Proponen reformar la Ley de Seguridad Nacional

Porque la pandemia del coronavirus se ha convertido en una amenaza a la unidad, estabilidad y seguridad de Nuevo León y de México, el Grupo Legislativo del PRI, vía la Diputada Karina Barrón Perales, planteó la necesidad actualizar el marco normativo, por lo que propuso una reforma a diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional.

Al presentar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la legisladora priista consideró oportuno retomar la discusión sobre la forma de regular las amenazas a la seguridad interior del País y la coordinación para enfrentarlas, con la participación de los Poderes Legislativos y Judiciales a nivel estatal y federal, en sinergia con la sociedad civil organizada.

“El concepto Seguridad Nacional ha avanzado hasta incluir nuevos elementos importantes como la seguridad alimentaria, el crecimiento de la población, considera también las migraciones, el cambio climático, los desastres naturales y antropogénicos, las comunicaciones, la información y la salud”, señaló la Diputada priista.

“Debemos replantearnos el componente salud de la seguridad nacional, después de vivir las implicaciones derivadas del Covid-19, es fundamental considerar como prioridad la prevención y contención de epidemias”, enfatizó.

Recalcó que su propuesta consiste en adiciones a los artículos 3º, 5º y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.

Al artículo 3º se agregaría una fracción VI para incluir las estrategias de salud como acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, así como la protección inmediata de la población frente a los riesgos de las epidemias de carácter grave.

Respecto al artículo 5º de la mencionada Ley de Seguridad Nacional, la priista propuso incorporar como amenazas a la seguridad nacional los riesgos o daños a la salud provocados por epidemias.

Barrón agregó que también es necesario reformar el artículo 12 del ordenamiento para que la Secretaría de Salud federal se integre al Consejo de Seguridad Nacional.

“Una epidemia como el Covid-19, ha sido de rápida expansión, con millares de casos y miles de defunciones, con alto costo económico por el ausentismo laboral que origina y gasto en la asistencia a enfermos, además del costo en sufrimiento humano y malestar social que llegan a provocar inestabilidad en el orden político, lo que representa un problema de seguridad nacional”, puntualizó.

“Expertos en salud afirman que la vigilancia epidemiológica permite anticipar la llegada del evento, diagnosticar cuanto antes los primeros casos y desencadenar de inmediato las medidas pertinentes de contención y control oportuno para la estabilidad del país y el bien de la población”, apuntó Barrón.

Impone Congreso obligación para Estado y Municipios al reformar Ley

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de establecer la obligación para el Estado y Municipios de apoyar la creación, operación o fortalecimiento de refugios para víctimas, así como el adoptar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.

La Diputada Karina Barrón Perales presentó el dictamen para homologar dicha ley con el marco jurídico a nivel federal.

“Los integrantes de esta Comisión de Dictamen Legislativo estamos de acuerdo con la necesidad de legislar en favor de toda norma que ayude a prevenir o evitar los feminicidios, siendo una de ellas la hecha por la promovente a fin de apoyar la creación, operación o fortalecimiento de refugios para víctimas, tanto en el Estado como en los municipios, en donde se les pueda brindar protección, servicios y recursos que permiten a las víctimas y a sus hijos, sobreponerse de la violencia, reconstruir su autoestima, y dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia,” comentó.

La presente iniciativa, va acorde a lo que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que con esto, se estaría homologando la Ley General con la local, ya que, de un análisis realizado a Ley General, se visualiza que los artículos 49, fracción X y 50, fracción VII mencionan lo que le corresponde realizar a las entidades federativas y a los municipios en la materia.

Por lo que, se propone equiparar esto mismo en las fracciones XI del artículo 31 y IX del artículo 43; también se propone adicionar a los artículos 31 una fracción XXVII y 43 una fracción XIII, con el objeto de establecer como facultad y obligación tanto para el Estado como para los municipios el adoptar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en ese artículo, uniformando así la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libra de Violencia con la General.

Presenta Diputada del PRI iniciativa para reformar Ley de Educación

A fin de que en el Estado se implemente las normas necesarias para que las personas migrantes puedan revalidar sus estudios profesionales, la Diputada del PRI Rosalva Llanes Rivera, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, un iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Nuevo León.

“Son reformas a 9 artículos de la Ley de Educación, con lo que buscamos simplificar todos los procesos de revalidación de estudios de todos los niveles y también el tránsito y permanencia de todos los educandos dentro del sistema educativo estatal y lo estamos logrando con estas modificaciones, en especial para nivel superior y medio superior”, mencionó la legisladora del Distrito Local 20.

Gracias a estas modificaciones, las instituciones particulares autorizadas tendrán ya la facultad de otorgar la revalidación y certificados parciales o completos de estudios de nivel superior o medio superior.

“Se está facultando a la Secretaría de Educación estatal a que pueda otorgar una facultad a instituciones privadas para que ellos ya puedan hacer equivalencias parciales y puedan hacer revalidaciones y se tendrá que publicar anualmente cuáles serán las instituciones que podrán hacerlo”, señaló.

En ese sentido, precisó que muchos de los niños, niñas y jóvenes de las familias que son deportadas ven interrumpidos sus estudios, razón principal por la que es importante realizar estas reformas, puesto que el sistema educativo mexicano no tiene las condiciones necesarias e instrumentos jurídicos para incorporarlos a las instituciones educativas públicas y privadas del país de acuerdo al nivel que poseen de estudios.

“Se modificaron estos artículos, para que dentro de los derechos que tiene cualquier ciudadano en Nuevo León, para que la facultad que tenga la autoridad sea emitir sus propias medidas para cómo garantizar ese tránsito para todos los estudiantes de todos los niveles, incluyendo media superior y superior, para que preferentemente sean dirigidas a grupos vulnerables, dentro del cual están los migrantes, los repatriados, los dreamers, que tanto nos interesa incorporarlos al sistema educativo, donde les podamos garantizar la revalidación de estudios y las equivalencias que les podamos hacer para incorporarlos al nivel educativo en que se quedaron”, puntualizó Llanes Rivera.