Buscan evitar impunidad derivada de laguna legal

Para eliminar una laguna legal que genera impunidad en materia familiar, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, y el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Javier Caballero Gaona, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer que los derechos familiares que el agresor pudiese tener con la víctima, sean suspendidos por el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en el juicio de índole criminal, y así evitar la revictimización de los agredidos.

Explicaron los legisladores priistas que el Código Penal del Estado ya contempla la posibilidad de que, cuando una persona cometa los delitos de violación, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, lesiones contra menores de doce años, delitos contra adultos mayores, o feminicidios, además de la pena de prisión que corresponda, el sujeto activo pierde también los derechos familiares y civiles que pudiese tener con respecto a la víctima del delito.

Sin embargo, hay una laguna legal porque, actualmente, no se prevé un plazo específico para que el agresor también pierda sus derechos familiares, lo que pudiera interpretarse como una sanción “de por vida” y eso es considerado inconstitucional, lo que ha derivado en amparos que revictimizan a los familiares agredidos, y cuando éstos buscan justicia ante tribunales, se ven en la lamentable situación de no conseguirlo.

“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos”, expuso Treviño Cantú.

“Es urgente resolver esta problemática y brindar certeza jurídica, ya que, al existir lagunas legales en estos casos, los más afectados son las niñas, niños y adultos mayores, cuando ellos realmente no tienen la culpa de nada, lo que buscamos es salvaguardar la integridad de la familia, que es el núcleo de toda sociedad y fortalecer el estado de derecho, creando los mecanismos correspondientes para que la ley se cumpla”, reafirmó el Coordinador priista.

Por su parte, Caballero Gaona detalló que, en aras de corregir este problema, la iniciativa contempla modificar el contenido de los artículos 269, 280, 287 Bis 1, 306 Bis 4, así como el tercer párrafo del artículo 301 Bis 8 del Código Penal del Estado.

Aseguró que el objetivo es cerrar la brecha de impunidad y que las víctimas logren hacer justicia contra quienes cometen delitos en la dimensión más sensible e importante de la sociedad, que es el seno familiar.

“Al identificar esta área de oportunidad y para evitar fallas en la aplicación de las sanciones contempladas por nuestro Código Penal, estamos presentando esta iniciativa de reforma para que se adecue y armonice la sanción en cuanto a la pérdida de los derechos familiares, como lo son los derechos sucesorios, de convivencia con los hijos, de patria potestad, entre otros, para proteger a los grupos más vulnerables de las familias, como son los hijos e hijas, los adultos mayores y las cónyuges, quienes son los más expuestos a ser víctimas de delitos”, explicó.

“Es decir, se establecen los parámetros legales para que la sanción sea aplicable y que quienes vulneren los derechos de las víctimas no puedan aprovecharse de dicha laguna y seguir en la impunidad”, recalcó Caballero Gaona.

Ambos legisladores priistas apuntaron que esta reforma sería una herramienta muy útil para los juzgadores, toda vez que se precisan los casos y los términos cuando se suspende el derecho a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener el agresor sobre la persona agredida.

Refirieron que la situación actual ha generado una ola de amparos en materia familiar porque hoy no existe una gradualidad, ni una aplicación justa de las sanciones, ya que no se establece un término para la suspensión de los derechos y obligaciones que tienen los padres implicados en ciertos delitos.

“Estamos planteando que en los delitos de violación y equiparable a la violación, en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, en el delito de violencia familiar, en el delito de lesiones a un menor de doce años de edad y en delitos cometidos en perjuicio de las personas adultas mayores, los derechos y obligaciones sólo queden suspendidos durante el mismo periodo que dure la pena de prisión que se imponga”, aclaró Treviño Cantú.

“También es necesario imponer mínimos y máximos para que las personas no se amparen”, insistió.

El Coordinador del GLPRI enfatizó que la propuesta pretende contribuir a hacer más eficaz el orden jurídico que sanciona las conductas que lesionan a la familia.

Impulsará Cienfuegos reforma al Código Civil del Estado

Ante los daños económicos que sufren los comerciantes que tuvieron que suspender actividades por la declaratoria de emergencia derivada del Coronavirus COVID-19, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, propondrá una reforma al Código Civil del Estado, para que los vendedores que rentan locales con actividades de giro comercial tengan derecho a un descuento del 50 por ciento durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria.

“Actualmente los comerciantes que rentan un local comercial están en la incertidumbre sobre sí contarán con la capacidad de pagar la renta durante el tiempo que dure la declaratoria, aunque confiamos en que serán muchos los casos en que los arrendadores serán empáticos con la situación económica de los arrendatarios, habrá otros tantos que no ofrecerán ningún tipo de flexibilidad, y en ese sentido impulsamos la presente iniciativa de reforma para habilitar en nuestra legislación civil un nuevo derecho de los arrendatarios de inmuebles con giro comercial”, dijo el líder de los Diputados priistas.

Cienfuegos detalló que la modificación que consiste en agregar un párrafo al artículo 2326 del Código Civil de Nuevo León, forma parte del Plan de Rescate Económico que propusieron los Diputados del GLPRI.

“La modificación consiste en ordenar que los arrendatarios de bienes inmuebles en los cuales se realicen actividades de giro comercial y que resulten perturbados en el disfrute de los mismos como consecuencia de la aplicación de declaratoria de emergencia de protección civil o sanitaria emitida por autoridad competente, en la cual se ordene el cese de las operaciones comerciales del giro comercial que le resulte aplicable, tendrán derecho a una rebaja del 50 por ciento de la renta durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia y la prohibición de la apertura de sus comercios”, expresó el Coordinador de los legisladores del tricolor.

Cienfuegos señaló que actualmente el Código Civil ya establece que se puede reducir el pago de la renta de un local comercial cuando por algún caso de fuerza mayor se impida al arrendatario hacer uso parcial del inmueble, pero no establece casos de emergencia como la que hoy en día se vive a causa del COVID-19.

“La reforma planteada vendrá a dar un alivio a aquellos establecimientos comerciales que operan en inmuebles arrendados y que se han visto afectados por el cierre ordenado por las declaraciones de emergencia, por lo que estoy seguro será analizada y aprobada en calidad de urgente por mis compañeros Diputados de todas las bancadas”, manifestó el Coordinador de la bancada del PRI.

“En Nuevo León el 99 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas (Pymes), mismas que emplean a más de 1.6 millones de personas y que además son responsables del 23.6 por ciento de la producción bruta en el Estado, por ello, nos debe ocupar el trabajar desde el Congreso en el cómo coadyuvar legalmente para aminorar las repercusiones posibles”, concluyó Cienfuegos.