Reformarían la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Para hacer una oportuna detección del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, la Diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez Martínez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para generar protocolos de actuación que permitan descubrir los casos de menores que se encuentren envueltos en estas problemáticas, no sólo en el ámbito escolar sino en su entorno.

En la exposición de motivos, la legisladora precisó que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo, representando un grave problema de salud pública, de derechos humanos y justicia social.

“Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil, pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia”, expresó.

Refirió que basados en un estudio de la OMS, alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo habían sido violentados sexualmente.

Así mismo, detalló información de que cuatro de cada diez delitos sexuales se ejecutan en menores de edad y en nuestro País cada año se cometen al menos 600 mil conductas ilícitas de esta naturaleza.

Advirtió en su lectura, que quiénes agreden a los menores generalmente forman parte de su círculo de cuidado, ya sea por algún familiar directo, indirecto o personas cercanas; y fuera de éste con otras que se relacione de manera cotidiana como docentes, entrenadores deportivos, líderes de grupos.

“Para el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la comunidad escolar resulta un espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y los menores a su cargo”, señaló la legisladora petista.

Dicha reforma es por modificación al artículo 75 de la Ley mencionada en sus fracciones tercera y décima cuarta, en el cual se establece que se deben elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación del personal docente y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

La iniciativa se turnó con carácter de urgente a la Comisión de Legislación para su estudio y dictamen correspondientes.

Reformarían Ley de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Buscando que se garantice la vida de la mujer libre de acoso y violencia, el Grupo Legislativo del PRI, propuso ante el Pleno del Congreso una Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prohibir la intimidación y el hostigamiento a través de las redes sociales, correo electrónico o vía telefónica.

Durante la exposición de motivos, el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, manifestó que pese a que hace una década fue reconocido a nivel nacional el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia y al goce, ejercicio y protección de sus derechos humanos, el sexo femenino sigue siendo víctima de abuso.

“Con esta iniciativa se busca que la prohibición para el agresor se dé, ya no sólo a razón del entorno social de la víctima y su familia, sino por cualquier medio incluidos los electrónicos, por esto el agresor ya no podrá intimidar u hostigar a la víctima a través de las redes sociales, por correo electrónico o por teléfono, ampliando de fondo esta protección de acuerdo a las necesidades que implica el vivir en este siglo XXI”, señaló el legislador tricolor.

Ibarra Hinojosa agregó que es responsabilidad del Estado la implementación de programas y mecanismos que sirvan para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, así como contra sus primogénitos.

“Hoy en día se siguen presentando hechos de violencia en contra de las mujeres, ya sea dentro de un hogar o fuera de éste, por ello es que preciso que es necesario fortalecer las medidas de protección establecidas en nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, dijo.

Señaló que por ende, lo que se busca con esta iniciativa es ofrecer más herramientas de protección a las víctimas de violencia de género.

Cabe señalar, que en la fracción IV del Artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecía como órdenes de protección de emergencia las siguientes: “Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar”.

Y al ser reformada esta misma fracción, quedaría como sigue: “Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar, incluidos la vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación”.

Durante la Sesión Ordinaria celebrada este lunes en el Congreso del Estado, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Internacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

La reforma contempla cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al Congreso a legislar para permitir que los municipios instalen sus Tribunales Contenciosos Administrativos.

El Diputado José Juan Guajardo, quien presentó la iniciativa, explicó que con la propuesta que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, se busca dar cumplimiento a lo que les ordenó la SCJN, en base a una controversia promovida por el municipio de San Pedro, en la pasada Administración.

“La idea original era incluirlo dentro del proyecto de Ley de Gobierno Municipal, pero estamos viendo que se está ahí medio atorando, entonces tenemos la obligación de darle respuesta a la Corte, de cumplir con ese mandato y una de las propuestas es modificar la ley vigente para que ahora se convierta en Ley Estatal y Municipal de Justicia Administrativa de Nuevo León”, manifestó.

“Vamos a adecuar todo el cuerpo de la ley, que sea aplicable a los municipios, sobre todo este principio que hemos logrado consensar y que es la propuesta y designación de los Magistrados”, expuso el legislador local.

Esta nueva Ley de Justicia Administrativa contempla un proceso para la aprobación de los Magistrados que sería a propuesta del Alcalde, aprobado por dos terceras partes del Cabildo, y después se remitiría al Congreso para ser avalado de igual manera por los Diputados, según explico el Diputado local.

Así mismo, también se aprobó por unanimidad un exhorto al Gobernador y a los 51munícipes, entre otras autoridades, para que las instalaciones gubernamentales cuenten con infraestructura que garantice el acceso a las personas con discapacidad.

El documento establece que la Secretaría de Educación implemente programas para la inclusión de personas con discapacidad; así como que la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad imponga las sanciones correspondientes en caso de no ofrecer a este segmento poblacional la infraestructura para su movilidad.