Evidencian falta de adopción de políticas sobre este tema

Al presentar la publicación “Contratación de personas con discapacidad en el servicio público”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León evidenció la falta de adopción de políticas para la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla laboral en la mayoría de las instancias públicas encuestadas.

Lo anterior, al mostrar los resultados de un cuestionario que fue dirigido a los 51 municipios y a diversos entes estatales, en el que se preguntó a las autoridades el número y porcentaje de personas con discapacidad empleadas, y las acciones implementadas para impulsar la contratación de personas con discapacidad en la administración.

El ejercicio responde a la obligación, establecida en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de contar con un porcentaje de contratación mínima del 2 por ciento de personas con discapacidad en las administraciones públicas.

De los 25 municipios o autoridades estatales que dieron respuesta, solamente 10 informaron que las personas con discapacidad con¬tratadas igualan o superan el 2% de sus plantillas laborales.

Del número total de personas con discapacidad que fue reportada por las instancias encuestadas, los hombres representan el 70 por ciento; el grupo etario con mayor representación es de 51 a 60 años de edad; las personas con discapacidad física son el grupo con mayor representación y las personas con discapacidad psicosocial son las menos representadas; el 64 por ciento de las personas con discapacidad empleadas en el servicio público tienen puestos operativos y de apoyo mientras que el 3 por ciento tiene puestos de mando medio como coordinaciones y regidurías.

En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite un atento y respetuoso exhorto a los municipios y dependencias estatales, en general, a realizar un plan para la contratación de personas con discapacidad en la administración pública, en el cual, considerando el diagnóstico particular, se establezcan acciones para: a) Garantizar el acceso igualitario, sin discriminación por género o edad; b) Se contrate a personas de los distintos tipos de discapacidad; y, c) Se promueva la incorporación de personas con discapacidad a puestos directivos, mandos medios, y de supervisión, profesionales y técnicos.

Pedirá reformar Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Para que las personas que padecen alguna discapacidad puedan ejercer su derecho a la accesibilidad, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará una iniciativa de reforma para que este sector de la población pueda gozar de, al menos, 4 horas gratis en estacionamientos públicos.

Treviño Cantú precisó que la propuesta contempla modificar el artículo 88 de la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tomando en cuenta que, de acuerdo al INEGI, en Nuevo León hay más 220 mil personas con discapacidad.

“Propongo que todos los estacionamientos deberán reservar, cuando menos, dos cajones para uso exclusivo de personas con discapacidad por cada treinta, los cuales deberán ubicarse en lugares preferentes y de fácil acceso”, explicó.

“Por su parte, los automovilistas deberán portar correctamente las calcomanías distintivas de discapacidad expedidas por las autoridades del Estado. Adicionalmente, los portadores de los distintivos oficiales de discapacidad podrán hacer uso gratuito de cualquier estacionamiento de la entidad durante, al menos, las primeras cuatro horas, toda vez que hagan uso de los cajones exclusivos”, añadió el Coordinador priista.

Detalló que esta práctica ya es una realidad en el Estado de México, además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, apenas el pasado 5 de octubre, que es válido establecer la obligación legal para que los estacionamientos públicos otorguen la gratuidad a las personas con discapacidad, siempre que ostenten los distintivos correspondientes y ocupen los cajones destinados para ello.

Treviño Cantú remarcó que esta medida también contribuirá a proteger la economía de este sector vulnerable, toda vez que en el país únicamente el 30% de las personas con discapacidad cuentan con un empleo, de acuerdo a datos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, por lo que la mayoría no está en condiciones de pagar estacionamiento.

“Hay personas con discapacidad que son discriminadas laboralmente, por lo tanto, tienen pocos o nulos ingresos, así que pagar horas de estacionamiento para acudir a servicios básicos como salud, realizar trámites o acudir a un centro comercial, por ejemplo, les resulta oneroso pagar por estacionar su vehículo y para ellas es un doble impacto económico”, afirmó

“Confiamos en que las autoridades y el sector empresarial vean con buenos ojos esta iniciativa, que promueve una vida libre de discriminación y refuerza el derecho a la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad”, enfatizó Treviño Cantú.

Dan tarjetas electrónicas con 700 pesos de saldo a beneficiados

Al continuar con el programa “Si lo cuidas, te cuido”, tanto la Alcaldesa Cristina Díaz y el Presidente de DIF Guadalupe, Tomás Montoya, entregaron las tarjetas electrónicas con 700 pesos de saldo mensual a los beneficiados.

Tomás Montoya explicó que a través de “Si lo cuidas, te cuido” se apoya a aquellas personas que no pueden trabajar debido a que son responsables de cuidar a un familiar con enfermedades crónicas o degenerativas, o a los abuelos que quedaron bajo custodia de sus nietos.

Al ser un compromiso, Cristina Díaz resaltó que este programa prioriza la solidaridad al apoyar a las familias que más lo necesitan, convirtiéndose en un ejemplo para que otros municipios lo desarrollen como modelo.

A la fecha y tras visitas domiciliarias de forma periódica, se llevan en lista 501 personas inscritas.

“Si lo cuidas, te cuido, es un programa que es un ejemplo para otros municipios y que otros municipios lo han tomado ya, como parte de la gestión pública para servir a quien más lo necesita, a quien más le tenemos que dar esa mano solidaria para salir adelante”, reiteró Díaz.

Por su parte, el Presidente del DIF reiteró su compromiso de seguir apoyando a las personas con necesidad, además de informar que se brinda apoyo alimentario, psicológico, asesoría jurídica y terapias, por parte de DIF Guadalupe.

“Sabemos que este apoyo en algo ayuda, es la mano de la administración municipal, la mano solidaria, la mano humana para decirles que no están solos, que tienen el respaldo de la administración municipal”, aseveró Tomás Montoya.

A la entrega de apoyos estuvieron presentes: Luis Zertuche, Director del DIF; Marycarmen Ruiz, Coordinadora General del DIF y Esaú Vargas, Coordinador de Calidad de Vida del DIF.

Programa de inclusión es para jóvenes entre los 15 y 20 años de edad

Con el propósito de brindar conocimientos y herramientas a jóvenes con alguna discapacidad intelectual para que logren una mayor independencia e introducirlos al campo laboral, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) puso en marcha el diplomado “Desarrollando habilidades para una vida autónoma”.

Este programa de inclusión educativa de la UANL está dirigido a personas de entre 15 y 20 años de edad con diagnósticos como trastorno del espectro autista, síndrome de Down, trastornos por déficit de atención y déficit de desarrollo y les permitirá adquirir conocimientos y herramientas para una mayor independencia en diversos ámbitos de su vida.

La Directora de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la UANL, Luz Amparo Silva Morín, explicó que se contemplaba iniciar este plan piloto en 2020, pero se pospuso por motivo de la pandemia, para arrancar en este ciclo agosto-diciembre 2022.

“Decidimos esperar, porque para nosotros era importante que fuera un programa presencial y que no fuera en línea, ya que deseamos que los estudiantes tengan una atención personalizada”, señaló Silva Morín.

El diplomado inició el 8 de agosto de este año con 11 alumnos en la Preparatoria 7 Unidad Oriente que son formados por cuatro profesoras especialistas en psicología y con un enfoque en atención a personas con discapacidad intelectual.

Durante dos semestres, los jóvenes abordarán temas vinculados a la ejercitación de funciones cognitivas, desarrollo de la autonomía e introducirlos al campo laboral. Entre las materias optativas cursarán talleres de iniciación en la danza, escultura, pintura y teatro.

Proceso de admisión

La convocatoria para ingresar a la primera generación del diplomado “Desarrollando habilidades para una vida autónoma” consistió en recabar los datos de los aspirantes con ayuda de los padres de familia vía telefónica y por correo electrónico.

Después la Dirección de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la UANL entrevistó a los jóvenes y a sus familias para darles a conocer el perfil de ingreso que necesitaban para el programa.

“Hicimos una reunión con los padres una semana antes de iniciar el diplomado en donde les presentamos el programa para que estuvieran conscientes de lo que estábamos iniciando juntos y quedamos de acuerdo en que íbamos a tener la corresponsabilidad para sacar adelante a sus hijos”, destacó Silva Morín.

Inclusión es una cultura

Para la maestra Luz Amparo Silva Morín este diplomado es reflejo de la vocación de la UANL por brindar oportunidades educativas a diversos sectores de la sociedad. Además señaló que este plan piloto será una fase de aprendizaje y un espacio propicio para promover la cultura inclusiva entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

“Considero que la inclusión es una cultura en donde todos tenemos que entrar e involucrarnos. El trabajar con personas con discapacidad nos deja un gran aprendizaje de vida. Los invito a todos a que nos apoyen promoviendo estos programas que denotan la sensibilidad y la responsabilidad social de nuestra Universidad”, puntualizó a funcionaria universitaria.

Si alguien está interesado en saber más acerca del diplomado, se puede comunicarte al 81-8329-4000 extensiones 6678 y 6676.

Características del diplomado

• Dirigido a jóvenes entre los 15 y 20 años de edad.

• Personas con trastorno de espectro autista, síndrome de Down, trastorno por déficit de atención y déficit del desarrollo.

• Jóvenes con escolaridad mínima de secundaria.

• El objetivo es desarrollar la independencia e insertarlos a la vida laboral.

• Materias principales: Ejercitación de funciones cognitivas, Desarrollando mi autoestima e Introducción al sector laboral.

• Materias optativas: talleres de iniciación a la danza, escultura, pintura y teatro.

• La duración es de un año dividido en dos semestres.

Para las personas mayores de 29 años con alguna discapacidad

Para ayudar a las personas con discapacidad permanente que viven en situaciones de pobreza, marginación o exclusión, el Diputado local del PRI, Héctor García exhortó a la Secretaría de Bienestar Federal para que incluya dentro del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente a las personas mayores de 29 años de edad.

Al presentar el exhorto en la Oficialía de Partes, el legislador priista detalló que durante los recorridos por algunas colonias del Distrito 13 local conoció de casos que de padres de familias que tienen hijos mayores de 29 años con discapacidad que los imposibilita a trabajar y el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente los limita para obtener este beneficio, por ser mayores de 30 años.

“Exhorto a la Secretaría de Bienestar Federal para que en el ámbito de sus atribuciones se incluya dentro del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente a las personas mayores de 29 años de edad”, propuso.

“Lo que buscamos con esta propuesta es que con esta pensión el Gobierno de México refrende su compromiso para eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos y que no les permiten ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales en todas las entidades de nuestro país y en el estado de Nuevo León”, agregó.

García citó que, de acuerdo a datos del Censo 2020 del INEGI en Nuevo León, existen 220 mil 206 personas con discapacidad, lo que representa al 3.80 por ciento de la población, es decir, 38 de cada mil ciudadanos del estado sufre una discapacidad.

“Sin embargo, 551 mil 374 personas en el Estado tienen alguna limitación, ya sea para caminar, ver, hablar, oír, o con algún problema o condición mental, otro 9.53 por ciento, lo que equivale a que en la entidad el 13.33 por ciento de los habitantes padece una discapacidad o limitación”, recalcó.

Reconoce Diputada que falta mucho por hacer en este tema

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, el Grupo Legislativo del PRI, a través de la Diputada Alejandra Lara, se comprometió a legislar para fortalecer y establecer una política pública integral que dé cuenta de las necesidades de educación, empleo, seguridad social y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Durante la sesión ordinaria, la Diputada local del PRI en el Congreso manifestó que las personas con discapacidad constantemente sufren situaciones de exclusión social, obstáculos legales, laborales, educativos u otros factores multi-excluyentes, que tienen su origen en el sexo, estrato social, edad o etnia.

“El desafío es claro, se trata de multiplicar esfuerzos para articular distintos espacios y sectores, de modo que las respuestas a las necesidades de acceso a derechos no sean parciales, sino integrales, transversales y colectivas, sin distinción de trato y en situación de igualdad para todas las personas”, manifestó desde plataforma digital en la sesión de este miércoles.

En el posicionamiento, Lara destacó que su partido recién emitió el decálogo “PRI Incluyente”, en el cual se establecen líneas de acción y compromisos hacia las personas con discapacidad, por lo que los legisladores tricolores lo hacen propio y trabajarán en ese sentido.

“Apoyamos el compromiso de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad, promover e impulsar una cultura de inclusión de las personas con discapacidad y acciones de accesibilidad”, señaló.

“Establecer una agenda vinculante con las organizaciones de la sociedad civil, y difundir entre la sociedad las causas, inquietudes y propuestas, así como acciones transversales para la inclusión de las personas con discapacidad”, agregó.

La legisladora priista manifestó que es necesario que, tanto el Gobierno estatal como la sociedad, la academia, partidos políticos y todos los ámbitos de desarrollo, trabajen de la mano para lograr la accesibilidad universal.

Lara comentó que, de acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas, alrededor del 15% de la población mundial, tienen alguna forma de discapacidad.

La legisladora priista demandó a las diferentes autoridades a ser sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad que viven en nuestro Estado, para seguir velando por sus derechos y hacer sinergia para garantizarles la accesibilidad que requieren.

Por la contingencia derivada del COVID-19

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León hizo un llamado al Secretario de Salud del Estado, a salvaguardar el derecho a la salud de las personas con discapacidad y en situación de calle, por considerar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de riesgo de contagio del COVID-19.

A través de una medida precautoria emitida a dicha autoridad, se insta a atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad, en observancia de los principios de inclusión, accesibilidad universal, no discriminación y de atención oportuna.

Además, solicita que se proteja durante la pandemia, a las personas en situación de calle y se giren las instrucciones correspondientes para que se garanticen medidas básicas de higiene, evaluación médica, determinación de su estado de salud, espacios de aislamiento, recuperación efectiva en caso de presentar síntomas, acceso a los servicios de salud y demás medidas que se consideren óptimas para preservar su derecho a la salud.

La autoridad deberá informar las acciones o medidas que implemente para atender a estos grupos en situación de vulnerabilidad en un plazo de 24 horas.