morena aseguró que muchas personas han perdido la confianza en las instituciones de justicia, por lo que esta discusión representa una oportunidad para mejorar las cosas y crear un sistema más transparente y eficiente.

“Hoy no partimos de cero. Tenemos sobre la mesa propuestas de la academia, de organizaciones empresariales, del propio Poder Judicial y de distintos actores que han decidido participar activamente en este debate”, añadió.

Dentro de la propuesta presentada en el Congreso del Estado, se plantea realizar mesas de trabajo donde participen representantes de los tres poderes, organismos autónomos, especialistas, académicos y organizaciones civiles.

“Hagamos de este proceso un ejemplo de cómo sí se pueden construir acuerdos cuando se pone por delante el interés de la gente”, indicó.

Bere Martínez destacó que el objetivo es escuchar diferentes puntos de vista para construir una reforma judicial equilibrada, responsable y que beneficie a la ciudadanía.

Además, recordó que la primera mesa de trabajo sobre este tema ya se realizó durante junio de 2025, como parte de los ejercicios de análisis impulsados desde el Poder Legislativo.

Destaca modelo de la 4T Norteña

El Alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes, solicitó licencia temporal sin goce de sueldo, a partir del primero de junio, para participar en el proceso de selección del Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

En su mensaje, el Alcalde defendió el modelo de la 4TNorteña como una visión capaz de unir crecimiento económico con prosperidad compartida.

Explicó que este modelo impulsa, con una mano derecha, la inversión, la productividad, la empresa y la seguridad; y con una mano izquierda sensible transforma ese crecimiento en oportunidades, comunidad, educación, tejido social y bienestar para las familias.

Rumbo al proceso electoral 2027

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció en conferencia de prensa la designación de los “Defensores de México”, perfiles estratégicos que, a partir de este mes, operarán en las entidades que tendrán procesos electorales en 2027.

Durante su mensaje, el dirigente nacional subrayó que estos nombramientos responden a la necesidad de fortalecer la estructura territorial del partido, consolidar su cercanía con la ciudadanía y construir una agenda sólida de cara a los próximos retos electorales.

Entre los perfiles destacados, se encuentra Adrián de la Garza, actual Alcalde de Monterrey, quien asumirá responsabilidades en el estado de Nuevo León y además contará con el apoyo de la dirigencia para seguir siendo candidato de coalición para la Gubernatura de Nuevo León.

Esto luego de reconocer su trayectoria, capacidad de gobierno y resultados, señalando que se trata de un liderazgo que ha sabido generar consensos y construir proyectos incluyentes.

El Presidente del PRI, Alejandro Moreno, subrayó:
“Adrián es un Alcalde de coalición. Lo importante es que es un Alcalde que dejó claro que la coalición funciona, que la coalición es exitosa. Porque si bien Adrián ha sido Alcalde, nuestro y de coalición, lo que hemos decidido nosotros es que nuestros Alcaldes de coalición, su militancia es México y su militancia es el ganar y el trabajar para la gente. Los Alcaldes de coalición ganaron con votos del PRI, del PAN y del PRD. Ha quedado claro hoy que lo que queremos son alianzas competitivas.”

En este sentido, el Presidente del PRI en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, expresó el respaldo total del priismo estatal a Adrián de la Garza y afirmó:
“Así como hoy ha demostrado ser un alcalde con resultados, Nuevo León necesita un gobernador con esa capacidad, experiencia y compromiso.”

Asimismo, enfatizó que el contexto político actual exige visión, apertura y trabajo conjunto, por lo que el PRI impulsará perfiles con experiencia, compromiso y capacidad para articular esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, resaltó que de acuerdo con los estatutos del Partido Revolucionario Institucional así como con las reglas electorales, se abrirá la selección de candidaturas ciudadanas, a simpatizantes, militantes, pero sobre todo a la sociedad civil, a todos cuando el prestigio, su fama pública que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación.

Aprueban dictamen que reforma Ley de Desarrollo Social

A fin de que miembros de la familia extensa que tienen bajo custodia a niños, niñas y adolescentes con ausencia parental, puedan tener acceso a los programas de apoyo gubernamentales, la Diputada de Acción Nacional, Itzel Castillo Almanza presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del miércoles pasado en el Poder Legislativo.

Se trata de reformas de las Fracciones I y Il y adición de una fracción III al Artículo 11 de la mencionada normativa para quedar como sigue:

“A la persona de la familia extensa que tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental. Se entenderá por familia extensa la contemplada en la fracción XVII del artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León”.

Las familias extensas o extendidas son quienes tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental.

Itzel Castillo explicó los alcances de su propuesta.

“La Ley de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León reconoce diversas poblaciones prioritarias para efectos de la política social, actualmente no contempla de manera expresa a la familia extensiva que ejerce la custodia o tutela legal de niñas, niños y adolescentes en situación de ausencia parental, lo que limita su acceso a programas y apoyos gubernamentales diseñados para atender contextos de vulnerabilidad”, apuntó.

“En ese sentido, la falta de reconocimiento normativo de esta población genera un vacío legal que invisibiliza a las familias cuidadoras y dificulta la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer su capacidad para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad”, detalló la legisladora panista.

La también Presidenta de la actual legislatura, aseguró que el reconocimiento de la familia extendida como población prioritaria no implica la creación automática de nuevos programas sociales, sino la incorporación de un enfoque de atención diferenciada que permita a las autoridades competentes diseñar e implementar acciones conforme a reglas de operación, criterios de elegibilidad y disponibilidad presupuestal.

“La reforma propuesta contribuirá a fortalecer el tejido social, a prevenir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y a garantizar su permanencia en entornos familiares, lo cual resulta congruente con los objetivos de la política de desarrollo social y con la necesidad de proteger el interés superior de la niñez desde un enfoque integral”, puntualizó Itzel Castillo.

Presentan iniciativa para reformar Código Penal del Estado

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Por Redacción

Para que los niños, niñas y adolescentes no se priven de su derecho y evitar el incumplimiento de los padres ante una orden judicial, la Diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez presentó una iniciativa de reforma para acelerar el pago de la pensión alimenticia.

Caballero Chávez, acompañada del abogado Patricio Martínez Brito, presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

En la iniciativa se reforma el Artículo 280 del Código Penal del Estado de Nuevo León para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias quien, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción que cuenten con resolución judicial firme, convenio ratificado ante autoridad competente o requerimiento formal que le imponga el deber de proporcionar alimentos, deje de hacerlo total o parcialmente por más de treinta días naturales”.

En la propuesta se señala que el delito se perseguirá a petición de la parte agraviada, y bastará para la vinculación a proceso la constancia emitida por el órgano jurisdiccional que acredite la obligación alimentaria y se justifique el incumplimiento.

Indica que al responsable se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y perderá el derecho a ejercer patria potestad, tutela, guarda y custodia, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona agredida y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado.

Determina que, en caso de reincidencia o cuando el imputado oculte ingresos o bienes para eludir el cumplimiento, las penas se aumentarán al doble de la que corresponda, sin perjuicio de ordenar el embargo preventivo o la retención de percepciones como medida de aseguramiento.

Claudia Caballero explicó la finalidad de su propuesta.

“Lo que se plantea es permitir la vinculación a proceso inmediata cuando exista constancia judicial firme que acredite la obligación alimentaria y su incumplimiento. De esta manera, se reconoce el valor probatorio pleno de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia familiar, evitando su innecesaria reiteración en la etapa penal”, indicó.

“Adicionalmente, se propone facultar de manera expresa al juez de control para imponer medidas cautelares inmediatas que garanticen el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia durante el proceso penal. Estas medidas resultan fundamentales para asegurar la protección efectiva de las personas acreedoras, prevenir daños irreparables y asegurar que el proceso penal cumpla con su finalidad de tutela de derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el abogado Patricio Martínez aseguró que con la reforma se busca no duplicar procesos.

“Un deudor alimentista, no se puede ir penalmente contra él hasta que no haya causa ejecutoria. La ejecución, ¿qué es eso?, que una vez que ya fijó una pensión de alimentos, posteriormente tienes que irte a una ejecución, la cual se tarde aproximadamente dos o tres años en resolver, ya que el juicio de ejecución, lo tienes que ver en el juzgado de lo familiar, después se van al amparo, luego van a la revisión de amparo. Todos esos procesos están en tres años, aquí lo que se busca es evitar esos tres años y con la simple imposición del juez de lo familiar de la pensión de alimenticia, donde se ve el incumplimiento, ya puedas proceder penalmente en contra del deudor alimentista, no tener que, como decía la diputada, duplicar procesos”, detalló.

Contra agresiones y fortalecer su capacitación

Para dignificar el trabajo de los vigilantes, mejorar sus condiciones laborales y crear entornos más seguros y respetuosos en las colonias, el Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Privada, a propuesta del Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú.

El dictamen de la Comisión de Justicia que fue presentado ante el Pleno por el legislador Javier Caballero establece que las lesiones al ser calificadas se agravan hasta en una mitad más de la pena que le corresponda.

“Se aprobaron reformas al Código Penal para salvaguardar a los guardias privados y pueda haber una responsabilidad cuando sufran algún ataque o cuando actúen de una manera irresponsable contra ellos, pero también se modificó la Ley de Seguridad Privada que es donde se garantizan las condiciones laborales y de capacitación”, detalló en entrevista Caballero Gaona.

“Con estas reformas las autoridades del sistema de justicia podrán aplicar sanciones más severas cuando se cometan delitos contra este personal, lo que busca inhibir las agresiones y fortalecer la protección legal hacia quienes contribuyen a la seguridad comunitaria”, establece el dictamen.

Caballero Gaona, quien es Presidente de la Comisión de Justicia detalló que entre los temas que deberán incluirse en los programas de capacitación que deberán recibir los guardia de seguridad se encuentran primeros auxilios, respeto a los derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, técnicas de mediación y negociación, identificación y manejo de situaciones de riesgo, así como defensa personal básica enfocada en la protección sin causar daño.