Como detención ilegal, uso excesivo de fuerza y traslado penitenciario

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) dio a conocer cinco recomendaciones en las que acredita detenciones ilegales e injustificadas a un periodista y a mujeres trans, uso excesivo de la fuerza en detención en domicilio sin orden judicial, así como también transgresión a derechos de persona privada de la libertad al ser trasladada de centro penitenciario, y violación al derecho de la seguridad de la población al poner en libertad a personas detenidas por irregularidades en la aplicación de la normativa.

Ante medios de comunicación, la Presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, detalló que en la Recomendación 7/2018 se concluye que la Secretaría de Seguridad y Proximidad de Escobedo, incurrió en una arbitrariedad en contra de un periodista que ejercía su profesión, al utilizar la detención como medida de control preventivo bajo la figura de “desacato a la autoridad”, debido a que había solicitado entrevistar a una persona que se encontraba detenida en las celdas de esta dependencia.

La CEDHNL señaló que asegurar el derecho de las y los periodistas a realizar su labor también implica la responsabilidad de crear un entorno en el que puedan prosperar los medios de información independientes y donde quienes ejercen el periodismo no corran peligro, de la misma forma en que lo establece Naciones Unidas al respecto.

En la Recomendación 8/2018 la CEDHNL observa actuación discriminatoria por identidad y expresión de género, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey en contra de varias mujeres trans que fueron detenidas en diferentes hechos y sin justificación sobre el motivo de las detenciones, además se presentaron arbitrariedades como la demora en la presentación ante el Juez Calificador para la valoración de su situación jurídica, y violencia física en contra de una de ellas.

Dentro de las recomendaciones de este expediente, la CEDHNL solicita que se reembolsen las cantidades erogadas por las víctimas por concepto de multas para ser puestas en libertad, entre otros señalamientos de procedimientos de responsabilidad administrativa y capacitaciones.

La Recomendación 9/2018, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del estado resuelve el caso de una persona privada de la libertad en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Topo Chico que fue traslada a otro estado del País, acto con el que fue transgredido el derecho al debido proceso, en relación con la seguridad jurídica, ya que no se solicitó el movimiento a la autoridad judicial responsable del caso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina son señalados en los hechos violatorios de la Recomendación 10/2018, por transgredir el derecho a la intimidad, a la integridad personal y el uso excesivo de la fuerza en una detención en la que ingresaron al domicilio de la víctima sin orden o autorización para el allanamiento.

En este caso la CEDHNL solicita se proporcione el tratamiento médico necesario ya que las víctimas fueron afectadas en su integridad física, además del procedimiento de responsabilidad administrativa, que se dé vista a la Procuraduría General del Estado para que se inicie la carpeta de investigación respectiva.

En la Recomendación 11/2018 se señala violación al derecho a la seguridad jurídica en perjuicio de la sociedad por parte elementos de la Secretaría de Seguridad, Vialidad y Tránsito de Linares, que no cumplieron con las disposiciones normativas para la privación de la libertad de toda persona, y ante tal falta, una personas detenidas tras una denuncia anónima, tuvieron que ser liberadas por las irregularidades.

La CEDHNL solicita en todas las recomendaciones el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes por las faltas y omisiones de los elementos de los ayuntamientos y dependencias mencionadas, así como también la capacitación de servidoras y servidores públicos.

Desmantela Procuraduría laboratorio donde operaban delincuentes

Una banda de falsificadores de documentos oficiales que incluso entraban al sistema del Instituto registral y Catastral del Gobierno del Estado, fue descubierta y detenida por autoridades de la Procuraduría General de Justicia.

En rueda de prensa el Procurador Bernardo González Garza, informó sobre la captura de tres personas relacionadas con estos hechos que se derivaron de las denuncias presentadas por la dependencia afectada y por algunos de los particulares que resultaron ser víctimas de las operaciones fraudulentas de este grupo de delincuentes.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por personal de la Procuraduría del Estado, se desmanteló un laboratorio que servía como operación en la falsificación de documentos oficiales, el cual estaba ubicado en la Colonia Anáhuac del Municipio de San Nicolás.

González Garza informó que se llevaron a cabo diversos operativos a raíz de un total de 24 denuncias presentadas por el Instituto y por particulares que derivaron en la detención de tres personas.

En el laboratorio se encontraron 36 credenciales de elector, una licencia de manejar, 14 pasaportes y diversos documentos y sellos del Instituto Registral y Catastral, todos apócrifos.

El Procurador señaló en su mensaje ante los representantes de los medios de comunicación, que algunos de los documentos falsificados fueron utilizados para realizar algunos despejos de inmuebles.

“Están los datos también de algunas personas en virtud de la denuncia del Instituto de cómo se las ingeniaban para ingresar inclusive al sistema tecnológico del propio Instituto y cómo con estos documentos intentaban modificar algunas escrituras públicas y con eso tratar de sorprender a algunos notarios públicos y realizar operaciones fraudulentas”, dijo.

Indicó que los detenidos y otras personas que ya han sido identificadas y cuentan con órdenes de aprehensión formarían parte de esta banda de falsificadores.

Pide apoyo del Congreso local; requiere 2 mil 500 millones de pesos

Uno de los temas que el Procurador de Justicia en el Estado, Roberto Flores Treviño, abordó después de una reunión que sostuvo con representantes de Colegios de Abogados, donde se presentaron las acciones y resultados de la dependencia a su cargo, a través del Semáforo de la Procuraduría, fue la reducción dramática de los apoyos federales otorgados pare el ejercicio 2016, y que prometen recortarse aún más para el 2017, en muchas de las áreas para la procuración de justicia.

El funcionario estatal mencionó que actualmente el Instituto de Formación Profesional que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado, es el más profesional a nivel federal, sin embargo, sostuvo que lo que hace falta son apoyos de carácter federal para capacitación, así como contar con capacitadores externos que colaboren con esta área.

“Es una noticia muy desafortunada que me dieron el día de ayer, sin embargo, vamos a hacer todos los mejores esfuerzos para que los servicios sigan siendo de la mejor calidad, el Instituto de Formación Profesional le da capacitación a policías de proximidad, a agentes ministeriales que de ahí salen egresados y a los Agentes del Ministerio Público Orientadores (AMPO)”, expresó.

Así mismo, el Procurador dijo que espera que esta reducción no afecte la capacitación que se les brinda a los diferentes elementos, ya que esta es una parte fundamental dentro de la investigación que se realiza hoy en día.

De igual forma, comentó que para poder reforzar las áreas del Ministerio Público, reforzar la investigación científica, y la situación tecnológica (adquirir implementos para que los policías ministeriales desempeñen su trabajo con mayor efectividad) requieren de una importante cantidad de recursos.

“Estamos presupuestando 2 mil 500 millones de pesos para el ejercicio 2017 de toda la Procuraduría.

“A nivel federal nos dieron a conocer una reducción del 17 por ciento en uno de los rubros, que sí nos afecta muchísimo para comprar implementos para la Policía Ministerial”, apuntó.

Ante esta situación, el Procurador manifestó haber dialogado con el Gobernador Jaime Rodríguez, a quien le hizo un planteamiento para poder ver la manera en la que se puede resolver esta problemática, y cómo la Tesorería les podría apoyar en ese sentido.

Entre otras cosas, mencionó que hace 15 años la Policía Ministerial contaba con mil 500 elementos y actualmente se tienen menos de mil, debido a que ahora los Agentes Ministeriales son más profesionales, pues para ocupar este cargo se requiere que sean abogados o criminólogos de profesión, y en parte, esto ha marcado una importante reducción a nivel nacional, por ello consideró importante homologar los salarios de los Agentes Ministeriales del Estado con los Federales.

“No es justo el salario que recibe un agente de la Policía Ministerial en contra (del sueldo) de un policía municipal o elemento de Fuerza Civil, al cual no se le exige el nivel de licenciatura.

“Entonces debemos homologar los salarios con la Federación, tanto de los policías ministeriales como de los peritos, expresó.

Antes de concluir, el Procurador añadió que para poder que esto sea posible (homologación de salarios) ya hizo por su parte una petición al Congreso, esperando que la misma le sea autorizada.

“Si los Diputados tantas ganas tienen de que las cosas se hagan bien, nos tienen que dar dinero, tienen que autorizarse los presupuestos”, concluyó.

Destaca Procurador acciones tendientes a bajar incidencia delictiva

Al ser el robo a vehículo una constante en cada incidencia mensual delictiva, el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia, anunció que la principal tarea que tienen es combatirlo por medio de la aplicación de diversas estrategias.

En entrevista, el Procurador del Estado, Roberto Flores Treviño, señaló que una de las principales metas que se han trazado es abatir este problema, razón por la que han establecido una sinergia con las Secretarías de Seguridad Estatal y Municipales, lo cual ha derivado a realizar acciones conjuntas que se reflejan en operativos sorpresas.

“Tenemos un combate al robo de vehículos, es algo que inquieta mucho al. Gobernador y el Gobernador nos ha pedido que le pongamos las ganas, la Procuraduría en coordinación con la Secretaría de Seguridad y con las Secretarías de Seguridad Municipales hemos implementado operativos y han dado resultados positivos”, mencionó el funcionario.

Así mismo, resaltó que otro de los resultados de esta conjunción de esfuerzos es eliminar las zonas consideras como focos rojos por sus altos índices delictivos, acciones que le han permitido a esta dependencia estar en una excelente posición en el ranking nacional.

“Estamos tratando de ser mejores, en tratar de bajar los índices delictivos, es un esfuerzo en conjunto, principalmente con la Secretaría de Seguridad y los Alcaldes que le han puesto muchísimo énfasis a ésta situación de querer resolver la seguridad, ya que queremos un área metropolitana más segura”, aseguró Flores Treviño.

Además, apuntó que una de las siguientes metas a cumplir es posicionarse como una las 5 mejores dependencias del País.

“Estamos en el lugar noveno nacional, no es bueno ni malo, el objetivo que tenemos es que bajemos mínimo 5 puntos más y estamos en eso, nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo”, agregó el Titular de la Procuraduría del Estado.

A fin de integrar las bases de datos necesarias para combatir de manera frontal al crimen organizado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, firmaron un convenio de colaboración.

Con la firma de dicho documento, Nuevo León queda incorporado a la Red Nacional de Información Criminal.

Mediante este acuerdo, el cual fue signado por Roberto Flores Treviño, Procurador del Estado; Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Jesús López Trujillo, Delegado de la PGR en la entidad, las instituciones de Análisis de la Información de la Procuraduría de Justicia y las Unidades de Análisis de la PGR, podrán realizar un intercambio de información criminal efectivo, frente al nuevo sistema de justicia penal.

Durante su intervención, el Procurador dio a conocer la designación de Ana Laura Cano Pichardo, como Directora General y de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, como responsable de esta Unidad; mientras que el enlace operativo para el intercambio de información será el Director de Análisis e Información de la PGJE, Jorge Antonio Ortega Zamarripa.

“Esto se traducirá en acciones concretas que benefician de manera directa a la investigación de los delitos”, expresó el funcionario estatal.

“Fortalecerán las labores de inteligencia de ambas instituciones, así como de las instituciones nacionales y las otras procuradurías y permitirá que se lleve a cabo una mejor planeación del combate a la delincuencia a nivel nacional, para establecer canales de comunicación idóneos”.

Flores Treviño añadió que la Red Nacional de Información Criminal, entre los principales beneficios que traerá consigo serán los importantes logros en lo que atañe a la prevención e investigación de los delitos.

Cabe mencionar que este proyecto comenzó entre los meses de octubre y noviembre del 2014, según datos proporcionados por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

“Con esto queremos fortalecer, queremos tener integradas las bases de datos que son necesarias para combatir de manera frontal al crimen organizado”, indicó el funcionario federal.

“La información ministerial que se genera en todas las procuradurías y fiscalías del País para poder concentrarlo en la PGR y poder compartirlo.

“Una labor de coordinación la cual ha dado muy buenos resultados en aspectos muy sensibles y que laceran a la sociedad, secuestro, homicidio y el combate directo a lo que es la delincuencia organizada”, concluyó Zerón de Lucio.

Además pide que le hagan exámenes toxicológicos y psicológicos

Luego de recibir este fin de semana amenazas hacia su persona, la Diputada y Coordinadora de la Bancada Independiente, Karina Barrón Perales, denunció al legislador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Procuraduría General de Justicia.

La Diputada acudió hasta el módulo ubicado en San Jerónimo junto con sus compañeros de bancada Jorge Blanco y Marco Martínez, e indicó que han sido muchas las ocasiones en las que es perseguida, amenazada e insultada por García Sepúlveda.

“El día de hoy tomé ya la decisión de poner una denuncia formal en contra de mi compañero Samuel García, porque desde un inicio en que Jorge Blanco dejó la bancada de Movimiento Ciudadano, he recibido muchos ataques, yo creo que es momento de hacer un alto, yo no quería llegar a esta instancia porque somos compañeros”, aseguró Barrón Perales.

El último mensaje de amenaza que recibió y la razón por la cual se decidió a iniciar con este proceso decía: “Aguas Karina con meterte con mi gente. Me son más fieles que un perro. 1era advertencia”.

Sin dar muchos detalles, Barrón Perales indicó con ésta ya son cuatro las denuncias que existen en contra de Diputado de MC.

En ese sentido, la líder del Grupo Parlamentario Independiente solicitó que se tomarán medidas precautorias y requirió que Samuel García  Sepúlveda sea sometido a la prueba del polígrafo, a exámenes toxicológicos y psicológicos, aunado a esto, pidió una  orden de restricción.

“’Tiene delirio de persecución, su comportamiento no es normal, yo vengo a solicitar que le hagan examen toxicológico y psicológico’, puntualizó la Diputada.

Barrón agregó que también presentará una denuncia por los mismos hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado, fue reconocida por organismos no gubernamentales, por el trabajo realizado desde el 2011 a la fecha, en el caso de las personas denunciadas como desaparecidas.

De acuerdo con la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., (CADHAC), que es encabezada por la hermana Consuelo Morales, así como por el grupo de Mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León (AMORES), la dependencia estatal les ha brindado un excelente apoyo en los casos que se le han presentado a la autoridad.

Morales dijo que se decidió otorgar un reconocimiento al Procurador Javier Flores Saldívar, en virtud que desde hace tres años y medio han recibido una atención satisfactoria en los asuntos que le han puesto a consideración a la Procuraduría, donde se les ha atendido de inmediato.

El pasado viernes 28 de agosto se llevó a cabo la reunión número 23 entre la Procuraduría, CADHAC y AMORES, misma que fue la última en lo que respecta a la actual administración estatal.

Flores Saldívar se dijo satisfecho de la labor realizada por las Procuraduría, ya que se brindó muchas satisfacciones a los familiares de las personas desaparecidas, muchos de los cuales fueron encontrados vivos y a los que no, se les pudo identificar mediante las pruebas de ADN; aunque reconoció que existen todavía algunas áreas donde se pueden mejorar los procesos que se siguen en este delicado tema.

“Del 2011 a la fecha hay una cantidad bastante importante de personas encontradas vivas, de personas encontradas por ADN, de personas consignadas”, informó el funcionario estatal.

La responsable de CADHAC, reiteró su agradecimiento a la labor de la Procuraduría, ya que insistió, desde el 2011 siempre encontraron las puertas abiertas de la dependencia para atender los diversos asuntos de personas desaparecidas que le fueron planteadas a las autoridades.

Incluso, dijo que el Estado ha presentado una baja considerable en el número de personas desaparecidas.

El éxito logrado por la Procuraduría en esta labor es tal, que se ha pedido se replique el modelo de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional.