Buscan erradicar la violencia política en razón de género

Como parte de la Campaña Únete, autoridades electorales y jurisdiccionales del Estado firmaron un convenio interinstitucional para el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG) para erradicar los actos de violencia política.

La firma del convenio se realizó entre la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), Beatriz Camacho Carrasco y como testigo estuvo presente la Consejera Electoral, María Guadalupe Téllez Pérez; y el Secretario Ejecutivo del instituto, Luis Vaquero Ochoa.

Así como también, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Jesús Bautista Peña; el Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, Arturo Salinas Garza; y el Vicefiscal Jurídico y Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro Arce Jardón.

En el Museo Metropolitano del Municipio de Monterrey, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), Beatriz Camacho Carrasco explicó que con la firma del convenio se erradicará la violencia política que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que quieren forman parte de una elección.

“La violencia política en contra de las mujeres, es motivo de preocupación central para quienes fomentamos cultura cívica y la participación ciudadana y organizamos elecciones, día con día, elección tras elección, campaña tras campaña atestiguamos acosos, insultos, agresiones físicas, verbales y emocionales que buscan menoscabar la libertad de las mujeres para participar en la vida política”, dijo.

“Mediante la firma de este convenio, las instituciones electorales nos aproximamos con pasos pequeños, pero firmes y contundentes hacia la erradicación de esta violencia y considero que la firma de este convenio nos conducirá a escenarios institucionales más favorables para las mujeres y más equitativos, los actos violentos contra las mujeres deben visibilizarse, hacerse público y señalarse”, aseguró Camacho Carrasco.

PIDE TEE PARTICIPAR EN ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA

En su intervención, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Jesús Bautista Peña, invitó a todas las autoridades en general a que participen en la erradicación de la violencia política y mencionó que cada vez que más mujeres se unan a la política, habrá más vida política entre las mujeres.

“Es importante que tanto las autoridades como sociedad participemos activamente en la erradicación de todo acto de violencia política en contra las mujeres, porque es necesario que en ámbito electoral las mujeres tengan la oportunidad de participar libre y efectivamente, sin ningún tipo de acto de violencia.

“Estoy plenamente convencido de que mientras más mujeres participen activamente en política, ya sea candidatas o dirigentes de partidos políticos, más se da la vida política y democrática de las mujeres”, señaló Bautista Peña.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO YA LLEVA UN REGISTRO

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado, Arturo Salinas Garza, dio a conocer que en el Poder Judicial del Estado, a través de la Coordinación de Gestión Judicial, llevan un registro de las personas sancionadas que cometen algún acto de violencia política de género para seguir creado políticas públicas con razón de género.

“Nosotros a través de la Coordinación de Gestión Judicial, tenemos los controles y la manera de llevar la estadística clara, puntual, compartir la información de los casos de las personas que hayan cometido conductas que son obviamente contrarias a nuestra legislación y norma, para que toda esta estadística sirva para la creación de políticas públicas que busca erradicar la violencia contra la mujer”, indicó.

CUENTA FISCALÍA CON PLATAFORMA PARA DENUNCIAS VIRTUALES

En su turno, el Vicefiscal Jurídico y Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro Arce Jardón, recordó que la Fiscalía tiene una plataforma para enviar denuncias virtuales.

“Nosotros ponemos al servicio de la ciudadanía una infraestructura muy amplia y de cobertura muy general en todo el Estado para asesar a la denunciante, sin duda alguna los tiempos de la pandemia nos aceleraron los procesos donde tendríamos que involucrar a los sistemas tecnológicos para que la presentación de las denuncias no se viera limitada por esta pandemia”, afirmó.

“A razón de eso, esta fiscalía genera una plataforma virtual muy importante que está comprendida principalmente por la denuncia virtual, con la cual se puede presentar desde un aparato tecnológico o de cualquier medio, ya sea de una computadora o una laptop que cuente con el acceso al internet y tenemos más de 170 cabinas virtuales establecidas en diferentes puntos del Estado y tenemos un poco más de 34 centros de denuncia”, agregó.

REITERA FEDE COMPROMISO DE SEGUIR INVESTIGANDO ESTAS CONDUCTAS DELICTIVAS

Además, en su turno el Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, reiteró el compromiso de la FEDENL de continuar investigando los delitos electorales, específicamente en el tema de la violencia política con razón de género.

“En el tema de la violencia política en razón de género, tenemos el compromiso de combatirla y de erradicarla, por eso se ha llevado a cabo este combate en contra de este delito, que es un delito nuevo que se estableció en la Ley General, sin embargo la conducta ha prevalecido durante mucho tiempo y muchas mujeres han estado sufriendo de esta violencia cuando tienen esa oportunidad de ejercer sus derechos electorales”, comentó.

CONVENIO AYUDARÁ A ERRADICAR VIOLENCIA POLÍTICA: INE

Por ultimo como invitada especial, estuvo la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz Magaña, quien afirmó que el convenio es una herramienta jurídica que ayudará en la erradicación de la violencia política.

“Este convenio es una herramienta jurídica que servirá para dar una mayor certeza a las autoridades electorales, partidos políticos y a la ciudadanía en general, respecto a la forma en que el Estado de Nuevo León atenderá el funcionamiento y la actualización del registro de personas sancionadas”, señaló.

Toman decisión ante solicitud de juicio de Fiscal Anticorrupción

Luego de haberse presentado un juicio de procedencia en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, por parte del Fiscal Anticorrupción Javier Garza y Garza, el Congreso Local aprobó por mayoría la creación de una nueva Comisión Jurisdiccional.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, el Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), Carlos de la Fuente Flores, explicó que la nueva comisión se creó debido al escrito entregado por el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza a la Oficialía de Partes y la cual tendrá como fin, estudiar y determinar si existe una sanción en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco por no publicar algunas reformas en el Periódico Oficial del Estado.

Además, el también Coordinador del PAN presentó ante el Pleno la integración de la nueva comisión.

“Se aprueba la integración de la Comisión Jurisdiccional: Presidenta Diputada Alhinna Vargas, Vicepresidenta Diputada Anylú Hernández, Secretario Diputada Amparo Olivares y como Vocal el Diputado Luis Susarrey, Carlos de la Fuente y la Diputada Itzel Castillo, Jessica Martínez, Perla Villarreal, Elsa Escobedo, Sandra Pámanes, Iraís Reyes”, dijo.

“El objeto de la Comisión Jurisdiccional, es resolver o no la declaración de procedencia, respecto a los expedientes que les sean turnados por la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento a los establecido en los artículos 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de conformidad al procedimiento que determine la Comisión Jurisdiccional y que sea ratificado por el Pleno del Congreso”, detalló De la Fuente Flores.

Advierten que se abusa de la figura de las órdenes de protección

Con el fin de brindar una protección anticipada en posibles conductas de violencia familiar en menores, la Diputada Local del Grupo Legislativo del PRI, Alhinna Vargas García propuso reformar el Código Civil y al Código Penal del Estado, para sancionar a cualquiera de los progenitores que incurren con falsedad en las declaraciones solo por perjudicar a algunos de los cónyuges.

Al entregar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso Local, la legisladora explicó que la protección de la familia y de sus integrantes, en especial en los menores, está plasmada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el primer artículo de la Carta Magna local y el derecho de los menores de edad a la convivencia familiar está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución federal y en el tercero de la Constitución de Nuevo León.

“Es una práctica común brindar órdenes de protección de manera anticipada a una determinación judicial, cuando existe el temor fundado de una agresión en el seno familiar por alguno de los cónyuges”, dijo.

“Para brindar una protección anticipada a posibles conductas de violencia familiar, ya que se conceden a partir de la manifestación unilateral del o la solicitante, a lo que el juzgador, bajo el principio de buena fe procesal y de urgencia, se otorga las órdenes de protección”, añadió Vargas García.

Además, mencionó que las órdenes de protección anticipada son concedidas por el Juez a partir de la petición del o la solicitante, y de acuerdo a lo que decida el juzgador se brindará protección al menor.

“Lamentablemente, en muchos casos se ha abusado en el uso de estas figuras, pues es cada vez más evidente que los hechos expuestos para solicitarlas, son exagerados o lo que es más grave, son hechos inexistentes o falsos, que se aducen con el único fin de causar daño a uno de los cónyuges, para así obtener un resultado indebido con relación a la custodia, convivencia y pensión alimentaria de personas menores de edad; lo que deriva en una violación al interés superior del menor”, detalló la Diputada priista.

“En la iniciativa que presento se establece que las órdenes de protección y otras medidas relacionadas, podrán quedar sin efectos si se prueba la falsedad en las declaraciones vertidas; y como consecuencia, de la comisión de ese delito, se perdería el derecho de ejercer la patria potestad”, finalizó Vargas García.

Por incumplir con resolución en materia de transparencia

Ante el incumplimiento del Alcalde de Mina al fallo de un recurso de revisión que se le dictó en materia de transparencia, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo León (COTAI) en Sesión Ordinaria le sancionó con una multa por 69 mil 504 pesos.

Encabezaron la 23ª. Sesión Ordinaria, el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, así como las y los Comisionados Vocales, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.

“La COTAI sancionó porque el sujeto obligado no dio cumplimiento a una resolución que le dictó este Pleno. No presentó algún documento para justificar que la acató”, explicó el Comisionado Presidente.

Además, mencionó, se aprobó que el superior jerárquico del Alcalde de Aramberri, Gaspar Salatiel del Toro Orozco, le aplique una amonestación pública, también por no dar cumplimiento a una resolución del Pleno.

También se resolvió una denuncia contra el Municipio de San Nicolás de los Garza por tener publicada información clasificada como confidencial y reservada, porque hace identificable el número total de vigilantes, guardias y elementos de seguridad municipal.

“Por un lado, se declaró infunda la denuncia en relación a la publicación de información confidencial de los meses de febrero a octubre de 2019 y, por otra parte, se declaró fundada la denuncia en relación a la información reservada y se le instruyó al municipio a retirarla de manera inmediata de su portal oficial de internet”, detalló.

“También se le ordena publicar la remuneración bruta y neta del personal de seguridad pública y vialidad que realicen funciones administrativas, mientras que en el caso del personal operativo su Comité de Transparencia debe emitir una resolución clasificando dicha información como reservada”.

El Pleno en total resolvió seis expedientes, emitiendo cuatro resoluciones y dos acuerdos, la multa y la amonestación pública

En la sesión también se avaló el Código de Ética de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Así como, el Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.

Otro de los acuerdos aprobados es el que emite los Lineamientos para el acceso a la información pública en la modalidad de consulta directa de los sujetos obligados en el Estado de Nuevo León.

Finalmente, las y los Comisionados avalaron el padrón de personas físicas y morales que reciben o ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad del año 2019.

Lamenta que no haya sesionado la Comisión Anticorrupción

Por falta de quórum, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado no pudo sesionar, en la sesión donde se iba a tratar lo referente a la sanción del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores.

Los ausentes en la mesa fueron los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Samuel Villa, Nancy Olguín e Itzel Castillo; María Dolores Leal Cantú de Nueva Alianza (PANAL); Asael Sepúlveda del Partido del Trabajo (PT); y Delfina de los Santos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En atención a medios, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI), Francisco Cienfuegos Martínez, lamentó que por falta de quórum la Comisión Anticorrupción no haya podido sesionar en dos ocasiones.

“El Grupo Legislativo del PRI está a favor de una sanción ejemplar y vamos a seguir presentándonos siempre y cuando haya una oportunidad de seguir legislando en beneficio de que se antepongan los intereses de los nuevoleoneses y no los intereses personales como lo ha hecho anteriormente el Gobierno del Estado”, manifestó.

Así mismo, aprovechó para destacar la presencia del Diputado priista Jorge de León Fernández, quien forma parte de la Comisión Anticorrupción.

“Todos debemos de tener la voluntad de poder mediar y construir un dictamen que alcance una sanción y que sea por más de los 22 votos requeridos por el Pleno del Congreso”, agregó.

Cienfuegos Martínez reiteró que el Legislativo debe seguir los trabajos para elaborar un nuevo dictamen que contenga una sanción ejemplar para los funcionarios por el desvío recursos en la recolección de firmas en la campaña presidencial, la cual les permita cumplir con la orden judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y aseguró, que aunque respeta las decisiones y posturas de los diferentes grupos legislativos, la bancada priista atenderá los llamados de la Comisión Anticorrupción porque los ciudadanos esperan que se sancione el desvió de recursos.

“Nosotros estamos aquí por un llamado de la Comisión Anticorrupción y seremos respetuosos de las otras instancias y de los otros grupos legislativos”, concluyó.

Imponen sanción a Alcalde de Sabinas por incumplir con información

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) celebró su primera sesión virtual.

La encabezaron el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, y las y los Comisionados Vocales, María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.

En la 13ª. Sesión Ordinaria se aprobaron siete resoluciones y una multa a un funcionario municipal, correspondientes a un total de ocho expedientes.

Sierra Gómez explicó, al inicio, que las resoluciones que se aprobaron por el Pleno de la Comisión no surtirán efectos legales algunos en tanto se reactiven los plazos para continuar con la sustanciación de los recursos de revisión.

“Es decir, los plazos para que las autoridades den cumplimiento a estas resoluciones correrán hasta en tanto sean notificadas las mismas”, dijo el Comisionado Presidente.

“También es necesario precisar que los proyectos que se aprobaron el día de hoy son recursos de revisión, en donde ya se tiene cerrada la instrucción correspondiente, al que se refiere el Artículo 175, Fracción 8a. de la Ley en la materia”.

El Pleno aprobó sancionar al Alcalde de Salinas Victoria, Gonzalo Elizondo Lira, por no dar respuesta a una solicitud de información relativa a las obligaciones de transparencia del municipio correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2018 al 11 de octubre de 2019.

El sujeto obligado deberá pagar una sanción por la cantidad de 12 mil seiscientos setenta y tres pesos.

Concede Corte suspensión a Jaime Rodríguez

Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictamine si las reglas procesales por el caso de las “bronco-firmas” dictadas por el Congreso del Estado son legales, no podrán emitir castigo alguno en contra del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ni contra Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno.

Antes de presentar su renuncia como Ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, concedió a Rodríguez Calderón y a González Flores una suspensión que prohíbe al Poder Legislativo “ejecutar” cualquier medida provisional o sanción en su contra.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, para que el Congreso Local se abstenga de ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento, hasta en tanto se resuelva el presente medio de control constitucional en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, señala la notificación publicada por la Corte.

Con lo anterior, al momento, los Diputados podrán seguir con el procedimiento que están llevando a cabo, pero no podrán concluirlo con un castigo.

Asimismo, se dio a conocer que el análisis de las reglas procesales por la SCJN pudiera alcanzar un término de un año.