Ordena Corte publicar Decretos: Congreso; no es cierto: Estado

Dos acuerdos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivaron de una interpretación a la conveniencia tanto del Congreso local como del Gobierno del Estado.

Por un lado el Poder Legislativo señaló a través de un comunicado que la Corte ordenó al Ejecutivo publicar las reformas a la Constitución de Nuevo León, aprobadas en los Decretos 340, 341 y 342, al resolver la admisión de la Controversia Constitucional que originó el Expediente número 262/2023.

De acuerdo con el Congreso, el Gobernador debe de publicar dichos decretos en el Periódico Oficial del Estado, en virtud de que se le negó la suspensión de los actos que reclama en la citada Controversia.

Sin embargo, en un comunicado oficial, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro manifestó que la Suprema Corte no ordenó en ningún momento que se publicaran los mencionados decretos.

Navarro dijo que se recurrirá la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar la negativa de la suspensión.

Para el funcionario estatal, esta decisión de la Corte determina que se admite la Controversia Constitucional contra la aprobación de los decretos, y se niega la suspensión solicitada por el Ejecutivo.

El Gobierno del Estado presentará un recurso de reclamación para tratar de modificar el sentido de la suspensión.

Por lo pronto, el procedimiento ante la Corte sigue su curso hasta la resolución final de esta Controversia.

Sostiene líder del GLPRI que Corte da la razón al trabajo legislativo

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se legitima y se fortalece con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló su creación y sus reglas, aseguró el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez.

“La última instancia en nuestro sistema jurídico nacional acaba de decretar que las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León están conforme a derecho y que sigamos operando a través de ellas, creo que es un valor muy importante para que se le dé certeza y legalidad a todo el trabajo que desde la Legislatura pasada se ha hecho y que tengan esa legitimidad”, expresó en entrevista el líder de la bancada del PRI.

Destacó que pese la controversia impulsada desde otros poderes y organismos civiles, la Corte le dio la razón al trabajo legislativo y sienta las bases para seguir trabajando en el perfeccionamiento del SEA.

“Para nosotros mismos en esta Legislatura y las que vengan el día de mañana, se sientan las bases de un Sistema Estatal Anticorrupción respetado y reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da pie a seguir trabajando de esa manera, a respetar lo que ya está plasmado en la ley y que tenga una continuidad”, agregó el Coordinador del GLPRI.

“Le da certeza jurídica, pese a algunos señalamientos que habían hecho otros poderes y organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a los mecanismos que la Legislatura anterior aprobó para la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción”, reiteró.

Cienfuegos se congratuló de que la SCJN haya declarado válidas las reformas a la Constitución estatal y las nuevas leyes del Sistema Estatal Anticorrupción y la orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

El Máximo Tribunal del país también aprobó que el Comité de Selección sea quien determine los perfiles y proponga al Congreso del Estado los nombramientos de los Fiscales General, Anticorrupción y para Delitos Electorales, además del Auditor Superior del Estado y el Magistrado de Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

Consideran Ministros erróneo el procedimiento seguido por Congreso local

Con el aval de tres Ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) “salvó” por el momento al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón de ser sancionado por el tema de las “bronco-firmas”.

La Primera Sala de la SCJN por mayoría resolvió a favor la controversia constitucional que tramitó el Mandatario estatal, al precisar que las reglas procesales que emitió el Congreso del Estado para sancionarlo tanto a él como al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, eran inconstitucionales.

Con tres votos a favor y dos en contra se avaló el proyecto del Ministro Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Es procedente y fundada la presente controversia constitucional, por lo que se declara la invalidez del acuerdo impugnado, por el que el Congreso del Estado de Nuevo León expidió las Reglas Procesales que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, publicado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de la entidad, así como la invalidez por extensión del acuerdo de radicación” señala el proyecto votado.

En esta ocasión los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena junto con Juan Luis González avalaron dicho dictamen, mientas que las Ministras Norma Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat lo rechazaron.

Asimismo, en este dictamen se estableció que el Congreso del Estado se excedió en sus atribuciones al pretender establecer reglas sin sustento para una sanción.
“El procedimiento descrito en esas Reglas Procesales no se ajustó a ninguno de los sistemas de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal, o en el Título Séptimo de la Constitución local y, por ello, resulta en una intromisión indebida del Congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que se deposita en su Titular”, se precisa en el documento del dictamen.

Pese a lo anterior, la SCJN abrió la puerta para el Mandatario estatal sea sometido a juicio político federal por hacer uso de recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la Presidencia en el 2018.

Asimismo, la Corte señaló que el Congreso del Estado aún tiene la facultad  para ejecutar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dice se confirma autonomía y solidez del máximo tribunal de México

El Alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mantener el impuesto a las casas de apuestas.

El también representante de los Alcaldes priistas del país, señaló que el fallo de la SCJN viene a confirmar la autonomía y solidez del máximo tribunal de México.

Destacó que de no haberse avalado el gravamen a los casinos, se afectaría a los municipios ya que esos recursos son destinados al rubro de seguridad.

“Estamos muy complacidos con la resolución de la Suprema Corte, que confirma la autonomía y la solidez del Máximo Tribunal de nuestro país, es una resolución basada en derecho, en una adecuada interpretación del orden Constitucional Mexicano, no solo eso, sino que confirman la integridad del Máximo Tribunal de nuestro país.

“Entonces hubiese sido una resolución ruinosa irrecuperable, por lo que el fallo de la Corte se recibe con alegría, ellos escucharon las voces de los empresarios, de los representantes del Congreso, del Gobierno de Nuevo León, de los Alcaldes, y su resolución nos deja muy complacidos, no solo por sus atinadas resoluciones jurídicas y constitucionales”, dijo.

El Munícipe reconoció que existía el temor de que interfirieran factores que alteraran la resolución, lo cual más allá de las consideraciones constitucionales, las repercusiones financieras que hubieran tenido para la administración pública tanto estatal como municipal en Nuevo León, en una materia tan sensible como la seguridad pública, serían devastadoras y ruinosas.

“Inclusive se hubiese podido dar la posibilidad de que se nos ordenara restituir cantidades recibidas o cobradas en ejercicios anteriores, es decir, lo puesto en vigencia desde enero del 2017, por lo que hubiese tenido que recurrir tres ejercicios anteriores con la posibilidad de restituir esos recursos”, consideró.

Sostienen que si es eliminado se afectaría seguridad en municipios

Para que la solicitud de amparo promovida por diversos casinos de la entidad sea desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado avaló una petición de exhorto promovida por el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, misma que además contó con el apoyos de Alcaldes del área metropolitana.

El argumento que sirvió de base para el exhorto dirigido al Máximo Tribunal del País, es que de concederse el amparo a las casas de apuestas, se afectarían los recursos del Fondo de Seguridad, lo cual afectaría enormemente los programas municipales enfocados al tema de la seguridad.

De acuerdo con lo expresado por Cienfuegos en rueda de prensa, donde se hizo acompañar por los Alcaldes de Apodaca, Guadalupe y Monterrey, el impuesto es proporcional y equitativo, y por ende los casinos están obligados a pagarlo conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda, además de que cumple con lo ordenado en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“De manera urgente exhortamos a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que no conceda el amparo promovido por tres casas de apuestas y que tome en cuenta que, de concederlo, pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro Estado, por el severo golpe que recibiría el Fondo de Seguridad para los Municipios.

“Es de conocimiento público que varias empresas de casinos promovieron un amparo para no pagar el impuesto establecido en la Ley de Hacienda del Estado, que se denomina Impuesto a las erogaciones de juegos con apuestas, con el argumento de ser una facultad exclusiva de la federación, pero nosotros consideramos que es totalmente legal”, explicó.

El líder de los Diputados priistas defendió el cobro del impuesto a los casinos, reiterando que es prioritario para destinar los recursos captados al tema de la seguridad, siendo secundado en su petición por los Ediles Adrián de la Garza Santos, Cristina Díaz Salazar y César Garza Villarreal.

“El tema de seguridad nos debe unir, aquí no caben tintes partidistas, debemos estar unidos, sociedad, gobierno, partidos políticos para que Nuevo León viva seguro”, afirmó.

Los Munícipes presentes alertaron que de concederse el amparo, los municipios dejarían de recibir recursos que han permitido implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica por el orden de, aproximadamente, 900 millones de pesos anuales, lo que afectaría considerablemente en la adquisición de equipo y reclutamiento de personal en las Secretarías de Seguridad Pública Municipales.

“Esta LXXV Legislatura a través de la figura legal aportará elementos jurídicos al máximo órgano judicial de la federación que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta analice todos los contextos bajo los cuales el Poder Legislativo tuvo a bien aprobar las reformas legislativas.

“Los elementos de prueba son: los expedientes legislativos que dieron origen a las reformas, los cuales contienen las iniciativas, las discusiones y los decretos que resultaron, de los cuales se podrá advertir la constitucionalidad de dichas normas y la fundamentación y motivación de las reformas”, afirmó Cienfuegos.

El amparo fue promovido por las firmas Players Palace S.A. de C.V.; Entretenimiento Mapuche S.A. de C.V.; y Apuestas Internacionales S.A. de C.V.

Tienen hasta el próximo lunes para hacer valer el recurso

Al ser notificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la suspensión otorgada al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, que impide que el Congreso los sancione, legisladores Locales no descartaron el impugnar dicha decisión.

El Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, detalló que tienen cinco días para presentar una inconformidad, la cual ya está siendo analizada por el departamento jurídico de este Poder Legislativo.

“Tenemos cinco días hábiles para inconformarnos a esa resolución, así que tendremos hasta el próximo lunes para presentar la inconformidad en la Suprema Corte y eso es un tema ya directamente del departamento jurídico de este Poder”, externó.

“Hasta ahorita están preparando las acciones que se emprenderán, todo sigue en pie hacia esa vía”, añadió.

Al considerar que en la decisión tomada por la SCJN no se tuvo un análisis considerable, De la Fuente enfatizó que a más tardar el lunes estarán presentando un recurso legal.

“Por la suspensión otorgada es lo que más nos preocupa, porque le dieron en “fast-track”, pero esperemos presentar el juicio de inconformidad el próximo lunes a más tardar”, señaló.

NOTIFICACION DE LA SCJN SERÁ TRATADA POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO: JUAN CARLOS RUIZ

Por su parte, el Presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz García, explicó que la Comisión Anticorrupción no será el órgano que decida cómo actuar ante la resolución emitida por la SCJN y espera que el departamento jurídico del Poder Legislativo tenga a la brevedad una acción para impugnar esa suspensión.

“El Congreso tomará en cuenta el recurso que se nos es notificado por la Corte y que habla de la inconformidad del Ejecutivo con las resoluciones que toma el Congreso, es una notificación que llegó directo al Congreso, pero eso no lo verá la Comisión Anticorrupción, sino la Dirección Jurídica”, dijo.

TENEMOS VARIOS CAMINOS QUE PODEMOS TOMAR: RAMIRO GONZÁLEZ

Asimismo, el líder de la bancada de Morena, Ramiro González Gutiérrez, sostuvo que no se tiene fijada la ruta jurídica que van a tomar como Poder Legislativo ante el actuar de la SCJN, sin embargo, precisó que el procedimiento que tomen será acorde a derecho.

“No hemos platicado los coordinadores en ese sentido sobre el paso que vamos a seguir, hay varios caminos que podemos tomar, el acuerdo que tenemos es que ese sea consensuado, hay que ver la notificación y siempre actuar conforme a derecho y dentro de nuestras facultades”, finalizó.

A cargo de la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la SCJN

La Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) llevó a cabo la conferencia magistral “Aplicación Retroactiva de la Jurisprudencia”, la cual fue impartida por la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presídium en esta ocasión fue conformado por el Director de FACDYC, Oscar Lugo Serrato; Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Magistrado Antonio Ceja Ochoa, Coordinador de Magistrados del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Al inaugurar este evento, Lugo Serrato comentó sentirse muy orgulloso de esta cátedra, la cual consideró como el resultado de las múltiples sinergias que han pactado con el Poder Judicial Federal, organismo que en diferentes ocasiones ya ha impartido cursos a los estudiantes de esta institución.

“Tenemos un gran reto quienes estamos como profesores y directivos de la Facultad, queremos ofrecer una educación de calidad a todos nuestros estudiantes por eso consideramos indispensable la vinculación institucional con el Poder Judicial Federal”, expresó.

Así mismo, expresó que es muy importante que los jóvenes estudiantes comiencen a debatir sobre los principios jurídicos que utilizarán en su próxima vida laboral, a fin de que egresen con todos los conocimientos que se requieren para solucionar los problemas de una sociedad.

En ese sentido, manifestó que es prioritario que la profesión de la abogacía sea reconocida por su ética y su servicio, pero sobre todo, por su compromiso con la comunidad.

“Que se vea a los abogados como una profesión que sirve para transcender y no para emproblemar a una ciudadanía, una profesión que se distinga por su ética en su ejercicio, una profesión que se distinga por el servicio y compromiso con la sociedad y que la sociedad a su vez pueda contar cada día con abogados de quienes se sientan orgullosos”, dijo Lugo Serrato.

Al hacer uso de la voz, Margarita Beatriz Luna Ramos, explicó que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, al constituir una fuente relevante para el derecho, puesto que da a conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho, lo que ha provocado una serie de problemas para su aplicación.

“La retroactividad de la jurisprudencia es un tema que realmente nos ha dado muchos dolores de cabeza, porque si ustedes recuerdan la Ley de Amparo anterior nunca había establecido una situación de esta naturaleza y hay que recordar que no puede aplicarse la jurisprudencia en perjuicio de alguna persona”, manifestó la expositora.

Señaló también que este tema ha provocado una serie de debates, puesto que existen problemas para su correcta retroactividad, ya que se está llegando aplicar de manera abstracta, contrario a lo que era su fin original.

“La jurisprudencia desde que se emite es retroactiva, la jurisprudencia es retroactiva en si misma ¿Por qué es retroactiva en si misma? Porque en el momento en que la jurisprudencia es obligatoria, es porque se refiere a hechos que se han presentado con anterioridad, esto no es inconstitucional porque se le reconoce que así tiene validez en las leyes”, señaló Luna Ramos.

A fin dar a conocer más detalles de este concepto, la Magistrada tomó como ejemplo diversos casos en los que se han provocado arduos debates sobre la correcta aplicación de la retroactividad de las jurisprudencias, con lo que invitó a los asistentes a ‘empaparse’ del tema para que lo apliquen en sus futuros trabajos y no caigan en los errores que se han cometido en años anteriores.

Para concluir este evento Oscar Lugo entregó a la conferencista una serie de reconocimientos que destacan su loable participación en esta cátedra magistral.