Anuncia Fasci traslado de reos hacia diversos penales federales

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad, anunció el traslado de 71 personas privadas de la libertad provenientes de los Centros Penitenciarios de Apodaca 1 y 2 y Cadereyta, hacia penales federales en Guanajuato, Tepic, Oaxaca y el Altiplano Central.

Este operativo es parte de la estrategia para la erradicación de la violencia al interior de los centros penitenciarios, luego de la identificación de internos que seguían cometiendo delitos desde el penal.

Como resultado, fue desmantelada una red de extorsiones que operaba dentro de las instalaciones, protegiendo a las y los ciudadanos de Nuevo León y salvaguardando la integridad física del resto de los internos.

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que las autoridades que llevaron a cabo el operativo forman parte de la renovación de la estructura penitenciaria del Estado. Cabe recordar que al inicio de la administración se cambió a la totalidad del personal de los penales, como parte de su estrategia para combatir la violencia.

Con estas acciones, se mantiene el compromiso de asegurar la paz y orden público en nuestro estado y garantizar que la delincuencia no siga dañando a Nuevo León, ni dentro ni fuera de los centros penitenciarios.

Exhorta a municipios fortalecer los métodos alternos

Para disminuir el número de juicios penales y el hacinamiento en los centros de reclusión, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, realizó un llamado a los municipios para fortalecer los métodos alternos de solución para resolver, oportunamente, conflictos comunitarios.

Durante la presentación del “Reporte 2020: hallazgos y avances del Sistema Municipal de Justicia Cívica”, que se realizó vía zoom, el también Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso señaló que es necesario continuar con una retroalimentación en el ámbito de la administración pública municipal, así como en el Poder Legislativo, para el diseño normativo en materia de justicia cívica.

“Si logramos una justicia cívica eficaz, lograremos reducir considerablemente el uso de nuestro Derecho Penal, asimismo disminuirá el número de juicios y, consecuentemente, se reducirá el hacinamiento en los centros penitenciarios, logrando prevenir únicamente en el ámbito administrativo sancionador y a través de medidas alternas los problemas diarios de los habitantes del Estado”, manifestó el líder del GLPRI.

“Soy un convencido de que en nuestra entidad debemos de tener un marco normativo respecto de la justicia cívica e itinerante, ya que, dicho sea de paso, Nuevo León ha sido líder en el tema desde el ámbito municipal, al igual que lo hemos sido en nuestra entidad en otros temas en materia de seguridad”, agregó.

La reunión fue convocada por Mayra Hernández, Secretaria Técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey, en la que participaron activistas, funcionarios y expertos en seguridad y justicia.

En su oportunidad, Ibarra también realizó un llamado al Senado de la República para que revise la Ley General en materia de Justicia Cívica e Itinerante que está pendiente de aprobarse.

“Sabemos que, si bien se hizo un gran esfuerzo en la legislatura pasada por avanzar en la Ley General en materia de Justicia Cívica e Itinerante, aprobándose en la Cámara de Diputados, quedó pendiente en carácter de minuta en el Senado de la República, es necesaria su aprobación para materializar y hacer efectivo el mandato Constitucional”, consideró el legislador.

“La implementación de sistemas de Justicia Cívica Municipal, así como su desarrollo y fortalecimiento, abonan en dar un paso más en la dirección correcta, hacia la construcción de un Nuevo León más justo, democrático y desarrollado”, añadió.

En la presentación del Reporte 2020 también participaron Martha Laura Garza Estrada, titular del Instituto de Métodos Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado; así como los expertos Martín Carlos Sánchez y Tania Luna.

Además, asistieron Cristian Castaño Contreras, Director General del Centro de Estudios Estratégicos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana de Monterrey, y Alejandro Carlín, Juez de Control, Juicio Oral y Coordinador de la Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado.

Piden informe al Comisario de Agencia de Administración Penitenciaria

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió queja de oficio, en relación a los contagios registrados en los Centros Penitenciarios del Estado de Nuevo León.

La investigación inició a raíz de la información dada a conocer por autoridades estatales a medios de comunicación, refiriendo que personal administrativo de los Penales de Cadereyta, Apodaca y Escobedo, resultó positivo a las pruebas de COVID-19 y que 90 personas privadas de la libertad del Penal de Cadereyta se encuentran aisladas ante la sospecha de tener dicha enfermedad.

Como parte de la investigación, se solicitó al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, un informe sobre el estado de salud que guardan las personas internas, el personal administrativo y de custodia, a fin que el Organismo esté en posibilidades de integrar diligentemente la queja.

La CEDHNL, señaló en el comunicado enviado a los medios de comunicación, que estará al pendiente del caso y en espera del informe que presente la autoridad.

Pide se brinden instalaciones dignas a empleados administrativos

A fin de que se revisen las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores administrativos que fueron reubicados del Penal del Topo Chico al de Apodaca, el Grupo Legislativo del PRI a través de la Diputada Alejandra Lara, exhortó al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, y al Secretario de Seguridad Pública; Aldo Fasci Zuazua, para que se garanticen las condiciones físicas óptimas para el desempeño profesional de los servidores públicos.

Al presentar el exhorto en tribuna, la legisladora local comentó que, tras 76 años de estar en funcionamiento, el Penal del Topo Chico cerró sus puertas, se trasladaron cerca de 5 mil reos a los Penales de Apodaca y Cadereyta, y junto con ellos alrededor de 150 personas que laboraban en el área administrativa.

“Tenemos conocimiento que dichos empleados no cuentan con las condiciones óptimas para laborar, dado que se localizan en una bodega sin ventilación, sin clima, junto con diverso mobiliario y otros objetos, en un espacio que sin duda no podría ser ni siquiera una oficina provisional”, manifestó Lara Maiz.

“El personal que labora dentro del sistema penitenciario requiere realizar un trabajo profesional, digno y eficiente apegado a los principios del Sistema Penitenciario que establecen nuestras normas y que no está exento por ninguna circunstancia de ser cumplido”, agregó la Diputada local.

Alejandra Lara expresó que es complejo migrar de un espacio a otro y que su implementación requiere del tiempo necesario para cumplirlo, pero esto no puede ser excusa para prestar el servicio de una forma debida.

“Todo el personal administrativo que labora en este espacio es gente con aptitudes que cumplen con el perfil idóneo de prestar dicho servicio, sin embargo, es obligación de las autoridades de seguridad pública brindarle las condiciones para que cumpla con profesionalismo y de la manera debida”, concluyó Alejandra Lara.

Ante maltrato sufrido por decenas de internos en recientes traslados

La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sofía Velasco Becerra, emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, en su división de Fuerza Penitenciaria, a fin de que se abstenga de hacer uso de la fuerza excesiva y de malos tratos en contra de los internos que habitan los tres Penales de la entidad.

El pasado 27 de marzo, durante el traslado de 496 presos, se informó que el personal de la CEDH constató que durante este evento, los celadores y elementos de seguridad de estos recintos omitieron brindar la protección adecuada y trasgredieron los derechos humanos de las personas que habitan en estos centros de reclusión.

La titular de la CEDH detalló que este organismo entrevistó a 48 reos quienes expresaron que elementos de custodia y de Fuerza Civil realizaron agresiones físicas y psicológicas en contra su contra y de algunos compañeros, contrario a lo que comunicó en su entonces el Gobierno del Estado.

“Las agresiones físicas a las que hicieron referencia las personas internas, se tiene por acreditadas a través de dictámenes médicos que les fueron practicados por personal médico de esta Comisión, y de cuales se desprende que presentaban equimosis, heridas contusas saturadas y excoriaciones epidérmicas. Incluso uno de ellos, presentó herida por arma de fuego”, expresó.

Por lo anterior, Velasco Becerra solicitó que las autoridades competentes se capaciten aún más en la materia de derechos humanos, pero, sobre todo, refuercen las acciones correctas que deben de realizar como elementos penitenciarios.

“Este organismo reitera la necesidad de implementar protocolos en materia de uso de la fuerza, para que se regule la actuación del personal de custodia como del personal de Fuerza Civil, en las intervenciones que se realicen en el interior de los centros penitenciarios”, comentó la Presidenta de la CEDH.

Así mismo, se solicita se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los elementos que incurrieron en las prácticas antes mencionadas.

RECOMENDACIÓN 06/2019

En este espacio, también se dio a conocer que se emitió la Recomendación 06/ 2019, a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por haber violentado los derechos humanos a un nivel de vida adecuado y al medio ambiente sano de los habitantes de la Colonia Villas de San Francisco del Municipio de Juárez, por lo que se solicitó atender las peticiones de los vecinos y arreglar las tuberías de drenaje sanitario.

RECOMENDACIÓN 07/2019

En ese sentido, también se informó que se giró la Recomendación 07/ 2019, a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León, al haberse acreditado que su personal vulneró los derechos humanos a un nivel de vida adecuado, integridad personal, seguridad jurídica, tránsito y libre circulación de los habitantes de la Colonia Rincón de la Primavera, en la Ciudad de Monterrey.

Ante esta situación, la CEDH solicitó al Gobierno del Estado acabar con los trabajos que se están realizando sobre la calle Cabo de Hornos de la colonia ya mencionada.

Exhorta garantizar protección de personas privadas de su libertad

Pidiendo que se garantice la protección para las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, la Diputada de Morena, Claudia Tapia Castelo, hizo un exhorto al Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, para que asegure que el nuevo Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, se apegue a derecho en la implementación de acciones en su área.

Lo anterior, debido a que el funcionario ‘autorizó’ el uso de la fuerza letal a los elementos de Fuerza Civil, como otras declaraciones hechas por el mismo, donde acepta públicamente haber ordenado a la misma dependencia ingresar con armas de fuego al centro de reinserción de Cadereyta el pasado 12 de octubre de 2017.

Por ello, Tapia Castelo expuso en el Pleno, que la Organización de la Sociedad Civil en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), reprobó lo dispuesto por Fasci Zuazua.

“CADHAC expone que, a la luz de las recientes declaraciones del Secretario mencionadas en el Antecedente, no se puede permitir que las decisiones tomadas por el Secretario de Seguridad Pública que llevaron a la tragedia del Penal de Cadereyta en octubre de 2017, se repitan, si desde la Secretaría de Seguridad Pública no se actúa con apego al marco legal ni se garantiza la integridad de las personas privadas de su libertad, deberá tomarse a consideración si el titular actual es realmente el perfil idóneo para el puesto”, detalló.

“Tomando en consideración los antecedentes anteriores, la suscrita Diputada me uno a la exigencia de la sociedad civil organizada y comparto todas y cada una de las preocupación de CADHAC, suscribiendo las mismas, razón por la cual presento este exhorto”, puntualizó la Diputada.

De igual forma, presentó un llamado al Secretario de Seguridad Pública, para que el actuar de los operativos en los penales se haga con perspectiva de derechos humanos.

“Exhorto al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, para que garantice que todas sus decisiones en torno a la resolución de conflictos al interior de los centros penitenciarios se tomarán con perspectiva de derechos humanos y con estricto apego al principio de legalidad, teniendo en mente en todo momento la protección de la seguridad y la integridad humana de las personas privadas de la libertad, comprometiéndose a no dar orden ni aceptar bajo ninguna circunstancia el uso desproporcionado de la fuerza ni de armas letales al interior de estos centros”, exigió la legisladora.

Presentan Diputados federales exhorto en Congreso de la Unión

La bancada del PRI de Nuevo León en el Congreso de la Unión presentó este jueves un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado garantice la seguridad, gobernabilidad y respeto a los derechos humanos en los penales de la entidad así como en los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes.

El exhorto fue presentado por los integrantes de la bancada de Nuevo León, Juan Francisco Espinosa Eguía, quien es el Coordinador; Pedro Pablo Treviño Villarreal e Ivonne Álvarez García.

También se exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que realice vistitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del Estado, a efecto de supervisar las condiciones de derechos humanos.

Lo anterior, como consecuencia a los recientes problemas que se han presentado en los penales estatales y en el Tutelar para Menores.

“Es necesario que el Gobierno del Estado de Nuevo León garantice la seguridad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios de dicha entidad”, se establece en el documento.

“Asimismo, que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 6 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, practique visitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, a efecto de supervisar las condiciones de éstos”.

Dentro de sus argumentaciones, los Diputados priistas destacaron que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la CNDH, registró una baja significativa de 7.27 a 5.02 con relación al año anterior, y que además la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 223 quejas el año pasado, siendo de las más altas del país.

Además de que también en el 2017, Nuevo León fue el único Estado en el País en registrar tres motines en sus centros penitenciarios

“En este contexto, el pasado miércoles 3 de octubre se registró un nuevo motín, ahora en el Centro de Internamiento y Adaptación de  Adolescentes Infractores, en el Municipio de Escobedo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad realizara una revisión a los menores”.