Objetivo del curso es mejorar el proceso del informe policial

Un total de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Publica de Monterrey concluyeron este jueves una actualización en torno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Cavazos Balderas, acompañado del Comisario de Seguridad, Eduardo Sánchez Quiroz; del Director de Investigaciones de la Agencia Estatal, César Sandate Vázquez; y por la Coordinadora de Jueces de Control y de Juicios del Tribunal Superior de Justicia, Patricia Gutiérrez, entregó de manera simbólica 10 certificados de un total de 80 elementos que finalizaron el curso.

En su mensaje, Juan Manuel Cavazos destacó que, con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey refuerza la capacitación de sus elementos referente a este tema, a fin de brindar un mejor servicio a los regiomontanos.

“Nuestros elementos concluyen hoy un curso, pero seguiremos muy atentos para hacer este tipo de convenios para poder estar mejor capacitados, la inversión de todos los días, el trabajo que hacemos día a día, nuestra institución como Gobierno de esta gran ciudad, no se lleva a cabo si no estamos capacitados, necesitamos seguirnos preparando todos los días, necesitamos hacer esta tarea”, dijo.

Por su parte, el Comisario de Seguridad llevó a cabo la explicación del curso, el cual dijo, busca mejorar el proceso del informe policial, catalogado como la piedra angular del Sistema Penal Acusatorio. Además agradeció al personal del Tribunal de Justicia su disposición para llevar a cabo este curso.

“Es fundamental actualizar a todo el personal operativo en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sobre todo en el tema del primer respondiente, en esta ocasión iniciamos con 80 oficiales y comandantes de zona con la aplicación de este curso, con la finalidad de mejorar los procesos al momento iniciar el informe policial, el cual es la piedra angular del Sistema Penal”, apuntó.

El curso tuvo una duración de dos semanas y fue impartido por el personal del Tribunal Superior de Justicia, donde se abordaron temas de las garantías constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, el uso de la fuerza, entrevista a testigos y a víctimas, primer respondiente, entre otros temas.

En el evento también estuvieron presentes el Comisario Jefe Jorge Márquez Esparza, de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey; el Contralor Municipal, Luis Horacio Bortoni; y la Directora de Régimen Interno, Julieta Hernández Pachuca.

Aceptan que ciudadanos carecen de información sobre este tema

La consolidación del Sistema de Justicia Penal podría tardar de cinco a siete años.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el Director General del SIJUPE (Sistema de Justicia Penal), Edgar Alejandro Márquez Alfaro, donde junto con el Catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, Pedro Torres Estrada, realizaron un análisis sobre la desaparición en el mes de octubre, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

“De verdad, es un sistema (Sistema de Justicia Penal), que el estar implementado el 18 de junio en el plazo constitucional, significa que todavía necesita un proceso de consolidación, dicen los académicos que puede ser un proceso que dure entre los cinco y siete años, poder  consolidar el sistema y que la sociedad pueda conocer cómo debe funcionar perfectamente y cómo accionar el sistema”, expresó.

Márquez Alfaro aclaró que actualmente se encuentran dentro del  proceso de consolidación, además puntualizó que existen algunas necesidades tecnológicas, las cuales están buscando resolver al mantener una comunicación estrecha con los operadores del sistema y con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, así como de instituciones internacionales como Iniciativa Mérida, entre otras.

Por otra parte, consideró que para conseguir la consolidación total del Sistema de Justicia Penal, también se requiere una buena socialización del sistema, es decir, que se logre un proceso de difusión adecuado.

“La sociedad no ha tenido conocimiento de cómo opera el sistema, y con lo que la sociedad se queda es con lo poco que hay en la prensa y los medios, y que básicamente son las fuentes y las declaraciones de quien se ve afectado por el mismo. La policía como primer respondiente debe estar mejor capacitada, pero es un proceso de mejora continua.

“Realmente el tema de la capacitación y la difusión, por lo pronto en Nuevo León, es donde deberíamos poner un poquito más de atención”, señaló Márquez.

Respecto a la desaparición del SETEC, el Director General del SIJUPE, explicó que esta fue constituida por un decreto, en el cual se establecía que el organismo debería terminar en octubre del 2016, una vez que haya quedado concluida la implementación del sistema.

“La necesidad sería que hubiera un organismo, o que este mismo organismo se transformara o se ampliara en sus funciones para que siguiera siendo un organismo autónomo en todo este proceso de consolidación, que a final de cuentas ante la salida de ellos, nosotros como implementadores, así como está ahorita en Nuevo León, en cada Estado hay un organismo como el que yo represento, y a cada uno nos tocaría hacer esa consolidación a nivel local, sin tener la sensibilidad de lo que está pasando en otros Estados para tener mejores prácticas”, detalló.

DESCARTA LIBERACIÓN DE 2 MIL REOS

Entre otras cosas Márquez Alfaro, negó que 2 mil reos puedan quedar en libertad como se ha dicho durante las últimas semanas.

“No es verdad eso que se ha dicho en las últimas semanas de que próximamente  saldrán 2 mil personas de los reclusorios, no sabemos, ese es un tema que le corresponde a la dirección penitenciaria, pero no van a ser 2 mil personas  y previo a que salgan, necesitan pasar por un proceso que la misma ley implica”, mencionó.

Así mismo, aclaró que quienes lleguen a cumplir con el proceso de pree liberación y que no son precisamente gente de alto riesgo, son quienes podrán tener este beneficio.

“Las personas que cometen delitos de alto impacto, de alto riesgo, no podrán tener ese beneficio, ni cuando están en su proceso, ni cuando  estén por salir de él y es un trabajo que le corresponderá al ministerio público asegurar esa estadía de ese tipo de personas”, concluyó.

Prevé Grupo Legislativo del PRI liberación de más de 50 mil reos

Tras darse a conocer que un total de 2 mil reos podrían ser liberados en Nuevo León de acuerdo a la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Arturo Salinas Garza, opinó que esto se debe a que éste no es aplicado y ejecutado de forma adecuada.

“Esto no está sucediendo en el resto de los Estados de la República, hoy tenemos un Código Penal único para todo el País, es un Sistema de Justicia que ha entrado en vigor para todo el País y esto que está sucediendo en Nuevo León, no está sucediendo en otro Estado de la República”, indicó.

Reiteró que existe una mala implementación y una mala aplicación del Sistema de Justicia Penal, por parte del Poder Judicial, y dijo que corresponderá a ellos justificar de forma correcta el por qué lo están haciendo, esto sin hacer una mala fama a un Sistema que es revolucionario y que en muchos Estados está dando grandes resultados.

A pregunta expresa si considera que la posible liberación de 2 mil reos se debe a fallas en los procesos del Tribunal, Salinas Garza resaltó que no hay otra explicación, pues si se compara lo que sucede en los demás Estados de la República, esos errores y liberaciones no ocurren.

“Creo que finalmente se tiene que tener el mayor cuidado posible de que estas personas no salgan, creo que hay que hablar con el Presidente del Tribunal, con los Jueces y obviamente, impedir que estos sean liberados”, destacó.

En este tema, el Diputado albiazul señaló que desde su trinchera harán presión para evitar que estas fallas se sigan registrando.

“La única injerencia que tenemos es presionar a las autoridades, finalmente es un tema que le compete una aplicación directa al Poder Judicial y creo que, insisto, si checamos las estadísticas de otros Estados, en otros Estados no pasa y en Nuevo León sí, algo está fallando aquí en la aplicación”, concluyó.

PODRÍAN LIBERAR 50 MIL REOS EN TODO EL PAÍS

En el mismo tema el Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González Valdez, destacó que en el País podrían ser puestas en libertad 50 mil personas, esto de no llevarse a cabo las acciones necesarias.

En entrevista, hizo un llamado puntual al Poder Judicial para que, junto con los Municipios y el Congreso, busquen la manera de que se reconsidere que los reos que ya fueron juzgados con el antiguo sistema se queden así.

“Hay que tomar con mucha seriedad el anuncio de dos mil posibles reos que vayan a salir por la interpretación y la aplicación del Nuevo Sistema, o en periodo de transición que hubo ciertos vacíos que no se contemplaron.

“Haremos un exhorto al Congreso de la Unión, porque si pasó en Nuevo León, va a pasar en todo el País, no sólo habrá dos mil reos, habrá más de 50 mil liberados en todo el País”, dijo el legislador priista.

“He platicado brevemente con los Coordinadores de las demás bancadas, para ver qué podemos apoyar desde el Congreso, y hacer algo que la fecha expire, causa bastante preocupación esta noticia de los dos posibles reos en libertad por no contemplar el periodo de transición de un sistema a otro.

Finalmente, destacó que esta es una llamada de atención para todos lo que están involucrados en el proceso de consignación y armado de expedientes durante la detención, y dijo que espera que sirva de ejemplo para que no se vuelvan a cometer errores.

DARÁN MUNICIPIOS SEGUIMIENTO A LIBERACIÓN DE PRESOS

Ante la posible liberación masiva de internos del Penal de Topo Chico, con el fin de aligerar la carga que se tiene en este lugar, además de ser derivada de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, informó que esto se dio como una información al aire durante la reunión semanal de seguridad que sostienen con el Gobierno del Estado y que es algo que tienen que estudiar muy a fondo para evitar que salgan reos de alta peligrosidad.

“No tengo conocimiento de que se vaya a dar así, sino que se está previendo, hay que estar muy atentos al seguimiento de estos reos, obviamente es una posibilidad legal que se pueda dar y no quiero prejuzgar, no quiero decir yo que está mal, sino que hay que ver cuáles son los que tienen derecho a esta liberación o no”, precisó el Edil regiomontano.

Así mismo, declaró que en su debido momento la información oficial de cuántos reos y quiénes serán los liberados, será circulada entre todos los Presidentes Municipales para lograr de esta manera tener un seguimiento de los casos.

“El proyecto se lo van a repartir a los municipios, pero sobre todo, para tener un seguimiento que así la ley lo marca, para poder dar un seguimiento continuo o puntual, pero si es que marcan algunas medidas cautelares o algo en ese sentido y sólo fue un comentario que se hizo ayer en la junta de seguridad semanal, sin tener datos concretos, pero esperamos tener mayor información para poder hacer una adecuada postura”, expresó De la Garza Santos.

Falta de presupuesto frena avance de preparación de elementos

La búsqueda de recursos directos para la capacitación de elementos policiacos, así como la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, y resultados en materia de seguridad, fueron los principales temas a tratar en la última reunión de la plataforma “Alcalde, ¿Cómo Vamos?”.

Durante la reunión de la plataforma creada por los organismos intermedios, los Alcaldes del área metropolitana discutieron el papel que tienen los policías dentro del nuevo sistema penal acusatorio, en el que se destaca la actuación como investigadores de los elementos, aunque la falta de recursos que sean destinados específicamente a ese tema, ha frenado el avance del mismo.

Al respecto, la Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, abundó que durante la reunión se habló de la posibilidad de solicitar recursos, tanto a la Federación, como al Estado, para que lleguen directamente a la capacitación de policías.

“Plantearnos inclusive a través de los presupuestos tanto federales como locales, el tener recursos específicos para capacitación, pero también para las obligaciones que contrae una policía municipal al momento de depurar (…), es un asunto oneroso las obligaciones que se tienen, estamos buscando atraer más fondos”, dijo la Edil regia.

En este sentido, explicó Arellanes Cervantes, no se trata únicamente del tema de la depuración, si no de las responsabilidades que conlleva el dar de baja a los policías. En el caso de Monterrey, la Alcaldesa detalló que al menos durante los primeros meses de su administración, la destitución de poco más de 200 policías derivó en un gasto de 18 millones de pesos.

Los Alcaldes también informaron sobre su situación municipal con el avance de la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio.

Tal fue el caso del Alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez Díaz. De acuerdo con el funcionario municipal, su administración ya trabaja en la preparación del personal. Agregó que se ha logrado un gran avance en la disminución de índices delictivos.

“Nosotros ya tenemos a nuestros policías capacitados en ese tema, mandamos primero a 25 a capacitar en ese tema y esos 25 permearon la información con los demás, es un tema importante que nos va a hacer avanzar en la conformación de los delitos que se susciten en  la comunidad”, aseguró el Alcalde de ese municipio.

Por su parte, el Alcalde de San Nicolás, Pedro Salgado Almaguer recordó que su planta policiaca ha avanzado en la capacitación con más de 100 policías que ya participan en ese proceso, que se realiza en conjunto con Renace, ABP.

“San Nicolás ya tiene más de 100 policías que hemos llevado tanto con la institución Renace, como también con la Procuraduría General del Estado”, dijo.

A la décima disposición de la plataforma, “Diez para un alcalde de 10”, acudieron todos los Munícipes del área metropolitana, en una reunión en la que, al parecer, olvidaron las diferencias de la junta anterior.

Realizan Poderes del Estado mesa de trabajo sobre dicho rubro

Para analizar los avances que tiene el Estado de Nuevo León, en materia de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el Congreso del Estado, llevó a cabo la primera de tres mesas de trabajo que se realizarán sobre dicho tema.

Francisco Cienfuegos Martínez, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, destacó las reformas aprobadas por el Congreso local para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y comentó que se han aplicado conforme la planeación con la que cuenta el Estado.

“Hicimos reformas importantes en el Código Procesal Penal y en algunas leyes secundarias para avanzar en esta implementación, también se ha reformado la Ley Estatal de Seguridad”, expresó y agregó que “todo esto es para darle una puntualidad precisa a una obligación constitucional”.

Por su parte, Álvaro Ibarra Hinojosa, Secretario General de Gobierno, enfatizó que estas jornadas de trabajo permitirán acuerdos entre los tres Poderes de Gobierno, para hacer más eficiente la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Hacer de la reforma de justicia penal un tema prioritario en nuestras agendas a fin de lograr su implementación de la manera más adecuada, analizando desde la situación presupuestal los instrumentos de coordinación y colaboración que se necesitan, así como los canales de comunicación que se deben establecer para asegurar su eficacia”, manifestó.

Durante la primera mesa de trabajo que se desarrolló en las instalaciones del Congreso local, se abordó el tema de la inversión presupuestal en el nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde Cienfuegos Martínez, comentó que el Congreso está en busca de incrementar los recursos para aplicarlos en materia de seguridad.

“Tenemos que continuar la tendencia que han tenido los últimos cuatro años; la Procuraduría y el Tribunal de Justicia han duplicado su presupuesto para una eficiente aplicación del Sistema de Justicia Penal”, dijo.

En inversión para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, Graciela Buchanan Ortega, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, comentó que se requiere el recurso para crear mayor infraestructura, contratar Jueces, capacitar al personal e implementar tecnología de punta que esté de acuerdo a la demanda que se requiere para este nuevo modelo de seguridad.

“No solo es un tema de cuánto dinero hay que meterle, no, es un momento de reflexión, porque vamos a entrar a la parte más trascendente de este sistema, como será a futuro los delitos de alto impacto. Si no hemos tenido la madurez, el desarrollo, la capacitación como lo ha hecho Nuevo León, no podríamos hacer frente a los delitos de alto impacto en donde se requiere la coparticipación”, dijo la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Hasta el momento, Adrián de la Garza Santos, Procurador de Justicia en el Estado, comentó que entre presupuesto reasignado y nuevo presupuesto, se invirtieron cerca de 500 millones de pesos para lograr los avances que se tienen.

“La implementación del sistema penal acusatorio es caro, pero es lo que todos los nuevoleoneses y que los mexicanos necesitamos”, expresó.

En representación de los Ediles metropolitanos, Raymundo Flores Elizondo, Alcalde de Apodaca, dijo que dentro de este proceso los Ayuntamientos requieren de tener presupuesto para capacitar a toda la policía en materia de cadena de custodia, juicios orales, protocolos y en materia de recursos humanos tener mayores ministerios públicos.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes los legisladores Luis David Ortiz Salinas, Guadalupe Rodríguez Martínez, Alfredo Rodríguez Dávila y Edgar Romo García; así como el General Alfredo Flores Gómez, Secretario de Seguridad Pública.

Además de Martín Sánchez Bocanegra, Director de la Institución Renace; Catarino García Herrera, Director de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal y Rubén Martínez Otero, Director de la Defensa en Proceso Penal en el Instituto de la Defensoría Pública.

Los objetivos de las mesas de trabajo son: generar acuerdos para alcanzar la adecuada implementación de la reforma penal en Nuevo León, incluyendo las necesidades de cada institución del sistema de justicia penal; ubicar el tema de la reforma penal como una prioridad en la agenda las autoridades municipales y estatales.

Así como, fomentar la colaboración y coordinación de las instituciones con la sociedad civil, a través de la creación de canales de comunicación estratégica, que permitan difundir los avances y las buenas prácticas del nuevo sistema; dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en el marco de la campaña “Seguridad con Justicia”.

Piden Diputados del PRI se envíe exhorto al SIJUPE

Los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, realizaron un exhorto a la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIJUPE), con el fin de que mediante esta institución se invite a las Universidades a modificar sus planes de estudio, tras las modificaciones efectuadas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Francisco Cienfuegos Martínez, quien presentó la propuesta ante el Pleno, mencionó que relativo a la reestructuración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el SIJUPE es el organismo que cuenta con la facultad de difundir la nueva reforma de Justicia Penal en el Estado, para que mediante esta Comisión se invite a las Universidades del Estado, a que revisen y en su caso reestructuren sus planes de estudio; esto con la finalidad de contemplar íntegramente las últimas reformas efectuadas al citado sistema.

El Diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, mencionó que este exhorto ayudará a que los alumnos de las diferentes Universidades conozcan de las nuevas reformas que se han realizado tras las reformas efectuadas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con ello estar al día en materia legal.

“Lo anterior es que desde las aulas se les proporcionen las bases teórico-practicas en lo que respecta al tema de juicio oral y proceso penal acusatorio, a fin de que los educandos profundicen y amplíen las destrezas que requieren el ejercicio profesional, en el ámbito de la procuración e impartición de justicia”, dijo  Cienfuegos Martínez.

El exhorto propuesto por el Grupo Legislativo del PRI, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.