Subirían penas a feminicidio, hostigamiento y acoso sexual

Con el fin de castigar severamente a quien cometa un delito en contra de las mujeres, el Grupo Legislativo del PRI en voz del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las penas mínimas y máximas en los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual, además propuso sancionar a los servidores públicos que actúan de manera negligente en la procuración de justicia respecto del delito de feminicidio.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local, puntualizó que actualmente el Código Penal contempla de 40 a 60 años de cárcel para quien comete feminicidio, de 1 a 2 para hostigamiento y de 1 a 3 para quien cometa acoso sexual, así como de 3 a 8 años de prisión para los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones sobre feminicidio.

“Propongo modificaciones al Código Penal para incrementar de 45 a 60 años de prisión el delito de feminicidio; de 2 a 4 años de hostigamiento y acoso sexual; y de 5 a 10 años de cárcel para los servidores públicos que entorpezcan de manera negligente la procuración de justicia respecto del delito de feminicidio”, manifestó en tribuna durante la presentación de la iniciativa.

“Todos debemos formar parte de la solución donde nos toque participar tenemos la obligación de contribuir para que las niñas y mujeres vivan una vida libre de violencia. En este momento me toca además de ser hijo, esposo y padre, ser Legislador, por ello no dudo en ningún momento que el crear normas jurídicas fuertes y justas, hacen que se inhiba el delito”, agregó el legislador priista.

En el marco del Paro Nacional del 9 de marzo, Ibarra manifestó que urgente que se revalore el papel de la mujer en la sociedad, en el ámbito familiar, económico, laboral, político y social.

Agregó que se están viviendo momentos históricos, donde a través de marchas las mujeres reclaman justicia, y juntas salen a las calles en una solo voz para exigir a las autoridades: ni una menos.

“La reforma contempla homologación de penas para los delitos de hostigamiento y acoso sexual, atendiendo el principio de proporcionalidad, buscando prevenir desde la comisión de estas conductas, la más grave que es el feminicidio”, dijo Ibarra Hinojosa.

“De eso justamente se trata la reforma que a través de la disuasión que proporciona el derecho penal, lograr la inhibición de delitos”, mencionó el integrante del GLPRI.

Álvaro Ibarra refirió que la iniciativa se suma a las ya aprobadas recientemente por el Congreso en relación al incremento de penas para el delito de violación, lo que, sin duda fortalece el marco de delitos en contra de mujeres, niñas y niños.

La propuesta de reforma al artículo 271 Bis 1, Bis 2, y el artículo 331 Bis 3 y Bis 6, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Pide Presidente a autoridades cumplir compromiso con transparencia

Tres Presidentes Municipales fueron sancionados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), por no dar respuesta a diversas solicitudes de información.

Lo anterior, durante la 3ª Sesión Ordinaria del Pleno, encabezada por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, en la que se resolvieron 19 proyectos de resolución, un acuerdo de amonestación y tres multas a los municipios de General Treviño, Melchor Ocampo y Mier y Noriega respectivamente.

Sierra Gómez explicó que las tres sanciones que se aplicaron fueron por falta de respuesta a solicitud de información, en tanto que la amonestación pública fue para el Presidente Municipal de China, por no haber cumplido con una resolución derivada de obligaciones de transparencia.

“Exhortamos a las autoridades para que en todo momento esté presente su compromiso que deben tener con el tema de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas. Para que estén atendiendo de manera puntual las solicitudes de información y también las obligaciones que tiene de estar publicando toda aquella documentación en la Plataforma Nacional de Transparencia que es de interés de la sociedad”, señaló.

Así mismo, durante la sesión las Comisionadas y Comisionados aprobaron el acuerdo por el cual se crea el Grupo Interdisciplinario de COTAI.

“Este grupo interdisciplinario tiene su razón de ser en la Ley General de Archivos, en el Artículo 11, fracción quinta, el cual señala la obligación de conformar este grupo, cuyo objetivo es el apoyar en los procesos de evaluación y destino final de la documentación que se genera en esta Comisión y es un área fundamental de la archivística de este organismo”, explicó el Comisionado Presidente.

Agregó, que este Grupo Interdisciplinario estará conformado por diversas áreas de la Comisión, y tendrán como funciones formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pauta de comportamiento y recomendaciones sobre las disposiciones documental de las series documentales, así como la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores documentales, vigencias, plazos de conservación, disposición documental de las series, planeación, estrategia, normatividad y criterios de procedencia, entre otras.

El Pleno también aprobó el informe correspondiente al avance de gestión financiera del cuatro trimestre de 2019 de COTAI.

Modificarían legislación local para homologarla con la federal

Para que los servidores públicos del Estado que incurran en actos de corrupción sean sancionados con mayor severidad, la Diputada del Partido Nueva Alianza, María Dolores Leal Cantú, propuso diversas reformas al Código Penal en materia anticorrupción.

La propuesta de la legisladora de Nueva Alianza busca que se homologue la legislación estatal con la federal.

Uno de los artículos a modificar sería el 207 bis en el que se establece que en los casos de delitos en tema de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares a las sanciones previstas se adicionará la destitución al empleo, cargo o comisión pública, así como para participar en la adquisición de arrendamientos servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicios o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 20 años.

Siendo de 1 hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 cuotas.

Mientras que se aplicará de 10 a 20 años si el monto excede  el límite señalado en la fracción anterior; además suscribe que en el caso de los delitos por hecho de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las penas previstas serán incrementadas hasta un tercio.

Leal Cantú sostuvo en Tribuna que con esta reforma no habrá tregua por actos de corrupción cometidos por el Gobernador, Diputados, Diputadas, Presidentes Municipales, Regidores, como de funcionarios a los que el Congreso debe ratificar antes de que desarrollen sus funciones.

Aunado a lo anterior, enlistó que se adicionará al artículo 208 fracción VII bis, que sancionará a los servidores públicos que teniendo un empleo en los centros de readaptación social faciliten o fomenten la introducción de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, teléfonos celulares, radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para los internos.

Así como, la modificación al primer párrafo del artículo 222 bis para definir el concepto de enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público no quiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o no compruebe la procedencia legal de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto a los cuales se conduzca como dueño.

“El combate a la corrupción en todas sus modalidades y contra todos los actores que participan de esta conducta delictiva, es un asunto de especial importancia para la actual legislatura”, pronunció Leal Cantú.

Cabe destacar que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondientes.

Sostiene Jorge Ylizaliturri que se trata de casos de interpretación

Ante el hecho de que últimamente no se sancione a los Sujetos Obligados que no resuelven a tiempo las solicitudes de información, el Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL), Jorge Ylizaliturri Guerrero, declaró que esto se debe a que la Ley se puede interpretar de diversas formas, sin embargo, sostuvo que las decisiones de castigar o no, radica en el criterio de cada uno de los Comisionados.

Sin embargo, a pesar de existen discrepancias a la hora emitir una resolución a los dictámenes de multas, el Comisionado Presidente expresó que está a favor de que sancione a aquellos que no proporcionen a tiempo la información que se les solicita.

“La obligación de los Sujetos Obligados es contestar las solicitudes de información, debe ser, constitucionalmente hablando, debe ser en el menor plazo libre posible y la ley nos pone un plazo que no puede exceder en un plazo de 10 días, eso lo prevé por una parte el artículo 116 y por otra parte el artículo 148, que prevé exclusivamente la cuestión del capítulo de sanciones, el cual establece muy claramente que la Comisión podrá establecer sanciones”, informó Ylizaliturri Guerrero.

Señaló que existen métodos alternos para que los Sujetos Obligados entreguen los datos que se les solicita y el más importante de ellos es la sanción, la cual ya está respaldada por la Ley.

A pesar de que existan opiniones encontradas a la hora de dar resoluciones, el Comisionado Presidente dijo respetar cada una de esas opiniones y descartó que exista un conflicto de interés en estos temas.

“Tengo que respetar la postura de los dos Comisionados, en toda la historia de la Comisión se ha estado sancionando, pero de un tiempo para acá no ha habido los criterios para sancionar, no hay contubernio entre los Comisionados, sólo es una cuestión de interpretación de la aplicación de ley”, concluyó el Titular de la CTAINL.

Presenta iniciativa para reformar Ley Ambiental del Estado

Ante el incremento de denuncias de “vecinos ruidosos”, el Diputado del PAN Ángel Barroso Correa, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa que busca eliminar este problemática a través de la aplicación de sanciones más estrictas como lo es el arresto administrativo.

“Esta es una propuesta para endurecer las sanciones y se basa en la adición del artículo 187 BIS 2 a la Ley Ambiental del Estado, con la cual se le dará la posibilidad al Gobierno Municipal de aplicar el arresto administrativo hasta por 36 horas, a los que reincidan en este delito”, mencionó Barroso Correa.

Agregó, que la única opción que tendría el ciudadano para evadir la detención sería el contribuir con servicio comunitario.

Barroso Correa puntualizó que de acuerdo a diversos análisis, se ha confirmado que el ruido excesivo en las colonias provoca violencia familiar y lesiones, razón por la que considera que es urgente aprobar mayores castigos.

“Esto queda claro que genera daños a la tranquilidad, a la paz social y es creciente el incremento de reportes y sólo se comprueba que la comunidad sigue haciendo caso omiso a las sanciones económicas, por eso la razón de esta iniciativa para que, a los reincidentes, se les aplique arresto administrativo”, añadió el legislador de Acción Nacional.

Es importante señalar que únicamente se podrá aplicar esta sanción cuando el infractor haga caso omiso de las multas o sea reincidente.

En ese sentido, recalcó que es considerable iniciar con el estudio de  una posible homologación del concepto de las multas, puesto que cada municipio tiene diferentes sanciones y aunado a esta propuesta se podría garantizar la convivencia armónica de la ciudadanía.

Buscan Héctor García inhibir conductas violentas de aficionados

Con el fin de erradicar la violencia en los eventos deportivos, el Diputado local del PRI, Héctor García García, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, donde pide sancionar diversas conductas que van desde el ingreso sin autorización al terreno de juego, hasta la participación e incitación en una riña, cuyas penas son variables, siendo la mayor de 6 meses a 4 años y seis meses de prisión y multas de 10 a 60 días.

El legislador priista declaró que todo México sabe que el Estado de Nuevo León cuenta con dos de las mejores aficiones en todo el País, mismas que acompañan y alientan a sus equipos cuando van de visitantes a otros estadios, y en ocasiones terminan en situaciones violentas entre aficiones.

“Esta gran capacidad de aficionados y la pasión por sus barras en distintas dotaciones han dejado a su paso sucesos que son lamentables para la afición y los equipos que vienen de visitan a jugar en estas localidades dejando lesionados por las riñas que se llevan a cabo dentro y fuera de los centros deportivos”, manifestó.

Explicó que en la entidad no se va a permitir que se repitan estas situaciones, en la cual una tarde familiar se convierte en un peligro latente, sin dejarles de pretexto a las personas que usan su pasión por el futbol para justificar sus desplantes de violencia contra otros.

“Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos contendientes en eventos deportivos masivos o de espectáculo y encontrándose en el interior de los recintos donde se celebre el evento en sus instalaciones anexas en su inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acuerdo a los mismos”, detalló Héctor García.

Igualmente destacó las fechas 24 de abril del 2004 donde aficionados de los Tigres y la barra 51 de los zorros del Atlas se enfrentaron a golpes en el Estado de Jalisco dejando un saldo de decenas de detenidos y heridos, hecho que hizo que la directiva de la UANL enviara en autobús a los familiares de los detenidos a Guadalajara para arreglar la situación.

Así mismo, recordó que el 27 de mayo del mismo año, la barra de la Adicción de los Rayados de Monterrey, se enfrentaron contra los Libres y Locos de los Tigres en una “batalla campal”, durante un concierto del grupo argentino Los Aumenticos Decadentes; y al siguiente mes sostuvieron otra riña en la cual resultaron heridos casi una decena de policías.

Es por esto que pide sean castigados con rigor las personas que inciten, inicien o participen en cualquier tipo de riña antes, durante y después de un partido de futbol y dentro o fuera del recinto deportivo.

De la misma manera, indicó que la reforma por modificación del artículo 331 bis del Código Penal, incluye 5 puntos donde señalan las conductas que serán sancionadas por las autoridades, mismas que son:

1.- El que ingrese sin autorización a los terrenos de juego, en cuyo caso se le impondrá de tres días a tres meses de prisión o de diez a noventa días multa.

2.- Lance objetos contundentes o que por sus características pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas. En este supuesto, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y cinco treinta días multa.

3.- El que agreda a las personas o cause daños materiales, será sancionado con seis meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días de multa.

4.-. Quien participe activamente en riñas será sancionado con seis meses a cuatro años y seis meses de prisión y de diez a sesenta días multa.

5.- Esta última sanción será aplicable también a quien incite o genere violencia.

Por último, Héctor García indicó que en la reforma se incluye el que se cree un padrón de las personas pertenecientes a una afición que sean violentas o que hayan participado al menos en una pelea en algún partido de futbol, agregando que se enlazara con el Sistema Nacional de Seguridad para tener un control sobre ello.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los municipios en conjunto con la Federación, llevarán un padrón de aficionados violentos o que hayan participado en riñas dentro de los eventos deportivos, mismo que se incorporará en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad”, concluyó García.