Propone reformar artículo 38 de la Constitución Federal

Para reforzar el principio de “presunción de inocencia” y que las personas que se encuentran bajo un proceso legal no pierdan sus derechos ciudadanos hasta que haya una sentencia judicial, el Grupo Legislativo del PRI vía el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentará una iniciativa de reforma a la Constitución Federal.

Con la propuesta, el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública dijo que se busca modificar el artículo 38 con la eliminación de la fracción II, que ordena la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano, cuando éste se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.

“Actualmente, se establece que una persona vinculada a un proceso penal sin una sentencia condenatoria, ésta pierde sus derechos de votar, ser votado, asociarse, hacer uso del derecho de petición, trabajar en el servicio público, iniciar leyes y votar en las consultas populares, lo cual viola derechos humanos consagrados en la misma Constitución Federal”, señaló Ibarra Hinojosa.

Ibarra precisó que el artículo 38 de la Constitución Federal no ha sido reformado desde que la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, por lo que no refleja la evolución que ha tenido el país en materia de derechos humanos y del nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Existe una grave contradicción en la Constitución Federal: por una parte, señala el principio de presunción de inocencia y, por otro lado, coarta los derechos ciudadanos cuando un individuo enfrenta un proceso penal, el cual, por encontrarse en curso, no se ha emitido sentencia”, indicó el legislador priista.

Sin embargo, precisó que, en el caso de Nuevo León, la Constitución local sí establece que la pérdida de derechos ocurre cuando ya se ha causado ejecutoria.

“Como legisladores tenemos la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos y modificar aquellos que los transgreden, por lo que estoy seguro que la reforma será aprobada a nivel federal y con ello habrá de prevalecer el principio de presunción de inocencia y el irrestricto respecto a los derechos humanos”, expresó Ibarra Hinojosa.

Trámite de procedimiento no lo exime de ninguna responsabilidad

El Presidente del PAN Estatal, Mauro Guerra Villarreal, señaló que era muy predecible que el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, recurriera el recurso del amparo, sin embargo, indicó que a pesar de que lo haya solicitado, esto no lo exime de presentarse y responder a las acusaciones en su contra, pero sobre todo, no es indicio de que se detenga el proceso legal.

Es importante señalar que el pasado jueves la autoridad federal admitió a trámite una demanda de amparo promovida por Rodrigo Medina de la Cruz, en contra del embargo de bienes por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción, sin embargo, este procedimiento no significa que la investigación que se le sigue vaya a suspenderse.

“Era de esperarse de que iba a buscar este tipo de medidas jurídicas para tratar de evitar enfrentar a la justicia, es importante que la sociedad sepa que si le otorgaron una suspensión, no lo exime de tener que presentarse a responder a la justicia y sobre todo, que no es una carta de impunidad”, declaró el dirigente estatal del PAN.

Puntualizó que es urgente que la Subprocuraduría y la Fiscalía continúen con el proceso para darle respuesta a una de las tantas demandas que ha hecho la ciudadanía y así se proceda a castigar los actos corruptos.

“Esto tiene que hacer que la Subprocuraduría y la Fiscalía, continúen con el proceso y que se llame a cuentas, lo que los ciudadanos están exigiendo y es por eso que hoy estamos abordando este tema, es necesario que no haya impunidad, nosotros estaremos a la espera de que la Procuraduría continúe con esta comparecencia”, recalcó Guerra Villarreal.

Pedirán vincular a proceso a ex Gobernador; les embargan bienes

El Subprocurador Especializado en el Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, hizo oficial el proceso legal que se seguirá en contra del ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, así como de 11 funcionarios de la anterior Administración Estatal.

En rueda de prensa celebrada en el Palacio de Gobierno, autoridades estatales dieron a conocer que la investigación realizada para cuantificar el monto económico de los daños causados al erario por parte de los ex servidores públicos arrojó que estos ascienden a 3 mil 600 millones de pesos.

Por tal motivo, le fue otorgado al Fiscal Anticorrupción el aseguramiento de los bienes de siete funcionarios del Gobierno de Rodrigo Medina, incluyendo al propio ex Mandatario, a fin de que respondan sobre las imputaciones en su contra, durante un lapso no mayor a 2 meses.

Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

Ernesto Canales Santos, Subprocurador Anticorrupción, dijo que el embargo de bienes a los ex funcionarios, es resultado de las tareas iniciadas durante el proceso de entrega-recepción con motivo del cambio de Gobierno.

“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara”, manifestó Canales.

Durante la rueda de prensa, Aldo Fasci Zuazua, Asesor de la Fiscalía Anticorrupción, dio también los pormenores de estos hechos que se investigan.

“El Ministerio Público solicitará presentar cargos en contra del ex Gobernador, nueve ex funcionarios de primer nivel, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, 10 empresarios y dos funcionarios bancarios  familiares y socios”, resaltó.

Asimismo, mencionó que los delitos que se siguen en estos casos son: peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable a ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

“Los servidores públicos antes mencionados, a través de fideicomisos evitaron el cumplimiento de la ley, adquirieron inmuebles en forma dirigida, realizaron obras en beneficio privado y no público, pagaron sobre precios volúmenes de obra no realizados, obras sin licitación, hay un favor de personas que mantienen vínculos entre sí y vínculos con servidores públicos y sus familiares haciendo uso además de información privilegiada”, detalló Fasci Zuazua.

En virtud de lo anterior, a partir de este viernes 3 de junio se procedió al aseguramiento y embargo de bienes en contra de 11 servidores públicos, por lo que una vez que esto se decrete por parte de los jueces, se podrá brindar mayor información al respecto, pues según informó Aldo Fasci, no es factible dar mayores informes, ya que la orden del Juez fue ejecutada en ese preciso momento.

Entre otras cosas, manifestó que los nombres de las personas  implicadas estarán bajo reserva, en tanto no se les vincule a proceso judicialmente en los términos de ley.

“Una vez que esté ejecutado el embargo y aseguramiento, les daremos después el nombre de los servidores públicos porque hay una resolución y queda en el Registro Público”, precisó.

Sin embargo horas después en la página oficial del Gobierno del Estado, se reveló de manera oficial los nombres de los ex funcionarios que están siendo objeto de investigación.

“En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los siguientes ex funcionarios:

• Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015, y de los siguientes funcionarios de esa misma Administración:

• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico

• Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional

• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General

• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas

• Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología

• Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable

• Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado

• Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey

• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus

• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León”, se lee en el boletín de prensa.

Cabe señalar que durante la rueda de prensa se informó de la existencia de 117 casos integrados a partir de quejas y denuncias recibidas, así como por revisiones de la autoridad.

De estos 117 asuntos, 42 casos ya se investigan, en 28 se han iniciado procedimientos y en 47 ya se advirtió presunta responsabilidad penal.

Durante su intervención, la Contralora General, Nora Elia Cantú Suárez, presentó que debido a las irregularidades encontradas en el otorgamiento de incentivos a empresas, Caso Siderúrgica de Linares, se iniciaron 10 procedimientos de responsabilidad administrativa y se dictaron cinco resolutivos en contra de los ex funcionarios Rodolfo Gómez Acosta, ex Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; Juan Francisco Livas Cantú, ex Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola; Rolando Zubirán Robert, ex Secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, ex Secretario de Obras Públicas; Ramón Villagómez Guerrero, ex Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.

Cantú Suárez especificó que las resoluciones consisten en 10 años de inhabilitación para cada uno, además de una sanción resarcitoria por 210 millones de pesos.

Dentro de la red de vinculación, Fasci Zuazua, resaltó que a los integrantes del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, se le imputarán los cargos de ejercicio indebido de funciones y peculado por un daño de 2 mil 200 millones de pesos.

“Estos miembros del Consejo que son ex servidores públicos, aprobaron inversiones para realizar obras para beneficio privado de adquisiciones de inmuebles sin licitación, lo que a la letra de ley constituye un desvió de recursos”, indicó.

Otros de los delitos que son investigados es el que el Gobierno del Estado pagó impuestos por particulares.

Respecto al tema de inmuebles, el Estado contrató a una empresa a fin de localizar inmuebles para realizar obras sobre ellos, “se solicitan una serie de requisitos que deben cumplir los inmuebles y no los cumplen, y no obstante ello, los adquieren, los compra el Gobierno sin cumplir lo que piden”, declaró el Asesor de la Fiscalía Anticorrupción.

Y respecto al Sistema Estatal de Caminos, por la celebración indebida de ocho órdenes de compra y una de servicios, y la simulación de una obra en el Municipio de San Nicolás autorizada por su ex titular Víctor Martínez Trujillo, y la responsable de administración y finanzas, entre otros.

Dichos contratos fueron realizados por los funcionarios en perjuicio del patrimonio del Estado, por un monto superior a los 9 millones de pesos.

Antes de concluir Jorge Emilio Iruegas, Director de la Subprocuraduría Anticorrupción, estableció que el procedimiento legal aplicable respecto del cual se va solventar todo este caso, es respecto al Código Procesal Penal para el Estado de corte acusatorio.

“En los próximos días se estará solicitando una audiencia para formular cargos, se estará citando a estas personas, y en dicha audiencia se pedirá por parte del Ministerio Público la vinculación a proceso, respecto a los hechos que se han vertido el día de hoy”.

TAMBIÉN CONTRA MONTERREY

En el caso del Municipio de Monterrey, la Subprocuraduría Anticorrupción actualmente lleva a cabo una investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público, también de ex servidores públicos municipales.

Es importante destacar que la denuncia fue presentada el 1 de marzo del presente año por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey.

De los hechos narrados se advierte que los servidores adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos, más IVA.

Dichos servicios consisten en el apoyo legal de funcionarios municipales de la Administración 2012-2015.

Una vez reunidas las pruebas suficientes que acrediten el hecho delictivo y la probabilidad de la participación de los imputados, se solicitará fecha para la audiencia de imputación en contra de 12 ex servidores públicos.

Ahora sí es oficial: Va Estado contra Medina y ex colaboradores