Presentará Álvaro Ibarra iniciativa de reforma a Constitución de NL

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal y mejorar la coordinación entre Poderes, el Grupo Legislativo del PRI, a través del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentará una iniciativa de reforma para garantizar que toda modificación constitucional que se promueva desde el Congreso pase por la opinión del Poder Judicial del Estado.

Se trata de agregar a la Constitución local el mecanismo de “Cuestión de Constitucionalidad”, que implica modificaciones a los artículos 95 y 96 de la Carta Magna estatal, con la que también se involucraría al Poder Judicial en las reformas que tengan que ver con el fortalecimiento a los derechos humanos.

Ibarra explicó que con esta iniciativa se busca ampliar los mecanismos de control Constitucional, al plasmar la necesidad de que se promueva y respete el orden constitucional a través de un diálogo permanente entre los Poderes Legislativo y el Judicial.

“Funciona como una forma constitucional que genera un diálogo entre nuestro parlamento y el Poder Judicial, a fin de mejorar el desempeño legislativo, para contar con opiniones no vinculantes que permitan emitir normas con una mayor observancia de nuestro marco constitucional, en el entendido que es una obligación atender siempre a los parámetros Constitucionales y de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos”, manifestó Ibarra Hinojosa.

Apuntó que la figura ya existe en Constituciones locales de otros Estados de la República, por lo que es pertinente que Nuevo León también la adopte y quede plasmada en la máxima norma estatal.

“La Suprema Corte ha validado la constitucionalidad de los mecanismos de control locales, como es la ‘Cuestión de Constitucionalidad’, por lo que es necesario traer a nuestro marco normativo mejores herramientas que permitan proteger los derechos humanos de los nuevoleoneses”, expresó el legislador priista.

La iniciativa será presentada en los próximos días en el Congreso del Estado, a la espera que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

Una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, fue presentada por el Diputado del PAN, Daniel Carrillo Martínez, a fin de lograr que la Auditoría Superior del Estado, pueda proceder en contra de los funcionarios que hayan desviado recursos, sin que medie la autorización del Congreso local.

La intención del legislador albiazul es que el órgano fiscalizador no esté supeditado a la decisión del Poder Legislativo para llevar a cabo las denuncias penales respectivas, cuando derivado de su función, detecte que algún funcionario público ha incurrido en conductas ilícitas, que ameritan sanciones administrativas o penales.

Además, Carrillo Martínez también propuso reformas a la Ley Estatal de Fiscalización Superior, para poder actualizarla con la reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.

El también Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que las reformas propuestas en el Pleno hacen posible que el aval del Congreso no sea necesario para proceder legal, penal o administrativamente en contra de funcionarios estatales, organismos autónomos, instituciones descentralizados y desconcentrados, fideicomisos públicos de la administración estatal, municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados, en fin, cualquier servidor o institución que haya desviado recursos públicos.

En la iniciativa se establece que la Auditoría realice las observaciones pertinentes a la Cuenta Pública en cuestión y si éstas no son solventadas en tiempo y forma, el organismo fiscalizador instruirá los procedimientos de fincamiento de responsabilidades, resarcitorias o denuncias penales, si es que procedan, contra quienes resulten responsables.

El legislador panista reiteró que el objetivo de dicha iniciativa es que darle mayor libertad a la Auditoría Superior del Estado, para que actúe de manera directa en los casos de la comprobación del desvío de recursos por parte de los servidores públicos.

“Por el lado de la Ley de Fiscalización es prácticamente proceder sin necesidad de permiso por parte del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos, para que la Auditoría Superior proceda sin necesidad de autorización del Congreso contra cualquier autoridad que desvíe recursos”, manifestó Carrillo Martínez.

En el documento se indica que las reformas propuestas son en relación al artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y a los artículos 2, 4, 12, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 64, 65, 66 y 67, 68, 69, 71, 72, 76, 74, 82, 88, 89 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.